Trump, Milei, Noboa y De la Espriella celebrando el triunfo de este último.
La batalla cultural del Gobierno De la Espriella ya se libra en el lenguaje para imponer ideología de extrema derecha
Revista Raya, 1-9-2026
Correspondencia de Prensa, 5-9-2026
Una directriz de la Regional Huila del ICBF pidió prescindir de la palabra «niñas», al tiempo que la directora nacional de ese instituto, Carolina Restrepo Cañavera, aseguró que de ahora en adelante usarían la palabra «niñez» para referirse a niños y niñas. Entre tanto, Viviane Morales, ministra de Educación, anunció que su cartera buscará «sacar la ideologización del país», pero ya ha firmado decretos para meter a las iglesias cristianas en las instituciones educativas del país con el fin de imponer una moral conservadora sobre género, familia y educación en orientación estatal, en sintonía con las guerras culturales de Trump y Milei.
Abelardo de la Espriella llevó su anunciada batalla cultural a la Presidencia. Pocos días después de que terminaran los tres días de duelo nacional decretados por el propio Gobierno tras el terremoto con epicentro en el Pacífico colombiano, él y sus funcionarios han empezado a levantar sus antorchas contra las diversidades sexuales, las feministas y, sobre todo, el gobierno de Gustavo Petro —De la Espriella ha llamado a sus seguidores «enemigos de la patria»—, cuyas políticas al parecer quieren borrar de la faz de Colombia.
Uno de los primeros episodios ocurrió en el ICBF. Carolina Restrepo, la nueva directora, ordenó borrar un mural en su sede en el que se leía «aquí estuvo: Resistencia chiquita», argumentando que no había que politizar a los niños, que ellos solo están para jugar. «Resistencia Chiquita» es un colectivo artístico de niñas que surgió tras la tortura, la violación y el asesinato de la niña Yuliana Samboní, de 7 años, a manos de Rafael Uribe Noguera, de 38 años en ese entonces, en 2016.
La disputa no se quedó en el mural. La ideologización también está en el lenguaje que los gobiernos deciden usar y omitir para nombrar a los individuos, los grupos sociales y los actores políticos. El origen fue una comunicación de la Regional Huila del ICBF, firmada por su entonces director encargado, Carlos Cabrera, que instruía usar «niños y adolescentes» sin mencionar a las niñas; la representante Lourdes Mateus la hizo pública. El 19 de agosto, Restrepo emitió su propia comunicación interna, en la que planteó hablar de «niñez, adolescencia y familias colombianas».
«La misión del ICBF es la protección integral de la niñez, la adolescencia y las familias en Colombia sin distinción alguna. Cuando hablamos de niñez, hablamos de todos los niños y todas las niñas del país, con pleno reconocimiento de su dignidad, sus derechos y las garantías especiales que les otorgan la Constitución y la ley», dijo Restrepo en un comunicado oficial de la entidad, compartido en la red X. La controversia escaló: el 25 de agosto la Defensoría del Pueblo pidió al ICBF precisar cuál era la directriz vigente, su alcance y sus fundamentos; al día siguiente la entidad respondió que «no pretende borrar a las niñas» del lenguaje institucional ni excluirlas o vulnerarlas.
El mismo debate llegó enseguida al Ministerio de Educación. Viviane Morales, la ministra, dijo en recientes declaraciones a medios: «Una tarea importante de este gobierno es restaurar principios y valores, sacar la ideologización del país y respetar el derecho de los padres en la educación». Una idea que quiere vender el nuevo gobierno, en actitud emprendedora, es que la ideologización es una estrategia macabra de la izquierda política para adoctrinar a la población, en particular a los niños y jóvenes. La senadora Jennifer Pedraza conectó ambos frentes: sostuvo que borrar «niñas» desconoce violencias diferenciadas y, frente a Morales, defendió la educación sexual con enfoque de género. «Cuando un gobierno empieza a censurar derechos desde las aulas, el retroceso ya empezó», advirtió.
La ideologización puede ser de derecha, centro o izquierda; todo sector político busca promover sus ideas para ser favorecido por la mayoría de la población y así acceder al poder. Las ideologías no son solo el socialismo o el progresismo: son también el liberalismo, el conservadurismo, el capitalismo, el neoliberalismo, el anarquismo, el libertarianismo versión Javier Milei, entre otros cuerpos de ideas desde los cuales se mira la realidad sociopolítica y económica de un país.
El teórico Terry Eagleton, en su libro Ideología. Una introducción, plantea algo que vale la pena tener presente: no existe un lugar neutral desde donde mirar el mundo. Toda mirada sobre la economía, la política o la religión parte de un lugar, de unos intereses, de una historia. Lo que hacen las ideologías dominantes, explica, es presentarse como sentido común, como lo obvio, para dejar de parecer una postura entre otras y pasar por la única forma razonable de ver las cosas. Roland Barthes lo resume de otra manera en Mitologías: «el mito tiene a su cargo fundamentar, como naturaleza, lo que es intención histórica». Es decir: lo que hoy se nos presenta como «natural» —la familia tradicional, el libre mercado, la superioridad de un credo religioso— fue, en algún momento, una decisión humana, una disputa de poder que una idea ganó sobre otras y que luego se disfrazó de destino.
Ese debate sobre lo que se presenta como natural tiene una expresión concreta en el lenguaje. Que la palabra «niñas» esté en las comunicaciones institucionales del gobierno significa que las mujeres son reconocidas de manera explícita como sujetos, porque antes se les incluía en el masculino genérico. La filóloga y ensayista feminista Yadira Calvo ha estudiado cómo el castellano puede reproducir una mirada androcéntrica cuando lo masculino se presenta como medida de lo humano. La experiencia de las mujeres en el mundo es distinta —desde sus corporalidades y subjetividades— y están expuestas de manera desproporcionada a violencias, una diferencia que también aparece en las cifras: según el boletín de Medicina Legal, en 2025 se practicaron 16.533 exámenes médico-legales por presunto delito sexual a niños, niñas y adolescentes; 14.231 correspondieron a niñas y adolescentes mujeres. Decir niñas y niños, mujeres y hombres, por lo demás, simplemente incluye a las mujeres en el lenguaje, y nombrar es reconocer. También faltan en esa ecuación las diversidades sexuales y de género.
La abogada María Cristina Hurtado, corredactora del Código de Infancia y Adolescencia y de la Ley 1257 de 2008 «por una vida libre de violencia para las niñas, adolescentes y mujeres», escribió en X: «Quiero recordarle que por muchos siglos las mujeres estuvimos invisibilizadas en la categoría ‘hombres’ y que grandes luchas por nuestros derechos lograron plataformas políticas y de derechos como la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y la Plataforma de Beijing». Por eso, dice la abogada, el artículo 12 del Código de Infancia y Adolescencia —vigente desde 2006— obliga al Estado colombiano a aplicar un enfoque de género en el restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Concluye Hurtado: «No nombrar a las niñas implica una nueva vulneración a sus derechos y a su corporeidad, pero también el incumplimiento de normas convencionales, constitucionales y legales, y la invisibilización de años de tendencia jurisprudencial de las altas cortes colombianas. No es solo un tema nominal, señora directora, es un tema de derechos, de justicia, de dignidad, ganados a pulso a sistemas patriarcales, adultocéntricos y misóginos que, incluso cuando no aplican el enfoque de sexo y género en la justicia y en actos administrativos, pueden ser investigados disciplinaria y penalmente, tal como lo ha venido haciendo la Corte Constitucional en los últimos 15 años».
Detrás de la discusión por el lenguaje hay una idea más amplia sobre cómo debería ordenarse la sociedad. De la Espriella ha dicho que quiere recuperar unos principios y valores fundacionales en defensa de la familia tradicional y «contar la historia del país como ha sido». Se entiende que es un regreso o consolidación del patriarcado en Colombia, de lo heteronormativo, como si esto fuera el estado natural de las cosas y no un orden social puesto en marcha por seres humanos. La antropóloga feminista Ochy Curiel ha analizado la heterosexualidad como un régimen político articulado con la nación, y muestra cómo categorías como mujer, hombre, familia, parentesco y nacionalidad terminan inscritas en discursos jurídicos y relaciones de poder.
Pensamos a través del lenguaje; la realidad se configura a través de lo que nombramos. Ya lo planteó el filósofo Ludwig Wittgenstein en el Tractatus Logico-Philosophicus: «los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo». No se trata solo de que el lenguaje describa lo que existe, sino de que buena parte de lo que llamamos realidad —las categorías con las que pensamos la justicia, el género, la familia, la nación— existe para nosotros en la medida en que tiene nombre. Por eso no es un capricho discutir si se dice «niñas» o «niñez», si se dice «ideología de género» o «derechos humanos»: ampliar o restringir el vocabulario con el que un Estado nombra a sus ciudadanos es ampliar o restringir lo que ese Estado está dispuesto a ver, proteger y nombrar como problema.
Esa misma estrategia —vender la ideología propia como sentido común, como «lo correcto»— la han usado también Donald Trump en Estados Unidos y Javier Milei en Argentina, modelos a seguir de los no muy originales «tigres» que hoy ejercen la presidencia y los ministerios en el país. El Gobierno de Milei, de hecho, incluyó entre sus medidas la eliminación del lenguaje inclusivo.
Juan Gabriel Vásquez, reconocido escritor colombiano, dice en una columna en El País, en la que cita a PEN America —organización estadounidense que defiende la libertad de expresión—: «Para la extrema derecha que viene de Trump y tiene en América Latina perritos falderos como Milei, el poder sirve para recuperar el control perdido sobre las costumbres y la mentalidad de sus países […] El PEN de Estados Unidos ha compilado una lista de cientos de palabras cuyo uso está prohibido en el gobierno MAGA: ‘mujeres’, ‘aborto’, ‘nativo americano’, ‘antirracismo’, ‘no binario’, ‘inclusividad’, ‘calentamiento global’ y hasta ‘Golfo de México’. Esa es la batalla cultural que el nuevo Gobierno quiere dar: la batalla contra formas de entender el mundo con las que no están de acuerdo».
Trump, Milei y otros líderes de la extrema derecha mundial —no homogénea, hay que decirlo— buscan demonizar palabras y cambiar el lenguaje para normalizar su propia ideología y promoverla, para graduar de enemigos a los que llaman «woke», a las feministas y a los defensores del medio ambiente. En Colombia, la paradoja es que esa batalla se presenta como una forma de sacar la ideología de las instituciones: la «desideologización» que proclama el Gobierno es, también, una manera de imponer una visión del mundo.