Alberto Fujimori, tras ser liberado de prisión. Foto: AFP, RENATO PAJUELO
Restauración conservadora y autoritaria
El año en el que Perú reprimió las protestas y liberó a Fujimori
Dina Boluarte, acusada por la muerte de medio centenar de personas, ha cumplido un año en el poder liberando al exdictador. El gobierno se enfrenta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Carlos Noriega, desde Lima
Página/12, 8-12-2023
Correspondencia de Prensa, 8-12-2023
La presidenta Dina Boluarte, acusada por la muerte de medio centenar de personas en la represión a las protestas contra su gobierno, ha cumplido un año en el poder liberando al exdictador Alberto Fujimori, que estaba en prisión con una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad. Una decisión que refleja lo que ha sido este primer año de convulsionado gobierno: restauración conservadora y autoritaria, estrecha cercanía con el fujimorismo y otros sectores de extrema derecha, desprecio por los derechos humanos y desacato a las normas y organismos que los defienden.
Fujimori pasó el primer día fuera de prisión en la casa de su hija, la excandidata presidencial Keiko. No ha hecho declaraciones. El exdictador está libre, pero podría volver a prisión. El 18 de diciembre empieza un nuevo juicio en su contra por el secuestro y asesinato de seis campesinos en enero de 1992. Este crimen fue cometido por el destacamento clandestino del ejército llamado grupo Colina, el mismo que cometió las matanzas de Barrios Alto y La Cantuta por las que Fujimori fue sentenciado. Los abogados de las víctimas han pedido prisión preventiva mientras dura este proceso, que podría terminar en una nueva condena. La fiscalía ha solicitado arresto domiciliario.
Con la liberación de Fujimori, Boluarte se enfrenta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que le había señalado debía abstenerse de dejar libre al exdictador. Esta situación ha activado las voces de la derecha que piden que el Perú retire de esta Corte. Boluarte está acusada por las muertes por disparos de las fuerzas de seguridad contra manifestantes opuestos a su gobierno, una acusación que podría llegar a la Corte IDH, cuyas resoluciones ha desacatado.
Un fujimorismo envalentonado después de la liberación de su líder ahora pretende ir más allá del indulto buscando la anulación de la condena a Fujimori por crímenes de lesa humanidad. Así lo anunció su abogado, Elio Riera. Tienen importantes aliados en el Tribunal Constitucional (TC). Esta pretensión de revisión de esa sentencia es parte del intento del fujimorismo y otros sectores de derecha de reescribir la historia para negar las violaciones a los derechos humanos y poner a los victimarios como víctimas.
La liberación de Fujimori ha provocado el rechazo e indignación de amplios sectores nacionales y organismos internacionales. Este jueves, cuando se cumple un año del gobierno de Boluarte, el rechazo a ese indulto se sumó en las calles a las voces que exigen la renuncia de la presidenta y el cierre de un Congreso controlado por una derecha que utiliza esa posición para copar las instituciones y sacar normas que limitan la democracia, restringen derechos y amplían las facultades represivas. Todo ello en complicidad con el Ejecutivo. A las demandas “que se vayan todos” contra quienes han tomado el poder y a las exigencias de “elecciones ya”, se sumó la proclama “el indulto es un insulto”. Las movilizaciones de protesta, contra Boluarte y la liberación de Fujimori, se dieron en las principales ciudades del país.
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que está procesado por corrupción, reapareció para defender el indulto que le dio a Fujimori en 2017 y que ahora ha servido para liberar al exdictador, después que una decisión dividida el TC lo resucitó luego que había sido anulado por ser considerado ilegal al no cumplir los requisitos para un perdón humanitario. Kuczynski apoyó que se incumplan las resoluciones de la Corte IDH, a la que calificó como “una cueva de rojos”.
Uno de los magistrados del TC, Manuel Monteagudo, que se opuso a la liberación de Fujimori, ha denunciado irregularidades en la resolución de este tribunal. Calificó como “muy preocupante” que el TC señale que no se debe cumplir lo resuelto por la Corte IDH. Advirtió que eso “pone en cuestión nuestro estado de derecho”.
Human Rights Watch (HRW) ha indicado que la liberación de Fujimori “viola las obligaciones internacionales del Perú” y ha señalado que la Corte IDH debe remitir este incumplimiento a la Asamblea General de la OEA para que tome acciones por este desacato. “La liberación de Fujimori es una bofetada a las víctimas de atrocidades. La OEA debería examinar esta liberación en el contexto de la gravísima erosión del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos en el Perú”, afirmó Juanita Goebertus, directora de las Américas de HRW.
El arzobispo Pedro Barreto calificó el indulto a Fujimori como “una cachetada al país, que nos duele en el alma, nos indigna”. El abogado y politólogo Juan de la Puente indicó que “la ilegal liberación de Fujimori patentiza la alevosía del régimen, un país sin derechos humanos se pone en el último escalón de la democracia”.
El primer año de gobierno de Boluarte, conmemorado con una liberación de Fujimori que viola el derecho internacional, está marcado por una brutal represión que dejó 49 personas muertas por disparos contra manifestantes. Una crisis económica recesiva y un incremento de la inseguridad ciudadana por la creciente delincuencia, también son signo de este primer año de gobierno, que Boluarte cierra con una aprobación de apenas ocho por ciento.
El fujimorismo celebra la liberación de su fundador, pero en estos días también ha tenido una dura derrota con la separación de su cargo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, una aliada del fujimorismo, que ha sido suspendida por seis meses por la Junta Nacional de Justicia luego que se revelara que su principal asesor compraba votos en el Congreso a cambio de archivar investigaciones fiscales contra legisladores. En estos seis meses será investigada, luego de lo cual podría ser destituida definitivamente.
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Un años de Dina Boluarte al frente del gobierno
Autoritarismo e indulto
La presidenta peruana cumplió un año al frente de un gobierno que carga con decenas de muertos y centenares de heridos en la represión a las protestas. Doce meses marcados por denuncias de violación de los derechos humanos, que esta semana se coronaron con la liberación de Alberto Fujimori.
Selena PizarroJ/C. Saire Arenas
Brecha, 8-12-2023
«La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de los congresistas, identificados con intereses racistas y sociales en general, ha logrado crear el caos con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional.» Con estas palabras comenzaba el mensaje a la nación de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 desde Lima. Diez minutos de intervención que sirvieron al entonces presidente de Perú para anunciar la disolución del Congreso, decretar un gobierno de emergencia excepcional y prometer la convocatoria de nuevas elecciones legislativas en menos de nueve meses.
Diputadas y diputados de distintos partidos, el Poder Judicial, varias ministras y ministros, así como embajadoras y embajadores que acabaron presentando su dimisión lo calificaron de «golpe de Estado». Castillo decidió tomar estas medidas el mismo día en que se debatía una tercera moción de censura contra su mandato, que había sido aprobada por el Congreso con 101 votos a favor de los 87 necesarios y de un total de 130, incluyendo varios votos del partido Perú Libre, el mismo que lo llevó a la presidencia.
En prisión desde el 7 de diciembre, Castillo sigue considerándose presidente legal de Perú. Exige un proceso constituyente para su país y denuncia la represión llevada a cabo por Dina Boluarte.
Llegó al Palacio de Gobierno gracias al voto popular y campesino de las regiones andinas, a pesar de los numerosos recursos presentados por la derechista Keiko Fujimori, que pretendía anular los resultados electorales del 6 de junio de 2021. Su mandato no duró ni año y medio. El 7 de diciembre de 2022, tras el mensaje a la nación, Castillo fue detenido camino a la embajada de México y terminó en la sede de la prefectura de la Policía de Lima. A las pocas horas, el Congreso lo destituyó por «permanente incapacidad moral» y Boluarte, que era la vicepresidenta, fue elegida como nueva jefa de Estado. Hoy continúa encarcelado en Barbadillo, el penal de máxima seguridad donde también se encontraba hasta esta semana Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad y liberado este miércoles tras un indulto del Tribunal Constitucional «por razones humanitarias», a pesar del llamado al Estado peruano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que no fuera indultado en las actuales condiciones.
Primeras horas de un gobierno impopular
Lourdes Huanca nació en Tacna y su familia es de Moquegua. Es la presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. No puede regresar a su país porque teme por su vida; mientras tanto, aprovecha su estancia en Europa para viajar y denunciar lo que ocurre en Perú. La activista, que sigue considerando a Castillo como presidente, participa en reuniones de Naciones Unidas en Ginebra, así como en encuentros en los barrios con organizaciones de la sociedad civil.
El 7 de diciembre, cuando Castillo se dirigía a la nación, Huanca se encontraba en una reunión en el Ministerio de Cultura con diferentes organizaciones. «Nunca le han dejado gobernar. Cada insulto al presidente era el insulto a los pueblos indígenas originarios, era un desprecio hacia los provincianos. Al ministro de Salud se lo tumbaron porque era de provincia. Todos pedían que se cerrara el Congreso. Él ni siquiera había llamado al Ejército, no había hecho nada. Para nosotros, tomó una decisión sabia», cuenta la activista.
A Anahí Durand tampoco le sorprendió lo que ocurrió. Meses antes había dejado la asesoría de la Presidencia del Consejo de Ministros, un cargo que ocupó tras abandonar el movimiento Nuevo Perú. Durand había sido la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables desde julio de 2021 hasta febrero de 2022, durante el gobierno de Castillo. Esta profesora titular de Sociología en la Universidad de San Marcos se identifica con un «feminismo popular de base» y se aleja de lo que considera el «movimiento feminista blanco cooptado por las ONG».
«Esa tarde se votaba la vacancia [moción de censura] y no había muy buenos augurios. Había convocatorias en la mañana de organizaciones sociales para respaldar al presidente en esa votación del Congreso. Su decisión fue una fuga hacia adelante que dio para poder llevar una situación en la que ya le era imposible gobernar. Al presidente lo censuraron 18 ministros en un año; a nadie en 200 años de república le habían hecho ese boicot. Se había roto el equilibrio de poderes hacía unos meses en el Congreso. Convirtieron Perú en un parlamentarismo y se veía el juego político de la Fiscalía y el Poder Judicial», explica la exministra.
Para la socióloga Ivette Zevallos, activista del colectivo Peruanxs en Madrid, el gobierno de Boluarte es ilegítimo. «No asciende al poder en las urnas, sino por medio de triquiñuelas. Mantiene un Congreso totalmente corrupto, son aves de rapiña que distribuyen el presupuesto como quieren, hacen sus cabildeos internos con tal de conseguir millones para ellos. Hay un régimen instalado por la fuerza, porque solamente a fuerza de balas puede sostenerse y ha necesitado de tantos muertos para perennizarse. No le decimos presidenta, le decimos dictadora».
En Andahuaylas, la ciudad donde se dieron las primeras protestas contra el gobierno de Boluarte, la noticia del cierre del Congreso se recibió con alegría «porque allí hay muchos corruptos, mucha mafia trabaja allí», cuenta desde esa ciudad del sur peruano Dany Quispe, padre de Beckham Romario Quispe, una de las primeras víctimas a manos de la represión desatada por las fuerzas de seguridad luego de la destitución de Castillo, según han señalado investigaciones de organismos nacionales e internacionales. «Pedro Castillo vino a Andahuaylas a ofrecer riego tecnificado para todas las comunidades, él tenía ese compromiso con nosotros, diez días después fue secuestrado. Cuando lo supimos, estuvimos tristes, como todo Perú», subrayó Quispe.
Las protestas contra Boluarte
Tras el anuncio de Castillo, que cayó como un jarro de agua fría en una Lima que estaba a las puertas de recibir el verano, centenares de personas salieron a la histórica plaza San Martín y de allí marcharon hacia la sede del Congreso para pedir la renuncia de los congresistas, nuevas elecciones generales y una Asamblea Constituyente. Fue al sur de Perú donde se gestó la revolución popular de organizaciones campesinas, sindicatos, federaciones y mujeres organizadas, quienes ese mismo día mostraron su rechazo a la detención del expresidente y convocaron movilizaciones para los siguientes días.
Arequipa, Cusco y Puno, ciudades donde Perú Libre obtuvo mayoría de votos, convocaron huelgas regionales por lo que llamaron «el secuestro de Perú». Pero fue en Apurímac donde se registraron las primeras represiones. El 10 de diciembre, al menos 3 mil personas, entre ellas cientos de comuneras, tuvieron un enfrentamiento violento con la Policía que terminó con varias heridas y la retención de dos miembros de las fuerzas del orden, que fueron liberados horas después. Debido a la respuesta policial, la población que se manifestaba terminó por declararse en «insurgencia popular».
Al día siguiente, las manifestaciones se trasladaron al aeropuerto de Huancabamba, donde tomaron la instalación. La Policía, al verse superada en número, abrió fuego con perdigones y munición real. «Ese día, el 11 de diciembre, la Policía asesinó a mi hijo en el aeropuerto. Él solo había ido a mirar la manifestación por curiosidad, no a participar», relata Dany Quispe.
El padre estaba trabajando en el campo cuando recibió un mensaje por WhatsApp en el momento en el que algunos manifestantes trataron de auxiliar a su hijo. «En provincias nos han asesinado como si fuéramos delincuentes, como animales, no nos respetan. Boluarte dice que nuestros hijos se han matado, no hay respeto al pueblo. El gobierno y la Policía nos discriminan», remarcó.
Beckham, de 17 años, entrenador de fútbol que soñaba con jugar en la liga profesional, no fue la única víctima ese día. Otro menor, David Atequipa, de 15 años, escolar, también sufrió un traumatismo encefalocraneano provocado por disparos de los agentes antidisturbios.
A partir de ese momento, la llamada insurgencia popular avanzó de ciudad en ciudad y sufrió la misma represión que en Andahuaylas. Desde que Boluarte asumió la presidencia hasta el 20 de febrero de 2023, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh) registró 1.327 protestas en el país, 882 movilizaciones, 240 bloqueos de carreteras, 195 concentraciones y 60 marchas por la paz, todo esto sin contar los llamamientos y actos de la población peruana en el exterior.
«Con un saldo de 48 personas muertas por la represión estatal, 11 en bloqueos de carreteras y un policía, así como centenares de personas heridas en un trágico período de violencia estatal, las autoridades peruanas han permitido que, durante más de dos meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos», señaló Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, tras presentar un informe de la situación en febrero de 2023.
Según el informe de Oacnudh, se han contabilizado 62 muertes que siguen pidiendo justicia, tal como hizo un grupo de familiares y afectadas en la audiencia pública de seguimiento del caso peruano, llevada adelante a inicios de noviembre por la CIDH. «Las organizaciones y las víctimas expresaron su preocupación por el incumplimiento a partir de la erosión de instituciones democráticas, la falta de investigación de hechos recogidos en el informe, la ausencia de reparación a víctimas de represión estatal, incluidas personas indígenas, y discriminación estructural. Solicitaron la creación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes o de un mecanismo de seguimiento», informaron.
Otro informe de Amnistía Internacional, «Racismo letal: ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú», denuncia que la Policía y el Ejército utilizaron balas y armas prohibidas para tareas de control del orden público de manera ilegítima, además de gas lacrimógeno de manera excesiva y desproporcionada. La organización calificó la represión del gobierno de Boluarte como «crímenes contra el derecho internacional» y denunció que tuvo «un sesgo racista». El 80 por ciento de las muertes totales registradas desde el inicio de las protestas fueron de población indígena y campesina.
El extractivismo y las élites
En los años noventa, el gobierno de Fujimori implantó el modelo neoliberal en Perú, que sirvió para originar la actual economía extractivista. Para Zevallos, existe una participación indirecta de las compañías y las élites peruanas en los procesos políticos, «empresas como Odebrecht, Graña y Montero o Telefónica forman parte del monstruo. Los brazos operativos son la Fiscalía. De esto la gente ya se dio cuenta y quiere un proceso de participación real. ¿De qué me sirve votar si van a sacar al presidente que elegí?».
Según la exministra Durand, «los grupos empresariales financiaron los mejores estudios de abogados de Lima para impugnar 200 mil votos rurales de indígenas. Financiaron toda la campaña por la vacancia. Todos los domingos teníamos movilizaciones con autos superlujosos. Ocasionaron un clima de desestabilización. Y no solo por tres o cuatro concesiones, era para salvar todo el modelo. Se formó una coalición golpista entre la Fiscalía, el Congreso, el poder económico, los grandes medios de comunicación, las fuerzas armadas y policiales».
Huanca también denunció que el objetivo de Boluarte es la renovación de las concesiones mineras y petroleras. «Castillo dijo que no iba a renovarlas, sino que iba a revisarlas y cobrar todos los impuestos que debían las grandes empresas. En cualquier momento, cuando ya esté todo firmado, ellos mismos van a sacar a Boluarte, no nosotros». Durand señaló que «el triunfo de Castillo no solo fue una cachetada al clasismo y al racismo de las élites peruanas, sino a su modelo. Siempre fue transparente en su propuesta como candidato: nueva Constitución y revisión de contratos. Las élites no lo querían en el poder porque era un indio y tenía que estar en la chacra».
Volver a la chacra
En Perú se cronifica una crisis política, con ya cinco presidentes en cinco años. La derecha encabezada por Keiko Fujimori al servicio de las élites económicas y empresariales gobierna junto con Boluarte, frente a una izquierda de partido cada vez más desintegrada.
A casi un año de la muerte de su hijo, Dany Quispe cuenta que su familia sigue trabajando el campo, «cosechamos papa, vendemos a nuestros animalitos para educar y alimentar a nuestros hijos. Cuando bajamos del campo a la ciudad para protestar, dicen que nos financia la minería artesanal o el presidente Castillo, ¿pero quién nos va a financiar? Nosotros ponemos una cuota cada uno para la comida o la gasolina», afirmó dolido por la esperanza que le generaron las promesas del antecesor de Boluarte, quien además de maestro desarrollaba labores del campo y, dice, entendía sus necesidades.
El 7 de diciembre de 2023, a un año desde la destitución de Castillo y de la entrada en el poder de Boluarte, las demandas fundamentales de las manifestaciones de protesta son: un proceso de reparación integral, de investigación y de sanción contra los responsables de las víctimas de las protestas iniciadas en diciembre de 2022; un proceso constituyente para que haya un plebiscito en el que la población pueda decidir si quiere o no cambiar la Constitución vigente, de 1993, que fue redactada durante el gobierno de Fujimori; la renuncia de Dina Boluarte y la convocatoria de nuevas elecciones.
A las protestas ya previstas se añade ahora el indulto a Alberto Fujimori. El 5 de diciembre, el Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación inmediata del expresidente, a pesar de que la CIDH había dictaminado lo contrario en 2022. «Estamos indignados, acompañamos a las asociaciones de víctimas del fujimorismo. Su lucha por más de 30 años no puede quedar impune. Este antecedente expone a Perú en el ámbito internacional, porque estamos incumpliendo con la CIDH. El Congreso eligió a estos tribunos [miembros del Tribunal Constitucional] para que liberaran a su líder. La Justicia tiene que reparar integralmente a las víctimas, a los genocidas no se les puede indultar», denuncia Zevallos.
Para Huanca, en Perú el cambio no pasa únicamente por la presidencia del gobierno, pasa por volver a la chacra y poner la mirada en las comunidades. «Tenemos que desahuevarnos y pensar desde abajo. El poder legislativo no puede ser solamente de sacos y corbatas. Para ellos, los pueblos indígenas siempre vamos a ser la chacha y no solamente en Perú. Esta lucha es geopolítica. ¿Acaso los blancos no comen lo que nosotras producimos como campesinas e indígenas? Nos queda levantarnos porque somos millones y millones. Sabemos que nos van a matar, pero, carajo, somos campesinas. Siempre decimos que estamos sembrando semillas autóctonas porque nos matan. Pero una primavera seguirá la revolución de nuestros hijos e hijas, porque yo soy bisnieta y nieta de luchadoras», afirma.
(Publicado originalmente por El Salto (Brecha reproduce fragmentos bajo titulación propia.)