Argentina – La pata empresarial de la dictadura. [Brecha]

_{Juicio contra el exgerente de Mercedes-Benz, primera audiencia, en Buenos Aires, el 22-10. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.}

Gaby Weber desde Buenos Aires

Brecha, 13-11-2026

Correspondencia de Prensa, 13-11-2026

A fines de octubre comenzó en un suburbio de Buenos Aires el juicio contra Juan Ronaldo Tasselkraut, exjefe de producción de Mercedes-Benz Argentina, acusado de la entrega, en 1977, de dos sindicalistas a los militares de la dictadura. Apenas parte de sus crímenes.

Gran número de personas, principalmente representantes de sindicatos y asociaciones de derechos humanos, acudieron a la primera jornada del proceso, el 22 de octubre, en la localidad de San Martín, pero los grandes periódicos y la televisión optaron por no informar. Lo mismo hicieron los medios alemanes.

La fiscalía no acusa a Tasselkraut (85 años) por el asesinato de 14 activistas sindicales ni tampoco por la apropiación de tres niños. El caso se centra solo en dos hechos concretos producidos el mismo día, el 12 de agosto de 1977: la entrega del trabajador Héctor Ratto a los militares –que se lo llevaron de la fábrica, lo torturaron y lo mantuvieron cautivo durante un año y medio– y la facilitación de la dirección particular de Diego Núñez, otro activista sindical, secuestrado, trasladado al cuartel del Campo de Mayo y luego desaparecido.

En 1985, durante el histórico juicio contra los comandantes de la Junta Militar, Ratto ya había testificado –junto con familiares de Núñez y de otros sindicalistas desaparecidos– sobre su propia detención. En aquel entonces, los generales fueron condenados en parte gracias a su testimonio. Pero luego llegaron las leyes de amnistía y un manto de silencio cubrió este capítulo por muchos años.

Comencé a investigar este caso en 1999, por aquel entonces para la radio pública alemana WDR, y resultó ser el momento justo. Hasta entonces, cuando se hablaba de violaciones de los derechos humanos, la mención recaía únicamente en militares o policías, pero no en aquellos que habían dado la orden de llevar a cabo una «limpieza» sistemática del cinturón industrial con el fin de impulsar la producción de manera rentable mediante el uso de ese terror. ¹

Una denuncia penal presentada en 1999 en Alemania contra Tasselkraut por complicidad en asesinato fracasó debido a la falta de voluntad de la dirigencia política y del Poder Judicial. El proceso civil en Estados Unidos tuvo más éxito; todos los jueces federales de California estaban dispuestos a escuchar el caso. Sin embargo, DaimlerChrysler recurrió a la Corte Suprema, que se dejó intimidar. Cámaras de comercio y bancos de todo el mundo habían amenazado con detener sus inversiones si el proceso llegaba a abrirse en San Francisco.

En 2002, los sobrevivientes presentaron una denuncia penal en Buenos Aires en la que se acusaba a Mercedes-Benz, a los militares y a la dirección de entonces del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) por complicidad. El sindicato había recibido el 1 por ciento de las ventas de automóviles por su ayuda para limpiar las fábricas de sindicalistas «subversivos», según se llegó a establecer en un convenio colectivo tripartito. La investigación fue trasladada luego a un tribunal de San Martín, donde permaneció enterrada hasta el mes pasado.

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Tasselkraut entró en la sala del tribunal, encorvado y utilizando un andador. Durante una visita a la fábrica, el año pasado, se había mostrado como un jubilado feliz, según comentó a Brecha el abogado de las víctimas Pablo Llonto. El empresario se sentó junto a sus dos abogados: Jorge Valerga Aráoz, que una vez había juzgado a los comandantes de la junta, y su hijo; por el otro lado, los fiscales y los representantes de los querellantes, entre ellos el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Tasselkraut describió la situación en la fábrica en aquel momento, en los años previos al golpe de Estado, como afectada por un conflicto sindical interno entre el sindicato oficial Smata, es decir, reconocido por el gobierno peronista, y un grupo «rebelde» de nueve activistas («Los Nueve»), ambos armados. No mencionó que en el convenio colectivo la empresa había prometido el 1 por ciento de las ventas a Smata para, literalmente, «erradicar los elementos subversivos de la fábrica». Explicó detalladamente la amenaza que significaba la guerrilla para la gestión. Después de que dos gerentes alemanes fueran secuestrados y liberados tras pagar un elevado rescate, los jefes europeos, que hasta entonces vivían en un hotel en Uruguay y volaban todas las mañanas a Buenos Aires por Pluna, fueron retirados. Aunque la situación de seguridad mejoró para ellos con el golpe de marzo de 1976, el sabotaje y la negativa a trabajar siguieron siendo un problema.

Tasselkraut se presentó ante el tribunal como víctima. Dijo que no había tenido más remedio que ceder a la presión de los militares para llevarse «legalmente» a Héctor Ratto y negó haber transmitido la dirección del sindicalista Diego Núñez. Todo falso.

El juicio tendrá lugar los jueves de los próximos meses. Se podrá seguir a través del canal de YouTube La Retaguardia.

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También la Ford

Articulación

Daniel Gatti

La semana pasada la Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó la condena a diez años de prisión por crímenes de lesa humanidad dictada en 2018 por el Tribunal Oral Federal número 1 (TOF 1) contra Pedro Müller, exjerarca de Ford Motors en Argentina. Hoy con 95 años, Müller ya estaba en prisión domiciliaria en Córdoba y así seguirá hasta que el TOF 1 tome una resolución final. Durante la dictadura, el empresario era gerente de Manufactura de la automotora, en la que trabajaban 7.200 personas. Cuando el director de la empresa, Nicolás Courard, no estaba en el país, Müller lo reemplazaba, y estuvo presente en todas las reuniones de directorio llevadas a cabo en 1976, el año en el que fueron secuestrados y desaparecidos 24 obreros de la fábrica, desde el mismo 24 de marzo, día del golpe. En su fallo de 2018 el tribunal consideró acreditada la colaboración directa de la dirección de la Ford con los militares al «señalar a los obreros conflictivos, permitir la instalación militar en la fábrica, habilitar el montaje de un centro clandestino de detención y tortura en el quincho del predio, proveer camionetas para los secuestros y aumentar los niveles de exigencia y explotación». El director Courard dijo en 1976, poco antes del golpe, al diario estadounidense The New York Times: «Los terroristas no son solo los guerrilleros afuera en las montañas o en las calles. Ellos están acá mismo en la línea de ensamblaje, amenazando a los trabajadores y diciéndoles a ellos cuánto tienen que producir cada día» (Página 12, 9-XI-26). Y cuatro años después, le ratificó al ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, la «adhesión total de la Ford al Proceso de Reorganización Nacional». En su dictamen de seis años atrás, el TOF destacó la «articulación de las empresas multinacionales con la dictadura». Cinco de los 800 centros clandestinos de detención que funcionaron durante la dictadura estuvieron establecidos en grandes empresas: además de Ford, la acería Acindar, la transportista La Veloz del Norte, el ingenio La Fronterita, el astillero Río Santiago.

Nota