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Masacre en Pataz: el fracaso del gobierno frente a la minería ilegal y el Reinfo como espiral de impunidad
Daniel Tapia*
La República, 6-5-2025
Correspondencia de Prensa, 7-5-2025
Especialistas señalan la complicidad del Poder Ejecutivo y del Congreso para facilitar la expansión de la minería ilegal en el país. Cuestionan las normas que amplían el Reinfo (Registro de Mineros Informales en proceso de formalización, NdR) y favorecen al crimen organizado.
El reciente asesinato de 13 trabajadores en un socavón de Pataz ha puesto en evidencia la escalada de violencia que atraviesa esta provincia de la sierra de La Libertad, en cuyo territorio, las organizaciones criminales se disputan el control de la extracción de oro. Grupos como «Los Pulpos» o «La Jauría» operan bajo el manto de impunidad que les otorga el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Como se recuerda, el Reinfo fue creado en el 2002 mediante la Ley N° 27651 con el objetivo de que los pequeños mineros y mineros artesanales legalicen sus actividades extractivas, lo cual implicaba un cambio de práctica que no contamine el ambiente ni dañe la salud. No obstante, el proceso de formalización minera ha sido complejo, cambiante, con muchas regulaciones, restricciones presupuestales y sujeto a presiones políticas y sociales.
Veintidós años después, la norma sigue vigente luego de cinco ampliaciones y la última prórroga que aprobó el Parlamento en noviembre del año pasado. Pero los resultados son evidentes: hasta la actualidad, apenas el 2,4% ha alcanzado la formalización, 3% han sido excluidos del Reinfo, 21% mantienen su registro, mientras que el 79% están suspendidos. Lo que ha ocurrido es que esta herramienta se ha convertido en un manto de impunidad para que las mafias no sean procesadas penalmente bajo la excusa de estar en proceso de legalizarse.
Retornando a los lamentables acontecimientos en Pataz, hasta fines de enero del 2025, 558 mineros tenían inscripción vigente en el Reinfo y más de 700 estaban suspendidos, lo cual equivale a cerca de 1.300 mineros informales-legales en la zona. Según William Zabarburú, integrante del Instituto de Políticas Climáticas, el gobierno de Dina Boluarte ha fracasado en la lucha contra esta actividad ilícita, que habría movilizado hasta el año pasado más de US$10.500 millones, a partir de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera.
«La estrategia del Alto Comisionado para el Combate de la Minería Ilegal que preside el general García Esquerre ha fracasado porque no tiene los recursos para una estrategia mayor y capacidad de operar. Esto ya no es solo un problema de formalizar a los mineros. Es una suma de factores que se origina en las relaciones de informalidad para la aplicación de normas. Por un lado, tienes la interrelación de lo formal (La Poderosa), lo informal (los mineros-Reinfo) y lo ilegal (bandas criminales). Es un desorden gigantesco, en donde impera la ley del más fuerte», explicó.
Y es que la expansión de las organizaciones delictivas que actúan en la impunidad ha empeorado la situación de conflictividad en Pataz. De acuerdo con la minera La Poderosa, desde el 2020 hasta la actualidad, se han registrado más de 600 incursiones contra sus instalaciones, se dañaron 14 torres eléctricas y se efectuó el robo de más de US$3.500 millones en oro.
Para el investigador de CooperAcción José De Echave, la estrategia de aplicar un estado de emergencia en Pataz no ha funcionado, ya que los enfrentamientos armados, atentados y asesinatos, continúan. Si uno busca entender la dimensión del problema en la zona, tendría que tomar en cuenta que, el elevado precio del oro incentivaría la minería informal e ilegal. Alrededor del 40% o 50% de este metal exportado supera a la producción oficial registrada por el Ministerio de Energía y Minas.
«Ya los datos oficiales muestran que hay un desfase entre exportaciones y producción. La explicación de ello es minería informal e ilegal, que se blanquea a través de las plantas de beneficios. En Pataz, se calcula que hay más de 50 de ellas. Además, se sabe que, por las fronteras con Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia, el oro ilegal se exporta. Entonces, hay una dimensión que no está siendo considerada en las estadísticas oficiales», indicó.
De igual forma, recordó que, en los últimos cuatro años, unos 33.708 volquetes, cargados con 674.160 toneladas de oro, por un valor de US$3.553 millones, habría salido de Pataz. En una zona tan convulsionada como la aludida, enfatizó la necesidad de esclarecer la relación entre la minería formal y sus contratistas, ya sea pequeños mineros y otros.
«Además, no hay que perder de vista que el conflicto en Pataz no se da en la superficie, sino en el socavón. Entiendo la posición de la empresa La Poderosa, pero creo que debería comenzar a esclarecerse las relaciones que hay entre la minería formal y sus contratistas, porque todo indica, que los trabajadores son expuestos en una situación de mucha violencia en la mina subterránea», manifestó.
Reinfo y otras leyes que favorecen al crimen organizado
De acuerdo con César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental, la inacción y complicidad del Poder Ejecutivo con el Congreso han facilitado la expansión de la minería ilegal en nuestro país que se disfraza de informal. Ello se suma a la falta de políticas para combatir esta problemática, así como escasas alternativas económicas para las comunidades que dependen de esta actividad.
«La minería ilegal tiene su propia bancada multipartidaria en el Congreso. Desde ahí se han promovido normas como la ley que introduce nuevas categorías para combatir el crimen organizado, pero que deja fuera algunos delitos de minería ilegal. Además, está la ley de extinción de dominio que permitirá que a los ilegales no les puedan quitar sus bienes, entre otras», enfatizó.
De igual forma, recordó que desde el Parlamento se aprobó el año pasado la extensión del Reinfo por seis meses más, plazo que sería nuevamente prorrogado, según las recientes declaraciones del Ministro de Energía y Minas, Jorge Montero. Esto, debido a que la implementación y prueba del sistema interoperable de formalización estará operativo recién en el segundo semestre del 2025.
José De Echave estima que el Reinfo será extendido hasta diciembre de este año y que, estando en marcha el escenario preelectoral, «no habrá ningún actor con voluntad política para hacer algo distinto que no sea seguir ampliándolo». Mientras tanto, el gobierno de Boluarte y su baja aprobación carecen de legitimidad para enfrentar un problema de esta envergadura.
«Entonces, lo que vamos a ver es que la minería ilegal seguirá siendo un sector que se va a consolidar porque están en una situación de acumulación de poder económico, con los precios actuales y la cotización del oro al alza. No perdamos de vista que estos escenarios de violencia que han ocurrido en Pataz, están también dándose en la Amazonía. Por ejemplo, en la provincia de Condorcanqui, en Cajamarca, Piura y otras zonas del país», refirió.
Finalmente, William Zabarburú anota que se deben derogar todas las leyes que favorecen al crimen organizado, mejorar los mecanismos de control de trazabilidad del oro, aprobar una Ley para la Pequeña Minería Artesanal, revisar la política de concesiones en el país y recuperar el control de los territorios en conflicto como Pataz.
Crimen en Pataz: ¿qué dispuso el gobierno?
Durante una conferencia de prensa, Dina Boluarte anunció una serie de medidas para restablecer el orden en Pataz, zona afectada por la minería ilegal. La primera de ellas es el establecimiento de un toque de queda en el distrito ubicado en La Libertad, así como la suspensión de toda actividad minera en dicha provincia por 30 días prorrogables.
Además, se fijarán rutas predefinidas en dicha localidad, por las cuales solo podrán circular el transporte de insumos y materiales de minería. Se instalarán controles compuestos con presencia de funcionarios públicos de diversos sectores para realizar actividades de fiscalización y cualquier ciudadano que transite insumos y materiales, y no esté conforme a ley, se enfrentará a la exclusión automática de su inscripción en el Reinfo.
*Daniel Tapia, periodista por la Universidad Jaime Bausate y Meza. Redactor web de La República, con interés en temas de política, sociedad y derechos humanos.