Detalle de la impresionante manifestación del 5-11-2026 en Lyon. © Marine Poirier-Bekkouche
Viento Sur, 14-11-2026
Correspondencia de Prensa, 15-11-2026
El 9 de noviembre tuvo lugar la conferencia social impulsada por el primer ministro Lecornu para intentar aflojar la presión que empezaba a ahogarlo, atrapado entre el movimiento juvenil y el inicio de una movilización general de los sindicatos de trabajadores y trabajadoras.
Por desgracia, como era de esperar, se limitó a ofertar unas migajas: «El Gobierno nos ofrece cinco pavos (céntimos nde) que ni siquiera sirven para comprar una chocolatina», resumió Sophie Binet, secretaria general de la CGT, al salir de esa conferencia que, como era de esperar, en unas pocas horas antes se limitó a los anuncios del Gobierno.
El gran espectáculo mediático consistió en hacer que, a partir del 1 de diciembre, el salario mínimo interprofesional (SMIC) mensual neto (que hoy es de 1477,93 euros) superara los 1500 euros: 1501,57 euros exactamente, es decir, un aumento de unos 23 euros. En la práctica, se trataba simplemente de adelantar un mes el aumento automático del salario mínimo interprofesional (SMIC) mensual neto previsto por el Código Laboral. Este aumento habría situado el SMIC en 1497 euros, incluso sin movilizaciones sociales. Este mecanismo automático de fijación del salario mínimo hace que este siga, siempre a posteriori y al menos una vez al año, la inflación oficial y el «salario base por hora de los obreros y empleados», calculado por los servicios del Estado. El gran avance anunciado por el Gobierno se reduce, por tanto, a un empujoncito, un aumento mensual de 5 euros. Esto está muy lejos de la reivindicación más moderada por parte de los sindicatos (100 euros netos para la CFDT; la CGT pide 150 euros netos y la implantación de la indexación de los salarios a los precios, la escala móvil salarial; Solidaires propone 2000 euros netos para el SMIC, es decir, un aumento de 500 euros).
Los gobiernos de Macron y Lecornu llevan 10 años siendo fieles servidores de la política de oferta y de los intereses de los grupos capitalistas. Hoy en día, de entre todas las economías europeas, es la que más ha llevado al extremo el bloqueo del salario mínimo al nivel oficial de la inflación. De julio de 2016 a julio de 2026, el SMIC ha subido en Francia un 24 %, pero un 40 % en Bélgica, un 50 % en los Países Bajos, un 63 % en Alemania, un 76 % en el Reino Unido y un 86 % en España. 1
Aunque la patronal MEDEF se rebela contra este empujoncito, lo hace sobre todo para exigir que el Gobierno mantenga sin modificar la tabla de exenciones de las cotizaciones sociales patronales sobre los salarios. Las empresas se benefician de importantes desgravaciones para los salarios de hasta 3 SMIC (5469,09 euros en la actualidad). Estas exenciones, creadas en 1993, se han disparado desde 2012 –el inicio del mandato de François Hollande– pasando de 25 000 millones a 86 000 millones hoy en día. Millones que deberían ir a parar a las arcas de la Seguridad Social y de la UNEDIC. Esta exención (la Reducción Generalizada Degresiva Única, RGDU) se calcula con una escala degresiva de 1 a 3 SMIC. Por eso, cuanto más sube el SMIC (¡y no los demás sueldos!), más aumentan las exenciones en todos los sueldos hasta los 3 SMIC, pero, sobre todo, hacen que millones de trabajadores y trabajadoras se vean abocados a cobrar el salario mínimo interprofesional. A fecha 1 de enero de 2026, 2,1 millones de trabajadores y trabajadoras del sector privado cobraban el SMIC.
La otra gran noticia que ha dado esta negociación es que el Gobierno ha pedido a los patronales de los sectores profesionales que se reúnan cuanto antes para resolver la cuestión de las escalas salariales cuyos primeros niveles están por debajo del SMIC (a 1 de diciembre de 2026, ya son 164 sectores de un total de 230, que abarcan a 14 millones de trabajadores y trabajadoras del sector privado de un total de 22 millones). Se trata, sobre todo, de un mero gesto insignificante para intentar atraer a las direcciones sindicales con un nuevo ciclo de reuniones en los próximos meses en los sectores. De hecho, al salir de la reunión con Lecornu, Force Ouvrière y la CFDT (centrales sindicales de concilación de clases, nde) se han metido de cabeza en este nuevo ciclo de reuniones para posponer cualquier llamamiento real a la movilización de los trabajadores y trabajadoras del sector privado.
Frédéric Souillot, de FO, declaró: «Ahora vamos a negociar», y Marylise Léon, de la CFDT, dijo: «Son los quince días de la última oportunidad», como si este ciclo de reuniones fuera a empezar y terminar en los próximos días. Lecornu le ha hecho un regalo a la CFDT al amenazar con sanciones en las reducciones de cotizaciones para los sectores que no ajusten sus umbrales al salario mínimo interprofesional (SMIC). En la práctica, se haría una primera evaluación en los próximos seis meses, y luego otra seis meses más tarde, todo ello sin ninguna consecuencia para los sectores que, entretanto, no se hubieran ajustado. Así pues, cita en 2028, que hará temblar a los empresarios de los distintos sectores…
En la práctica, por desgracia, ni la dirección de FO ni la de la CFDT pretenden, en las próximas semanas, crear una verdadera relación de fuerzas: ni una movilización generalizada ni huelgas reales en el sector público y privado. Sin embargo, el objetivo de una huelga general prolongada para frenar las políticas de Macron es imprescindible para hacerle ceder.
Aunque ya se ha iniciado una dinámica de movilización, Lecornu y la patronal pueden esperar que se retrase y, sobre todo, que la movilización de la juventud siga aislada, ya que esta solo ha conseguido victorias simbólicas, basadas sobre todo en promesas que no comprometen a nadie, con algunas medidas menores en materia de puestos de trabajo muy por debajo de lo que se necesita. Sin embargo, ha sido precisamente esta movilización la que ha cambiado el clima político del país, ha estimulado el espíritu de lucha en muchos sectores activistas y ha fomentado el desarrollo de las luchas.
Los hechos están ahí. Sin esta movilización a gran escala, este gobierno acorralado seguirá fiel a su política a favor de las y los empresarios para resistir y aguantar hasta las elecciones presidenciales. Lo ha demostrado con las migajas que le ha dado a la juventud, sin ningún escrúpulo. Lo acaba de volver a hacer el 9 de noviembre con una segunda reunión con las organizaciones juveniles y los sindicatos de docentes sobre Parcoursup. Estas reuniones solo sirven para desgastar y debilitar el movimiento. En esta reunión, el Gobierno llegó incluso a una provocación ridícula al invitar a la UNI, un sindicato estudiantil de extrema derecha, y al MEDEF, lo que llevó a la gran mayoría de los presentes a abandonar la sala.
Esta negativa a hacer cualquier concesión real por parte del Gobierno quedó confirmada en la reunión del viernes 13 de noviembre con los sindicatos de las y los funcionarios. Todos los sindicatos coincidían en exigir un aumento del valor del punto índice que determina el sueldo de los funcionarios. La erosión del valor del punto índice frente a la inflación es constante. Desde 1994 hasta hoy, en 32 años, la inflación ha subido un 64,34 %, mientras que el valor del punto de… un 26,3 %. En la práctica, las cifras que dan los gobiernos sobre la evolución positiva de los salarios medios y el poder adquisitivo en la función pública se deben sobre todo a la congelación de las contrataciones y al envejecimiento de las y los funcionarios. Además, 862 000 funcionarios tienen hoy un sueldo base inferior al salario mínimo interprofesional (SMIC). El Estado, obligado a pagar a sus empleados al menos el SMIC, abona una indemnización diferencial. Esto no impide que la pensión de jubilación se calcule sobre el sueldo indexado, sin contar las indemnizaciones. Por otra parte, hoy en día, según los sindicatos de docentes, de media, el 25 % del sueldo está compuesto por primas individuales, opacas y aleatorias, lo que acentúa la brecha salarial entre hombres y mujeres. Así pues, durante la reunión con los sindicatos de la función pública, Lecornu confirmó la congelación del punto para 2027, anunciando únicamente el ajuste de la tabla salarial al nuevo valor del salario mínimo interprofesional (SMIC) para los 1,1 millones que, de otro modo, quedarían por debajo, y un pequeño aumento para 200 000 empleados (unos 23 euros netos al mes, más o menos) cuyos salarios, ligeramente superiores al salario mínimo interprofesional, habrían quedado reducidos al nivel del SMIC. Así, el Estado deja claras sus intenciones, poniendo como ejemplo el bloqueo de las escalas salariales para las negociaciones sectoriales en el sector privado.
Pero, sobre todo, la idea que se está extendiendo de cara a la campaña presidencial y en las propuestas patronales –y la voluntad, presente en las declaraciones de muchos líderes políticos, desde la extrema derecha hasta Glucksman (vencedor en las primarias del Partido Socialista– es la de «aumentar el sueldo neto sin tocar el bruto»; en resumen, no subir los sueldos, sino tomar una parte del sueldo destinada a las cotizaciones sociales para pasarla al sueldo neto, lo que lleva a cuestionar aún más lo que se conoce como el salario socializado, es decir, la parte del salario que alimenta el sistema de protección social: enfermedad, jubilación, prestaciones familiares, autonomía, discapacidad, vivienda, formación y jubilación; en definitiva, todo el sistema de la Seguridad Social y las prestaciones por desempleo (Pôle emploi/UNEDIC): 443 000 millones de la masa salarial total en 2025. Las cotizaciones sociales que paga el trabajador y la trabajadora representan alrededor del 22 % del salario bruto y, antes de las exenciones, el 40 % en el caso de la parte patronal.
Pero a este sistema ya le han recortado 86 000 millones en forma de exenciones concedidas a las empresas para reducir el coste laboral. En la práctica, las exenciones patronales que concede el Gobierno se compensan (aunque no del todo, por cierto, ya que en 2025 faltaban 2700 millones para cuadrar las cuentas) en el presupuesto anual de la Seguridad Social (la Ley de Financiación de la Seguridad Social) mediante un gasto presupuestario. En resumen, son los impuestos que pagan los trabajadores y trabajadoras quienes financian la exención concedida a los empresarios, a través del impuesto sobre la renta y el IVA. Esos 86 000 millones de cotizaciones que deberían pagar los empresarios forman parte de los 270 000 millones de los regalos sin contrapartida de los que se benefician principalmente las grandes empresas, ya sea directamente o indirectamente, al permitir reducir el coste laboral de las y los trabajadores de las pequeñas empresas subcontratistas de los grandes grupos.
Así que, por ahora, el Gobierno se resiste, incluso con la espalda contra la pared. No ha dado ningún paso atrás real ni con respecto a la juventud, ni a los trabajadores y trabajadoras del sector privado ni del público. En cambio, en lo que respecta a los agricultores, el Gobierno se ha apresurado a anunciar una nueva subvención de 725 millones tras los 1500 millones del otoño para la sequía y la ola de calor. Es evidente que el Gobierno teme un repunte de las movilizaciones en el mundo rural y una posible unión de las luchas sociales. Pero estas nuevas ayudas se centran sobre todo en la agricultura productivista orientada a la exportación (2200 nuevos gallineros de aquí a 2036…) lo que, según la Confédération paysanne, «acelera la desaparición de las y los campesinos en el campo».
Además, a pesar de algunas dudas por parte de FO y CFDT, todas las organizaciones sindicales convocaron para el 17 de noviembre una nueva jornada de movilización y huelgas, tras la del 5 de noviembre, tanto en el sector público como en el privado.
El movimiento en los institutos y universidades se mantiene firme en su combatividad, pero se va debilitando ante los golpes de la policía y las administraciones, que multiplican los cierres de centros, los ataques policiales contra los bloqueos y la organización de una campaña de prensa nacional para «recuperar el orden en los institutos».
El Gobierno también intenta consolidar el bando reaccionario con el nuevo proyecto de ley de licencia para matar para la policía: la presunción de legítima defensa para cualquier homicidio que cometa. Este proyecto pasa ahora al Senado después de que este también haya votado un proyecto de ley sobre el que rompe, la paga, que, en la práctica, busca criminalizar la mera participación en una manifestación, si esta se da cerca de actos de vandalismo o delitos cometidos contra la policía. Una campaña mediática reaccionaria y proyectos de ley para reforzar el arsenal represivo: esas son, por ahora, las respuestas concretas del Gobierno ante el desprecio por las condiciones de estudio de la juventud y las condiciones de vida de las clases trabajadoras.
En este contexto, el Gobierno y los medios de comunicación intentan silenciar las repercusiones del atentado racista de Trappes del 23 de octubre, perpetrado por un simpatizante del RN. Sin embargo, las investigaciones revelan que el asesino, sin haber sido investigado ni siquiera detenido, había cometido varias agresiones en los días y años anteriores, es decir, pocos días antes de los actos mortíferos de Trappes. Ese mismo día, en Levallois, en la región parisina, fue una persona negra la que sufrió una agresión y recibió una paliza brutal por parte de este tipo. Tras la intervención de la policía, él pudo marcharse libre sin que ni siquiera lo interrogaran, mientras que a su víctima, ensangrentada, la detuvieron y la acusaron de agresión… El Gobierno se había comprometido a organizar un homenaje nacional en memoria del joven víctima del asesinato de Trappes, pero desde hace quince días lo que más se ve es el regreso descarado de las declaraciones racistas que equiparan delincuencia, violencia e inmigración.
Así que la movilización social sigue adelante, buscando la forma de reforzarse.
Nota
- Eurostat Minimum Wages Statistics July 2026 ↩