Jacobin, 9-11-2026
Correspondencia de Prensa, 12-11-2026
La crisis que precipitó la caída de Santiago Peña expuso las contradicciones del «modelo paraguayo», celebrado por las derechas latinoamericanas. Detrás del supuesto paraíso del libre mercado aparece una estrecha relación entre el poder político, los grandes grupos empresariales y los recursos del Estado.
Durante años, Paraguay fue presentado por sectores de la derecha latinoamericana como un ejemplo de las virtudes del libre mercado. Impuestos bajos, regulaciones limitadas, salarios reducidos y condiciones favorables para la inversión extranjera parecían ofrecer una fórmula sencilla para alcanzar la prosperidad económica. La crisis que terminó con la destitución del presidente Santiago Peña, el 6 de noviembre, ha puesto esa imagen bajo una luz menos favorable.
El escándalo que provocó su caída tuvo su origen en el Banco Ueno, una de las principales instituciones financieras del país, cuyos vínculos con el poder político quedaron en el centro de las investigaciones. La intervención del banco dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros, comprometió recursos de la seguridad social y desencadenó una ola de protestas que terminó por quebrar el respaldo parlamentario del presidente.
El episodio permite examinar una contradicción del modelo paraguayo: detrás de la imagen de una economía sostenida por la iniciativa privada aparece un entramado de relaciones entre grandes grupos empresariales, recursos públicos y poder político. El problema no parece residir simplemente en la ausencia de regulación estatal, sino también en la posibilidad de que las instituciones encargadas de ejercerla queden subordinadas a los intereses que deberían controlar.
La caída de Peña plantea, además, un interrogante político. ¿Cómo pudo desplomarse en apenas cuatro días un gobierno respaldado por una de las maquinarias partidarias más poderosas de América Latina? La combinación de crisis financiera, movilización popular y fracturas internas del oficialismo ofrece algunas pistas sobre los límites de una estabilidad política que parecía mucho más sólida.
El Estado detrás del paraíso del libre mercado
Uno de los principales atractivos del modelo económico paraguayo es su sistema tributario, habitualmente sintetizado en la fórmula «10-10-10»: una tasa general del 10% sobre las ganancias empresariales, otra del 10% sobre los ingresos personales y un impuesto al valor agregado (IVA) cuya tasa máxima es también del 10%. A ello se suman costos laborales relativamente bajos, abundante energía hidroeléctrica e incentivos fiscales para las inversiones extranjeras.
El régimen de maquiladoras, que permite importar insumos y producir bienes destinados principalmente a la exportación bajo condiciones tributarias especiales, se convirtió en uno de los ejemplos más visibles de esta orientación. Numerosas empresas extranjeras, especialmente brasileñas, instalaron operaciones industriales en Paraguay para aprovechar las ventajas de costos. La integración productiva resultante ha contribuido a la expansión de determinadas actividades económicas, aunque también ha consolidado una competitividad apoyada en salarios reducidos y una protección laboral limitada.
Estas ventajas son reales, y sería equivocado desconocerlas. El problema es que los indicadores de rentabilidad empresarial o estabilidad macroeconómica dicen relativamente poco sobre la distribución de los beneficios del crecimiento. Paraguay continúa registrando elevados niveles de informalidad laboral, una fuerte concentración de la riqueza y un sistema de protección social insuficiente. La baja presión tributaria, presentada como una virtud en sí misma, también restringe los recursos disponibles para financiar servicios públicos y políticas redistributivas.
Sin embargo, el caso del Banco Ueno introduce otra dimensión en la discusión. La crisis permite cuestionar la imagen de un modelo económico que prosperaría gracias a una menor intervención estatal. Lo que aparece, en cambio, es una estrecha relación entre el Estado y determinados grupos empresariales, cuyas actividades dependen también de decisiones políticas, contratos públicos y recursos administrados por organismos estatales.
Desde que inició sus operaciones bancarias en 2023, Ueno experimentó una expansión extraordinaria. Mediante una estrategia agresiva de crecimiento y la oferta de servicios digitales, llegó a reunir aproximadamente tres millones de clientes, convirtiéndose en una de las principales entidades financieras de Paraguay.
El banco estaba controlado por el Grupo Vázquez, un conglomerado empresarial con importantes vínculos con el poder político. Santiago Peña había sido accionista de la sociedad que controlaba la entidad hasta marzo de 2025. Esas relaciones adquirieron especial relevancia cuando comenzaron a investigarse los préstamos concedidos por Ueno a empresas vinculadas con su propio grupo controlador, en operaciones que despertaron sospechas por la concentración del crédito y la insuficiencia de las garantías.
El crecimiento del banco también estuvo acompañado por una importante captación de fondos públicos. La institución llegó a administrar aproximadamente 850 millones de dólares provenientes de distintos organismos estatales, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS). De este modo, una entidad financiera privada que había sido presentada como ejemplo de modernización bancaria dependía en buena medida de recursos administrados por el Estado.
Las sospechas alcanzaron incluso a las autoridades encargadas de supervisarla. Carlos Carvallo, presidente del Banco Central de Paraguay, había dirigido el Banco Ueno hasta agosto de 2023. Su paso de la conducción de la entidad privada a la máxima autoridad del organismo regulador planteó interrogantes sobre la independencia de la supervisión financiera y los posibles conflictos de intereses.
La intervención del Banco Central, el 3 de noviembre, se produjo después de que los indicadores de solvencia del banco cayeran por debajo de los niveles exigidos legalmente. La Fiscalía inició investigaciones sobre posibles operaciones fraudulentas, préstamos irregulares y responsabilidades de los directivos de la institución. El propio Peña terminó imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, acusaciones que el expresidente rechaza.
Naturalmente, la existencia de estas relaciones no demuestra por sí misma la responsabilidad penal de los involucrados, que deberá establecerse judicialmente. Pero el episodio plantea una cuestión de economía política más amplia. El neoliberalismo no implica necesariamente la desaparición del Estado ni su retirada de la actividad económica. Puede suponer, por el contrario, una reorganización de sus funciones que favorezca la rentabilidad privada, facilite el acceso de determinados grupos empresariales a recursos públicos y debilite los mecanismos de control sobre sus actividades.
La crisis del Banco Ueno obliga a examinar precisamente esa relación. Una institución celebrada como expresión del dinamismo del sector privado terminó dependiendo de la intervención estatal para afrontar una crisis que amenazaba los ahorros de buena parte de la población.
Cómo una crisis bancaria derribó a un presidente
La velocidad de los acontecimientos sorprendió incluso en un país cuya historia política ha estado marcada por recurrentes crisis institucionales. En apenas cuatro días, una intervención bancaria derivó en movilizaciones masivas, fracturas del oficialismo y la destitución del presidente.
Las primeras protestas comenzaron el 3 de noviembre, cuando miles de clientes acudieron a las sucursales del Banco Ueno para intentar recuperar sus depósitos. Entre los afectados se encontraban trabajadores asalariados, jubilados, pequeños comerciantes y familias que dependían de sus cuentas para cubrir sus gastos cotidianos.
La presencia de fondos de la seguridad social entre los recursos comprometidos amplificó el conflicto. La incertidumbre sobre el destino de los ahorros previsionales incorporó a las protestas a jubilados y trabajadores preocupados por sus aportes. En Asunción se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales, mientras las demandas comenzaban a extenderse hacia la investigación de las responsabilidades políticas.
El conflicto adquirió rápidamente una dimensión que excedía la crisis financiera. La indignación por la pérdida de acceso a los ahorros se combinó con el rechazo a los vínculos entre los propietarios del banco y el gobierno. Las movilizaciones comenzaron a exigir la destitución de Peña y la investigación de los funcionarios involucrados.
Pero la presión popular, por sí sola, no explica la velocidad del derrumbe presidencial. Para comprenderla es necesario considerar las particularidades del sistema político paraguayo.
El Partido Colorado constituye una de las estructuras partidarias más duraderas de América Latina. Gobernó ininterrumpidamente entre 1947 y 2008, incluyendo las tres décadas y media de la dictadura de Alfredo Stroessner, y recuperó la Presidencia en 2013, después del breve período iniciado con la victoria de Fernando Lugo. Su predominio se apoya en una extensa implantación territorial, el control de instituciones estatales y relaciones históricas con las élites económicas del país.
La transición democrática no desmanteló completamente esas estructuras de poder. El Partido Colorado conservó una considerable capacidad de influencia sobre la administración pública y las instituciones políticas, al tiempo que sus distintas fracciones continuaron disputándose el control de los recursos estatales.
En ese contexto, Santiago Peña había llegado a la Presidencia en 2023 con una sólida mayoría parlamentaria y el respaldo de Horacio Cartes, expresidente y una de las figuras más influyentes del oficialismo. Sin embargo, la crisis del Banco Ueno terminó afectando las relaciones políticas y empresariales que sostenían su gobierno.
La oposición impulsó un juicio político que rápidamente obtuvo el apoyo de sectores del propio Partido Colorado. El 5 de noviembre, cuando la destitución parecía inevitable, Peña anunció su renuncia. Pero el Congreso decidió continuar con el procedimiento, mientras las movilizaciones exigían que el presidente respondiera por las presuntas irregularidades.
Al día siguiente, el Senado aprobó su destitución por unanimidad de los 44 legisladores presentes. Pedro Alliana, hasta entonces vicepresidente, asumió el gobierno para completar el mandato. Peña quedó inicialmente bajo arresto domiciliario y posteriormente la Justicia dispuso su prisión preventiva mientras avanzaban las investigaciones.
La crisis mostró cómo una conmoción económica puede alterar rápidamente un equilibrio político aparentemente consolidado. Las movilizaciones populares contribuyeron a modificar las condiciones en las que actuaban las distintas fracciones del oficialismo, mientras las divisiones internas del Partido Colorado privaron al presidente de los apoyos necesarios para permanecer en el poder.
Sin embargo, la rapidez de la destitución también puede interpretarse como un intento de preservar la continuidad del sistema político. Al reemplazar a Peña por otro dirigente colorado, el oficialismo consiguió desprenderse de un presidente crecientemente comprometido por el escándalo sin entregar el control del gobierno ni modificar sustancialmente sus principales alianzas.
Los límites políticos del modelo paraguayo
La destitución de Peña representa un revés para las derechas latinoamericanas que habían convertido a Paraguay en una referencia económica. También supone la caída de uno de los aliados sudamericanos más próximos a Donald Trump.
Durante su gobierno, Peña profundizó el alineamiento de Paraguay con Washington, respaldó sus iniciativas de cooperación militar y participó en la cumbre «Escudo de las Américas», convocada por Trump en marzo de 2026. Su política exterior combinó esta proximidad con Estados Unidos con la continuidad de las relaciones diplomáticas con Taiwán, una particularidad de Paraguay en Sudamérica.
Pero las consecuencias políticas de su destitución no deben exagerarse. El Partido Colorado conserva el gobierno y buena parte de su poder institucional. Tampoco existen señales suficientes de que el nuevo presidente, Pedro Alliana, pretenda modificar significativamente la orientación económica o internacional de su antecesor.
El alcance de la crisis dependerá, en buena medida, de lo que ocurra más allá del recambio presidencial. La recuperación de los ahorros, el esclarecimiento de las responsabilidades políticas y empresariales y la revisión de los mecanismos de supervisión financiera constituyen problemas que la destitución, por sí sola, no puede resolver.
También permanece abierta una cuestión política más profunda: si las movilizaciones conseguirán transformar la indignación provocada por el escándalo en una impugnación más duradera de las relaciones entre el poder económico y las instituciones estatales, o si el Partido Colorado logrará recomponer su autoridad una vez desplazado el presidente.
En cualquier caso, la crisis ha puesto de manifiesto algunas de las contradicciones del modelo económico paraguayo. La caída de Peña no demuestra que ese modelo haya llegado a su fin. Pero obliga a mirar más allá de los indicadores de rentabilidad y estabilidad que durante años alimentaron su prestigio entre las derechas de la región. Detrás del celebrado paraíso del libre mercado aparece una estructura de poder mucho más dependiente de la intervención estatal —y mucho menos ajena a sus conflictos— de lo que sus defensores estaban dispuestos a reconocer.