“En general, las inversiones fuertes que tenemos en Uruguay de todo tipo terminan siendo zonas francas, y eso me parece que pone al país en una debilidad importante”. La inversión puede ser muy importante, pero la pregunta es: ¿a qué costo?”
El FA en el gobierno no se planteó en ningún momento aplicar políticas antimperialistas y antioligárquicas, no solamente como práctica sociopolítica limitada por una determinada correlación de fuerzas, sino como sustento ideológico de su accionar.
La economía creció 74% desde 1998 hasta 2025, mientras que la masa salarial aumentó 54%. Economistas del Cuesta Duarte destacaron el papel de las crisis y de la negociación colectiva en el reparto de la riqueza.
El número de ciudadanos que tuvieron dificultades para pagar deudas creció un 22%. Expertas advirtieron que el endeudamiento está vinculado con la insuficiencia de ingresos. Además, los jóvenes son uno de los grupos más afectados.
¿Qué beneficio concreto obtiene la sociedad uruguaya de mantener un sistema que administra obligatoriamente el ahorro previsional de los trabajadores si una parte cada vez mayor de ese ahorro termina financiando empresas y Estados de otros países?
Miles de personas se sumaron a la movilización que, en la proclama, exigió medidas que transformen la realidad de la población LGBTI+, porque “un derecho que no se cumple no es un derecho”, sino una “promesa vacía”.
La vicepresidenta del PIT-CNT, Carolina Spilman, cuestionó la falta de recursos estatales para combatir la violencia de género y señaló que la feminización de la pobreza, la desigualdad salarial, la sobrecarga de las tareas de cuidados y los femicidios forman parte de una violencia estructural que atraviesa a las mujeres.
El gobierno de Yamandú Orsi da señales «ambiguas» al respecto. Por un lado, presenta el proceso de diálogo y elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública, «donde se dijeron cosas muy distintas y muy diferentes a la estrategia a lo Bukele», dice. Pero luego, «ante la presión de la opinión pública», incursiona en un camino punitivo, incluso compitiendo con la oposición por quién propone mayor dureza.
No hace falta mirar un documental para proteger su exhibición entre adultos en la universidad. Pero clamar por su censura, y celebrarla como un triunfo, cuando ni siquiera se conoce su contenido, es toda una declaración de principios.
Para entender el título de este artículo, deberemos remitirnos a declaraciones realizadas días atrás por el Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, respecto al cambio que el gobierno realizó a lo acordado en el Diálogo Social sobre las modificaciones que se realizarían a las AFAP [administradoras de fondos de ahorro previsional].
Las personas en situación de calle no son “la foto triste de nadie”, sino “el pueblo que aguanta”. (Es) “una guerra del Estado contra los pobres”. “Nos llaman ʻsituación de calleʼ para no decir ʻabandonados por un Estado omiso a nuestro derechoʼ”. “No pido migajas, pido trabajo, pido derechos, pido que me devuelvan lo que nunca me sobró: dignidad”.
En la película participan 12 fotógrafos profesionales palestinos –solo dos de ellos vinculados a Hamás– y decenas de civiles no profesionales. La cinta incluye filmaciones de varios crímenes de guerra israelíes denunciados por la ONU y registrados directamente por sus propias víctimas, sin editorialización ni voice-over. Para el director, «es natural» que despierte el rechazo de «los políticos que defienden el genocidio».
Sergio Sommaruga propuso avanzar en una reforma tributaria de “segunda generación” para, entre otras cosas, terminar con las “vacaciones fiscales” de los multimillonarios. En referencia a Oddone, dijo: “Para nosotros, que somos los que laburamos, los que mandan son los pasajeros de la fila 33, no los dueños de la aerolínea”.
“Es fundamental que las partes participantes del diálogo social en seguridad social, especialmente el Poder Ejecutivo –que es quien tiene la responsabilidad de presentar un proyecto de ley en la materia–, se cumplan estrictamente todos y cada uno de los ítems que surgen de dicho ámbito”
La promesa de empleo no se cumple: es cada vez peor y va a ser cada vez peor, porque se tecnifica más. En cuanto a la cuestión ambiental, ellos vinieron con el escudo de que plantaban árboles, pero llegaron a plantar sobre montes nativos o sobre la pastura.
Fue durante los gobiernos del FA que el concepto de nuevas amenazas, surgido después del 11S, abrió el camino a la incorporación de nuevas tareas para los militares, plasmadas en normativas aprobadas durante sus gobiernos.
“El gobierno y el FA terminan pagando unos extraños peajes, como pidiendo perdón cuando hacen cosas medianamente ‘sociales’, por lo que nunca se termina de saber qué es lo que en verdad habrá de concretarse.”
La Huelga General que enfrentó el golpe de Estado del 27 de junio, no pudo impedir el afianzamiento de un régimen “cívico-militar” que arrasaría por más de una década con todas las libertades democráticas.
Brayan Leites recibió entre cinco y seis disparos por parte de un efectivo policial en el patio de su casa, en el Borro. La versión oficial de respaldo al accionar policial por legítima defensa empezó a trastabillar este miércoles, cuando se conoció que en el video del operativo se ve que el joven no esgrimió su arma hacia la Policía, sino que intentó huir.
Todavía hay espacio para otra lucha. El Estado responde a un llamado, un llamado de la sociedad civil que se amplifica y de alguna forma lo presiona. Necesitamos eso, necesitamos presión para que realmente puedan aparecer los desaparecidos, para poder obtener más verdad y justicia. No puede ser una fiscalía de lesa humanidad que tiene dos pesos. Hacen un trabajo quijotesco.
Orsi visitó, el pasado sábado 2 de mayo, el portaaviones USS Nimitz que estuvo en aguas internacionales, cerca de las costas uruguayas, lo que le valió críticas dentro de su partido y también del PIT-CNT.
La situación muestra “una dinámica de exclusión residencial de las más graves y severas a nivel internacional”, sostuvo el profesor universitario Gonzalo Bustillo. Según sus estimaciones, casi 20.000 personas podrían vivir en la calle hacia 2036 si no se toman medidas.
Si bien la ley que regula el trabajo para aplicaciones (20.396) de 2025 estableció un piso mínimo de condiciones para los trabajadores, sean dependientes o independientes, es sabido que la mayoría de los trabajadores tienen formalmente contratos que los consideran empresarios o socios que firman un acuerdo con la multinacional.
En el país hay más de 338.000 personas que, si se las mira solo por sus ingresos, no son pobres. Superan esa línea de pobreza monetaria que el INE estableció. Pero cuando uno repara en sus condiciones de vida -cómo es su vivienda, si terminaron la escuela, si tienen trabajo formal, si acceden a protección social- resulta que tienen cuatro o más carencias estructurales.
El inspector nacional de Trabajo señaló que “son bienvenidos los trabajadores migrantes”, que deben tener los mismos derechos que los nacidos en Uruguay y “no puede aprovecharse su situación de vulnerabilidad para bajar salarios, condiciones de trabajo o protección social”.
En cuanto a la prevención, el presidente Yamandú Orsi dice algo que me parece increíble. Se pregunta: «¿De dónde salen estas personas?», y después no responde nada.
"La guerra es la última expresión del patriarcado, del capitalismo depredador, del colonialismo y del imperialismo en su fase decadente. Por eso rechazamos las guerras por el control de territorios y el saqueo de bienes naturales, y rechazamos la violencia patriarcal que ejercen sobre los cuerpos y los pueblos”.
En su discurso del lunes 2, el presidente Yamandú Orsi se enorgulleció de la cantidad de uruguayos que tienen empleo. Pero lo cierto es que tendrían que ocurrir unas cuantas cosas para que ese orgullo se mantenga el año que viene.