Laureano Ortega Murillo (izq). junto al ministro ruso de Justicia, Konstantin Chuychenko, en San Petersburgo, Rusia, el 20 de junio de 2025. Foto: Tomada de El 19 Digital
Confidencial, 11-7-2025
Correspondencia de Prensa, 11-7-2025
Expertos en derechos humanos consideran que Ortega y Murillo intentan evadir la justicia internacional, tras un eventual cambio de régimen en Nicaragua
La dictadura de Nicaragua ratificó un acuerdo de “protección recíproca” con la Federación Rusa, mediante el cual intentan bloquear la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) y garantizar impunidad para los dictadores y sus allegados. Expertos en la materia advierten que “este podría ser el plan b” de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ante un eventual cambio de gobierno en Nicaragua.
El acuerdo binacional fue firmado entre el ministro ruso de Justicia, Konstantin Chuychenko, y el hijo de la pareja dictatorial, Laureano Ortega Murillo, en San Petersburgo, Rusia, el 20 de junio de 2025. El texto fue aprobado por la Asamblea Nacional el jueves 10 de julio con 91 votos a favor y ninguna objeción.
Según Ortega y Murillo, “la Justicia Internacional tiene grandes vacíos y contradicciones”, “es objeto de manipulación” y “un instrumento de injerencia e intervención política”. Además, señalan que los principios del Estatuto de Roma “están totalmente desviados y sesgados”.
Con este acuerdo, Nicaragua y Rusia intentan evitar que sus ciudadanos sean “víctimas” de las “desviaciones de la justicia internacional” y se comprometen a “otorgar recíprocamente inmunidades y privilegios a ciudadanos que pueden ser víctimas de este fenómeno, a mantener bajo estricta reserva información susceptible y evitar expulsiones forzosas”, se lee en la exposición de motivos del documento enviado a la Asamblea Nacional.
Un pacto de impunidad
El acuerdo de “protección recíproca” entre Nicaragua y Rusia otorga “inmunidad absoluta” al copresidente, la copresidenta y el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua. De igual forma, al presidente de la Federación Rusa, el presidente del Gobierno de la Federación Rusa y el ministro de Asuntos Exteriores.
También concede “inmunidad funcional” para los funcionarios, activos o retirados, que hayan ocupado los cargos de copresidente, copresidenta, alcaldes, vicealcaldes, o que hayan sido nombrados por la Presidencia de la República o la Asamblea Nacional.
Mientras los dictadores y los miembros de su gabinete de gobierno permanezcan en territorio ruso, gozarán de “inviolabilidad personal”, “no estarán sujetos a la jurisdicción de los tribunales” de ese país, “no podrán ser detenidos” y “no estarán obligados a comparecer ante un tribunal”, según el artículo 7 del acuerdo.
Rusia y Nicaragua también se comprometieron a no extraditar a ningún funcionario o exfuncionario de ambos países, que sea requerido por un tribunal internacional u otro país, desde donde pueda ser trasladado a dicho tribunal internacional, de acuerdo con el artículo 10.
Las solicitudes de extradición serán denegadas cuando, entre otras cosas, persigan un cambio del orden constitucional, violación de la integridad territorial de una de las partes, la facilitación de actividades terroristas y el enjuiciamiento penal de una persona.
El “plan b” de los dictadores
El abogado nicaragüense y consultor independiente en derechos humanos, Uriel Pineda, valora este acuerdo como una combinación de temas jurídicos y políticos. Explica que jurídicamente es “un bloqueo” a la Corte Penal Internacional y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero, en términos políticos, es un “plan b” para los dictadores nicaragüenses.
Este acuerdo “le sirve más a Nicaragua que a Rusia”, advierte el abogado. Vladímir Pútin “no necesita un refugio en Nicaragua” continúa. “Quien sí puede necesitar un refugio en Rusia es el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entonces, me parece que es perfilar un plan b, un plan de escape”, remarca.
Para Pineda, el hecho de que en el artículo 7, sobre inmunidad funcional, se menciona expresamente a los copresidentes, “hace suponer que ellos están procurando tener un plan de escape”.
Además, en el artículo 11, se especifica la no extradición ante “cualquier cambio constitucional”. Es decir, “además de ser su plan b, ellos prevén que su salida sea de forma abrupta o violenta”.
El abogado Salvador Marenco, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, coincide en que este acuerdo constituye un plan a futuro de los dictadores nicaragüenses. “Ellos quieren tratar de asegurar su futuro en caso de que el régimen caiga, como en efecto va a terminar cayendo, y así puedan tener un lugar donde refugiarse de las órdenes de captura que ya tienen en este momento”, enfatiza.
Intentan evadir la Justicia Internacional
El acuerdo también “viene a socavar la posibilidad de que la Corte Penal Internacional procese a Daniel Ortega, Rosario Murillo y a una serie de allegados a ellos”, advierte Pineda. Es decir que, ante la eventual caída del régimen y la posibilidad de que los dictadores lleguen a Rusia, el alcance de la justicia internacional sería limitado, debido a que primaría este tratado.
“Lo que están procurando es la impunidad de ellos en primer orden, porque lo refieren así expresamente, y en un segundo orden a sus allegados. Siempre y cuando decidan hacer de su casa Rusia”, subraya Pineda.
Para Marenco, este acuerdo demuestra que los dictadores nicaragüenses “no son indiferentes” ante los procesos de justicia internacional. A pesar de ello, “quieren mantener la impunidad” con que operan e intentan evitar una extradición.
“Lamentablemente para ellos (los dictadores), los crímenes de lesa humanidad no son susceptibles de ningún tipo de estos acuerdos, no son susceptibles de ningún tipo de obstáculo jurídico. Evidentemente no hay forma de obligarlos tampoco, pero a nivel jurídico, esto no tiene ningún tipo de asidero como tal”, remarca Marenco.
Además, los abogados señalan que este acuerdo refleja cierto temor de la dictadura a ser procesados penalmente y a un cambio de Gobierno en Nicaragua.
Grupo de la ONU quiere demandar a Ortega ante la CIJ
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado por la ONU, ha dicho que están buscando que uno o más Estados demanden al Gobierno de Ortega y Murillo ante la CIJ por los delitos de tortura y apatridia, considerados como crímenes de lesa humanidad.
El 3 de abril de 2025, el grupo de expertos publicó una lista de 54 responsables de violaciones y crímenes en Nicaragua desde 2018, encabezada por Ortega y Murillo, y que incluye a autoridades como el jefe del Ejército, Julio César Avilés, el presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, el director general de la Policía, Francisco Díaz, o el mismo titular de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.
Las 54 personas citadas, según el grupo de expertos, habrían desempeñado funciones clave en relación con detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecución de la sociedad civil y de medios de comunicación, así como otros delitos que en algunos casos podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad.
La lista se publicó semanas después de que el grupo de expertos presentara ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el 28 de febrero, otro informe en el que denunciaba múltiples abusos del régimen nicaragüense.
Nicaragua incluso se retiró del Consejo de Derechos Humanos el 27 de febrero, mes en el que también anunció su abandono de agencias como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) o la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).