El Pitazo, 14-10-2026
Correspondencia de Prensa, 14-10-2026
El Discurso de Delcy Rodríguez sobre el «hambre cero» contrasta con el control social ejercido desde los Clap
Mientras la encargada de la administración en Venezuela, Delcy Rodríguez, defiende la gestión alimentaria del Gobierno ante la FAO en Roma, los reportes técnicos de Cáritas, las denuncias presupuestarias de Carlos Paparoni y las investigaciones de El Pitazo revelan la fragilidad nutricional del país, la manipulación de los programas comunitarios con fines electorales y el impacto irreversible en la infancia.
Las declaraciones emitidas por la encargada de la administración en Venezuela Delcy Rodríguez durante el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO, celebrado en Roma, han abierto un debate entre las promesas gubernamentales y los registros de las organizaciones que evalúan la seguridad alimentaria en el terreno.
En el evento internacional, Rodríguez anunció el 12 de octubre la puesta en marcha del plan “Venezuela Alimenta” con la meta de alcanzar el estándar de «hambre cero» para el año 2030, y afirmó que el indicador de subalimentación en el país se sitúa en un 3%, un nivel equivalente al de naciones industrializadas.
Ante los periodistas, Rodríguez también defendió la gestión estatal asegurando que Venezuela es “un país que supo llegar a su meta de hambre cero y luego tuvimos todo el proceso derivado de las sanciones y hoy estamos mostrando importantes avances con ese objetivo nuevamente de volver a hambre cero”
Sin embargo, las voces expertas dentro del territorio nacional ofrecen un panorama distinto, fundamentado en la falta de estadísticas públicas desagregadas, el encarecimiento de la cesta básica y el uso de los programas de alimentación como herramientas de presión ciudadana, en este caso, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), el programa insignia de distribución de comida diseñado por el chavismo, un modelo político que lleva 27 años en el poder.
El vacío de datos y las contradicciones de las cifras
La afirmación oficial sobre un índice de subalimentación tan bajo ha sido cuestionada por especialistas debido a que los propios organismos internacionales muestran datos totalmente distintos.
Susana Raffali, nutricionista y defensora de derechos humanos con amplia trayectoria en asistencia humanitaria, utilizó su cuenta en la red social X para señalar que una tasa del 3% implicaría que la población subalimentada en el país no llega al millón de personas. Sin embargo, el clúster de seguridad alimentaria de las propias Naciones Unidas mantiene requerimientos financieros de gran envergadura para atender de manera urgente a 2,2 millones de venezolanos en el terreno.
“Se leyeron avances, pero el renglón de Venezuela en los reportes de la situación alimentaria del mundo sigue vacío para inseguridad alimentaria, desnutrición aguda, lactancia materna y acceso a dietas saludables”, advierte Rafalli, miembro del equipo de investigadores de Cáritas Venezuela.
La experta enfatiza que el Estado venezolano acumula más de una década sin enviar datos fiables ni rigurosos a la FAO, lo que expone a las agencias internacionales a severas inconsistencias y compromete la eficacia de los planes asistenciales. “El gran drama de no usar datos fiables sobre la alimentación es el riesgo de que el plan fundamentado así no resulte relevante para resolver el hambre que sí es verdadera”.
En las calles venezolanas, la presión económica también desmiente los avances presentados en el extranjero por Delcy Rodríguez. Según estimaciones del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), una familia de cinco integrantes requería en agosto 755 dólares mensuales únicamente para cubrir la compra de la canasta alimentaria básica de 60 productos.
Con un salario mínimo legal que permanece congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022 —lo que representa apenas el 0,02% del costo de la cesta calórica—, el sustento familiar depende de asignaciones complementarias de bonos estatales sin incidencia salarial que no logran cubrir las necesidades nutricionales mínimas.
El Clap: comida por votos y denuncias de sobreprecio
Durante su intervención en Roma, Rodríguez sostuvo que “los alimentos jamás deberían convertirse en instrumentos de presión o confrontación política”. No obstante, la experiencia de las redes comunitarias describe una realidad de control social sistemático a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), un programa que nació en marzo de 2016 y desapareció a principios de 2026 sin ninguna explicación.
Los monitores de derechos humanos e investigadores de Cáritas explican que la distribución de estos combos alimentarios ha estado intrínsecamente ligada a las dinámicas electorales y partidistas del oficialismo.
«En espacios físicos y mapas de planificación local de la entrega de los Clap, los vecinos a contarse para recibir la asignación eran llamados ‘electores’”, detalló Rafalli en su cuenta en X el 12 de octubre, puntualizando que la cobertura y regularidad de las bolsas variaban notablemente en periodos de votación.
Las denuncias comunitarias confirman que la instalación de los «puntos rojos» a metros de los centros electorales se utilizaba para auditar la participación ciudadana bajo la amenaza implícita de suspender el suministro de alimentos a quienes no acudieran a votar, convirtiendo un derecho humano fundamental en un mecanismo de extorsión y subordinación política.
La sombra de la corrupción también ha rodeado históricamente las compras de estos insumos. En 2017, el parlamentario Carlos Paparoni, entonces miembro de la Comisión de Contraloría del Poder Legislativo, consignó denuncias formales ante los órganos del Estado por presuntas sobrefacturaciones masivas en las importaciones para el programa Clap.
Paparoni expuso que, durante los meses más agudos del desabastecimiento nacional, el Ejecutivo llegó a pagar más de 122 millones de dólares en sobreprecios de una partida total de 152 millones aprobada para adquirir los combos. El dirigente alertó que los despachos apenas representaban el equivalente a un día y medio de comida para la población general, enriqueciendo a redes de intermediarios en lugar de fomentar la producción agrícola local.
Posteriormente, las investigaciones de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional confirmaron que Samark López, empresario venezolano encarcelado por corrupción y solicitado por EE. UU. por lavar dinero para el narcotráfico, estuvo involucrado en un esquema de reventa de productos entre Barbados y México.
De acuerdo con los informes presentados, esta red de intermediarios le costó al Estado venezolano más de 206 millones de dólares en pagos de sobreprecio por el ensamblaje y la exportación de las cajas, dinero que dejó de invertirse en el incentivo de la producción agrícola local.
A estas denuncias se sumaron las investigaciones internacionales sobre el entramado de Alex Saab, señalado por la justicia estadounidense y diversos reportajes de investigación como el principal operador financiero de los Clap. Las averiguaciones confirmaron que Saab coordinó un sistema de empresas fantasmas en múltiples países para sobrefacturar la compra de alimentos de baja calidad nutricional, desviando cientos de millones de dólares destinados al abastecimiento popular.
Un daño generacional irreparable
El trabajo de investigación La generación del hambre publicado por El Pitazo en diciembre de 2018 reveló el drama que enfrentan los niños vulnerables en el interior del país, donde la desnutrición aguda antes de los cinco años provoca secuelas irreversibles en el desarrollo biológico y cognitivo de una generación entera.
El informe destaca que los primeros 1.000 días de vida, desde la concepción hasta los dos años y medio, son fundamentales porque en esa etapa se desarrolla el 75% o más del tejido cerebral y su constitución neuronal. Cuando un infante padece hambre severa en esta fase, los daños cognitivos son irreparables.
“Esos son niños que aprenden a leer, a escribir, juegan, se ríen, van a ir al colegio, pero no van a llegar nunca a la universidad, no van a tener empleos de buena productividad”, argumentó Rafalli en aquel momento a la luz de los estudios comunitarios. Según los números que manejaba la nutricionista, el retardo del crecimiento debido a deficiencias nutricionales crónicas en las parroquias más pobres escaló del 18% al 30% en lapsos críticos, dejando a miles de infantes en un rezago permanente.
Un mes antes de publicarse este texto, el director de estadística de la FAO había confirmado el retroceso al asegurar que la tasa media de subalimentación en Venezuela entre 2015 y 2017 alcanzó el 11,7% de la población, lo que significaba que 3,7 millones de venezolanos comieron mal, casi cuatro veces más que en el trienio 2010-2012.
Los hallazgos de la investigación contrastaron estos porcentajes con los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual estipula que la proporción de niños con retardo de crecimiento no debe superar el 5% en un entorno saludable.
Bajo este criterio, el informe advirtió que revertir el índice que arrastra Venezuela mediante los métodos de asistencia tradicionales de la región tomaría al menos 25 o 30 años, comprometiendo el futuro de tres generaciones consecutivas.
La gravedad de este rezago institucional se reflejó en cifras concretas de mortalidad en los centros de salud regionales analizados en el trabajo. Registros de la emergencia pediátrica del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, en el estado Monagas, por ejemplo, documentaron periodos fatales donde decenas de lactantes fallecieron directamente por causas ligadas a la desnutrición, concentrándose la mayoría de los decesos en las zonas populares de Maturín.
La advertencia de los organismos de protección
Un informe de la organización de derechos humanos Provea, titulado «Con la comida no se juega» (2022), sostiene que el Estado venezolano ha violado gravemente el derecho a la alimentación mediante políticas públicas que destruyeron el aparato productivo interno.
La investigación detalla dos etapas críticas en este deterioro: entre 2013 y 2019, la combinación de controles rígidos de precios, fiscalizaciones asfixiantes a productores y el estímulo discrecional a las importaciones generaron una escasez crónica y una marcada inseguridad alimentaria. Posteriormente, a partir de 2019, la liberalización forzada y una dolarización informal disminuyeron el desabastecimiento en los anaqueles, pero sustituyeron la escasez por productos con costos altísimos, inalcanzables para la mayoría de la población que no tiene acceso a la divisa estadounidense.
De acuerdo con Provea, estas medidas contribuyeron directamente a una explosión de la pobreza que obstaculizó el acceso a los nutrientes esenciales, una situación que las sanciones internacionales profundizaron. Los datos del monitoreo reflejan que el 94,5% de la población se encuentra en situación de pobreza y el 76,6% en pobreza extrema.
Esta realidad empujó a más de 6 millones de venezolanos a migrar del país huyendo del hambre. Las secuelas más severas se registran en la infancia: más del 30% de los niños sufre de desnutrición —estando la mitad de ellos en fase aguda o severa—, mientras que uno de cada tres presenta retrasos crónicos en su crecimiento y en el desarrollo normal de sus cerebros.
La vulnerabilidad se agrava al no garantizarse los servicios básicos indispensables para el consumo seguro de alimentos. El informe técnico de Provea señala que el 82% de la población está expuesta a consumir agua no potable, la generación eléctrica nacional sufrió una reducción del 74% y la escasez de gas doméstico ha obligado a 5,4 millones de personas a cocinar con leña. A la par del colapso de los servicios, las políticas estatales permitieron el desarrollo de redes de corrupción que profundizaron la crisis del sistema agroalimentario.
Este panorama aleja por completo a Venezuela de cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU sobre «hambre cero», el cual exige una tasa de subalimentación inferior al 5%. Los reportes complementarios reafirman la gravedad del diagnóstico.
En enero de 2023, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas calificó la situación del país como “inquietante”, señalando que más de cinco millones de personas requerían asistencia humanitaria urgente.
Al importar más del 70% de los alimentos procesados que consume, Venezuela quedó expuesta a los vaivenes internacionales, registrando para agosto de 2022 un incremento del 30% en los precios de la comida, lo que ubicó al país en el tercer lugar del mundo con mayor inflación en este rubro.
El impacto social quedó sellado en las mediciones de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2022, donde el 78,9% de los hogares reportó inseguridad alimentaria, más de la mitad admitió sentir angustia por quedarse sin comida y un 13,9% de la población entrevistada confesó haber pasado un día entero sin probar alimento.