Uruguay – Suspender el proyecto Neptuno “hasta que exista un pronunciamiento de la Justicia”. [Juan Ceretta]

_{Manifestación el 29-5-2022, Plaza Libertad, Montevideo}

Juan Ceretta espera que el gobierno extienda la suspensión del proyecto Neptuno ¹ “hasta que exista un pronunciamiento de la Justicia”

La Diaria, 15-7-2025

Correspondencia de Prensa, 16-7-2025

Para el abogado, “lo más prudente” sería que las obras no comenzaran hasta que se despejen todos los cuestionamientos, “porque lo que nos puede traer va a ser todo peor”.

El abogado Juan Ceretta, quien asesora en el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República a la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV) y al colectivo Tucu-Tucu de San José en la demanda judicial que pide la nulidad del contrato Neptuno-Arazatí, manifestó en la diaria Radio que su expectativa de cara al final de la renegociación entre el Poder Ejecutivo y el consorcio privado Aguas de Montevideo, encargado de la construcción de la planta potabilizadora, es que se prolongue la suspensión de los plazos del contrato “hasta que exista un pronunciamiento de la Justicia”.

Ceretta espera que el gobierno no tome “una decisión que puede generar un daño ambiental y un daño en la producción local, un daño a la comunidad”, así como “una violación de la Constitución”, “sin tener los resguardos necesarios de que todas las objeciones que se están haciendo al proyecto Neptuno están saldadas”.

Las organizaciones sociales y el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho han impulsado diversas herramientas jurídicas para detener la construcción del proyecto. Al respecto, Ceretta recordó: “Primero intentamos que no se firmara el contrato, que una decisión judicial le prohibiera al gobierno firmar el contrato; interpusimos recursos para que ni siquiera se aprobara la licitación. No tuvimos éxito. Después fuimos a juicio para que no se firmara el contrato, y también fuimos a juicio para que no otorgaran la autorización ambiental previa. Logramos detenerlo un tiempo: hubo una medida cautelar que prohibió durante un tiempo la firma del contrato. Luego, cuando eso se levantó, se firmó el contrato y se dio la autorización ambiental”.

A partir de la firma del contrato, la “estrategia cambió” y, por ello, el proceso judicial actual pide “que se declare la nulidad del contrato” y que haya una medida cautelar de prohibición de inicio de las obras, algo que fue negado en primera instancia y que actualmente está a estudio del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Primer Turno.

Sobre la decisión del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de trabajar con la CNDAV, entre muchas otras organizaciones que se oponen al proyecto, Ceretta explicó que dicha comisión redactó el actual artículo 47 de la Constitución, que consagra el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental –ratificado en el plebiscito constitucional de 2004–, y que entiende que hoy “se está vulnerando con la firma de este contrato”. Por lo tanto, la CNDAV “está absolutamente legitimada para reclamar que se cumpla lo que ellos mismos llevaron adelante al modificar la Constitución en 2004”.

“Lo que está clarísimo es que la Constitución quiso que el abastecimiento fuera prestado por el Estado”, aseveró el abogado, quien aclaró que el abastecimiento de agua comprende un proceso de varias etapas, que empieza con la toma de agua bruta, pasa por el tratamiento y la potabilización y finaliza con la distribución. Ceretta señaló que, desde el inicio, los impulsores del proyecto Neptuno “eran conscientes de que esto violaba el artículo 47 y que había que hacer alguna maniobra para esquivarlo”.

En ese sentido, explicó que el proyecto no se presentó bajo la ley de participación público-privada, “porque tanto la ley de participación público-privada como la Constitución en el artículo 188 prohíben que haya participación público-privada respecto del agua potable”. Por eso, “se lo tuvo que hacer entrar por la Ley 17.555, que es una ley de 2002, en momentos de crisis económica del país, cuando no había fondos públicos para obra pública y donde se permitió a los privados presentar proyectos de obra pública, obteniendo una ventaja en la licitación si resultaban aprobados por el Estado”.

“Esto es una señal muy fuerte. Es una señal de mercantilización del agua potable. Cuando participa un privado, al privado lo mueve un interés de lucro, no es como el Estado. Ese interés de lucro va a ser satisfecho con lo que vamos a pagar los usuarios”, sostuvo el abogado, y agregó que el costo del proyecto, de más de 800 millones de dólares, “se va a trasladar a la tarifa y el agua ya no va a ser un derecho como garantiza la Constitución, sino que va a ser una mercancía por la que va a haber que pagar”.

Sobre la alternativa de trasladar el proyecto de la planta potabilizadora hacia otro lugar, Ceretta aclaró que, desde el punto de vista de la objeción constitucional, no modificaría nada, ya que “lo que salvaría la objeción constitucional es que todo el proceso de abastecimiento estuviera manos de OSE” (Compañía estatal de suministro de agua potable. CdP).

Respecto de la posibilidad de que el Estado enfrente multas o juicios al anular el contrato, uno de los argumentos del gobierno para promover la renegociación, Ceretta señaló que, si se declara la nulidad del contrato por inconstitucional, “no genera obligaciones para ninguno, es como si no hubiera existido”. Además, consideró que ni el Estado ni las empresas podrían decir “que no sabían que existían estas objeciones porque estas objeciones son públicas desde el día uno”, por lo tanto, sería “muy difícil pensar”, incluso con obras iniciadas, en reclamos indemnizatorios.

“Lo más prudente, lo que el sentido común indica es [que] no empecemos esto, porque lo que nos puede traer va a ser todo peor. Aún no empezó, no lo empecemos. Esperemos que todas estas dudas estén despejadas”, planteó el abogado.

Nota de Correspondencia de Prensa