Un presunto violador y corrupto decretó el Estado de Emergencia para combatir a la delincuencia y el crimen organizado. José Jerí –que fue impuesto por la alianza ultraderechista, Policía nacional y FFAA- aplica las mismas medidas que Dina Boluarte aprobó y no han surtido efecto.
“Estoy consternado por la promulgación de esta ley de amnistía. Es una afrenta a los miles de víctimas que merecen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, no impunidad”, dijo Volker Türk.
El Congreso de Perú aprobó una ley de amnistía para militares y policías acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en el período 1980-2000, lapso en que existió en Perú un conflicto armado interno contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amarú.
Perú atraviesa un proceso de descomposición de su sistema político, caracterizado por la precariedad institucional, la corrupción y la violencia cotidiana. Con una derecha radicalizada, una izquierda fragmentada y 43 partidos en carrera, el país se encamina a las elecciones de abril de 2026.
El reciente asesinato de 13 trabajadores en un socavón de Pataz ha puesto en evidencia la escalada de violencia que atraviesa esta provincia de la sierra de La Libertad, en cuyo territorio, las organizaciones criminales se disputan el control de la extracción de oro.
Tras dos años de una dictadura de extrema derecha instaurada en el Perú, sin que nadie votara por opción semejante, el panorama no puede ser más sombrío.
A dos años del golpe de Estado en Perú, el 94% de la población rechaza el mandato de Dina Boluarte. Sin embargo, sigue gobernando gracias a su alianza con el fujimorismo, la derecha y ultraderecha en el Congreso, así como operadores fiscales, grandes medios de comunicación, gremios empresariales y Fuerzas Armadas.
El gobierno de Dina Boluarte pretende imponer el extractivismo mediante la represión y persecución de defensores ambientales. Es el mensaje que envía la reciente sentencia a cárcel de 11 dirigentes de las protestas contra la mina Las Bambas, región Apurímac, situada en el sur andino.
“La norma de por sí está desfasada y más bien deja una puerta abierta a las terapias de conversión, así como al uso de hormonas con fines de corrección de la homosexualidad, terapias que son consideradas una tortura por el derecho internacional”
La presidenta peruana cumplió un año al frente de un gobierno que carga con decenas de muertos y centenares de heridos en la represión a las protestas. Doce meses marcados por denuncias de violación de los derechos humanos, que esta semana se coronaron con la liberación de Alberto Fujimori.
Denuncia disparos de las fuerzas de seguridad contra manifestantes y contra personas que no participaban en las movilizaciones, incluso contra brigadistas de salud que atendían a los heridos.
En el país andino, al exceso de empleo de la fuerza por la Policía y la estigmatización de las protestas se suma el uso del sistema de justicia contra los manifestantes, mientras el régimen conservador de Dina Boluarte es objeto de denuncias ante la ONU y Amnistía Internacional.
Es presidenta de la Federación Universitaria del Cusco, historiadora a punto de graduarse, hija de profesores y nieta de dirigentes agrícolas de la provincia de Canas, en Cusco, y una de las figuras jóvenes que esta protesta nacional empieza a revelar. ¿Por qué a pesar de todo tiene esperanza?
En prisión desde el 7 de diciembre, Castillo sigue considerándose presidente legal de Perú. Desde el presidio en el que se encuentra, exige un proceso constituyente para su país y denuncia la represión llevada a cabo por Dina Boluarte.
Los organismos de derechos humanos acusan al gobierno de cometer crímenes de lesa humanidad con la profundización del autoritarismo y la militarización que ha puesto en marcha.
Una serie de necropsias e informes balísticos que forman parte de la investigación fiscal por homicidio calificado confirman muertes de personas –no todos eran manifestantes– por armas de uso militar.
Con carteles que dicen “Dina Boluarte asesina, renuncia”, “Elecciones este año” y “Cierre del Congreso corrupto”, una movilización popular repudia los 50 muertos por la represión. Hubo enfrentamientos y un gran incendio.
El Gobierno de Dina Boluarte se niega a renunciar. Mientras decreta el estado de emergencia en Lima y otras ciudades.
Una exjefa de gabinete, dos exministros, un congresista, un abogado de Cusco, un escritor de Puno y un taxista de Juliaca opinan sobre cómo se llegó a este punto y cuál es la salida.
Sin votos ni bancada propios, Dina Boluarte se apoya en la Policía y el Ejército y sus feroces métodos represivos. Mientras tanto, un Congreso impopular maniobra para aferrarse al poder ante los mayoritarios pedidos de renovación.
Hay una veintena de muertos y el gobierno tilda a los que protestan de "terroristas". Las denuncias por los crímenes irán al fuero castrense, garantía de impunidad.
Ya son 15 los muertos. Castillo sigue preso. Las protestas continúan en el país, mientras el Congreso no determina una fecha de adelanto de elecciones generales.
La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó un informe que acusa a Castillo de infracción constitucional por negarse a declarar ante esa comisión en una investigación por corrupción.