En Irán, las reivindicaciones obreras se intensifican en un contexto de crisis del poder de compra
Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran
SSTI N° 35, noviembre de 2026
Traducción de Correspondencia de Prensa, 17-11-2026
En octubre de 2026 se registraron al menos 65 movilizaciones de trabajadores y jubilados. Pensiones consideradas insuficientes, salarios pendientes de pago: estos movimientos expresan una misma preocupación. ¿Cómo vivir y trabajar en una economía que se contrae?
La crisis económica iraní sale a la calle. En octubre, el medio Davtalab registró al menos 65 acciones de protesta, a partir de fuentes oficiales y no oficiales. Concentraciones frente a organismos públicos o empresas, a veces acompañadas de marchas o huelgas: a pesar de la diversidad de los lugares y de los grupos movilizados, las reivindicaciones revelan una misma realidad: la de una precariedad creciente.
Las movilizaciones de los jubilados y jubiladas de las telecomunicaciones, la Seguridad Social y la siderurgia representan, por sí solas, más del 70 % de las acciones registradas. Los trabajadores y trabajadoras de varias empresas industriales —en particular HEPCO, en Arak; Iran Barak; y la hilandería Khavar, en Rasht— también se movilizan para defender sus salarios, sus puestos de trabajo y el futuro de sus centros de producción.
Rasht, Kermanshah, Isfahán y Teherán son las ciudades más representadas en el informe geográfico. La concentración es la forma de protesta más frecuente: cuatro de ellas fueron seguidas de una marcha y dos de una huelga.
Estas movilizaciones se producen en un contexto económico especialmente tenso. En los últimos días de octubre. Publicado en octubre por el Centro de Investigación de la Cámara de Comercio de Irán, el índice de directores de compras correspondiente al mes de septiembre se situó en 46,2. Esto significa que se mantiene por debajo del umbral de 50 por decimoctavo mes consecutivo, lo que indica un retroceso de la actividad.
El aumento del costo de las materias primas, las limitaciones de producción y el descenso de la demanda afectan tanto a las empresas como a sus trabajadores y trabajadoras
El mercado laboral también se deterioró. La pasada primavera, el número de personas con empleo había disminuido de aproximadamente 450 000 en un año, mientras que la tasa de desempleo alcanzaba el 9,1 %, según los datos brindados por Davtalab.
Los retrasos en el pago de los salarios, las pensiones que no siguen el ritmo del aumento de los precios y las fábricas paradas no son, pues, problemas aislados. Son una manifestación concreta de la contracción económica, mientras que a los hogares les cuesta cada vez más cubrir los gastos básicos
Los jubilados reclaman ingresos suficientes, asistencia médica y el cumplimiento de los compromisos
Para los empleados jubilados de tres grandes sectores, el importe de la pensión ya no es el único problema. También denuncian los retrasos en los pagos, las deficiencias en la cobertura sanitaria y las políticas de gestión de los organismos sociales.
Los jubilados de la Seguridad Social reclaman el pago del importe atrasado correspondiente a la revalorización de las pensiones de abril, así como un aumento de sus ingresos para compensar la inflación. Asimismo, piden que el organismo sea protegido de la injerencia del Estado.
En septiembre, esta reivindicación cobró forma en una campaña en línea contra la privatización de los activos de la Organización de la Seguridad Social, en particular los de Shasta, la empresa de inversión de la misma. Más de 7 000 personas firmaron una carta dirigida al presidente de la República, Massoud Pezeshkian. En ella expresan su preocupación ante la perspectiva de confiar al sector privado la gestión de empresas deficitarias
Los firmantes recuerdan que los activos de la Seguridad Social proceden, según ellos, de las cotizaciones pagadas por generaciones de trabajadores y jubilados. Cuestionan que se consideren como capital perteneciente al Estado. El debate va, por lo tanto, más allá del mero importe de las pensiones: se centra también en la propiedad y el control de los recursos que financian la protección social.
Los jubilados y jubiladas del sector de las telecomunicaciones reclaman el pago de las sumas que se les adeudan, la aplicación íntegra del reglamento laboral n.º 89/24, la tercera fase del reajuste de las pensiones y la revalorización de la prestación alimentaria. Asimismo, denuncian las deficiencias de su cobertura complementaria de salud.
En el sector siderúrgico, los manifestantes denuncian la falta de aplicación de la armonización de las pensiones, las deficiencias del seguro médico y del seguro médico complementario, así como el incumplimiento de los acuerdos recogidos en actas anteriores. Hubo concentraciones, en ocasiones seguidas de marchas, frente a las sedes de las gobernaciones de Isfahán y Ahvaz.
Las situaciones varían, pero las movilizaciones no se reducen a una simple reivindicación general de aumento. Se centran en las cantidades adeudadas, la aplicación de las normas, el costo de la asistencia sanitaria y la gestión de los organismos. A medida que aumentan los gastos, el cumplimiento de un compromiso por escrito o de un derecho al seguro se convierten, a su vez, en una cuestión de sobrevivencia.
En las fábricas, los salarios pendientes también ponen en peligro el empleo
En HEPCO, la movilización dio lugar a una serie de anuncios por parte de las autoridades. En Racht, las situaciones de Iran Barak y Khavar ponen de manifiesto hasta qué punto las deudas sociales y la paralización de la producción pueden prolongar la incertidumbre. En Arak, los y las trabajadoras y trabajadores de HEPCO manifestaron durante al menos cinco o seis días frente a la empresa. En varias ocasiones, marcharon hasta la sede de la gobernación denunciando la inestabilidad de la dirección, la desorganización administrativa y el pago retrasado y fraccionado de los salarios.
El 30 de septiembre, el gobernador del distrito anunció el nombramiento de un director general interino, cuya toma de posesión se hizo oficial posteriormente. También se anunció el pago del salario de septiembre y de las cotizaciones a la seguridad social. El reinicio de la producción se esperaba gracias a la agilización del despacho de aduana de los equipamientos.
Los trabajadores y trabajadoras obtuvieron una respuesta a corto plazo y una aclaración por parte de la dirección. Sin embargo, los anuncios no resuelven las cuestiones de fondo: la regularidad de los pagos, los pedidos, el nivel de producción y la estabilidad de la gestión. HEPCO, fabricante de maquinaria para obras viales, ya fue objeto de conflictos muy mediáticos en torno a la venta de la empresa y la seguridad del empleo. Para sus trabajadores y trabajadoras, la repetición de las mismas dificultades pone de manifiesto una crisis industrial que sigue sin solución.
En Racht, los trabajadores y trabajadoras de Iran Barak denuncian 19 meses de salarios impagados y 42 meses de cotizaciones sociales no abonadas. Varios de ellos, apartados de sus puestos desde principios de año, siguen esperando el pago de los atrasos y de la liquidación final.
La acumulación de estas deudas priva a los hogares de ingresos regulares y genera el temor de que sus derechos a la Seguridad Social puedan verse interrumpidos.
La fábrica de hilados Khavar es un ejemplo de otra consecuencia de la crisis: el cierre de una planta y la incertidumbre laboral que ello conlleva. La fábrica cesó su actividad en enero del año anterior, en el contexto del estado de emergencia relacionado con la guerra. Aproximadamente 107 trabajadores y trabajadoras, muchos de los cuales contaban con entre 15 y 20 años de antigüedad, se quedaron sin empleo. Unos cuarenta fueron readmitidos en abril y mayo, pero la situación de los demás sigue siendo incierta. Además, aún quedarían pendientes de pago tres meses de salarios y seis meses de cotizaciones sociales.
Ayudas puntuales y costo de la vida: la brecha persiste
Desde los conductores municipales hasta los jóvenes en busca de empleo, las movilizaciones de octubre trascienden el ámbito exclusivamente industrial. Las cifras de inflación muestran hasta qué punto una ayuda a la compra, aunque se haya anunciado, puede perder su eficacia ante el aumento de los precios.
En los servicios municipales, los conductores contratados por empresas subcontratistas protestaron por los bajos salarios y las escasas prestaciones. Otros trabajadores de los ocho distritos de la capital reclaman la aplicación de una circular que prevea el pago directo de sus salarios y la eliminación de las empresas subcontratistas que aportan la mano de obra.
En Shafaroud, trabajadores y jubilados denuncian una situación que se prolonga desde hace más de treinta años. Al parecer, más de 700 trabajadores habrían comprado terrenos en Sangatchin a partir de 1993-1994 y obtenido títulos de propiedad, sin haber podido acceder nunca a las parcelas.
En Juzestán, jóvenes de Mouran y Omeychiyeh se concentran frente al complejo azucarero Debel Khozaï para exigir que se cumpla la promesa de contratación local. Estas concentraciones repetidas a lo largo de los meses demuestran que la falta de oportunidades laborales y las expectativas frustradas en materia de contratos de trabajo siguen siendo motivos de protesta.
Ante la presión a la que se ven sometidos los hogares, el gobierno anunció en octubre un aumento de 2 euros por persona y mes del crédito asociado a los vales de compra electrónicos. De este modo, el crédito pasa de 3 a 5 euros.
Según el organismo encargado de seleccionar los beneficiarios de las ayudas, 35,12 millones de personas pueden beneficiarse de este aumento, financiado mediante un ingreso de 40 millones de euros en la cuenta del organismo responsable del programa.
No obstante, el importe de la ayuda debe ponerse en relación con la evolución de los precios. En septiembre de 2026, el índice general de precios alcanzó los 729,8 puntos, lo que supone un aumento del 4,2 % respecto al mes anterior. La inflación interanual se situó en el 89,8 %, y la inflación media anual en el 73,6 %, según el Centro de Estadística de Irán. Los bienes se vieron especialmente afectados: excluyendo los alquileres, su inflación media anual alcanzó el 100,7 %.
El aumento de los precios también afecta de forma desigual en función de los ingresos. La inflación media anual osciló entre el 71,3 % para el decil más acomodado y el 82,4 % para el segundo decil. La alimentación representa más del 42 % de la canasta de consumo de los dos deciles más modestos, frente al 21,55 % del decil más acomodado.
El aumento del 50 % del crédito para la compra incrementa el apoyo nominal, pero no permite, por sí solo, concluir que se haya recuperado el poder adquisitivo perdido ante una inflación anual cercana al 90 %. Es en esta brecha entre ingresos y gastos donde confluyen las reivindicaciones de los jubilados, los asalariados y los desempleados.
En octubre, la mayoría de las movilizaciones no obtuvieron una respuesta que pudiera considerarse suficiente. HEPCO constituye una excepción parcial: la movilización dio lugar a anuncios concretos, cuya aplicación queda por ver.