Un presunto violador y corrupto decretó el Estado de Emergencia para combatir a la delincuencia y el crimen organizado. José Jerí –que fue impuesto por la alianza ultraderechista, Policía nacional y FFAA- aplica las mismas medidas que Dina Boluarte aprobó y no han surtido efecto.
La jornada de protesta del 15 de octubre contra el régimen de José Jerí terminó en tragedia: además de un saldo de cien heridos, se confirman el asesinato de un artista, el grave estado de salud de otro joven que fue inducido al coma por una fractura craneal a causa de la represión policial y 11 ataques a periodistas.
“Estoy consternado por la promulgación de esta ley de amnistía. Es una afrenta a los miles de víctimas que merecen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, no impunidad”, dijo Volker Türk.
El Congreso de Perú aprobó una ley de amnistía para militares y policías acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en el período 1980-2000, lapso en que existió en Perú un conflicto armado interno contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amarú.
El Congreso del Perú aprobó una norma que anula las sentencias y los procesos contra agentes estatales por delitos cometidos en el período de guerra insurgente-contrainsurgente, entre los años 1980 y 2000. Mientras tanto, se siguen encontrando restos de desaparecidos en bases militares.
Esta situación no solo afecta a las activistas -personas que defienden los derechos humanos-, sino también a la labor de promoción y protección de estos derechos en el territorio, así como a la libertad de expresión, la libertad de asociación, la democracia y la lucha contra la corrupción.
Perú atraviesa un proceso de descomposición de su sistema político, caracterizado por la precariedad institucional, la corrupción y la violencia cotidiana. Con una derecha radicalizada, una izquierda fragmentada y 43 partidos en carrera, el país se encamina a las elecciones de abril de 2026.
El reciente asesinato de 13 trabajadores en un socavón de Pataz ha puesto en evidencia la escalada de violencia que atraviesa esta provincia de la sierra de La Libertad, en cuyo territorio, las organizaciones criminales se disputan el control de la extracción de oro.
La elevada cotización del oro en los mercados internacionales hace imparable la minería ilegal en los ríos amazónicos del Perú. La del río Nanay, que abastece de agua potable a la población de Iquitos, con más de 600.000 habitantes, es una de las cuencas en que más ha crecido esta actividad.
Tras dos años de una dictadura de extrema derecha instaurada en el Perú, sin que nadie votara por opción semejante, el panorama no puede ser más sombrío.
A dos años del golpe de Estado en Perú, el 94% de la población rechaza el mandato de Dina Boluarte. Sin embargo, sigue gobernando gracias a su alianza con el fujimorismo, la derecha y ultraderecha en el Congreso, así como operadores fiscales, grandes medios de comunicación, gremios empresariales y Fuerzas Armadas.
El gobierno de Dina Boluarte pretende imponer el extractivismo mediante la represión y persecución de defensores ambientales. Es el mensaje que envía la reciente sentencia a cárcel de 11 dirigentes de las protestas contra la mina Las Bambas, región Apurímac, situada en el sur andino.
La norma declara la prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002. Organismos nacionales e internacionales advirtieron sobre su ilegalidad.
“La norma de por sí está desfasada y más bien deja una puerta abierta a las terapias de conversión, así como al uso de hormonas con fines de corrección de la homosexualidad, terapias que son consideradas una tortura por el derecho internacional”
El gobierno de Dina Boluarte, en el punto más bajo de su popularidad, se enfrenta a una nueva crisis por las investigaciones judiciales sobre los lujos no declarados de la mandataria. Pero el pacto con la igualmente impopular mayoría parlamentaria que la sostiene no parece aún dar muestras de ruptura.
La presidenta peruana cumplió un año al frente de un gobierno que carga con decenas de muertos y centenares de heridos en la represión a las protestas. Doce meses marcados por denuncias de violación de los derechos humanos, que esta semana se coronaron con la liberación de Alberto Fujimori.
Mientras decía en el Congreso que su gobierno respeta el derecho a la protesta, a unas cuadras la policía lanzaba gases y apaleaba a los manifestantes.
Esta semana los principales sindicatos y organizaciones sociales se manifestarán en contra del Congreso y de un gobierno al que califican de "ilegítimo y criminal".
Denuncia disparos de las fuerzas de seguridad contra manifestantes y contra personas que no participaban en las movilizaciones, incluso contra brigadistas de salud que atendían a los heridos.
En el país andino, al exceso de empleo de la fuerza por la Policía y la estigmatización de las protestas se suma el uso del sistema de justicia contra los manifestantes, mientras el régimen conservador de Dina Boluarte es objeto de denuncias ante la ONU y Amnistía Internacional.
La convulsión política y social que sacude a Perú no es un problema coyuntural, tiene que ver con relaciones verticales agraviantes en su población.
Es presidenta de la Federación Universitaria del Cusco, historiadora a punto de graduarse, hija de profesores y nieta de dirigentes agrícolas de la provincia de Canas, en Cusco, y una de las figuras jóvenes que esta protesta nacional empieza a revelar. ¿Por qué a pesar de todo tiene esperanza?
En prisión desde el 7 de diciembre, Castillo sigue considerándose presidente legal de Perú. Desde el presidio en el que se encuentra, exige un proceso constituyente para su país y denuncia la represión llevada a cabo por Dina Boluarte.
Los organismos de derechos humanos acusan al gobierno de cometer crímenes de lesa humanidad con la profundización del autoritarismo y la militarización que ha puesto en marcha.
Una serie de necropsias e informes balísticos que forman parte de la investigación fiscal por homicidio calificado confirman muertes de personas –no todos eran manifestantes– por armas de uso militar.
En Perú, el derecho a la protesta no está garantizado, pero las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte continúan tras las decenas de muertes provocadas por una represión brutal.
En plena protesta callejera y pidiendo la renuncia de Dina Boluarte, el exfuncionario analiza el laberinto peruano..
Con carteles que dicen “Dina Boluarte asesina, renuncia”, “Elecciones este año” y “Cierre del Congreso corrupto”, una movilización popular repudia los 50 muertos por la represión. Hubo enfrentamientos y un gran incendio.