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El veloz desgaste de Keiko Fujimori: la crisis de criminalidad desploma la aprobación de la presidenta peruana
El Observador, 4-10-2026
Correspondencia de Prensa, 4-10-2026
Dos meses después de asumir el cargo, la desaprobación supera el respaldo. La extorsión, los asesinatos y la percepción de inseguridad se combinan con la opinión mayoritaria de que el Ejecutivo carece de una estrategia efectiva.
La luna de miel de Keiko Fujimori ha durado muy poco. El respaldo que acompañó su investidura el pasado 28 de julio cayó abruptamente en septiembre, en un escenario donde la promesa de mano dura y resultados inmediatos contra el crimen organizado chocó contra la violencia en las calles. El auge de la extorsión, los homicidios por arma de fuego y una extendida sensación de inseguridad alimentan la percepción de que su gobierno carece de una estrategia efectiva para contener la delincuencia.
Los sondeos de dos de las principales encuestadoras del país muestran un marcado declive en la aprobación de la presidenta. Datum registra una caída de 18 puntos e Ipsos de 15 puntos entre agosto y septiembre, con lo que el respaldo en ambas mediciones descendió al 42%. En tanto, el Instituto de Estudios Peruanos sitúa la aprobación en 37%, consolidando un escenario donde la desaprobación supera al respaldo en todos los estudios.
El pasado lunes, Lima amaneció con la noticia de que el conductor de una miniván fue quemado vivo cuando sujetos lanzaron una bomba molotov dentro del vehículo. La víctima, de 34 años, murió atrapada entre las llamas. Tras el ataque, transportistas denunciaron que desde comienzos de año pagan 40 soles semanales (unos 12 dólares) a la banda criminal Los Mexicanos y habían sido advertidos de que, si no cumplían con el cupo, habría represalias.
No se trata de un caso aislado. El Observatorio del Crimen y la Violencia reporta que en el primer semestre hubo 21 atentados con explosivos contra transportistas y 33 ataques con ráfagas de balas a sus vehículos como advertencia. Un estudio del Instituto Peruano de Economía precisa que en los últimos 12 meses se registraron 27.000 denuncias por extorsión, casi la mitad de ellas en Lima y Callao.
Frente a este avance, la ineficacia del sistema de justicia queda expuesta en las cárceles: los presos por extorsión representan apenas el 1,6% de la población penal, la misma proporción que en 2017, cuando este delito tenía una extensión mucho menor y estaba focalizado en el norte del país, en ciudades como Trujillo. Allí, explican expertos en seguridad, las bandas comenzaron brindando protección a la minería ilegal y luego reinvirtieron sus ingresos para contratar sicarios, comprar armas y expandirse extorsionando a transportistas, comerciantes y empresarios.
En el plano de las muertes violentas, las cifras oficiales confirman la gravedad del escenario: según el Sistema Informático Nacional de Defunciones, el país acumuló 2.147 homicidios en los últimos doce meses. De ellos, 169 ocurrieron en agosto —el primer mes de la administración Fujimori—, atribuidos en gran medida al crimen organizado.
Decretos atascados
Para intentar frenar la escalada, la mandataria solicitó al Congreso la delegación de facultades para legislar por decreto durante 120 días en materias de seguridad. Sin embargo, a un mes de haber formalizado el pedido, el trámite continúa atascado en el Parlamento sin que el Ejecutivo logre acelerar su aprobación.
La presidenta busca calificar como terroristas a las bandas criminales para ampliar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, dotar de capacidades operativas a la Dirección Nacional de Inteligencia, endurecer las penas y frenar la inmigración ilegal. Ante la demora del Congreso, advirtió que «están poniendo a prueba nuestra paciencia», aunque aseguró que actuará «dentro del marco democrático. El único golpe que va a haber es contra la criminalidad organizada».
Además, anunció el ingreso formal de Perú al Escudo de las Américas, la coalición impulsada por Estados Unidos para combatir el crimen organizado en el hemisferio occidental. Bandas como Los Pulpos, cuya estructura se ha extendido a países cercanos, han servido de argumento al gobierno de Fujimori para justificar este paso.
El 1 de septiembre, la policía boliviana, en una operación conjunta con el FBI y la DEA, apresó en La Paz al líder de Los Pulpos, Jhonsson Cruz. Fujimori resaltó que este tipo de cooperación demuestra cómo las alianzas internacionales producen resultados en la lucha contra el crimen transnacional.
En paralelo, declaró a Lima y Callao en estado de emergencia por 60 días para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en el control del orden interno. No se trata de un paso novedoso: en los últimos cuatro años distintos gobiernos han recurrido a esta misma fórmula en 23 ocasiones sin conseguir un declive sostenido de los índices delictivos.
Como parte de la emergencia, el Ejecutivo lanzó un plan para reforzar la protección en el transporte público, destituyó al jefe de la Policía Nacional y puso cinco prisiones bajo régimen de excepción para que los militares asuman la vigilancia e impidan el ingreso de armas o la fuga de reclusos.
El fin del crédito político
Las medidas no han logrado un giro en la opinión pública. De acuerdo con el estudio de seguridad de Datum, elaborado en la tercera semana de septiembre, el 76% de los peruanos manifiesta sentirse inseguro en su ciudad, el 57% sostiene que el gobierno carece de una estrategia para garantizar la seguridad ciudadana y un abrumador 84% considera que la Policía no ha hecho nada diferente o novedoso para combatir la delincuencia.
Para el analista político y profesor de la Universidad de Lima Francisco Belaunde, este temprano retroceso en la aprobación presidencial responde a una doble fricción: la falta de cohesión en el gabinete y la crudeza del escenario criminal. «Es una mezcla de las dos cosas: cierto desorden que se ha visto en el gobierno, y por otro lado, el tema de la inseguridad que no se resuelve de la noche a la mañana», asegura y subraya que un desgaste similar, por temas de orden interno, está impactando en Chile al presidente José Antonio Kast.
Analistas coinciden en que el electorado ha pasado de la expectativa a juzgar los resultados concretos de una gestión que prometió orden. En ese desgaste pesa la trayectoria de la propia Fujimori: tras más de una década como principal figura de oposición, la ciudadanía asume su experiencia acumulada no como una promesa a futuro, sino como una exigencia de eficacia inmediata.
Sin embargo, frente a la Asamblea General de la ONU, la propia presidenta resumió la encrucijada al describir el combate al crimen no como un problema policial, sino como una guerra donde las recetas tradicionales resultan insuficientes: «En esta guerra no hay frentes de batalla, ni fronteras definidas. No tienen reglas internacionales. El enemigo no tiene uniforme. Se esconde entre nuestra propia gente. No existe la posibilidad de rendirse, ni firmar tratados de paz».