Francia – La ola de protesta que amenaza a Macron y a su gente. [Léon Crémieux]

_{Foto: Manifestación en París, 24-10-2026}

Viento Sur, 24-10-2026

Correspondencia de Prensa, 25-10-2026

Con una enorme participación (con multitud de jóvenes) en las pocas manifestaciones que se han podido realizar este fin de semana en Francia (algunas autorizadas y otras no, como en Burdeos o Marsella), así como la realizada contra el congreso de RN en Orléans (20 000 manifestantes) queda claro que el movimiento de contestación social que empezó en septiembre marcó un antes y un después el 17 de octubre. La próxima cita, el 5 de noviembre con la convocatoria de huelgas y manifestaciones contra todas las manifestaciones antisociales del gobierno Lecornu, la tension sigue creciendo en Francia. El artículo de Léon Crémieux aborda el contexto y las características de este movimiento que ya tuvo eco en nuestra web el miércoles pasado.

El 17 de octubre fue un día histórico de movilización en Francia, comparable en número a los de 2023, cuando hubo grandes manifestaciones en defensa de las pensiones. 800 000 personas (550 000 según la policía), más de cien manifestaciones declaradas y muchas otras no declaradas en pueblos y barrios.

Todo ello expresa, de forma espectacular, una crisis social que viene de lejos y que se hace eco de crisis similares en muchos otros países, siempre con la movilización masiva de la juventud como eje central. Y la violencia que se ha podido ver en las calles de tosas las ciudades del país contra comercios y edificios institucionales, con grupos minoritarios pero numerosos, es, por desgracia, un reflejo de la violencia social que viven cada día millones de hombres y mujeres que sufren precariedad y miseria, una violencia agravada constantemente por la política de los gobiernos de Macron, que golpean a las clases populares, se muestran indiferentes ante la miseria social y protegen los privilegios de los más ricos y de las grandes empresas.

La primera característica de las movilizaciones actuales es su carácter inédito, que se manifestó con fuerza el 17 de octubre: una oleada masiva, incluso inesperada, una convergencia no solo de ira, sino también de reivindicaciones sociales muy concretas, procedentes de los colectivos de los Chalecos Amarillos provenientes de las movilizaciones de 2018, de las organizaciones y coordinaciones de estudiantes de secundaria y universitarios, de los sindicatos CGT, FSU y Solidaires. Se trata, pues, de un conglomerado amplio, con la juventud, movilizada y autoorganizada de diversas formas desde hace más de un mes, en el centro. Se puede decir que el movimiento actual es el resurgimiento de las importantes movilizaciones que han surgido en los últimos 10 años en el país: los Chalecos Amarillos, las movilizaciones de los barrios populares contra la violencia policial y la discriminación, y, por último, las manifestaciones masivas de los trabajadores y trabajadoras contra la reforma de las pensiones. No se puede entender la fuerza de este movimiento sin tener en cuenta el papel de #MeToo, las movilizaciones contra las violencias sexual y sexistas y las que se oponen a los grandes proyectos inútiles, sobre todo Sainte Soline. De hecho, es todo el balance catastrófico de los gobiernos de Macron desde 2017 lo que está saliendo a la luz: una política de la oferta, que cada año supone 270 000 millones en subvenciones y regalos a las empresas y a la gente rica ¹, y que ha causado profundos daños a las clases populares, a los derechos sociales, al poder adquisitivo y a los servicios públicos, lo que hoy provoca el rechazo más contundente hacia un presidente y un gobierno desde el inicio de la Vª República en 1958.

La fecha del 17 de octubre surgió, en primer lugar, de un llamamiento en las redes sociales, el 8 de septiembre en la red social TikTok, contra el encarecimiento de la vida y la subida vertiginosa de los precios de los combustibles ², con decenas de carteles que retomaban el tema de los Chalecos Amarillos y organizaban, mediante mensajes encriptados, citas para concentraciones en un montón de ciudades del país, zonas rurales, ciudades pequeñas y medianas. A ellos se unieron los impulsores del movimiento Bloquemos todo, que ya habían convocado una gran jornada en septiembre de 2025 contra el encarecimiento de la vida y la injusticia fiscal, y que elaboraron un mapa nacional de concentraciones que rápidamente abarcó la mayor parte de las regiones y localidades. Antiguos responsables de Chalecos Amarillos, también a través de las redes sociales, tomaron el relevo.

Esta proliferación de llamamientos desde la base, al margen de cualquier organización política o sindical real, es la principal característica del 17 de octubre, que reúne a asalariados y asalariadas, a personas en situación precaria, a menudo los primeros y las primeras afectados en los últimos meses por las olas de calor en viviendas inadecuadas, debido al aumento galopante de los precios alimentarios y de la energía. La rabia es, evidentemente, aún mayor porque el gobierno minoritario [en el Parlamento [en el Parlamento] de Macron y Lecornu no deja de recortar las medidas de redistribución social y lleva prometiendo, desde el verano, un presupuesto para 2027 que, una vez más, exime de impuestos a las grandes fortunas, a las rentas del capital y a las grandes empresas (multiplicando para ellas las exenciones, ayudas y subvenciones) y que golpea con dureza a las clases populares, a la juventud y a las y los jubilados.

En 2018 y 2019, el movimiento de Chalecos Amarillos se expresó en una profunda ola de movilización por todo el país, sobre todo en las zonas residenciales periurbanas. Empezó como protesta contra la subida de los impuestos sobre los combustibles –cuyo precio ya había aumentado considerablemente en los años anteriores–, pero que pronto se amplió al rechazo de la presión fiscal y a la pérdida de servicios públicos en zonas rurales y periurbanas, donde se acumulaban las pérdidas de puestos de trabajo, hospitales y transporte. En resumen, una situación que era un calco de la que se vivía en los barrios populares de las grandes ciudades.

El movimiento se fue forjando entonces a través de más de 1000 grupos de Facebook, con más de 4 millones de personas. Alrededor de 3 millones de personas salieron a la calle para participar en sus acciones, ampliando sus reivindicaciones en los cuadernos de quejas [cahiers de doléances]. Sus movilizaciones sufriero una explosión de violencia policial, con personas mutiladas por disparos de LBD o granadas de dispersión: 1 muerto, 613 heridos, 23 que perdieron un ojo y 5 manos arrancadas.“La policía ha herido a más manifestantes en unos pocos meses que en veinte años” ³. La gestión violenta de las manifestaciones populares ya la puso en marcha en 2016 el Gobierno socialista de Manuel Valls ante las movilizaciones contra la ley laboral de El Khomri. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional han condenado desde entonces esta gestión violenta de las manifestaciones, estos abusos y el uso de armas de “fuerza intermedia”, como el LBD 40, el Taser, las granadas lacrimógenas o las de dispersión, consideradas «subletales» y que se han convertido en armas mortales en varias ocasiones.

La principal fuerza del 17 de octubre proviene, en primer lugar, de esta profunda dinámica popular. Luego viene, evidentemente, el poder del movimiento juvenil, que partió de los institutos de los barrios populares de los territorios de ultramar a principios de septiembre y se desarrolló sin flaquear, durante más de un mes, hasta el 17 de octubre, a pesar de la violencia y la represión policial que sufrió. Las condiciones de estudio fueron el factor desencadenante: falta de profesores, instalaciones insalubres, clases masificadas, que resultaban aún más insoportables tras varias semanas de olas de calor en las viviendas. También en este caso se trata de un movimiento desde abajo que se desarrolló rápidamente. Al principio, sin tener mucho eco en Francia, nada más empezar el curso (finales de agosto, primeros de septiembre), los bloqueos empezaron en Mayotte y en la Guayana Francesa exigiendo la renovación y la ventilación de las aulas, en contra de los precios del comedor y, en general, contra el estado de abandono y la sensación de marginación social: reivindicaciones claras y una gran determinación.

En la metrópoli, los bloqueos empezaron el 17 de septiembre en un instituto de la región parisina, en Créteil, retomando las reivindicaciones planteadas por los profesores. Allí también se planteó la cuestión de las instalaciones, pero también la masificación de las clases, la falta de profesores, los horarios imposibles y la exigencia de que se eliminen dos medidas introducidas al inicio del primer quinquenio de Macron en 2017-2018: la reforma Blanquer (que desmantelaba las ramas –literaria, científica y económica– en los institutos sustituyéndola por “especialidades a elegir”), junto con la implantación de un sistema de selección implacable para la orientación tras el bachillerato, el denominado Parcoursup utilizado para gestionar el acceso a la educación superior en Francia.

Este sistema cierra las puertas a muchas titulaciones, aleja a los estudiantes de secundaria de las clases populares de muchas ramas destinadas a las clases altas y, por ejemplo, en 2026, dejó sin plaza en la educación superior a 126 000 jóvenes de entre casi 900 000 titulados de bachillerato. El veredicto es inapelable: a pesar de un bachillerato para todos, ya que el 80 % de una cohorte de edad obtiene el bachillerato, el 57 % de esa misma cohorte no consigue un bachillerato general, que es el único que permite acceder a las carreras universitarias de grado y máster. Parcoursup, tras su algoritmo, garantiza una selección social de una eficacia temible. Todos los estudios demuestran la cruda realidad de la reproducción social y cómo se ha acentuado desde 2020 ⁴.

Entre la juventud, la de los barrios populares vive en primera persona toda la violencia cotidiana de la discriminación social, que se suma a la que vivieron sus padres y a la que ejercen las fuerzas policiales contra ella. Esta violencia se ha intensificado notablemente desde hace más de un mes con el movimiento de bloqueos en los institutos, que fue criminalizado desde el principio y clasificado por el Ministerio del Interior como violencia urbana. Por desgracia, es una vieja historia en el país. Desde hace veinte años, en varias ocasiones, la juventud de los barrios ha expresado su ira y sus reivindicaciones ante su situación de exclusión y marginación social. En 1990, empezando por Vaulx-en-Velin, en las afueras de Lyon, y luego en 2005, cuando dos jóvenes de 17 y 15 años, Zyed Benna y Bouna Troré, murieron en Clichy-sous-Bois, perseguidos por la policía, electrocutados en un transformador eléctrico donde se habían refugiado. A esto le siguieron varias semanas de revueltas en los barrios para exigir justicia social, vengar la muerte de los dos jóvenes y denunciar la violencia policial.

Esta movilización, en lugar de ser tratada por el Gobierno como un problema social, se calificó de disturbios de violencia urbana, de “alborotadores, gamberros y escoria”, tal y como los tildó el entonces ministro del Interior, Nicolas Sarkozy. “No ha cambiado nada”, como repite en una entrevista ⁵, veinte años después, Mekki Daouadji Djilali, el presidente de ACLeFeu, un colectivo creado en Clichy-sous-Bois tras la muerte de Zyed y Bouna. El colectivo recogió en un libro de quejas las prioridades de la población. En aquel momento se reunieron 20 000 aportaciones procedentes de 120 ciudades. Veinte años después, los problemas y las prioridades siguen siendo los mismos. “Desde 2005, todas las reformas que se han puesto en marcha han sido de seguridad y no sociales”, añade Mohamed Mechmache, miembro fundador de ACLeFeu. Pero, para los responsables políticos, la juventud de los barrios populares, sobre todo la que viene de familias de origen inmigrante poscolonial, no pueden ser actores políticos ni portadores de luchas y reivindicaciones sociales. El mismo patrón se repitió varias veces, por ejemplo, en junio de 2023, con la muerte de Nahel Mezrouk, un joven de 17 años, al que un policía mató a quemarropa durante un control policial en Nanterre.

Esta dinámica de fondo que alimenta la movilización y que surgió de los institutos de los barrios populares, se extendió rápidamente a otros institutos, a las facultades y, algo inédito, a las prestigiosas grandes escuelas como HEC, IEP, la École des Mines, que se han mostrado explícitamente solidarias contra la segregación social; el 90 % de las universidades bloquearon sus instalaciones la semana del 11 al 17 de octubre; unas universidades en las que faltan más de 100 000 plazas para acoger a las y los estudiantes. Las reivindicaciones planteadas por el movimiento de los institutos son claras desde el principio: los sindicatos y las coordinaciones se han puesto de acuerdo en exigir la supresión de Parcoursup y de la reforma de Blanquer, la creación de suficientes puestos de trabajo para cubrir la falta de personal docente, de enfermeras y de asistentes sociales, y un aumento presupuestario de 10 000 millones para permitir la rehabilitación de los edificios escolares y su adaptación al cambio climático. Hasta ahora, el Gobierno se ha negado a dar ninguna respuesta concreta a estas demandas, y hasta las ha tratado con desprecio. Pero la corriente de fondo entre la juventud refleja una toma de conciencia con muchas facetas. El diputado de LFI, Louis Boyard, explica las cuatro líneas principales de politización entre la juventud: el movimiento #MeToo y el papel protagonista que han asumido las jóvenes con una cultura feminista; las huelgas mundiales por el clima; las revueltas en los barrios populares contra el racismo, sobre todo tras la muerte de Nahel, y Palestina y el horror del genocidio cometido por el régimen sionista.

Todo esto pone en tela de juicio a Macron y a los suyos, y su siniestra similitud con lo que promete la extrema derecha ⁶.

El movimiento juvenil y el de Chalecos Amarillos coinciden con todas las preocupaciones sociales de los trabajadores y trabajadoras: la falta de respuesta a las necesidades sociales, los servicios públicos, el coste de la vida –empezando por el de la energía y la alimentación– y un claro empobrecimiento de las clases trabajadoras. La tasa de pobreza (el 60 % de la renta mediana) es del 15,4 %, lo que supone 9,8 millones de personas, una cifra que lleva aumentando desde mediados de la década de 2000. Francia era uno de los países con una tasa de pobreza baja gracias a los sistemas de redistribución. El desmantelamiento de estos sistemas desde mediados de la década de 2010 pone en peligro esta red de protección.

La suma de los efectos de la reforma de las pensiones, el coste de la vida, la precariedad laboral, las dificultades para acceder a una vivienda y el estancamiento o el escaso aumento de los salarios crea una situación cada vez más difícil para las y los trabajadores y sus familias. Las movilizaciones contra la reforma de las pensiones en 2023 fueron la expresión de todo este malestar y de la exigencia de otra política social.

A nivel político, el rechazo a la Macronía y a sus presupuestos, que perjudican a las clases trabajadoras, se manifestó en las urnas en 2022 y 2024. Desde entonces, los sucesivos gobiernos macronistas en minoría solo se han mantenido gracias a la indulgencia del Partido Socialista, que salvó la aprobación de los presupuestos de Hacienda y de la Seguridad Social para 2026 y aceptó esas farsas de negociaciones sociales que terminaron en callejones sin salida con Bayrou y Lecornu: en la primavera de 2025, el conclave de Bayrou; en el otoño de 2025, la “suspensión de la reforma de las pensiones” y “la conferencia sobre las pensiones y el trabajo” justificaron los respiros que el PS concedió a los gobiernos de Macron y permitieron desunir el frente sindical. De hecho, en dos ocasiones, la CFDT, la CFTC y la CGC se han lanzado por esa puerta que no conduce a ningún retroceso del Gobierno.

Este otoño surge una nueva configuración y el papel del sindicalismo combativo puede ser decisivo en el desenlace del actual enfrentamiento social. Los sindicatos, tras una jornada conjunta de movilización y manifestaciones el 29 de septiembre en la función pública, habían fijado el 5 de noviembre como fecha común para una próxima jornada centrada en la defensa de los servicios públicos, el aumento del salario mínimo interprofesional (SMIC) y de los sueldos. A muchos les parecía que el 5 de noviembre era demasiado tarde, dado que lo que había que hacer era reforzar y apoyar sin demora la movilización de la juventud. Además, el mes de octubre incluía varias citas importantes por parte del movimiento juvenil y de Chalecos Amarillos.

Por eso, Solidaires prefirió esperar al 17 de octubre para convocar la jornada del 5 de noviembre, con el fin de movilizarse primero durante el mes de octubre. Y, en la práctica, la CGT, la FSU y Solidaires, a lo largo de octubre, apoyaron los bloqueos, protegieron a las marchas de los estudiantes de secundaria frente a la policía y estuvieron presentes el 17 de octubre. El resto de la intersindical nacional no siguió la misma línea, aunque muchos sindicatos –al menos de la CFDT y de FO– se sumaron a nivel local y a través de sus federaciones de Educación.

Además, el día 17, el papel de los sindicatos fue muy importante, ya que actuaron como nexo de unión entre el resto de componentes del movimiento, y tampoco se libraron de la intervención de las fuerzas policiales, como en Toulouse, donde la vanguardia de la marcha sindical sufrió un lanzamiento de granadas que dejó heridas a cuatro responsables sindicales.

Momento decisivo para el movimiento
El Gobierno y la derecha se han visto totalmente desestabilizados por la magnitud del movimiento de las y los estudiantes de secundaria y el peso político que ha adquirido en el panorama. Durante varias semanas, han jugado la carta de aislar a la juventud de los barrios, intentando desacreditarlos, criminalizarla y describirla como manipulada por La France insoumise. La generalización de esos propósitos a toda la juventud ha sido una sorpresa, pero Lecornu se ha mantenido firme en su negativa a dar un paso atrás o a satisfacer las demandas de las y los estudiantes de secundaria. Los interlocutores del movimiento han sido la policía y el ministro del Interior. La estrategia consiste en golpear fuerte con la represión, acompañada de una campaña de desprestigio sistemática en los medios de comunicación, que estigmatizan sistemáticamente a la juventud como alborotadora y acusan a “la extrema izquierda de intentar desestabilizar la República, con el apoyo de LFI”. El Partido Republicano ha llegado incluso a pedir la disolución de La France insoumise y la instauración del estado de emergencia ⁷.

La intervención violenta de las fuerzas policiales ha venido acompañada de detenciones masivas de jóvenes como herramienta de propaganda política, con el objetivo de disuadirles de seguir participando en el movimiento: 10 000 detenciones, de las cuales 7 000 fueron de menores, entre principios de septiembre y el 17 de octubre. Noches en detención policial en condiciones a menudo miserables, como las denunciadas en Bobigny, comparecencias inmediatas, penas de cárcel incluso en la primera comparecencia para los jóvenes mayores de edad… Las detenciones se han convertido en herramientas políticas, ya utilizadas contra los jóvenes de los suburbios en 2005 (5643 jóvenes detenidos), contra los Chalecos Amarillos (6786 detenciones). Esta intimidación masiva, esta criminalización, no ha impedido ni que el movimiento continúe ni que se amplíe, ni que se una al movimiento sindical.

Con el movimiento actual, el Gobierno se ha visto sorprendido, ya que pensaba que la izquierda y las clases populares estaban paralizadas por la fragmentación de la izquierda y la moderación del frente sindical. Lecornu quería seguir adelante con una política y un presupuesto para 2027 que afectara a las clases populares, imponiendo más de 40 000 millones de recortes presupuestarios en los presupuestos sociales, con ataques contra las personas jubiladas y la juventud, y con la congelación de los sueldos del personal funcionario.

Ahorros que se justificaban alegando el insoportable nivel de la deuda pública, mientras que el Gobierno se niega a cuestionar la ridícula fiscalidad de las rentas del capital y de las grandes empresas, y aprueba un aumento de 6500 millones en dos años del presupuesto militar.

Este proyecto de presupuesto iba de la mano de un discurso cada vez más centrado en la seguridad y cada vez más cercano a las propuestas y al discurso del Rassemblement National.

Desestabilizados y afectados por la fuerza del 17 de octubre y la unión con el ala combativa del movimiento sindical, Macron y Lecornu han vuelto a representar la tragedia que ya escribieron los grandes de la burguesía del siglo XIX, y el gran miedo que inspiró la Comuna de París: las clases trabajadoras son, ante todo, clases peligrosas; la chusma pone en tela de juicio el derecho a la propiedad; la Policía y el Ejército deben proteger nuestras personas y nuestros bienes.

Las imágenes de los escaparates rotos y de los cientos de comercios saqueados el 17 de octubre en los centros de las grandes ciudades fueron el detonante de una temible espiral de poder: toques de queda en los centros urbanos, manifestaciones prohibidas, duras penas de cárcel. Esta espiral, aplaudida por la extrema derecha, tenía tanto como objetivo acallar las críticas sobre la incapacidad de la policía para proteger los centros urbanos como intentar paralizar y silenciar el movimiento social y distanciar a los sindicatos de las futuras movilizaciones. Al igual que Zemmour (que culpaba a «la chusma árabe-musulmana»), Retailleau, Ciotti, Bardella… todos los líderes de la extrema derecha se han dedicado desde hace varios días a lanzar una avalancha de racismo contra la juventud y la movilización, alineándose sorprendentemente con Trump y Netanyahu, que denuncian “la invasión del islam en Francia”. Todas las cadenas de televisión emiten en bucle imágenes de destrozos en edificios públicos, tiendas y coches quemados. Los editorialistas denuncian, día tras día, la insoportable violencia que sufren los comerciantes, sin haber prestado nunca la más mínima atención ni haber arrojado luz alguna sobre el hundimiento de las clases populares en la precariedad y la imposibilidad de vivir dignamente. Esta violencia cotidiana rara vez ha tenido cabida en los medios de comunicación. Pero, atrapado en su propia política de seguridad, se ha acusado al Gobierno de no haber sido capaz de proteger a los pequeños comerciantes o incluso a los ayuntamientos, como en Marsella.

Desde entonces, Macron y Lecornu no paran de balbucear, pidiendo a la vez que se mantenga el orden y que se prohíban las manifestaciones, alegando “que la República está en peligro y la amenaza sediciosa de La France Insoumise y sus aliados”, y precipitando, tras un mes de negativas, reuniones apresuradas con los representantes del movimiento juvenil, el lunes 21 con el primer ministro y, finalmente, el 23 con el propio Macron, ¡para anunciar que les darán respuestas más adelante! Para el día 24, decenas de manifestaciones prohibidas por las prefecturas, luego autorizadas, desviadas de sus recorridos, prohibiciones a veces anuladas por los tribunales administrativos. El poder redobla sus golpes, ataca y, al mismo tiempo, duda por miedo a mostrar su debilidad y su falta de autoridad frente a un movimiento que persiste y se empeña en obtener lo que quiere. Hoy son Macron y su Gobierno los que están atrapados en una trampa, y eso los hace aún más peligrosos.

El Gobierno teme ahora que el movimiento, lejos de perder fuerza, se extienda como una mancha de aceite en los próximos días con huelgas de trabajadores, sobre todo en torno al 5 de noviembre. Por eso, Macron y Lecornu siguen aislados, negándose a hacer la más mínima concesión a la juventud (aunque anuncien para el lunes 26 de octubre una reunión con las organizaciones juveniles y una reforma de Parcoursup) y dan un paso decisivo hacia la represión y la deriva autoritaria. Para las próximas manifestaciones, el ministro del Interior prevé el uso no solo de la policía y la gendarmería, sino también de los efectivos del RAID –una unidad policial encargada de las operaciones antiterroristas– y de las fuerzas de la operación Sentinelle –militares que también se ocupan de la lucha antiterrorista en el territorio–, así como de la BRI (Brigada encargada de la lucha contra el gran bandolerismo)… Todo esto pone de manifiesto un endurecimiento autoritario, aplaudido por RN y LR, que piden que se declare el estado de emergencia con la suspensión de las libertades públicas, pero también revela la debilidad política del Gobierno. El fin de semana del 24 y 25 de octubre se han prohibido decenas de manifestaciones o se han vetado los recorridos previstos en los centros de las ciudades.

Así que, claramente, el movimiento se va a encontrar en una encrucijada. O bien la apisonadora policial consigue bloquear el movimiento mientras bombardea a la opinión pública con imágenes de un “terror organizado por la extrema izquierda y LFI”, o bien se produce una unión de las movilizaciones con sectores de trabajadores a través de concentraciones, acciones conjuntas en las ciudades y, sobre todo, con sectores profesionales que se declaran en huelga, especialmente en torno al 5 de noviembre.

Solidaires ha puesto de relieve explícitamente esta política convocando asambleas generales en los lugares de trabajo y planteando la posibilidad de huelgas en el mayor número posible de sectores a partir del 5 de noviembre. La CGT, a través de Sophie Binet, también tiene la perspectiva de ir a la huelga el 5 de noviembre y más allá; la FSU, por su parte, pide que se debata en los lugares de trabajo cómo continuar tras esta jornada de huelga, y ya ha presentado un preaviso que se extiende hasta finales de noviembre.

Así, cada uno a su manera, estos tres sindicatos plantean sus líneas de acción sin dejarse frenar por los ritmos marcados por la intersindical nacional junto con los demás sindicatos (CFDT, FO y UNSA, entre otros). Esta es, evidentemente, la conclusión que han sacado los sindicatos más combativos de las huelgas de 2023. Todos los sectores más combativos del movimiento sindical son conscientes de lo que está en juego.

Última cuestión, y no por ello menos importante. En la izquierda, todo el mundo entiende que la motivación de la movilización actual es también la lucha contra la amenaza de un Rassemblement National a las puertas del poder político [en las próximas elecciones]. Crece el temor a que la fragmentación de la izquierda, reforzada por la victoria, de momento, del ala más social-liberal del PS (con la candidatura de Glucksman) y el rechazo a la candidatura de Mélenchon por parte de los demás socios del antiguo NFP (Ecologistas, PCF y Après), conduzca a una guerra fratricida en la izquierda y a la victoria de Le Pen. El movimiento actual podría, por tanto, cambiar las reglas del juego con un impulso desde la base, imponiendo la necesidad de construir la unidad tal y como se logró en 2024.

Poca gente se ha fijado en ello, pero en Orléans se ha logrado una amplia unidad en la izquierda, que ha reunido codo con codo al PS y a LFI, para convocar una movilización contra la celebración del congreso del RN el fin de semana del 24 y 25 de octubre. En contraste con la situación actual en la izquierda, las fuerzas de izquierda del Loiret lanzaron un llamamiento “para construir un frente popular y solidario”. Para poder plantarle cara al RN e “impedir que los herederos de Pétain vuelvan a tomar el poder”, haciendo un llamamiento a “todas las fuerzas progresistas –asociaciones, sindicatos y partidos políticos–, al mundo de la cultura y a todos los ciudadanos y ciudadanas profundamente comprometidos con los valores democráticos de paz y libertad para que se sumen a esta concentración popular y progresista” ⁸.

Es posible crear una relación de fuerzas social capaz de hacer ceder a Macron y a Lecornu, aunque hace unas semanas pareciera imposible; pero la energía de todas las fuerzas militantes será clave para lograrlo. Esto puede y debe ir de la mano de la lucha por forjar un frente unitario político y social para echar a Macron y a los suyos e impedir que el RN llegue a la presidencia.

Notas