Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Outras Palavras, 10-11-2026
Traducción de Correspondencia de Prensa, 14-11-2026
Despidos. Aumento de la economía informal. Resentimiento ante la victoria de los trabajadores. ¿Qué riesgos supone que un día libre más se traduzca en despidos, en un país ya marcado por el desprecio crónico hacia los derechos? ¿Cómo contraatacar?
El domingo 1 de noviembre, los candidatos de la primera fase del concurso Fuvest 2027 se encontraron en el examen con una pregunta sobre la escala 6×1. La pregunta les pedía que establecieran una relación entre la resistencia patronal a la reducción de la jornada laboral y el concepto marxista de plusvalía absoluta. El día anterior, un reportaje de Douglas Gavras en Folha de S.Paulo había recogido las opiniones de economistas que prevén un cierto aumento de la economía informal con el fin de la escala, aunque sin que se produzca una «catástrofe». Ambas situaciones resumen una antigua controversia sobre el tiempo. El país registró una tasa de desempleo del 5,2 % en el trimestre móvil que finalizó en septiembre, la más baja para ese periodo desde 2012, y el Congreso promulgó el 16 de octubre la Enmienda Constitucional 141, que reduce la jornada máxima de 44 a 40 horas y garantiza dos días de descanso semanal remunerado. Con la tasa de desempleo en su nivel más bajo de la serie histórica, la ampliación del descanso es vista por algunos como una amenaza para el empleo formal. La pregunta que plantea este texto es si esa amenaza tiene fundamento, y de qué índole es.
En el segundo trimestre civil de 2026, según la encuesta continua PNAD (Encuesta Nacional sobre Muestras de Hogares por sus siglas en portugués, ndt) del IBGE (Instituto Brasilero de Geografía y Estadística, ndt) el 37,4 % de las personas ocupadas se encontraban en el sector informal, lo que supone unos 38,6 millones de personas de un total de 103,1 millones. En el trimestre móvil que finalizó en septiembre, la tasa fue del 37,5 %. Los empleados del sector privado sin contrato eran 13,6 millones y los trabajadores domésticos sin contrato, 4,1 millones. Los trabajadores por cuenta propia sumaban 26,1 millones, con o sin CNPJ (Registro Nacional de Personas Jurídicas por sus siglas en portugués, ndt) y el registro empresarial excluye al trabajador de las estadísticas de informalidad sin garantizarle derechos de seguridad social. Entre las personas ocupadas, el 66,4 % cotizaba a algún organismo de seguridad social. La medida de la falta de protección no coincide con la de la informalidad, y ninguna de las dos coincide con la «pejotización», que es una forma jurídica de contratar trabajo por cuenta ajena y puede aparecer en las estadísticas como formalidad. La dispersión territorial indica que hay zonas a las que la jornada laboral no llega. En Maranhão, la tasa alcanza el 56,9 %. En Santa Catarina, se sitúa en el 25,4 % (Gráfico 1).
El argumento de Gabriel Ulyssea (University College London) y Sergio Firpo (Insper), entrevistados por Folha, parte de un cálculo sencillo. La enmienda prohíbe la reducción de los salarios, y gran parte de los afectados cobran cerca del salario mínimo. Menos horas por el mismo salario encarecen la hora de trabajo. Ulyssea ve en la contratación «en negro» una posible salida, pero descarta los despidos como principal medida de ajuste en un mercado con una tasa de desempleo muy baja. Firpo sitúa el riesgo en las pequeñas empresas, donde es menos probable que se produzcan inspecciones, y prevé que los jóvenes de las periferias del norte y del noreste permanezcan más tiempo sin contrato formal. Ambos asocian la informalidad a empresas de baja productividad que siguen siendo pequeñas. Para Firpo, también influyen un salario mínimo supuestamente alto, en relación con la productividad de estos trabajadores, y los costos de despido, como el FGTS y el aviso previo. La previsión de ambos apunta a un repunte puntual, concentrado en determinados segmentos y regiones. Ulyssea apoya el fin de la norma «6×1» y propone ampliar el banco de horas y los contratos a tiempo parcial. El razonamiento es coherente. Allí donde el Estado apenas interviene y el margen es estrecho, cumplir la ley cuesta más caro.
Marilane Teixeira (Cesit/Unicamp) no niega que a las pequeñas empresas les resulte más difícil adaptarse. En su opinión, reconocer el costo no justifica la conclusión de que la economía informal vaya a aumentar, una hipótesis que aún tiene que ser demostrada. Entre el costo y la plantilla hay opciones: reorganizar los turnos, aceptar un margen menor, repercutir parte del costo en los precios o invertir en equipamiento. En la 12.ª edición de la encuesta «Pulso de las Pequeñas Empresas», de Sebrae, el porcentaje de propietarios de microempresas y pequeñas empresas, así como de MEI (Micro empresas individuales, ndt), que esperan un impacto negativo cayó del 32 % en 2024 al 27 %. En este grupo, el 29 % tiene intención de subir los precios y el 24 %, de reorganizar los turnos. En 1988, Gonzaga, Menezes Filho y Camargo (2003) compararon a los asalariados de las regiones metropolitanas que trabajaban entre 45 y 48 horas con los que trabajaban entre 40 y 44. En los doce meses posteriores a la entrada en vigor de la Constitución, los primeros no estuvieron más expuestos al desempleo ni al paso a un empleo sin contrato, y su salario por hora aumentó. El estudio analiza el corto plazo en grandes mercados urbanos, y los resultados no son automáticamente aplicables a pequeños establecimientos, municipios del interior y lugares donde la inspección apenas llega. Muller y Calvete (2026b) recuerdan que dicha reducción se produjo en un año de recesión, sin que se favoreciera la negociación en los lugares de trabajo ni existiera una inspección eficaz, y que fue compensada en parte con horas extras. Los datos de 1988 no muestran una migración hacia la economía informal, lo cual no equivale a demostrar que dicha migración no se produzca.
La «reforma» laboral de 2017 pone a prueba la tesis contraria, según la cual flexibilizar las normas conduce a la formalización. El contrato intermitente fue presentado como una puerta de entrada para quienes vivían de trabajos temporales. En 2023, según el DIEESE con datos de la RAIS, los 417 000 contratos temporales del sector privado equivalían al 0,94 % del total de empleos formales de ese segmento. De las relaciones laborales activas en diciembre, el 41 % no generó trabajo ni ingresos durante el año, y la remuneración media mensual se situó en 762 reales, un 42 % por debajo del salario mínimo de entonces. Ulyssea califica esta modalidad de «fracaso total» y señala que el sector formal sigue siendo rígido, con la opción de elegir entre 44 horas o ninguna. La escasa adhesión a un contrato no demuestra que toda flexibilización haya fracasado, y la trayectoria de la informalidad después de 2017 combina recesión, pandemia y políticas de ingresos, como recuerda Firpo al mencionar el «Auxílio Brasil» de 600 reales. La modalidad creada para formalizar los trabajos ocasionales ha dado lugar, en parte, a trabajos ocasionales con contrato.
Según el reportaje, el gobierno prepara la condonación de las deudas del sector de eventos acogido al régimen Simples (sistema tributario simplificado y unificado para las micro empresas, ndt) y créditos subvencionados del BNDES para las pequeñas empresas. Teixeira propone crédito, asistencia técnica y servicios de atención y cuidado. Gabriel Ulyssea, ventajas para quienes trabajan en el sector formal, como compras públicas y crédito sobre el salario, y una inspección que llegue a las empresas no registradas. Una política coherente con la Enmienda Constitucional 141 vincularía el crédito al mantenimiento del empleo formal y al cumplimiento de la jornada laboral, financiaría la asistencia técnica para reorganizar los turnos y reforzaría la inspección de trabajo. Los servicios públicos de cuidados liberan tiempo a las mujeres que acumulan el empleo con el trabajo doméstico no remunerado, y crean puestos de trabajo formales.
El argumento del riesgo permite explicar bien una situación. Cuando es poco probable que se produzcan inspecciones, el salario está en el mínimo y el margen es estrecho, el encarecimiento de la hora de trabajo crea un incentivo para contratar sin dar de alta a los trabajadores o pagar horas en negro. Este incentivo existe y tiende a concentrarse en pequeños establecimientos del Norte y del Nordeste, entre los jóvenes que buscan su primer empleo. El mismo argumento tiene dificultades para explicar otras tres circunstancias. No explica por qué la economía informal ya era del 56,9 % en Maranhão antes de cualquier cambio en la jornada laboral, por qué la reducción de 1988 no provocó la migración temida, ni por qué la flexibilización de 2017 no llevó a que los trabajos esporádicos fueran registrados. El error radica en convertir un comportamiento empresarial posible en una consecuencia económica inevitable. Entre el costo y la respuesta hay opciones, que varían según el sector, el tamaño, la región y, sobre todo, según la probabilidad de que el incumplimiento resulte caro o no.
El debate por la jornada laboral es un debate sobre quién controla el tiempo. En el sistema 6×1, el día libre único lo establece la empresa, muchas veces en un día laborable, y el trabajador del comercio o del telemarketing organiza su vida en torno a un calendario que él no elige. Es esta realidad cotidiana, y no un cálculo de costos, la que alimentó el movimiento «Vida más allá del trabajo» y el apoyo popular al cambio. La reducción de 1988 y la enmienda de 2026 fueron fruto de la movilización, y su eficacia depende de las mismas relaciones de fuerza que las generaron. El empleado sin contrato de una cafetería de barrio no tiene sindicato que negocie el nuevo horario, ni inspector que se presente, ni tiempo para presentar una reclamación ante el Tribunal Laboral mientras busca otro empleo. Para él, los dos días libres constitucionales existen como una promesa cuyo cumplimiento depende de un jefe que puede ignorarla sin correr mucho riesgo. La reorganización productiva también tiene sus costos. Si la empresa no reestructura los turnos ni acepta un margen menor, el costo recae sobre el trabajador que hace horas extras no remuneradas, sobre el consumidor que paga más caro o sobre el compañero que pasa a desempeñar dos funciones. La cuestión económica es, desde el principio, una cuestión de poder.
La Enmienda Constitucional 141 plantea la posibilidad de que el tiempo libre que han conseguido decenas de millones de asalariados no se consiga a costa de la falta de protección de otros trabajadores. La enmienda, por sí sola, no resuelve el problema. Es necesario hacer que la formalidad resulte ventajosa para el pequeño empresario, condicionando el acceso al crédito, a la contratación pública y a la asistencia técnica para el registro. Es necesario que el incumplimiento resulte caro, con inspecciones capaces de llegar a los pequeños establecimientos y con una definición de la relación laboral que no ceda ante la forma jurídica elegida por quienes contratan. Y es necesario hacer un seguimiento de los datos por sector y región a partir de mediados de diciembre, cuando el límite se reduzca a 42 horas, y a partir de diciembre de 2027, cuando llegue a las 40, para que la informalidad deje de ser una previsión y pase a ser algo medible. La reducción de la jornada laboral es el tipo de reforma cuyo resultado se decide después de su promulgación, en los turnos que se reorganizan, en los contratos que se firman o no, en los días de descanso que son respetados. La economía informal brasileña no nació de la jornada de 44 horas y no va a desaparecer con la de 40. Puede crecer al margen si lo único que cambia es el reloj.
Referencias
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