Acciona, entre otras grandes constructoras, participó en las obras del circuito de Fórmula 1 de IFEMA, en Madrid. David F. Sabadell
Daniel Martínez
El Salto, 13-11-2026
Correspondencia de Prensa, 13-11-2026
Los fondos buitre son el villano fácil. Los que de verdad mandan en el ladrillo español llevan aquí desde Franco, y ahora firman sus nietos.
La huelga general por la vivienda ha apuntado a los fondos buitre, pero quienes controlan la construcción y el suelo en el Estado español son los mismos apellidos que se enriquecieron con la dictadura, a veces con mano de obra presa. Entrecanales, Del Pino y Villar Mir: ochenta años de capitalismo de amigos que hoy gestionan sus herederos.
En el año 2013, en plena resaca de la crisis, Madrid se puso a vender casas con gente dentro. El Ayuntamiento de Ana Botella traspasó casi 1.900 viviendas protegidas de su empresa municipal a Fidere, una sociedad del fondo estadounidense Blackstone. Ese mismo año, la Comunidad de Madrid vendió 2.935 pisos públicos del IVIMA a un vehículo de Goldman Sachs y Azora, una venta que los tribunales acabarían anulando. Los inquilinos se enteraron por carta de que su casero ya no era la administración, sino un fondo con sede en Nueva York.
Así se popularizó una expresión que hoy todo el mundo usa: fondo buitre. Blackstone es, según buena parte de la prensa económica, el mayor casero de España. Sus sociedades tienen nombres de catálogo y no tienen cara. Compraron barato lo que los bancos y las administraciones querían quitarse de encima, suben los alquileres al renovar y desahucian cuando no se paga. Son el villano perfecto.
Precisamente, por eso distraen. Los fondos son la excepción. Llegaron hace poco más de una década y se irán el día que deje de salirles a cuenta. Lo normal es otra cosa, mucho más antigua y mucho más discreta: que el ladrillo lo sigan controlando los mismos apellidos que lo controlaban con Franco. Se apellidan Entrecanales, Del Pino, Villar Mir… y Franco. La única diferencia es que ahora firman los nietos.
Sesenta y dos años diciendo lo mismo
“No queremos una España de proletarios, sino de propietarios”. Con esta frase del que fue ministro de la Vivienda en 1959, José Luis Arrese, daba comienzo la etapa conocida como desarrollismo durante la dictadura franquista. “La vivienda es un derecho, pero también un bien de mercado que genera actividad económica”. Esta otra la pronunció José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 2021, y de quién dependían las competencias de vivienda en ese momento. Sesenta y dos años separan una de la otra, pero ambas dicen lo mismo. El Estado español ha tratado la vivienda antes como un negocio que como un derecho.
Para Jaime Palomera, investigador y autor del libro El secuestro de la vivienda, la frase de Arrese perseguía dos objetivos a la vez: era una política de vivienda y también un proyecto de control social. En los años cincuenta, España vivía una enorme migración interna del campo a las ciudades industriales, y miles de familias acababan en habitaciones compartidas o en poblados de chabolas en las periferias. “Se hablaba de estos barrios como posibles semillas de socialismo, de ideas revolucionarias”, recuerda Palomera. La receta no era nueva: la burguesía reformista europea llevaba desde mediados del siglo XIX proponiendo la vivienda en propiedad como solución al problema de la vivienda y al riesgo de revolución. “Si las familias trabajadoras tienen una casa, pasan a tener una parte de la propiedad del país y eso las integra en el orden de propietarios. Tendrán mucho menos poder que los grandes propietarios, pero se sentirán parte del cuerpo social. Y el pago de la hipoteca, además, es un elemento disciplinador”.
Sin embargo, ha habido intentos en la historia por evitar que así fuese, aunque escasos y efímeros. La primera vez se dio en 1853. A través de una Real Orden se instaba a los gobernadores civiles de Madrid y Barcelona construir casas para pobres. Era una recomendación y no una ley. Así que no tuvo efecto. Ya en 1911 se aprueba la Ley de Casas Baratas. Con ella no construía el Estado, fomentaba la iniciativa privada en la construcción de casas para alquilar o vender a obreros. La siguiente tuvo lugar en 1920. Al calor de una huelga de alquileres se aprobó el primer real decreto de protección al inquilino, que buscaba frenar la inflación del precio de la vivienda con una reducción de los alquileres, la prórroga de todos los contratos urbanos y la limitación de las causas de desahucio. Ciento seis años antes que la acampada en Sol y la huelga del 11N pidieran lo mismo.
“Con la República hubo un régimen de casas baratas, pero no una política de vivienda muy decidida, y no se tradujo en una construcción intensa de viviendas sociales”, señala Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario de España
Ninguno de esos intentos cambió el rumbo. “Con la República hubo un régimen de casas baratas, pero no una política de vivienda muy decidida, y no se tradujo en una construcción intensa de viviendas sociales”, señala Julio Rodríguez, economista del Banco de España y expresidente del Banco Hipotecario de España y de la Caja de Ahorros de Granada, “España ha sido siempre un país de difícil acceso a la vivienda”.
Este problema no es nuevo. Durante estos años surgen empresas que explotaron el mercado de la vivienda desde el principio. Hoy las conocemos como Acciona, ACS, Ferrovial, OHLA o Sacyr, entre otras. Todas sobrevivieron a los vaivenes políticos del siglo XX y muchas llegan al hoy cotizando en el IBEX 35. Todas sortearon las leves leyes que intentaron proteger a los inquilinos y sobrevivieron a la dictadura pactando con el régimen, donde medraron e hicieron una riqueza que pasó de padres a hijos. Hoy son los nietos los que se benefician de sus herencias y quienes están al mando de estas empresas.
El gran punto de inflexión llegó en los años cincuenta. “El parque de viviendas estaba decrépito”, resume Rodríguez. El régimen respondió con tres herramientas: el control de alquileres, la vivienda de protección oficial (pisos con precio topado levantados sobre suelo cedido) y fuertes desgravaciones fiscales a la compra. Les sumó una novedad financiera, el crédito al promotor: los bancos podían prestar al constructor antes de que la vivienda estuviera terminada, y los compradores se subrogaban después en ese préstamo. Entre el franquismo y la Transición se levantaron así unos seis millones de viviendas protegidas, que “no se construyeron a partir de dotaciones presupuestarias, sino gracias a la financiación privilegiada que aportaron las cajas de ahorros y el crédito oficial”. Casi ninguna fue de alquiler.
Ese mercado no surgió solo. “La intervención estatal es brutal. Es un mercado totalmente construido por el régimen”, sostiene Palomera. El Estado pagaba un porcentaje importante de cada piso protegido, adquiría suelo para cedérselo a los promotores y los eximía de impuestos. Más del 60% de lo que se construía entonces era vivienda protegida. “No existía un sector promotor profesional. Es una red que crea el franquismo: una élite nueva, con una pata dentro del régimen y otra en este nuevo sector privado, que se enriquece muchísimo a través del control del Estado”. Rodríguez coincide: los promotores tenían el monopolio de la producción, y las viviendas se vendían por encima del precio máximo. “Siempre fue un régimen muy discrecional, que dio mucha libertad a los promotores e hizo que obtuvieran grandes beneficios”.
“Lo de Boyer fue ultraliberal”, resume Rodríguez, “se despreocupó completamente de la vivienda de protección oficial y estableció que los alquileres eran flexibles, que se podían modificar cada año”
La llegada de la democracia no cambió el guion. Los gobiernos socialistas mantuvieron los planes plurianuales de vivienda, que descansaban en la garantía de financiación y que durarían hasta 2013, pero en el alquiler apostaron por liberalizar el mercado. En abril de 1985, el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, aprobó el decreto que lleva su nombre: los nuevos contratos dejaban de prorrogarse de forma obligatoria y el casero podía actualizar la renta o no renovar al terminar el plazo pactado. “Lo de Boyer fue ultraliberal”, resume Rodríguez, “se despreocupó completamente de la vivienda de protección oficial y estableció que los alquileres eran flexibles, que se podían modificar cada año”.
El resultado fue tan dañino que el propio PSOE tuvo que enmendarse. La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, impulsada desde el ministerio de Josep Borrell con Cristina Narbona al frente de la política de vivienda, volvió a fijar una duración mínima de cinco años para los contratos. “Se corrigió porque se vio que con aquello el problema social se agravaba sustancialmente”, explica Rodríguez. Con retoques, es la regla que sigue vigente hoy. Fue una corrección, no un cambio de rumbo: la vivienda protegida siguió siendo, sobre todo, vivienda para comprar.
Acciona: los innovadores
En el caso de Acciona, su presidente es José Manuel Entrecanales Domecq. Nieto heredero del fundador en 1931 de la empresa que por entonces se llamó Entrecanales y Távora. Su abuelo José Entrecanales Ibarra tuvo una pequeña anécdota en la Guerra Civil, que contó Manuel Vicent en El País. Le apresó el bando sublevado junto a su cuñado Justino Azcárate, quien pertenecía a la Institución Libre de Enseñanza. Al contrario que este, fue puesto en libertad. “Yo estoy en el fondo de la caverna a mano derecha”, le dijo Entrecanales, que nunca se había metido en política, pero que tenía influencias. Desde entonces dejó para sus hijos un modelo a seguir: no casarse con nadie y llevarse bien con el poder.
Un modelo que se asentó durante los años de posguerra. Uno de los primeros proyectos que llevó a cabo es un arreglo de un canal de vertidos en un barrio de bien de Sevilla por encargo del Ayuntamiento. Para llevarla a cabo empleó mano esclava de al menos 250 presos políticos que se encontraban en el campo de concentración de El Colector. Décadas después, Acciona todavía presumía de aquella etapa en su web: en la posguerra, decía, la compañía había sido “muy activa” y se había consolidado como “una de las más innovadoras del país”. Antonio Maestre rescató esta frase en su libro Franquismo S.A., y hacia 2020 la empresa la borró de su página.
Aunque no fue la única que encontró en la mano de obra esclava una innovación con la que reducir costes y generar más riqueza. La constructora MZOV se benefició del sistema de redención de penas coordinado por el Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo, lo que proporcionaba mano de obra sumamente barata en condiciones extremas de explotación económica y represión política. MZOV se unió en los años 80 con Cubiertas y Tejados S.A., quién operó en el Sahara Occidental más de quince años hasta la descolonización. De esta unión surgió otra unión en 1997, esta vez con Entrecanales y Távora, para crear Acciona.
“Ahí pesa mucho el poder de mercado de los grandes actores. No son mercados competitivos. No es capitalismo, es capitalismo de amigos”, afirma Jaime Palomera
En este momento el presidente de la empresa era José María Entrecanales, padre del actual, y que, como resumen de su familiar regla de oro de no casarse con nadie, en una ocasión le preguntaron qué le parecía el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos (PP), y respondió: “Me parece el mejor hasta que llegue el próximo”. Sus relaciones con el gobierno de Felipe González también fueron muy buenos al pertenecer a la beautiful people, un grupo de empresarios de élite que mantuvo una estrecha relación con el Gobierno socialista.
En 2004 tomó la presidencia José Manuel Entrecanales Domecq, quien ha tenido que lidiar con escándalos mediáticos como la multa de la CNMC en 2022 de 29,4 millones de euros por haber pactado durante 25 años con otras constructoras la distribución de licitaciones públicas. Más recientemente, la empresa se ha visto involucrada en el “Caso Merino” en Navarra. Según la UCO, su exdirector en la región, Fernando Merino, habría sido el enlace con Koldo García en contratos por los que Ábalos y Koldo habrían cobrado 620.000 euros en presuntas mordidas para que Acciona obtuviera cinco contratos de obra pública. La causa sigue abierta en el Tribunal Supremo dentro del “Caso Cerdán”.
La multa de la CNMC no sorprende a Palomera. “Ahí pesa mucho el poder de mercado de los grandes actores. No son mercados competitivos. No es capitalismo, es capitalismo de amigos”, afirma. La construcción, la energía y las infraestructuras están en manos de un puñado de grandes corporaciones, a menudo las mismas, que llegan a ponerse de acuerdo para repartirse la siguiente licitación.
Ferrovial: el alférez que se fue a Ámsterdam
Uno de los grandes rivales de Entrecanales es la familia Del Pino, dueños de Ferrovial. Nace en 1952 a las puertas de un incipiente desarrollismo y de que Franco creara el Ministerio de la Vivienda que ocuparía José Luis Arrese. Rafael del Pino Moreno, fundador y abuelo, estudió en el Colegio del Pilar de Madrid. Nada más terminar el bachillerato estalló la Guerra Civil y se alistó como voluntario en el bando franquista. Alcanzó el grado de alférez provisional y teniente de complemento de Artillería. Años más tarde, antes de terminar la carrera de ingeniero en 1947, entró como ayudante de ingeniero en la empresa Vías y Construcciones, en la que llegó a director. Esta empresa hoy es filial de Dragados, perteneciente al grupo ACS, que preside Florentino Pérez.
Como director de Ferrovial consiguió contratos públicos con la administración y con RENFE, ya que en ese momento estaba especializado en vías y carreteras, aprovechando sus buenas relaciones con el régimen franquista. Incluso se llegó a casar con Ana María Calvo-Sotelo Bustelo, quien fuera hermana del expresidente del gobierno por UCD Leopoldo Calvo Sotelo, en 1955. Año en que Leopoldo trabajaba en el Banco Urquijo, entidad que hoy pertenece al Banco Sabadell. Además, años más tarde, su primo José María López de Letona y Núñez del Pino, fue ministro de Industria entre 1969 y 1974.
Para Palomera, esa cercanía era la norma y no la excepción: “Estamos hablando de una dictadura con unos niveles de corrupción elevadísimos, donde no había diferencia entre lo público y lo privado”. Es lo que, a su juicio, sigue definiendo el capitalismo de amigos: “La proximidad al poder político y al Estado, la capacidad de conseguir favores, licitaciones, encargos, y de incidir en lo que hace el Gobierno”.
En 1995 aumentaría su influencia y su bolsillo al absorber las histórica Agromán. El origen de esta se remonta a 1927. Co-fundada por el influyente empresario José María Aguirre Gonzalo, quien se sentó durante años entre los siete grandes banqueros de la España del franquismo y la Transición. Para redondear la biografía de Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, es la quinta persona española más rica del país con un patrimonio estimado en 7.800 millones de euros, según Forbes. Su hermana, María del Pino Calvo-Sotelo, que es una de las accionistas más importantes de la empresa y presidenta de la Fundación Rafael del Pino, es la novena persona más rica de España.
En febrero de 2023, Ferrovial anunció que trasladaba su sede a Países Bajos. La empresa de los Del Pino lo justificó como el paso necesario para cotizar en Wall Street. El Gobierno, en cambio, lo interpretó como una huida fiscal y acusó a Rafael del Pino de insolidario. Pese a la presión de Moncloa, los accionistas aprobaron la mudanza y en junio de ese año la matriz dejó de ser española. Un año después, Ferrovial debutó en el Nasdaq, la segunda bolsa de valores electrónica más grande del mundo.
Villa Mir: el ministro que compraba empresas
El tercer gran apellido de la obra pública es Villar Mir. Juan Miguel fue vicepresidente para Asuntos Económicos y ministro de Hacienda en el primer Gobierno de la monarquía, presidido por Carlos Arias Navarro, entre diciembre de 1975 y julio de 1976. Tras dejar el cargo, levantó un imperio comprando empresas en apuros con poco dinero y muchos contactos. La primera fue Obrascón, por una peseta, y en 1999 absorbió Huarte y Laín para fundar OHL. Con Huarte heredó también una historia que la compañía prefiere no contar. Huarte fue, junto a Estudios y Construcciones Molán, Banús y San Román (filial de Agromán, la misma que años después absorbería Ferrovial), una de las empresas que levantaron el Valle de los Caídos con mano de obra esclava.
Félix Huarte Goñi había fundado su constructora en Pamplona en 1927. La guerra le encontró en la ciudad desde la que el general Mola preparó el golpe, y Huarte eligió bando pronto. Su empresa fabricó armamento para los sublevados durante la contienda, y como empresario también aportó ayuda financiera a Franco. Terminada la guerra siguió prosperando, y en 1952 se sumó a las constructoras que levantaban el Valle de los Caídos con presos republicanos. En 1964 el régimen le concedió la Medalla al Mérito en el Trabajo, y ese mismo año dio el salto a la política. Fue procurador en Cortes y vicepresidente de la Diputación Foral de Navarra entre 1964 y 1971. Como la presidencia recaía en el gobernador civil, en la práctica él gobernaba. Llevó la institución con tanta mano de empresario que en Navarra empezaron a llamarla “Difonasa”, como si fuera una sociedad más del grupo.
Fuera de la Diputación, sus fábricas también tenían sus propias normas. Según La Marea, que te despidieran de Huarte equivalía a no volver a trabajar en la industria navarra: el empresario controlaba el sector y la Policía distribuía a petición suya listas negras de trabajadores. En 2014, el Gobierno de UPN de Yolanda Barcina le concedió a título póstumo la Medalla de Oro de Navarra con el apoyo del PP. En 2022, el Gobierno central le retiró la Medalla al Mérito en el Trabajo en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. La de Navarra, en cambio, sigue en su sitio: el Gobierno de la socialista María Chivite se negó a retirarla con un argumento técnico, y es que Huarte no figuraba en el censo de símbolos franquistas que el propio Ejecutivo foral había asumido en 2017.
Si a Huarte lo condecoró el franquismo, a Villar Mir lo ennobleció la monarquía. Su amistad con Juan Carlos I empezó a forjarse en los años setenta a través de Emilio Botín y de Manuel Prado y Colón de Carvajal, administrador del rey. Esa cercanía tuvo recompensa: en 2011 el monarca le concedió el título de marqués de Villar Mir. Dos años después, Botín lo sentó en el consejo del Santander, donde permaneció hasta finales de la década.
De esa continuidad habla Palomera. Las compañías cambiaron de nombre y se modernizaron, pero “seguían teniendo un papel muy importante los herederos de la fórmula original que se plantea durante el régimen franquista. Y no solamente en el sector inmobiliario y de la construcción, también en el financiero”.
En los últimos años, Villar Mir pasó casi tanto por los juzgados como por las juntas de accionistas. Figuró en los papeles de Bárcenas con 530.000 euros en entregas al PP. También fue investigado por el amaño del hospital de Son Espases y, en el caso Lezo, por una presunta comisión de 1,4 millones a Ignacio González a cambio del tren de Navalcarnero. Nunca fue condenado: todas las causas se archivaron o sobreseyeron para él. En 2016, cercado por los escándalos, cedió la presidencia de OHL a su hijo, Juan Villar Mir de Fuentes. La deuda hizo el resto. En 2020 entraron en el capital los hermanos Amodio, y en 2023 la familia vendió su última participación en la constructora, hoy rebautizada como OHLA. Al año siguiente Juan Miguel Villar Mir falleció a la edad de 92.
El suelo: de los rascacielos de Franco a la quiebra
Si las constructoras se hicieron con la obra pública, las inmobiliarias se quedaron con el suelo. En Madrid, la historia empieza con los hermanos Otamendi. En 1918, con el respaldo del Banco de Vizcaya, fundaron la Compañía Urbanizadora Metropolitana para urbanizar los terrenos que abría el nuevo metro, y en 1935 crearon su hermana, la Compañía Inmobiliaria Metropolitana. Fue esta la que levantó los dos símbolos del Madrid de Franco: el Edificio España (1953) y la Torre de Madrid (1957), entonces los rascacielos más altos de Europa. En 1946 el mismo banco impulsó Inmobiliaria Vasco Central (Vacesa) para comprar solares y construir pisos de alquiler. Las tres compañías se fusionaron en 1989 y nació Metrovacesa, que llegó a ser la mayor inmobiliaria del país. La burbuja casi la entierra: en 2009 sus dueños, la familia Sanahuja, tuvieron que entregar el control a la banca acreedora, encabezada por el Santander. Hoy sigue operando, centrada en la promoción residencial.
“Si conviertes el suelo en un bien de mercado y en un activo, a la larga siempre va a tender a encarecerse, y eso es un problema para todo el mundo”: Jaime Palomera
La lógica de aquellas promotoras ya era la de hoy. Palomera, que ha rastreado la hemeroteca de la época, recuerda cómo se anunciaban en los sesenta los nuevos polígonos de los barrios obreros, “por cierto, de muy mala calidad”: compre ahora y asegúrese una plusvalía en el futuro. La vivienda como fuente de rentas no llegó con el neoliberalismo de los ochenta; ya estaba en el franquismo. Y con ella, el problema de fondo: “Si conviertes el suelo en un bien de mercado y en un activo, a la larga siempre va a tender a encarecerse, y eso es un problema para todo el mundo”.
Otra pieza clave del urbanismo madrileño fue Urbis, fundada en 1944, en plena posguerra. Diseñó y construyó barrios enteros, como el del Niño Jesús o el entorno de la Avenida de América, y atravesó la Transición como un gigante residencial. En 2006 la compró el grupo Reyal, justo antes de que estallara la burbuja, y Reyal Urbis acabó protagonizando una de las mayores quiebras de la historia de España, con una deuda superior a los 4.600 millones de euros.
Algo parecido le ocurrió a Vallehermoso, nacida en 1953 al calor de los planes de vivienda del régimen y especializada en pisos para la clase media-alta. En 2003 se fusionó con Sacyr, y la crisis de 2008 obligó al grupo a desmantelarla para salvar el negocio de infraestructuras. Otras promotoras familiares nacidas en los años sesenta, como Pryconsa o Grupo Lar, siguen en activo; la segunda, ahora volcada en centros comerciales y alquiler.
Con la crisis de 2008 se acumularon pisos terminados o a medio construir que nadie compraba: “Llegamos a tener unas 600.000 o 700.000 viviendas vacías”.
Las quiebras de la burbuja tienen que ver con la misma herramienta que hizo ricas a estas empresas: el crédito al promotor. “Si las viviendas no se venden, el promotor se queda sin poder pagar el préstamo al banco, y el banco pierde”, explica Rodríguez. Con la crisis de 2008 se acumularon pisos terminados o a medio construir que nadie compraba: “Llegamos a tener unas 600.000 o 700.000 viviendas vacías”. Es el agujero por el que, años después, entrarían los fondos.
Barcelona: oficinas en París, chaflanes en el Eixample
En Barcelona, el desarrollismo tuvo nombre de alcalde y de constructor. Josep Maria de Porcioles gobernó la ciudad entre 1957 y 1973 y abrió la puerta a una fiebre constructora que se llevó por delante parte del patrimonio modernista. Su gran beneficiario fue Josep Lluís Núñez, que, junto a su mujer, María Luisa Navarro, levantó Núñez i Navarro. La empresa se hizo famosa por reconvertir los chaflanes del Eixample en bloques casi idénticos para abaratar costes. Núñez presidió el FC Barcelona entre 1978 y 2000, y en 2014 entró en prisión junto a su hijo, condenado por sobornar a inspectores de Hacienda. La empresa sigue operando.
La otra gran inmobiliaria barcelonesa es Colonial, fundada en 1946 a partir del patrimonio de suelo y edificios del Banco Hispano Colonial. Durante el franquismo se consolidó como una de las grandes patrimonialistas y en los sesenta ejecutó proyectos como Barcelona 2, con más de un millar de viviendas y locales en alquiler. Tras la Transición pasó por varias manos bancarias, entre ellas La Caixa, una entidad presidida por Juan Antonio Samaranch, que en la dictadura había sido procurador en Cortes, concejal y presidente de la Diputación de Barcelona. Entre uno de sus consejeros estaba Alfonso Cortina, expresidente de Repsol e hijo de Pedro Cortina Mauri, el último ministro de Asuntos Exteriores de Franco. En 2014 Villar Mir se convirtió en primer accionista de la empresa. Hoy Colonial cotiza en el IBEX 35 como SOCIMI, dedicada en exclusiva al alquiler de oficinas de lujo en Madrid, Barcelona y París.
La ciudad de Porcioles y de Núñez es hoy, paradójicamente, uno de los pocos lugares donde Julio Rodríguez ve la política de vivienda “por buen camino”. La Ley de Vivienda de 2023, que para él “es más bien un compromiso de política de vivienda que una política en sí”, permite controlar los alquileres en las zonas de mercado tensionado, pero deja en manos de las comunidades autónomas declararlas, y la mayoría de las gobernadas por el PP se niegan a hacerlo. En la práctica, solo Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias lo aplican. Cataluña, además, mantiene la condición de vivienda protegida de forma prácticamente indefinida.
En el resto de España, esa protección caduca: pasado un plazo, el piso se descalifica y sale al mercado libre. “En alguna autonomía es todavía de tres años; Madrid está ahora mismo en quince”, apunta Rodríguez. La ley quiso que la protección fuera permanente, pero el Tribunal Constitucional anuló ese artículo y devolvió la decisión a las autonomías. “Esto le quita una gran potencia social a la vivienda de protección oficial”. En Baleares, señala Palomera, el plazo es de siete años: “Te toca una vivienda protegida y a los siete años puedes venderla al precio que te dé la gana”.
Los Franco: cuando la vaca deja de dar leche
Y quienes se llevan la palma, así como todo lo demás, es la familia Franco. Durante la dictadura, la familia del dictador fue armando una red de sociedades para administrar un patrimonio hecho de fincas, edificios en Madrid, pazos y aparcamientos. Esa estructura sobrevivió a la Transición. Carmen Franco, hija del dictador, murió en 2017, y en esos cuarenta y dos años, ella y sus siete hijos han ido vendiendo buena parte de sus posesiones. Entre ellas está el edificio del número 8 de la calle Hermanos Bécquer de Madrid, que fue la residencia familiar después de salir del Palacio de El Pardo. Allí murió dormida en febrero de 1988 Carmen Polo, viuda del dictador y señora de Meirás.
Ese edificio del barrio de Salamanca fue algo más que una casa. Durante años fue la sede de las principales empresas familiares que heredaron los hermanos Martínez-Bordiú Franco a la muerte de su madre, todas ellas especializadas en el sector inmobiliario para gestionar todo su patrimonio. Una de ellas es Sargo Consulting SL, constituida en noviembre de 2002 y domiciliada en la casa familiar de Hermanos Bécquer. En 2021 la absorbió Fiolasa, una de las sociedades de Francis Franco, el nieto que firma como administrador en buena parte del entramado. También figura en Tabacmesa, Pristina y Montecopel. Su hermana Mariola Martínez-Bordiú aparece al frente de CM 16, creada en 1997, y tiene el 20% de Breda Capital.
Mantener el palacete costaba demasiado y los nietos intentaron venderlo en 2019, sin conseguirlo. Lo ofrecían por más de 55 millones de euros. Así que optaron por promover vivienda de lujo. La operación pasó a la siguiente generación. Según Vozpópuli, detrás están los hermanos Ardid Martínez-Bordiú, hijos de la nieta del dictador Mariola Martínez-Bordiú. Los bisnietos Francisco de Borja y Jaime operan con mucha discreción a través de la sociedad ARD V53. El edificio se ha convertido en siete viviendas a casi 16.000 euros el metro cuadrado, más de 7 millones por piso, con un ático de 700 metros cuadrados que supera los 12 millones. Los siete pisos se vendieron muy rápido y por más de 70 millones de euros, antes incluso de que acabaran las obras.
En Galicia, la herencia ha tenido peor suerte. En 2020, un juzgado de A Coruña ordenó a la familia devolver el Pazo de Meirás al declarar nula la compraventa de 1941, que consideró una simulación en la que Franco no pagaba nada. En marzo de 2026, el Supremo lo confirmó de forma definitiva, aunque reconoció a los nietos el derecho a ser indemnizados por los gastos de mantenimiento durante su estancia allí. Aun así, conservan la Casa Cornide, un palacete del siglo XVIII en el centro de A Coruña, y la casa natal de Franco en Ferrol, para la que han solicitado licencia de pisos turísticos.
Cuántos inmuebles controlan exactamente es difícil de saber, porque todo pasa por sociedades. A la muerte del dictador, en 1975, la familia tenía 22 propiedades inmobiliarias, entre ellas una fortaleza del siglo VIII, un chalet en Miami y posesiones en Madrid, Guadalajara, A Coruña o Málaga. Cuatro décadas después, la cifra se había multiplicado. En 2019, una investigación de El País contó 21 sociedades con un patrimonio neto de 102,5 millones de euros y 258 propiedades, sobre todo plazas de garaje, viviendas y fincas.
El mayor propietario era Francis: su red sumaba 44,7 millones y 225 propiedades, incluidas 18 viviendas, una de ellas de 349 metros en la calle Serrano. La estrategia la había resumido años antes su padre, el marqués de Villaverde, Cristóbal Martínez-Bordiú, que en 1988 dijo que si la vaca no da leche, habrá que vender la vaca. Desde entonces los Franco han preferido dejar los palacios y apostar por lo más rentable: promoción de viviendas, pisos de alquiler, aparcamientos en Madrid e incluso pisos turísticos.
“Si en España tenemos solo un 2% de viviendas sociales y en Europa hay un 9%, para igualarse a la media europea harían falta alrededor de un millón de viviendas sociales en alquiler”: Rodríguez.
Es exactamente el tipo de vivienda que no falta. Según Rodríguez, España arrastra dos déficits. Uno de cantidad: se crean unos 200.000 hogares al año y se construyen menos de 100.000 viviendas, muchas de ellas segundas residencias o pisos turísticos, inasequibles para los hogares con menos ingresos. Y otro de vivienda social: “Si en España tenemos solo un 2% de viviendas sociales y en Europa hay un 9%, para igualarse a la media europea harían falta alrededor de un millón de viviendas sociales en alquiler”.
Los mismos de siempre
Palomera lo explica con un juego de mesa. Entre los años cincuenta y 2008, con ayudas al promotor o desgravaciones a la compra, casi todo el mundo pudo acceder a una vivienda en propiedad a través de la hipoteca. “Es la primera fase de la partida de Monopoly, en la que parece que todo el mundo está contento porque puedes ir comprando tus primeras propiedades”. Desde 2008 estamos en la segunda: “Algunos actores empiezan a tener más propiedades que el resto, y los que no tienen ese poder se empobrecen”. Quien no tiene patrimonio paga un alquiler a quien ya lo tiene, y esas rentas sirven para comprar más. “Por mucho que trabajes, si dependes de tu salario no te vas a poder comprar una casa, a no ser que tengas unos padres con dinero”. Él lo llama heredocracia: “En el momento en el que tu esfuerzo no define tu futuro, y lo que lo define es la familia en la que has nacido, ya no es una meritocracia, es una heredocracia”.
Y en una heredocracia, quienes más crecen son los grandes propietarios, los herederos de las viejas estructuras. El riesgo, advierte Palomera, va más allá de la vivienda: “La concentración de poder en forma de patrimonio no solo implica poder económico, sino poder a secas, poder político para decidir sobre cuestiones que afectan a todos. Eso pone en riesgo la misma noción de democracia”.
Los fondos buitre llegaron hace poco más de una década y se irán cuando deje de salirles a cuenta. Los otros no se han ido nunca. Hoy en día, el patrimonio neto de la familia Entrecanales se estima en aproximadamente 8.405 millones de euros. La familia Del Pino cuenta con un patrimonio conjunto estimado en 18.250 millones de euros, posicionándose como la segunda saga familiar más rica de España. Los Villar Mir llevan un marquesado que les dio el rey. Félix Huarte, que levantó el Valle de los Caídos con presos republicanos, conserva la Medalla de Oro de Navarra. Los Núñez siguen construyendo en el Eixample. Y los bisnietos de Franco venden a 16.000 euros el metro cuadrado los pisos de la casa donde murió Carmen Polo, mientras la media española, según el Ministerio de Vivienda, supera los 2.300.