Francia – Un gobierno contra las cuerdas. [Léon Crémieux]

Movimiento social en Francia. Un gobierno contra las cuerdas

Viento Sur, 31-10-2026

Correspondencia de Prensa, 1-11-2026

En pleno periodo de movilización popular, en vísperas de las manifestaciones del 24 de octubre, un criminal racista, impulsado por las consignas islamófobas del Rassemblement National y del resto de la derecha y la extrema derecha, intentó cometer un crimen masivo en Trappes, una localidad popular de Yvelines, en las afueras de París. Este asesino protagonizó varios tiroteos con una pistola ametralladora y logró matar a un hombre, Pengo Bossio Wangi, un francés negro de 26 años, e hirió a otras siete personas, varias de ellas de gravedad, en particular a una niña de 12 años que llevaba un fular en la cabeza. El asesino declaró haber apuntado deliberadamente a personas que le parecían «norteafricanos o africanos negros». Residente en otro municipio de Yvelines, Plaisir, eligió deliberadamente la ciudad de Trappes. Según una investigación realizada entre su entorno, se alimentaba de las redes sociales y de vídeos racistas, inclinándose en un primer momento hacia el odio a los judíos (con los vídeos de Soral y Dieudonné ¹), y soñando con asesinatos como los cometidos en 2015 contra clientes judíos del Hyper Cacher, un supermercado a las afueras de París. Posteriormente, se orientó hacia el odio hacia la población árabe, reivindicando su simpatía por el Rassemblement National. Así, él mismo había mandado imprimir material militante con carteles con el logotipo del RN.

Desde hace más de 30 años, el FN y posteriormente el RN se han centrado sistemáticamente en los municipios populares, donde viven familias originarias del Magreb o del África subsahariana: Roubaix, Saint-Denis, Trappes, Vénissieux, Vaulx-en-Velin, los barrios del norte de Marsella… Todas ellas zonas sin ley para muchos medios de comunicación y responsables políticos. En 1996, Jean-Marie Le Pen proclamaba: «Os hemos devuelto Argelia, ¡devolvednos Roubaix!». Veintiséis años después, Marine Le Pen decía: «Si dejamos que esto siga así, mañana habrá cien, y luego 10 000, ciudades como Roubaix. Por lo tanto, objetivamente, hay una urgencia». Trappes se ha convertido, en la región parisina, en el principal objetivo de esta repugnante campaña racista. En 2021, Marine Le Pen escribía en Twitter: «En 30 años, Trappes se ha convertido en un territorio perdido de la República, bajo el peso de una inmigración masiva. La inmigración masiva ha sido el motor del auge del islamismo en nuestro país». Jordan Bardella fue aún más lejos en varias ocasiones, especialmente en 2022, tras la elección como alcalde de Ali Rabeh, candidato de Génération-s ²: «Trappes es una pequeña República Islámica en miniatura».

Este drama se ha producido en un contexto en el que estos discursos de los actuales dirigentes del RN pueden difundirse en los medios de comunicación sin provocar las reacciones que aún suscitaban las declaraciones de Jean-Marie Le Pen en los años noventa. La razón es sencilla. La clase política dirigente, en su gran mayoría, asume ahora que la extrema derecha, el RN, es una fuerza política respetable con la que se pueden forjar acuerdos de gobierno y que incluso, como en Italia, puede asumir la dirección de un gobierno. Esto implica, evidentemente, romper definitivamente con lo que queda de las prácticas —establecidas desde hace décadas y más o menos asumidas por la derecha— de aislar al RN y de rechazo a cualquier alianza con él. Este dique contra el RN (del que se había beneficiado Macron en dos ocasiones para ser elegido en las presidenciales de 2017 y 2022) había vuelto a funcionar en las legislativas de 2024, permitiendo, gracias a numerosas renuncias, evitar una mayoría de diputados del RN en la Asamblea Nacional. Pero, en esas elecciones fueron el Nuevo Frente Popular y La France Insoumise quienes se beneficiaron de esa fase, y tanto la derecha como los macronistas se vieron desestabilizados ante la presencia de una mayoría relativa contraria a la austeridad en la Asamblea Nacional. Desde entonces, en los dos últimos años se ha visto cómo, en los medios de comunicación y en la macronia, se ha difundido un mantra obsesivo, que asocia a LFI y a Mélenchon con el antisemitismo, la violencia y el riesgo para la democracia, al tiempo que legitima a RN. Ostracismo, insultos y demonización de La France Insoumise para difundir este mantra y crear entre el mayor número posible de personas un reflejo pavloviano que, ante la mera mención de LFI o de Mélenchon, provoque un sentimiento de repugnancia y rechazo.

Esto ha surtido cierto efecto en el Partido Socialista, ya que, apenas dos años después de la alianza victoriosa del NFP en 2024 (y a pesar de que desde entonces no ha existido ningún acontecimiento político importante que lo justifique), un gran número de responsables llegan a afirmar que sería impensable retirarse a favor de Mélenchon o de un candidato de LFI frente al RN en las próximas elecciones. Esta obsesión, esta verborrea contra LFI, que antes era principalmente propia de CNews –el canal de propaganda del multimillonario Bolloré–, se ha extendido ampliamente al resto de los medios de comunicación. Así pues, se ha establecido una simetría entre los certificados de respetabilidad que se otorgan sin cesar al RN, el partido del orden (borrando cuidadosamente todos los insultos y provocaciones racistas, así como las raíces profundamente arraigadas que vinculan a este partido con el fascismo y sus obsesiones criminales), y los anatemas que excluyen a LFI de la comunidad democrática.

La tragedia de Trappes ha sacudido profundamente este sistema repugnante, a través del cual se ha extendido una cobarde complacencia, cuando las palabras y las consignas racistas acaban de matar y han estado a punto de provocar una matanza masiva, ya que el asesino utilizó 128 balas en su tiroteo. Esto ha generado una amplia movilización entre la población, con muestras de solidaridad en la propia Trappes al día siguiente del atentado, mientras que en Orléans una manifestación de 26 000 personas contra el congreso del Rassemblement National reforzaba sus filas y su voluntad de crear un frente contra el RN y una verdadera unidad de las fuerzas sociales y políticas de izquierda. A esto le siguió una concentración de 12 000 personas en Trappes el 30 de octubre.

A pesar de ello, con un cinismo sin límites, Macron y Lecornu condenaron, es cierto, el atentado de Trappes, pero Lecornu se atrevió a comparar la muerte de Pengo Bossio Wangi con la del militante neofascista Quentin Deranque, que sucumbió a las heridas en la cabeza sufridas durante el enfrentamiento entre su grupo y militantes de izquierda. Por su parte, Macron persistió en esa simetría al comparar el racismo criminal de la extrema derecha con el supuesto antisemitismo de la izquierda. Hacer esto equivale a borrar deliberadamente el peligro mortal que representa la extrema derecha.

Desde entonces, evidentemente, los medios de comunicación y el Gobierno intentan silenciar este drama que, sin embargo, debería obligar a poner fin a las expresiones y los insultos islamófobos. Como dice Ali Rabeh, alcalde de Trappes, el racismo, la islamofobia y la teoría del gran reemplazo no son ideas ni opiniones, sino delitos que deberían tratarse como tales para acabar con la banalización de estas ideas que conducen a la discriminación, al racismo cotidiano, a los insultos y a los asesinatos. Afirmar que los judíos dirigen el mundo está, con razón, tipificado como delito por la ley contra el antisemitismo. ¿Acaso la afirmación de que la población árabe y negra van a sustituir a la blanca en Francia es menos delito?

En este contexto, desde el 17 de octubre, Macron y su Gobierno se encuentran frente a una prueba de fuerza en las calles, con dos nuevas jornadas de manifestaciones a gran escala: los días 24 y 31 de octubre —que, a pesar de las prohibiciones y la campaña de miedo, reunieron a 800 000 y  500 000 personas, respectivamente– y la proximidad del 5 de noviembre, gran jornada de movilización convocada por los sindicatos desde hace un mes y a la que se suman los Chalecos Amarillos y las organizaciones juveniles.

En la práctica, el Gobierno está creando un clima de violencia y represión, describiendo al país como al borde del caos, a merced de hordas de la extrema izquierda. Por ello, desde hace quince días, los medios de comunicación no dejan de mostrar, una y otra vez, escenas de violencia urbana, testimonios de policías que describen sus preparativos para que reine el orden, comerciantes que denuncian el saqueo de sus tiendas… y la necesidad de que reine el orden.

En nombre de la libertad de comercio y de la protección de los comerciantes, se prohibieron numerosas manifestaciones los días 24 y 31 de octubre, se impusieron recorridos alejados de los centros urbanos y se establecieron toques de queda locales; y en nombre del riesgo de disturbios, el ministro del Interior dictó órdenes de arresto domiciliario y prohibió manifestarse a activistas ecologistas o sindicales, aplicándoles medidas que, según la ley, entran dentro del ámbito de la lucha contra el terrorismo. Asimismo, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, impuso la ampliación a 72 horas de la detención preventiva de los jóvenes detenidos, incluidos los menores, ampliaciones previstas por la ley únicamente en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada.

Frente a ello, cuatro relatores de la ONU publicaron observaciones y recomendaciones el 28 de octubre, mostrándose consternados por la represión de las manifestaciones estudiantiles. «El uso de la fuerza, la violencia y las detenciones masivas no son respuestas adecuadas a un movimiento social de protesta…” ³. Todas estas desviaciones jurídicas, estas decisiones excepcionales, reflejan el callejón sin salida político de un Gobierno acorralado, que busca sofocar el movimiento, desacreditarlo y, sobre todo, infundir miedo multiplicando por diez la represión. Sin embargo, esta represión, este clima de angustia y las numerosas mutilaciones de ojos, brazos o mandíbulas que han sufrido muchos jóvenes contrastan con el carácter alegre y humorístico de las consignas de las pancartas y las canciones que salpican las marchas juveniles, a pesar de los gases lacrimógenos y las porras. Esta serenidad alegre, pero sería en sus reivindicaciones, se encuentra en las antípodas de un Gobierno contra las cuerdas que busca por todos los medios salir de la trampa en la que hoy le ha encerrado el movimiento.

Su respuesta, cada vez más centrada en la seguridad y la represión, se debe precisamente a que se encuentra acorralado y no quiere cuestionar una política económica totalmente orientada al servicio de los intereses de los grandes grupos empresariales ni una política social destinada a desmantelar los servicios públicos y los sistemas sociales. En su proyecto de presupuesto para el 2027, Lecornu propone una vez más recortar las ayudas para la vivienda (APL), las prestaciones familiares y las pensiones; en definitiva, prestaciones que normalmente reciben los trabajadores y trabajadoras a partir de la parte social de su salario, pero que, desde 1995, son absorbidas por el presupuesto del Estado. A cambio, recibe una violencia en las calles que es reflejo de la que ejerce su policía y de la violencia social cotidiana que su política inflige a millones de hombres y mujeres de las clases populares.

Macron y Lecornu recurren a la policía (y quizá pronto al Ejército) para proteger una política de clase y a los pequeños comerciantes, cuya protección se ha tomado como un pretexto virtuoso, utilizando cínicamente una categoría social que –en lo que respecta a las auténticas tiendas artesanales y comercios independientes– es igualmente despreciada por el poder macroniano. Lejos de recibir el mismo trato que los grandes grupos capitalistas con los que a veces se sienten solidarios, las pequeñas empresas artesanales y los comercios minoristas y de proximidad (con menos de tres empleados) ven cómo su situación se deteriora año tras año: 14 162 quiebras en 2025, un 5 % más que en 2024. Estos comercios suelen verse muy afectados por la caída del poder adquisitivo, el comercio en línea y el desarrollo de centros comerciales en torno a las grandes cadenas y fuera de los centros urbanos. Estas consecuencias de las políticas ultraliberales son mucho más destructivas que las 1160 tiendas de los centros urbanos de París (muchas de las cuales pertenecen a grandes grupos), Marsella y Burdeos, que se han visto gravemente afectadas por los actos de vandalismo y los saqueos.

No obstante, tras haber tratado con desprecio y violencia al movimiento de estudiantes de secundaria surgido en los barrios populares, y tras la generalización del movimiento a toda la juventud escolarizada en octubre, la fuerza del 17 de octubre obligó al Gobierno a entreabrir la puerta a algunas concesiones. Estas se anunciaron el 26 de octubre. Y, al mismo tiempo, esto da lugar además a un comportamiento esquizofrénico, por ejemplo, en la actitud hacia las redes sociales. El 17 de octubre, el medio digital Blast reveló una carta de Lecornu enviada a los directivos de los cuatro proveedores de acceso a Internet (FAI) —Orange, Bouygues, Free y SFR—, en la que les pedía que estuvieran preparados para cortar el acceso a TikTok, Snapchat e Instagram el día de la manifestación del 24 de octubre: «Solicito que, si doy la orden, se proceda sin demora a la suspensión temporal de los servicios en cuestión». Lecornu también pedía «mantener la confidencialidad necesaria para la preparación de esta medida” ⁴. Evidentemente, se alegaban los riesgos de que se convirtieran en «herramientas de coordinación operativa de la violencia». Con una actitud cautelosa, unas horas antes de recibir a las organizaciones juveniles, Lecornu, junto con el ministro de Educación Nacional y el de Educación Superior, se reunió con ocho influencers para que difundieran las medidas anunciadas para la juventud, incluso antes de recibir a las propias organizaciones juveniles, con la esperanza de eludirlas. Sin embargo, el día anterior, durante su visita a Marsella, Macron no dudó en afirmar: «Las redes sociales están dañando nuestra sociedad».

Esta miserable maniobra, que pone de manifiesto un desprecio cínico hacia las organizaciones juveniles, no ha durado mucho. Los influencers se negaron a desempeñar su papel de lacayos.

Los anuncios de Lecornu reflejan, evidentemente, en primer lugar, la relación de fuerzas creada por el movimiento y su legitimidad entre toda la población, una relación de fuerzas impuesta tras siete semanas de movilización y de presentar respuestas a las reivindicaciones planteadas. Sin embargo, si se comparan con la situación en los centros educativos y las consecuencias para cientos de miles de jóvenes, tanto antes como después del bachillerato, estos anuncios no son más que una cortina de humo que demuestra, una vez más, hasta qué punto este Gobierno toma a las y los jóvenes por imbéciles o por sindicalistas crédulos, ya que, como decían varios políticos, «las promesas solo comprometen a quienes creen en ellas».

El movimiento de estudiantes de secundaria y universitarios exigía una ampliación presupuestaria inmediata de 10 000 millones en 2027 para los institutos y las facultades (si bien AES-Plus jamais ça ⁵ cifra, por otra parte, en 50 000 millones la dotación necesaria para renovar y adaptar las instalaciones).

Pero, en definitiva, tras los anuncios a bombo y platillo del 26 de octubre («el Gobierno destina entre 5000 y 6000 millones al presupuesto», declaró Lecornu), la cifra real representa, según los cálculos del principal diario económico, Les Echos ⁶, una partida presupuestaria de… 500 millones para el presupuesto de 2027, ¡es decir, más de diez veces menos!

El Gobierno anunció:

-4000 millones en forma de préstamos a tipos reducidos concedidos a las regiones por el Banco de los Territorios. Se trataría, por tanto, de préstamos contraídos por las regiones, sin ninguna ampliación presupuestaria por parte del Estado.

-1000 millones para financiar la renovación de las universidades… de aquí a 2029, es decir, 200 millones para 2027.

-15 000 plazas adicionales en la enseñanza superior (en el presupuesto de 2027, 190 millones), mientras que las organizaciones juveniles reclaman 150 000 plazas, es decir, 10 veces más para que cada joven que haya aprobado el bachillerato pueda tener una plaza en la enseñanza superior.

Por otra parte, en lo que respecta a Parcoursup, lejos de suprimir la plataforma de selección universitaria, tal y como solicitan las organizaciones juveniles, la FSU y Sud Education, el Gobierno aplaza hasta 2028 algunas modificaciones que no le comprometen a nada, y hace lo que mejor sabe hacer: crear grupos de trabajo. De lo contrario, ¡la selección se mantendría tal cual, con solo una explicación por escrito del motivo de las denegaciones!

El único avance más concreto son 1200 puestos de profesor en los BTS (Brevet de technicien supérieur, dos años de estudios tras el bachillerato) y 500 puestos en secundaria para alcanzar una ratio de 28 alumnos por clase en el 50 % de los institutos más desfavorecidos. La iniciativa permitiría, por tanto, frenar la supresión de puestos, pero, con un profesor adicional por cada siete institutos, estamos muy lejos de lo necesario para alcanzar una ratio de 25 alumnos por clase en la enseñanza secundaria general y tecnológica, y de 20 en los institutos de educación prioritaria y formación profesional, tal y como reclaman los sindicatos de docentes.

En definitiva, como era de esperar, el Gobierno no se mueve. ¡A una petición de 10 000 millones, responde con 500 millones de euros! Para él, es impensable cuestionar los 270 000 millones de euros ofrecidos a los capitalistas, en su mayoría grandes grupos empresariales. Ni hablar de someter al impuesto sobre la renta a los 13 000 hogares fiscales de millonarios que están exentos de él, ni de gravar a las 500 mayores fortunas de este país, que han multiplicado por 14 su patrimonio en los últimos 30 años y que hoy asciende a 1128 billones de euros.

Pero en adelante, los trabajadores y trabajadoras, los colectivos en huelga el 5 de noviembre, no exigirán 10 000 millones. Exigirán la revalorización salarial para compensar el retraso acumulado desde la pandemia de la covid-19 y la fuerte inflación en los precios de los alimentos y los combustibles, y los presupuestos de miseria, no solo para la Educación Nacional, sino también para los hospitales y los servicios públicos. Es esta relación de fuerzas para imponer estas exigencias la que se está forjando de cara al 5 de noviembre.

Llegar a un enfrentamiento generalizado, a una verdadera huelga general en los próximos días, es evidentemente necesario para ajustar cuentas con las políticas de Macron. No va a ser fácil, dado que este Gobierno está acorralado y sin aliento, refugiado tras los escudos de la CRS [Policía antidisturbios]. A Nuñez y a otros como Manuel Valls les gusta afirmar que solo «el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima», citando parcialmente al filósofo inglés del siglo XVII Thomas Hobbes y al sociólogo alemán del siglo XIX Max Weber. Para Max Weber, esta «legitimidad» provenía del hecho de que la población aceptaba la autoridad estatal»; o, dicho de otro modo por Thomas Hobbes, esta legitimidad provenía de un contrato social con la población, que aceptaba la validez de la autoridad en el marco de dicho contrato. Así pues, para ellos no era tanto la violencia la que era légitima, sino el propio Estado, cuya legitimidad se reconocía en el marco del contrato social… El problema es que Macron carece por completo de legitimidad, al imponer un gobierno y una política que cuentan con un apoyo muy minoritario en este país.

Notas