A l’encontre, 16-11-2026
Traducción de Correspondencia de Prensa, 18-11-2026
En la línea de las movilizaciones que sacuideron a muchos países europeos, en Italia también asistimos a un rápido desarrollo de las luchas estudiantiles y juveniles, primero a gran escala en los centros de secundaria y, posteriormente, en las universidades. Un auténtico comienzo de un «otoño caliente» —con grandes manifestaciones— marcado por una rápida concienciación política por parte de amplios sectores de las generaciones jóvenes, que no se dejaron intimidar por las múltiples medidas represivas que tomó el Gobierno de Meloni. Como telón de fondo de esta rebelión está la experiencia del formidable movimiento del otoño de 2025 contra el genocidio del pueblo palestino. El punto de partida de la lucha lo constituyeron las miserables condiciones en los centros educativos, la marginación de la escuela pública (con el auge de la privada) y las medidas que devalúan la enseñanza técnica, instaurando desde el principio una marcada división de clases. Pero muy pronto, a estos temas se sumaron las reivindicaciones relacionadas con la pobreza y las dificultades a las que se enfrentaban amplios sectores de la población ante el aumento del costo de la vida y la precariedad laboral. A ello se sumó la voluntad de rechazar el gasto militar y el rearme exigidos por la Unión Europea y la OTAN. A lo largo de las luchas, diversos sectores de la clase trabajadora, gran número de autónomos procedentes de la pequeña burguesía y algunos sectores campesinos también se sumaron al movimiento, todos ellos enfrentados a dificultades debidas al fuerte aumento de los precios de la energía, ya que Italia depende por completo de los combustibles fósiles.
Un gobierno reaccionario y represivo
Conviene recordar que, en cuatro años, el gobierno de Giorgia Meloni promulgó ocho decretos represivos en materia de orden público, dirigidos especialmente contra los jóvenes, sus luchas y sus modos de vida. Estos decretos introdujeron nada menos que 126 nuevos delitos, muchos de los cuales ya estaban previstos en la legislación, pero cuyas penas fueron ahora endurecidas. A estas leyes se sumó finalmente un odioso decreto racista —presentado por el ministro de Educación, conocido por sus posturas identitarias, Giuseppe Valditara -que impone límites máximos de presencia de alumnos extranjeros, que hablen italiano o no en las aulas, desde primaria hasta secundaria- con un umbral máximo del 30 %, que Meloni, en un mitin realizado el 20 de septiembre, justificó alegando una supuesta «minorización de los niños italianos» en las escuelas. Todo ello con un discurso islamófobo y una opción asimilacionista, que remite a un enfoque colonial, con la noción de «in asimilable» y su conclusión: la remigración. Por ello, en los colegios de algunos barrios populares, los jóvenes tienen miedo de perder a sus compañeros de clase, a sus amigas y a sus amigos 1.
***
La reacción del gobierno (y de la casi totalidad de las fuerzas políticas y los medios de comunicación) fue especialmente violenta tras los hechos ocurridos el fin de semana del 17 y 18 de octubre, cuando jóvenes de los barrios periféricos de Turín y Milán invadieron el centro de la ciudad, lo que dio lugar a violentas manifestaciones acompañadas de ataques contra tiendas de lujo, un ejemplo llamativo de la polarización social existente entre los barrios ricos y los barrios periféricos empobrecidos y degradados.
Al gobierno no se le ocurrió nada mejor que ampliar la detención policial (ya prevista para los mayores de edad) a los jóvenes de entre 16 y 18 años, sospechosos de poder organizar «disturbios» o actos de violencia y saqueos durante las manifestaciones. Estos «presuntos delincuentes» son llevados directamente a sus casas o detenidos en la calle, y luego trasladados (encarcelados) a las comisarías y puestos en libertad únicamente al final de las manifestaciones. Se trata de una medida típicamente fascista, inventada por el régimen de Mussolini. Pero con eso no les basta: el gobierno de Meloni y la prensa también crearon un «monstruo», un chivo expiatorio en la persona de un joven inmigrante árabe, acusado de ser el cerebro organizador de todos los disturbios ocurridos en las ciudades. A los pocos días, la justicia desmontó esta acusación absurda y le devolvió la libertad al pobre joven, pero, mientras tanto, los políticos de derecha y los periódicos ya habían criminalizado al supuesto «ayatolá de la «maranza» [en argot, jóvenes de la segunda generación de inmigrantes norteafricanos], una terminología que pone de manifiesto todo su racismo, su islamofobia y su odio hacia los jóvenes inmigrantes de primera y segunda generación.
Casi al mismo tiempo, el 17 de octubre, «La Via Maestra», la coalición política y social constituida en torno a la CGIL y que agrupa a un centenar de organizaciones sociales, había organizado en Roma una manifestación multitudinaria (unas 100 000 personas) contra la precariedad y el aumento del costo de la vida, en defensa de los salarios, la salud y la educación, pero también contra el rearme, la guerra y el gobierno. Lo que llamó la atención no fue solo la cantidad total de participantes, sino la fuerte presencia de las generaciones jóvenes y la minuciosa organización de la manifestación, con los imponentes contingentes territoriales de las diferentes categorías de trabajadoras y trabajadores, así como la reaparición de numerosas pancartas de fábrica de la FIOM (el sindicato metalúrgico de la CGIL).
Ante estos múltiples acontecimientos, distintos periódicos y representantes del gobierno se mostraron, como mínimo, sorprendidos y «preocupados» por este repentino resurgimiento de una fuerte movilización y una revuelta social, sobre todo teniendo en cuenta que desde hacía años reinaba en el país un clima asfixiante de aparente pasividad y resignación que había permitido no solo el auge de la extrema derecha, sino también que el gobierno de Meloni llevara a cabo, casi sin obstáculos, políticas neoliberales en el ámbito económico y, en el ámbito político-social, campañas ideológicas y decisiones cada vez más reaccionarias y autoritarias. Todo ello con una perspectiva de revanchismo explícito por parte de los herederos del MSI (Movimiento Social Italiano), heredero a su vez del fascismo.
Algunos de nosotros, en cambio, estábamos sorprendidos por la ausencia, desde hacía años, de reacciones populares contundentes en un contexto económico y social dramático para las clases populares. Pero, al final, saltó el tapón.
Del 30 de octubre hacia la huelga del 20 de noviembre
En este contexto de gran efervescencia social (con los estudiantes en primera línea) y de renovada confianza en las luchas, las ocupaciones de centros educativos de secundaria y universidades, así como las manifestaciones casi diarias, pudieron llevarse a cabo y culminar finalmente en la gran jornada del 30 de octubre con la huelga general convocada por la USB (Unión Sindical de Base) y por otros sindicatos de base, así como con manifestaciones en 70 ciudades que reunieron a alrededor de un millón de personas, entre ellas numerosos afiliados a la CGIL. Una huelga y unas manifestaciones apoyadas por el ala izquierda de la CGIL, denominada «Le radici del sindacato» («Las raíces del sindicato»).
La iniciativa de la huelga surgió de los trabajadores de los puertos europeos, que habían decidido hacer huelga contra el comercio de armas, y luego se extendió a todas las categorías de trabajadores con el lema: «¡Abajo las armas, arriba los sueldos!». Numerosos docentes salieron a la calle junto a sus alumnos, así como bomberos, metalúrgicos, los trabajadores de la antigua ILVA —la gran acería situada en Tarento—, empleados de muchas empresas en crisis y trabajadores y trabajadoras del sector del transporte. Esto indicaba un inicio, aunque todavía parcial, de convergencia entre la protesta estudiantil y la de la clase trabajadora; las reivindicaciones contra la guerra y el rearme se entremezclaron con las que se oponían al aumento del costo de la vida y a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
En las semanas siguientes surgieron nuevas movilizaciones, con el objetivo de organizar una nueva y más amplia jornada de huelga general el 20 de noviembre. Para esa fecha, ya desde el pasado mes de junio, estudiantes de Alemania habían convocado una huelga estudiantil contra el servicio militar, el rearme y la guerra; un objetivo que fue inmediatamente asumido por las organizaciones estudiantiles de toda Europa, que la convirtieron en una auténtica huelga internacional. Este movimiento acabó por impulsar a la CGIL a convocar, para esa misma fecha, una huelga general contra las políticas del gobierno con el fin de reconstruir y consolidar una nueva unidad entre la juventud y la clase obrera. Una huelga contra la ley de presupuestos que destruye los servicios públicos, en particular la educación y el sistema de salud, y que aumenta el gasto militar en 14 mil millones en dos años. Muchos sindicatos de base decidieron a su vez convocar una huelga para esa fecha, con la única e importante excepción de la USB. En el sector de la enseñanza, todas las organizaciones sindicales del sector harán huelga el 20 de noviembre. Se prevén grandes manifestaciones en todas las ciudades.
Posteriormente, el 28 de noviembre, tendrá lugar una gran movilización feminista en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres: en Italia, en particular, las manifestaciones estarán marcadas por el rechazo al gasto militar, a la guerra y al patriarcado.
Por último, el 12 de diciembre, la USB ya convocó una nueva manifestación nacional para derrocar el gobierno de Meloni. Este sindicato no participa en la jornada del 20 de noviembre.
Las dinámicas sindicales y las demasiado numerosas orientaciones de la CGIL
En este contexto, es importante comprender lo que ocurre en el seno de las organizaciones sindicales, las orientaciones de sus aparatos dirigentes, las relaciones de fuerza existentes en su interior y con la clase capitalista y sus representantes explícitos.
La CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) y la UIL (Unione Italiana del Lavoro), es decir, el segundo y el tercer sindicato por el número de afiliados (4 189 000 y 2 369 000), respectivamente, confirmaron su connivencia y su subordinación al gobierno. Estas dos organizaciones son totalmente ajenas, e incluso hostiles, a las luchas actuales, impermeables a cualquier petición de movilización o de huelga, tal y como ya ocurrió hace un año ante el movimiento de apoyo al pueblo palestino. No obstante, siguen siendo las que orientan y organizan, de diversas formas (a veces de manera clientelista), a millones de trabajadoras y trabajadores.
Por otra parte, la jornada del 30 de octubre, elegida acertadamente en el tiempo y bien gestionada por la USB, permitió a esta organización convertirse en la protagonista principal de una movilización masiva, afirmar su plena hegemonía frente a otros sindicatos de base —como el SICOBAS y la CUB (Confederazione Unitaria di Base), por otra parte debilitados por profundas divisiones internas—, y de ganarse una credibilidad pública de la que antes carecía, e incluso de afianzarse en el sector industrial.
Las orientaciones de su dirección siguen caracterizándose por un enfoque muy sectario y autorreferencial (la USB forma parte de la Federación Sindical Mundial, con sede en Atenas), por una visión decididamente «campista» en cuestiones internacionales y por una gestión de las relaciones con la CGIL que se caracteriza únicamente por la denuncia de sus «traiciones», lo que le impide sumarse a la huelga general del 20 de noviembre. En realidad, existe un déficit político de comprensión de la necesidad no solo de iniciativas sindicales unitarias, sino también de la construcción de herramientas unitarias de organización de la clase obrera en las luchas, sin las cuales no es posible modificar las relaciones de fuerza en el país y derrocar al gobierno de Meloni, lo cual es, sin embargo, el primer objetivo de sus reivindicaciones.
En cuanto a la CGIL, el mayor sindicato (con unos 5 200 000 afiliados), sus miembros se enfrentan a las decisiones contradictorias de la dirección y de su aparato organizativo, instrumento de fuerza, pero también de conservación del orden establecido, lo que implica una línea política sindical ambivalente y con múltiples orientaciones. Las formas de actuación de su secretario general, Maurizio Landini, remiten a comportamientos políticos característicos de numerosos dirigentes sindicales y partidarios del movimiento obrero italiano, en particular del antiguo Partido Socialista, lo que se denomina «maximalismo» (el socialismo en las reuniones de los domingos y una práctica de compromiso con las fuerzas capitalistas el resto de los días de la semana). Landini retoma este enfoque, tal y como lo hacía el antiguo secretario de Rifondazione, Fausto Bertinotti, sin poseer, sin embargo, la misma cultura ni la misma comprensión de la historia del movimiento obrero en nuestro país.
En segundo lugar, la dirección de la CGIL está dividida entre un sector muy conservador del aparato que, al destacar las dificultades y la pasividad de amplios sectores de trabajadores y trabajadoras, no desea diferenciarse demasiado de la CISL y la UIL y teme las «derivas activistas» de la mayoría de Landini. Esta última, por su parte, se cuida mucho de no perder el contacto con las generaciones jóvenes y sus movimientos sociales, encarnando así una esperanza de alternativa. En realidad, ninguna de las dos corrientes de la CGIL cree que sea posible reorganizar en profundidad el movimiento de masas dentro de una dinámica marcadamente antineoliberal (y mucho menos anticapitalista), invertir las relaciones de fuerza en los lugares de trabajo y en el país, avanzar hacia un enfrentamiento social para derrocar al gobierno de Meloni, y mucho menos hacia un enfrentamiento con los capitalistas y su representante, la Confindustria. No consideran tener esa fuerza para un cambio radical, sobre todo porque un enfoque radical de la lucha y de una alternativa sistémica no forma parte de su orientación política. Muchos de los actores de estas corrientes no solo no lo desean, sino que además han perdido la capacidad misma de organizar luchas, y esto incluye también a muchos delegados de base.
El objetivo fundamental y real de la dirección de la CGIL es, por lo tanto, construir una movilización social, pero dirigida únicamente contra el gobierno y no contra la Confindustria, creando las condiciones para una victoria del llamado «frente amplio» [vinculado al Partido Democrático (PD) y al Movimiento 5 Estrellas (M5S)] en las elecciones legislativas de 2027. Maurizio Landini y sus compañeros esperan y piensan que tienen la fuerza necesaria para crear las condiciones sociales y políticas que permitan derrotar a Meloni y propiciar la llegada de un «gobierno amigo». Quieren volver a contar con un interlocutor gubernamental con el que poder iniciar una nueva fase de concertación social que garantice el papel y la estructura organizativa de la CGIL.
Para conseguirlo, deben suplir la total incapacidad de las fuerzas de centroizquierda para elaborar un proyecto, o incluso simplemente para ofrecer una imagen creíble de una propuesta alternativa, para proponer aunque solo sea un viejo programa «socialdemócrata» moderado y reformista con el fin de devolver un poco de esperanza de cambio a las clases populares. El vacío político del PD y del M5S es impresionante; sus dirigentes parecen estar ocupados sobre todo en ganarse la credibilidad de las fuerzas dominantes a través de sus entrevistas en la prensa económica de la burguesía, por no hablar de su ridícula participación en la gran fiesta, digna del fin del Imperio romano o de Hollywood, organizada por uno de los principales capitalistas del país, Leonardo Maria del Vecchio, copropietario de Essilor Luxottica.
En consecuencia, es la CGIL la que se hace cargo de un programa (casi electoral) de reformas en materia de salud, educación y fiscalidad, en contra del aumento del gasto militar y del rearme, y la que invita a los dirigentes de centroizquierda a su Conferencia programática para darles una tribuna y credibilidad. Y la CGIL se fijó como misión sumarse a las movilizaciones juveniles en curso, apoyarlas y hacerse eco del llamamiento internacional de los estudiantes contra el rearme y el servicio militar obligatorio del 20 de noviembre, organizando ese mismo día una huelga general en defensa de los salarios, las pensiones frente al aumento del costo de la vida, frente al deterioro del sistema sanitario y de la educación. La CGIL se inscribe así en la continuidad de las luchas de los dos últimos meses, un camino con el que todos los actores puedan identificarse y en el que puedan participar.
***
Entonces, ¿todo va bien? Para nada. Paralelamente, la dirección de la CGIL tomó una segunda iniciativa, entre bastidores, que culminó con un nuevo acuerdo con la CISL y la UIL y con la apertura de negociaciones con la Confindustria y el resto de organizaciones patronales sobre la representación sindical y las disposiciones contractuales, es decir, sobre la cuestión salarial, que sin embargo constituye una verdadera urgencia para la clase obrera italiana. Y a diez días de la huelga general, estas negociaciones con la Confindustria concluyeron con un acuerdo muy desfavorable para las trabajadoras y los trabajadores, con el pleno consentimiento de la dirección de la CGIL. 2
No es, desde luego, la mejor manera de preparar una huelga general a la que se habían sumado prácticamente todas las organizaciones sindicales, con la única excepción de la USB, que pudo justificar su rechazo a la unidad denunciando este acuerdo leonino: «Por un lado, se llama a los trabajadores a la huelga, se lamenta con razón la crisis salarial y se evoca la necesidad de cambiar radicalmente las políticas económicas de este país. Por otro lado, mientras la movilización social se intensifica, se vuelve a la mesa de negociaciones con las asociaciones patronales para consolidar precisamente ese modelo de relaciones laborales que ha acompañado, a lo largo de las últimas décadas, al empobrecimiento progresivo del mundo laboral.»
En este artículo no es posible analizar los distintos aspectos del acuerdo. Lo que sí es seguro es que se trata de un acuerdo que favorece los intereses de las asociaciones patronales y de las burocracias sindicales para preservar sus funciones, en particular el acceso a los recursos públicos, gracias, sobre todo, a la aceptación de las disposiciones de un decreto-ley del 1 de mayo del gobierno de Meloni (al que se había opuesto la CGIL), que sustituye el concepto de «salario mínimo legal» —objeto de un acalorado debate, ya que esta institución fundamental brilla por su ausencia en Italia, mientras que sí está presente en la legislación de muchos otros Estados europeos— por un «salario justo» falaz y engañoso, totalmente favorable a la posición patronal.
La oposición del ala izquierda de la CGIL, que votó en contra del acuerdo, era, por lo tanto, previsible. 3 En esencia, solo hay una realidad: los salarios básicos de los trabajadores no pueden aumentar; como mucho, y a posteriori, pueden recuperar una parte de la inflación, la prevista por el índice IPCA-NEI, es decir, sin contar los costos de la energía. Esto confirma así lo que viene ocurriendo desde hace 30 años: la caída de los salarios. La postura de la CGIL es totalmente contradictoria y engañosa: convoca a la huelga para conseguir fuertes aumentos salariales y, al mismo tiempo, firma un acuerdo que los penaliza por completo. La contradicción es también política: se opone al gobierno, pero se pone de acuerdo con la Confindustria, que, como por casualidad, mantiene una perfecta simbiosis con el ejecutivo de Meloni.
No bajemos la presión en este «otoño caliente»
Estamos convencidos de que la dinámica de movilización, participación y unidad entre estudiantes y trabajadores, entre jóvenes y menos jóvenes, también se manifestará durante la huelga y las manifestaciones del 20 de noviembre. Pero lo cierto es que ni la pésima decisión de la CGIL de firmar un acuerdo con la Confindustria, ni la decisión de la USB de retirarse y no hacer valer su legítima crítica durante una jornada de lucha destinada a unir en la medida de lo posible a todas las trabajadoras y trabajadores, así como a las organizaciones sindicales y sociales, no son el mejor trampolín para que el movimiento de masas continúe en las próximas semanas, como es necesario. Más aún si se tiene en cuenta una situación europea en la que se suceden huelgas generales en distintos países, primero en Francia, luego en España, después en Italia, y quizá en Bélgica, Portugal y Grecia, y tal vez de nuevo en Francia. ¿Cuándo podrá reproducirse una situación similar a escala continental?
Si, por un lado, la dirección de la CGIL considera el 20 de noviembre como una jornada importante, pero de carácter meramente reivindicativo, sin plantearse profundizar más en la movilización, y si, por otro lado, la USB espera poder reforzar únicamente su propia organización sindical gracias a la manifestación del 12 de diciembre, en un contexto de retroceso de la lucha, estas dos perspectivas nos parecen inadecuadas, ya que ciertamente no se corresponden con lo que está en juego ni con las esperanzas de todas aquellas personas que se movilizan para lograr obtener una nueva victoria.
El 20 de noviembre será también una prueba del éxito efectivo de la huelga a gran escala, con el bloqueo de la producción, las actividades y la prestación de servicios, es decir, de su eficacia material y económica. Las movilizaciones del año pasado pusieron de manifiesto una importante discrepancia entre la importancia de las manifestaciones y concentraciones y la tasa real de absentismo laboral. 4 El 30 de octubre, el éxito de la huelga fue mayor en el transporte, los puertos y el sector educativo. En el sector de la enseñanza se dispone de datos fiables sobre las tasas de participación en la huelga, que, sin embargo, siguen siendo totalmente insuficientes en relación con los objetivos que se persiguen: el 30 de octubre, en el sector educativo, la tasa media de participación en la huelga ascendió al 8,6 %, con picos que rondaban el 15-20 % en la Toscana y en Emilia, lo que refleja una adhesión significativa de los afiliados a la CGIL, teniendo en cuenta las características de estas dos regiones.
Hay que esperar y trabajar para que las huelgas aumenten de forma significativa, junto con la presencia en la calle, con el fin de afirmar un cambio general en las relaciones de fuerza, mientras que las encuestas indican, por el momento, una resistencia significativa por parte de la derecha.
Estas consideraciones remiten a una cuestión decisiva para el futuro del movimiento: la organización en los lugares de trabajo y de estudio, a nivel territorial, con el fin de garantizar la continuidad, sus formas democráticas de participación (asambleas, comités, consejos) en las que participe todo el mundo y, por tanto, su fuerza global, un tema que hasta ahora apenas ha sido abordado. Las asambleas existen, pero en formas muy variadas; los comités de lucha son escasos, y los órganos de tipo consejo en los lugares de trabajo lo son aún más. Los RSU (representantes sindicales de empresa) son algo positivo, pero no pueden considerarse sustitutos de las asambleas y los consejos. Ni siquiera existe una «intersindical» como en Francia, ni siquiera los intergrupos —muy criticables— que existían hace unas décadas entre las fuerzas políticas radicales. Hacer crecer el movimiento, dotarlo de fuerza, definir los objetivos, decidir colectivamente las formas y el calendario de la lucha: todo ello requiere una amplia participación y un debate democrático. En la perspectiva del 20 de noviembre y los días siguientes, las fuerzas políticas y sindicales, así como las militantes y los militantes sociales, deberán trabajar en este sentido: la efervescencia social, la radicalización en curso y la esperanza de poder cambiar el futuro que surge de una movilización internacional europea lo exigen y lo hacen posible.
Notas
- En el diario francés Le Monde, Allan Kaval cita al presidente de la Asociación Nacional de Directores de Centros Educativos, Antonello Giannelli: «Por razones relacionadas con la historia económica de Italia, hay ciertas ciudades o barrios en los que los alumnos extranjeros pueden ser mayoritarios. No sé cuáles serán las disposiciones del decreto, pero será difícil enviarlos a kilómetros de distancia de sus hogares para cumplir con las cuotas». Allan Kaval añade: «En Italia, en el lenguaje corriente, el término “extranjero” puede referirse a italianos de origen extranjero, especialmente no europeo, a extranjeros nacidos en territorio nacional o a inmigrantes, naturalizados italianos o no». ↩
- El acuerdo se articula en torno a cuatro pilares: la representación, las disposiciones contractuales, los salarios y el contenido de los convenios colectivos. A estos se suman capítulos específicos dedicados a la salud y la seguridad en el trabajo, la formación y la participación de los trabajadores en la vida de las empresas. ↩
- Declaración de Eliana Como, representante de la corriente «Le radici del sindicato», durante la asamblea general de la CGIL celebrada el 14 de noviembre: «Votaremos en contra, lo que, creo, no sorprenderá a nadie, ya que expresamos nuestras críticas desde el momento en que se presentó el programa, principalmente porque este acuerdo confirma en lo esencial el «Pacto por la fábrica» y, sobre todo, porque los aumentos salariales están indexados al IPCA, es decir, a la inflación corregida por el aumento de los costos energéticos. También lo dejamos claro en esta reunión». ↩
- Ante esta situación, un joven investigador, Stefano Poggi, escribió hace un año en Jacobin: «Queda por ver hasta qué punto este modelo es aplicable a huelgas generales que cuentan con un consenso social menos sólido y menos extendido, empezando por la huelga general contra la ley de presupuesto. A este respecto, conviene recordar que el contrato indefinido sigue siendo, con diferencia, la forma de empleo más extendida en nuestro país (16,4 millones de trabajadores con contrato indefinido frente a 5,1 millones de autónomos y 2,6 millones de trabajadores con contrato temporal). Convocar una huelga general y registrar bajos índices de participación entre los trabajadores y trabajadoras seguiría siendo, por tanto, un resultado problemático, sobre todo en jornadas en las que el escaso consenso en torno al tema de la movilización implicaría inevitablemente un menor interés fuera del mundo laboral y una capacidad reducida de aparecer en los titulares de los medios de comunicación. En resumen, la huelga hiperpolítica es sin duda una herramienta importante a disposición de los sindicatos y los movimientos, pero no basta para resolver el problema del escaso compromiso del núcleo central del mundo laboral en Italia, es decir, los trabajadores y trabajadoras.» ↩