La CEDIDH advirtió que forzar a una niña o mujer embarazada producto de una agresión sexual a someterse a la escucha del latido fetal para poder acceder al aborto legal constituye una forma de violencia institucional y revictimización.
“Nos sentimos vulnerables y con temor a lo que nos vaya pasar a los luchadores sociales en el gobierno de Keiko Fujimori, pero debemos persistir de manera articulada y no dispersos por el bienestar de nuestros pueblos”, manifestó Sadam Chañi, un líder indígena campesino quechua de Espinar, en el departamento de Cusco.
Las decisiones de Venezuela -el pasado viernes- y Chad -este lunes- de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar los trámites para su salida definitiva de la Corte Penal Internacional (CPI), se suman a las de otros países y coinciden con la campaña de la administración Trump contra ese tribunal.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas denunció la eliminación repentina de numerosos abogados y notarios por parte del Gobierno, y advirtió que la medida ha eliminado de un día para otro a una parte esencial de la profesión jurídica del país y ha privado a la población de su derecho a la defensa.
Detrás de esta obsesión con la gestión de la migración, la dinámica de fondo de estas políticas es estructuralmente racista, en el sentido de que el sistema produce, valida y reproduce discriminaciones en función de la nacionalidad, el origen o el color de piel.
Además de retomar una demanda procedente de los sectores más radicales de la extrema derecha, la propuesta se basa en tres argumentos muy cuestionables, e incluso falaces, con el riesgo de otorgar una autorización casi ilimitada a los policías y gendarmes para hacer uso de sus armas, independientemente de las circunstancias y de la realidad de la amenaza a la que se vean enfrentados.
Brayan Leites recibió entre cinco y seis disparos por parte de un efectivo policial en el patio de su casa, en el Borro. La versión oficial de respaldo al accionar policial por legítima defensa empezó a trastabillar este miércoles, cuando se conoció que en el video del operativo se ve que el joven no esgrimió su arma hacia la Policía, sino que intentó huir.
Los hallaron calcinados y quedaron marcas de las agresiones que sufrieron. Tras un proceso de investigación que tomó un año y medio, los peritos reportaron que los niños presentaban múltiples fracturas óseas y hematomas profundos provocados por culatazos de fusil, puntapiés y azotes con cinturones militares mientras estaban atados e indefensos. Ismael, Steve, Josué y Nehemías fueron desprendidos de su humanidad.
El poder iraní ha intensificado la represión en el contexto de la guerra y la inseguridad. Presos políticos, activistas obreros, activistas del movimiento de mujeres, profesores, estudiantes y otros actores sociales siguen enfrentándose a detenciones, penas de prisión y fuertes presiones de los servicios de seguridad.
Al grito de “¿dónde están?, nuestros hijos ¿dónde están?”, familiares de personas desaparecidas iniciaron su marcha desde las inmediaciones de la estación del tren ligero Las Torres rumbo al estadio Banorte.
Nuevo documento analiza los primeros cinco meses del gobierno de Delcy Rodríguez y advierte sobre la ausencia de avances verificables hacia la democratización del país.
En 2025, más de tres personas privadas de la libertad murieron cada día en Ecuador. En promedio, una cada siete horas. El hambre y la enfermedad se cobraron más vidas que la violencia entre internos durante los peores años de las masacres, cuando cientos de personas fueron brutalmente asesinadas con armas de guerra.
Por primera vez, las fuerzas armadas de Israel y Rusia fueron incluidas en la lista de responsables de patrones de violencia sexual relacionados por conflictos, en el informe que al respecto se elabora en la Secretaría General de las Naciones Unidas
Todavía hay espacio para otra lucha. El Estado responde a un llamado, un llamado de la sociedad civil que se amplifica y de alguna forma lo presiona. Necesitamos eso, necesitamos presión para que realmente puedan aparecer los desaparecidos, para poder obtener más verdad y justicia. No puede ser una fiscalía de lesa humanidad que tiene dos pesos. Hacen un trabajo quijotesco.
El régimen de Excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022, y desde entonces ha sido prorrogado mes tras mes en 48 ocasiones. La existencia de este grupo era absolutamente desconocida antes de que fuera mencionada por el hermano del presidente.
“Levantemos ahora mismo muy alto las fotos de los desaparecidos y desaparecidas. En este momento miran hacia la casa de gobierno, a ese poder del Estado que no los busca, mientras los niega”
Denunciamos que este marco jurídico y político más que un instrumento regulador de control y transparencia sólo generará un barniz de legalidad al actual saqueo sistemático de la Amazonía y del Escudo Guayanés profundizando el grave deterioro ambiental y la violación a los derechos humanos que se está produciendo.
El documento expone cómo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo utilizó recursos del Estado para sostener la represión en Nicaragua y extender una red de vigilancia e inteligencia destinada a perseguir a nicaragüenses en el exilio.
“A Juan Gabriel le disparó un policía, pero lo mató el Estado. Ese mismo Estado que desaparece en los barrios permitiendo el avance del narcotráfico con policías que cobran cometas de los transas”
Nicmer Evans denuncia que la propuesta omite la creación de una comisión de la verdad con arbitraje internacional. Tampoco ofrece respuestas concretas sobre el paradero de los desaparecidos en contextos políticos. La falta de transparencia y la ausencia de mediación externa restan credibilidad a cualquier intento de pacificación. Según el análisis, la ley actual solo sirve como un escudo de impunidad para los responsables de la represión.
La participación de los venezolanos en cualquier espacio solo será posible si pueden hacerlo, sin ningún tipo de temor ni coacción, a través de las asociaciones y gremios que los representan y que hoy han sido neutralizados por la represión y la persecución.
Cientos de personas en la ciudad estadounidense de Mineápolis ignoraron las temperaturas bajo cero este sábado para honrar la memoria de Alex Pretti, el hombre asesinado por agentes federales en el marco de los operativos a gran escala ordenados por el Gobierno del presidente Donald Trump para arrestar migrantes en esta urbe.
La violencia ejercida por los mercenarios rusos contra la población civil impera en un clima de total impunidad, sin condenas ni reacciones por parte de las autoridades malienses. Esta estrategia de terror agrava una situación social y de seguridad ya de por sí catastrófica.
La Italia de 2025, según el estudio al que nos referimos (pero también según la experiencia cotidiana de quienes viven y trabajan políticamente o incluso cívicamente en nuestro país), no es una dictadura declarada, sino cada vez más una democracia en la que sobreviven las libertades formales, pero con restricciones normativas, prácticas intimidatorias e instrumentos represivos generalizados.
Ya a fines de 2024, Mujica y Manini negociaron sobre la posibilidad de que Cabildo Abierto apoyara algunas iniciativas del gobierno de Orsi en áreas en las que existe coincidencia y el excomandante en jefe manifestó su voluntad de colaborar. Ahora, Madres y Familiares de Desaparecidos condena por “improcedente toda consulta o señal de preocupación institucional” y considera “aberrante que se siga intentando instalar en la opinión pública la idea de que estos criminales merecen un tratamiento excepcional.”
Los sofisticados videos de la administración Trump sobre una redada en un edificio de apartamentos en Chicago, mostraron a agentes federales descendiendo en rappel desde un helicóptero, derribando puertas y llevándose a hombres de piel acanelada con las manos atadas por detrás con bridas plásticas.
El gobierno de la autodenominada “4T” muestra sus límites al no resolver la situación de raíz, por mucho que haya instaurado una militarización que, en su momento, ni el PRIAN logró. No es cuestión de mera ineptitud, sino de orientación de clase: No se tocan ni se pretenden tocar los intereses capitalistas que subyacen a la violencia y al despojo.
Ariela Peralta: persisten “patrones de violaciones y abusos de derechos humanos graves, sistemáticos y generalizados”, incluyendo delitos como “asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada, deportación y persecución”.