Obra del proyecto urbanístico + Colonia, en El Calabrés, en Colonia del Sacramento. Foto: Sebastián Sabalsagaray
Proyecto Praxis abre interrogantes sobre soberanía, privilegios y desarrollo tecnológico en Uruguay, señalan expertos
La Diaria, 31-10-206
Correspondencia de Prensa, 1-11-2026
La iniciativa, que está vinculada a una élite tecnológica internacional, se presenta como una ciudad del futuro, pero especialistas cuestionan su aporte al país y reclaman mayor información sobre su funcionamiento.
¿Puede una ciudad funcionar con sus propias reglas dentro de Uruguay? La pregunta surgió entre expertos y organizaciones de Uruguay, Argentina y Ecuador al analizar, en diálogo con la diaria, el proyecto Praxis, una iniciativa vinculada a empresarios e inversores de la élite tecnológica internacional que busca instalarse en Colonia.
Mientras sus impulsores presentaron una propuesta vinculada con la inteligencia artificial (IA) y la innovación, los expertos advirtieron sobre los riesgos de crear espacios con reglas propias y cuestionaron que la iniciativa represente, por ahora, un verdadero desarrollo tecnológico.
Daniel Mordecki, exdirector ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento y docente universitario, consideró que Praxis se inscribe en una corriente que busca establecer comunidades con amplios márgenes de autonomía frente a los Estados. “Praxis está en el ámbito de lo que se denominan los ‘tecnofeudalistas’ o ‘tecnofeudales’”, afirmó. Según Mordecki, esa concepción supone construir espacios en los que sus promotores pretenden establecer sus propias reglas. “Ellos dicen: ‘Hacemos una ciudad y, entre comillas, no molestamos a nadie, pero adentro nos regimos como queremos’”, resumió. A su juicio, esa lógica puede llevar a formas de organización incompatibles con los principios de un Estado democrático. “Esa concepción de guetos trae implícita discriminación, supremacismo y una cantidad de cosas que en un Estado democrático no son tolerables”, advirtió.
En la misma línea, la economista e investigadora argentina Cecilia Rikap vinculó el proyecto con una visión de sociedad en la que una élite tecnológica busca construir espacios propios y reducir su dependencia de las instituciones públicas. En su análisis, el debate no debería limitarse a las oportunidades económicas inmediatas, sino abarcar también quién controla la tecnología, a quién beneficia y qué consecuencias tiene sobre la soberanía de los países.
“No [debemos permitir] tecnología para el saqueo. Es el tipo de inversión que perpetúan los mismos que apuestan a lo que Naomi Klein y Astra Taylor llaman, en su último libro, el fascismo del fin de los tiempos. Contra esa profecía de un mundo en el que se salvan unos pocos billonarios, tenemos que poner nuestras capacidades, nuestra riqueza –que no es solo la tierra, también somos las personas–, al servicio de una estrategia de bien común, de buen vivir, de desarrollo, porque amamos este planeta y vivir en él. Y tenemos que defenderlo de quienes lo destruyen”, dijo Rikap, que es profesora de Economía en la University College London.
Desde Ecuador, el líder del Programa Latinoamericano de Seguridad y Resiliencia Digital de la organización Derechos Digitales, Rafael Bonifaz, consideró que es necesario prestar atención a quiénes están detrás de la iniciativa y cuáles son sus intereses. “Sería muy importante ponerle todos los ojos a Praxis y tener una idea de quiénes están detrás. ¿Cuáles son los intereses?”, se preguntó.
Sobre la iniciativa
A finales de setiembre se conoció que la empresa Praxis, fundada por Dryden Brown, firmó un acuerdo con +Colonia, el proyecto urbanístico ubicado a unos diez kilómetros de Colonia del Sacramento, para instalar su primera “sede física” inspirada en la idea de una “nación digital”.
Durante los primeros años del proyecto, los miembros de Praxis proyectan invertir más de 1.000 millones de dólares. En un comunicado emitido por +Colonia, la empresa asegura que esta sería la mayor inversión de capital internacional estadounidense en el sector inmobiliario uruguayo.
Para los desarrolladores del proyecto, el objetivo de este acuerdo “es crear una urbanización donde integrantes de la comunidad puedan vivir, trabajar y desarrollar proyectos vinculados a tecnología e IA”, combinando infraestructura, naturaleza e innovación.
Según informó The New York Times, Brown imagina una ciudad que funcione como un laboratorio social para desarrollar nuevas formas de cultura, economía y gobernanza en un mundo transformado por la IA.
Los orígenes
Enrique Amestoy, cooperativista en TIC y experto en software libre, soberanía tecnológica y ciberseguridad, ubicó los orígenes de Praxis en los círculos internacionales de inversión en criptomonedas y tecnología. Según explicó, la iniciativa surgió hace unos siete años y tomó como referencia la idea de “Estado en red” del inversor Balaji Srinivasan, basada en comunidades que se organizan en internet, reúnen capital y luego adquieren territorio con reglas propias. “En 2022, ellos describían la ciudad como un criptoestado. Hoy se presentan como la primera nación digital, con IA, constitución propia y una estética grecorromana”, señaló.
Para Amestoy, detrás de esa propuesta existe una concepción del Estado en la que deja de ser el marco común de convivencia para convertirse en un “proveedor de servicios”. También mencionó los vínculos financieros que Praxis habría mantenido con fondos y empresas relacionados con figuras como Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, y Peter Thiel, cofundador de Palantir.
“En 2023, Praxis había reunido unos 20 millones de dólares de fondos de inversión y empresas vinculados a nombres como Sam Altman, Peter Thiel y Alameda Research, la firma de Bankman-Fried”, indicó. No obstante, aclaró que se trata de relaciones de inversión y no necesariamente de conducción del proyecto. “Lo que sí me parece relevante es el clima de época: figuras de ese mundo están instalándose en la región, y el Río de la Plata se volvió un destino atractivo para una élite tecnológica que busca lugares estables y lejos de los conflictos”, indicó.
Más información
Por su parte, Raúl Viñas, referente del Movimiento por un Uruguay Sustentable, sostuvo que el proyecto ha cambiado de naturaleza sin que exista suficiente información pública sobre sus alcances. “Era un proyecto básicamente inmobiliario, bastante secreto, en el sentido de que personalmente intenté ingresar al área por una ruta que se supone que es un camino público y desde una garita no me dejaron ingresar. Cuando salí a caminar por la costa, acercándome a la zona, de entre los médanos salió otro guardia invitándome a no pasar”, relató. Un guardia le explicó que se trataba de una zona de obras en la que podía haber explosiones.
Viñas señaló que el proyecto original era fundamentalmente inmobiliario y que ahora “mutó” a una iniciativa que pretende instalar una “ciudad cerrada” que podría tener sus “propias reglas”. “Ahora el proyecto inmobiliario pasa a ser algo raro, no sabemos ni siquiera cómo se puede acomodar dentro de nuestro sistema jurídico. Necesitamos saber más y el gobierno tiene la obligación de entregar [la] información que tenga sobre esto, incluso el gobierno local, para que todos sepamos qué es”, afirmó.
¿Una ciudad privada dentro del Estado uruguayo?
Una de las principales interrogantes es cómo funcionaría Praxis dentro del ordenamiento jurídico nacional. Amestoy señaló que sus promotores sostienen públicamente que respetarán la Constitución y las leyes uruguayas, pero advirtió que hay aspectos que requieren mayor claridad. “Un barrio privado con reglamento interno es una cosa, pero una autoridad paralela sería otra”, planteó. Entre las preguntas que considera necesario responder está si los residentes utilizarán las escuelas y los servicios de salud del país o si se crearán estructuras propias.
Amestoy y Rikap compararon el caso con el de Próspera, un proyecto instalado en la isla hondureña de Roatán bajo un régimen especial que permite establecer reglas propias y que fue objeto de una controversia jurídica con el Estado de Honduras. Aunque aclararon que Uruguay no cuenta con un régimen equivalente y que los promotores de Praxis no han anunciado que busquen uno, advirtieron que pueden surgir conflictos si las condiciones cambian después de que se concrete una inversión.
Desde una perspectiva regional, Bonifaz también encontró similitudes entre Praxis y Próspera, aunque aclaró que el caso de Praxis no parece ser “tan agresivo” como el de Honduras.
“Próspera es como una ciudad que no respeta las reglas del Estado padre, que en ese caso sería Honduras. Si bien eso no es exactamente lo que está pasando con Praxis, lo que sí veo es una motivación similar. Vienen los libertarios digitales a tener un espacio que tenga poco control del Estado, donde puedan experimentar con tecnología y nuevas formas en las que podemos funcionar como sociedad”, afirmó Bonifaz, ingeniero en sistemas por la Universidad de San Francisco de Quito.
Una señal de “debilidad”
Por su parte, la investigadora Carolina Aguerre, profesora de la Universidad Católica, señaló que el proyecto también debe analizarse en el contexto de la política uruguaya de captación de inversiones y de los regímenes especiales que se ofrecen a las grandes empresas. Aunque aclaró que no conoce en detalle el grado de formalización de Praxis ni si funcionaría bajo un régimen de zona franca, advirtió sobre la creciente dependencia de estos instrumentos.
“En general, las inversiones fuertes que tenemos en Uruguay de todo tipo terminan siendo zonas francas, y eso me parece que pone al país en una debilidad importante”, sostuvo. Si bien reconoció que estos mecanismos buscan captar capital, desarrollar infraestructura y generar empleo, cuestionó que se hayan convertido en una modalidad recurrente tanto para las inversiones forestales como para los emprendimientos tecnológicos.
En la misma línea, Mordecki señaló que la discusión sobre las condiciones ofrecidas a las grandes inversiones excede el caso de Praxis. A su entender, los gobiernos suelen privilegiar los proyectos cuyos beneficios se hacen visibles durante su período de gestión, aunque sus costos y consecuencias puedan extenderse durante décadas.
“Hay una ecuación política muy perversa que no reconoce partido político. Los gobiernos optan por estas inversiones que benefician el corto plazo porque entran dentro de su período. La inversión puede ser muy importante, pero la pregunta es: ¿a qué costo?”, afirmó. Según explicó, las obras pueden generar empleo durante la construcción, pero el país debe evaluar qué queda una vez terminadas y si la actividad posterior aporta ingresos fiscales, empleo estable o capacidades productivas.
¿Impulso tecnológico?
Mordecki y Amestoy expresaron que Praxis se asemeja más a una inversión inmobiliaria que a una tecnológica. “La inversión de Praxis, por ahora, es un sondeo. Es especulación inmobiliaria pura y dura con ideología supremacista”, afirmó Mordecki.
Amestoy coincidió en que, con la información disponible, no se vislumbra todavía un salto tecnológico. El especialista señaló que el gobierno debe analizar qué deja Praxis más allá de “servidores y ladrillos”.
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Una negociación “de Torre Ejecutiva”
El lunes de tarde, mientras en la Torre Ejecutiva se realizaba la conferencia de prensa encabezada por la fundadora de WorkNomads, Katrien Meire, y el vocero de +Colonia, Eduardo Bastitta, en la que se anunciaba el acuerdo entre ambas empresas, la diaria intentó conversar con otras autoridades para saber cuál era la posición en relación con el nuevo anuncio, que incluyó una posible inversión de 45 millones de dólares en +Colonia, el mismo proyecto inmobiliario en el que se instalaría Praxis. Tanto en el Ministerio de Trabajo como en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dijeron no estar al tanto, al menos hasta ese momento, de los detalles de las negociaciones vinculadas al proyecto que WorkNomads pretende instalar en la zona de El Calabrés, en Colonia del Sacramento.
En ambos casos, las fuentes consultadas coincidieron en señalar que las negociaciones con los empresarios europeos las llevaron a cabo directamente las autoridades de la Torre Ejecutiva y que el tema nunca se discutió en el marco de un Consejo de Ministros. En el caso del MEF, además, se precisó que los anteriores proyectos vinculados a +Colonia aplicaron a regímenes de vivienda promovida, algo que todavía no ha sucedido en el caso de WorkNomads, aunque “todavía se estaría a tiempo”.
En el Frente Amplio (FA) las discrepancias con los proyectos que se impulsan desde +Colonia (primero Praxis, ahora WorkNomads) han quedado más al descubierto. A nivel del FA de Colonia, tres de los 11 ediles de la Junta Departamental de Colonia han manifestado abiertamente sus críticas desde que comenzó el proyecto. La bancada en su conjunto, además, pidió una reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi, para conocer “las implicancias económicas, sociales, territoriales y políticas del acuerdo” con Praxis. Hasta el momento, ese encuentro no se ha concretado y se manejó la posibilidad de que en los próximos días los reciba el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. En la reunión del lunes con Meire y Bastitta participaron Orsi, Sánchez y el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, pero en la conferencia de prensa solo estuvo presente el jefe comunal blanco.
En la esfera parlamentaria también han surgido voces oficialistas contrarias al proyecto que se está llevando adelante a cinco kilómetros de Colonia del Sacramento. El 15 de octubre, entrevistado en el programa Informativo de cierre de la diaria Radio, el senador Óscar Andrade (Partido Comunista) dijo que estaba “en contra” del proyecto Praxis, de la misma manera que desaprueba “todos los barrios privados”. “Mi opinión es que los barrios privados generan una tragedia. La violencia en América Latina se explica, entre otras cosas, por la profunda segregación territorial. Yo tengo una mirada contraria a cualquier proyecto que profundice la segregación residencial, y en el caso de Praxis hay otros componentes adicionales que me llevan a estar en una posición contraria”, opinó el senador.
Andrade admitió que en la izquierda uruguaya “hay diferentes opiniones” sobre el tema. “De hecho, es evidente que tenemos gestiones municipales del FA que han tenido dos miradas diferentes sobre qué hacer con los barrios privados. En mi caso, estoy en contra de la idea de ciudades quebradas. Entiendo que una ciudad quebrada equivale a una ciudad desigual y más violenta”, agregó.