Dragas de la minería de oro operando en el río Kaka. Foto: Javier Mamani
Iván Paredes Tamayo
Mongabay, 12-11-2026
Correspondencia de Prensa, 15-11-2026
–El segundo país con mayor pérdida de bosque primario del mundo asigna escasos recursos públicos al área de ambiente y áreas protegidas.
–Un análisis de Mongabay Latam revela que en los últimos 16 años, la cartera de Ambiente no ha tenido un incremento estable en su presupuesto.
–En 2026, las cifras están cada vez más lejos de mostrar un giro en esa tendencia.
–Este año, los fondos del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) representan apenas el 0.01 % del presupuesto nacional.
Bolivia es el segundo país con mayor pérdida de bosque primario del mundo. Mientras la Amazonía y otros biomas son afectados por incendios, minería y contaminación, en la ciudad de La Paz, sede del Gobierno Nacional, las planillas presupuestarias reflejan parte de la raíz del problema: los fondos no son suficientes y son altamente superados por la inversión del Estado en proyectos extractivos y el gasto militar.
En los últimos 16 años, la cartera ambiental recibió, en promedio, el 0.56 % del presupuesto nacional, con un pico de crecimiento en 2022 que alcanzó el 0.97 % y una asignación muy baja en 2015 que bordeó el 0.31 % de los fondos totales presupuestados en ese año.
Mongabay Latam analizó las partidas presupuestarias de Bolivia en los últimos tres lustros. El resultado: la cartera de Ambiente tuvo sus altibajos con un leve repunte en el 2026, que alcanzó el 0.89 % del presupuesto nacional. Es el equivalente a 11.8 millones de dólares entre asignaciones para la subcartera de Medio Ambiente y Agua y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).
El nuevo gobierno hizo desaparecer el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia a finales de 2025, tras la asunción de Rodrigo Paz como presidente, y redujo la cartera a un viceministerio que depende hoy del Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua.
Al Viceministerio de Medio Ambiente se le asignaron 56 409 789 bolivianos (5.1 millones de dólares), cifra que representa solo el 0.01 % de todo el presupuesto 2026. Al Sernap, se le asiganeron otros 73 819 217 bolivianos, equivalentes a más de 6 millones de dólares para “gastos de funcionamiento” y “presupuesto de programas multisectoriales”. El presupuesto del Sernap es el 0.02 % de todo el presupuesto nacional.
“Esto muestra que es un problema de ceguera insistente y a estas alturas es imperdonable porque las consecuencias de esa ceguera son sistémicas e inviabilizan el propio desarrollo sostenible que se quiere proponer”, afirmó la diputada Cecilia Requena, de Alianza Unidad. “Hay un error constante en los miserables montos de presupuestos [ambientales], es un gravísimo error de concepción de lo que es importante e irreversible, como son los ríos contaminados con mercurio [por la minería de oro]”, reclamó la legisladora de la bancada de oposición en diálogo con Mongabay Latam.
Requena añadió que la situación económica de la gestión ambiental empeoró con la decisión de eliminar el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. “Esa fue una visión retrógrada y que nos pasará factura no solo por el patrón extractivista, sino también por los fenómenos naturales, como El Niño”, afirmó.
Además cuestionó que aunque “en épocas de bonanza económica, entre 2004 y 2014, se hizo énfasis en mejorar y consolidar un buen presupuesto ambiental, [en la práctica] sucedió lo contrario y se hicieron leyes para facilitar la devastación”.
Mongabay Latam habló con expertos, organizaciones ambientales, líderes indígenas y políticos para analizar los altibajos en el presupuesto de la cartera ambiental que en los últimos 16 años nunca ha superado el 1 % del presupuesto nacional.
Los bosques que sigue perdiendo Bolivia
Bolivia es el país más deforestado del mundo si se considera la superficie perdida en función al tamaño del territorio, señala Pablo Solón, director de la Fundación Solón. Es decir, al tener una extensión siete veces menor que Brasil, es en la práctica el país que más bosque perdió, considerando las cifras del último informe global del Laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland y Global Forest Watch (GFW) del World Resources Institute (WRI).
¿Por qué Bolivia está perdiendo bosque a pasos agigantados? Solón argumenta que ningún gobierno en los últimos 30 años priorizó el sector ambiental y que la débil situación financiera de esta cartera se refleja en la ausencia de programas públicos para atender la situación. “Bolivia siempre ha tenido una política de que los gastos de inversiones recaen sobre todo en la cooperación internacional y aún con esa inversión de la cooperación no se supera el 1 % del presupuesto general del Estado”, afirmó el especialista.
En el caso de la deforestación, para Solón no existe una política pública para atacar las causas de la pérdida de bosque, ya que solo hay acciones cuando los incendios empiezan a devorar la cobertura boscosa cada año. “Las políticas fundamentalmente deberían estar orientadas a frenar la expansión de la frontera agropecuaria, elevar las sanciones a quienes deforestan de manera ilegal, asumir mecanismos de control preventivo muy fuertes para evitar que los incendios se expandan, derogar las leyes incendiarias y tener una normativa que realmente busque preservar el bosque. Entonces para mí el problema es la política”, aseguró el experto.
Cuando haya una buena política de manejo de los bosques, dice Solón, recién se podrá hablar de financiamiento para ejecutar programas de conservación y planes para tener una nueva mirada del modelo de agronegocio y de ganadería, que son los principales actores de la pérdida de bosques en Bolivia.
“El aspecto económico es que tú puedes meterle plata, pero ¿plata a qué? ¿Plata a apagar el incendio o plata a una reconversión de la agricultura y la ganadería que es extremadamente dañina para los bosques?”, preguntó el especialista.
Mongabay Latam se contactó durante agosto con el viceministro de Medio Ambiente de Bolivia, Jorge Ávila, quien dijo que iba a enviar su opinión sobre el presupuesto ambiental de la gestión de Paz. Se le contactó por segunda vez dos semanas después del primer contacto, pero dijo que no tenía autorización del entonces ministro de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente, Fernando Romero. Esa cartera fue eliminada poco después por el Presidente.
Actualmente, Ambiente es un viceministerio bajo el Ministerio de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Agua, dirigido por el agroempresario Óscar Justiniano. Un tercer contacto con el viceministro sucedió a mediados de octubre, pero el funcionario no respondió el mensaje
Leonardo Tamburini, director de Oré, organización dedicada a la defensa de los derechos territoriales indígenas, el acompañamiento legal y social y la conservación ambiental, ve que mientras el presupuesto ambiental desciende cada año, las políticas a favor del agronegocio y la ganadería ganan protagonismo en medio de cifras alarmantes de deforestación. En 2024, Bolivia perdió cerca de 12 millones de hectáreas debido a los incendios. Ese fue el año más crítico para el país.
“Cada año va en aumento la lógica de la producción, de la productividad y después el cobrar cada vez menos en multas por quemas o por ahí con algún ‘perdonazo’. Al final, se recaudaba, pero no volvía ese dinero a los órganos para poder fortalecer su capacidad de fiscalización y control. Con eso, la capacidad técnica disminuyó y los funcionarios fueron de menor preparación”, remarca Tamburini.
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) fue creada en 2009 para regular, supervisar y fiscalizar el uso sostenible de los recursos forestales y la tierra en Bolivia. Además, controla el tráfico ilegal de madera, las quemas no autorizadas y los delitos ambientales.
Tamburini afirma que lo que cobra esta entidad por imponer multas por la tala de bosque no autorizada debería retornar a esta institución para poder realizar más fiscalización. Sin embargo, el problema, según el experto, está en que más del 70 % de lo que recauda la ABT va al Estado central y no regresa a la entidad.
“La ABT está generando recursos y tiene que ser responsable del control y la fiscalización de 103 a 106 millones de hectáreas. pero solo le dan el 20 % o 30 % de lo que está recaudando. Entonces, así es muy complicado”, dice Tamburini.
A este escenario, el director de la organización Oré añade un detalle más: la ABT recauda menos debido a que se flexibilizaron normas que penalizan las infracciones forestales. Hubo momentos críticos en los que la entidad no recaudó, debido a que el Estado aprobó un “perdonazo” -una medida que extingue o minimiza la multa de un infractor- después de diez años de que los infractores no cumplieron con pagar ninguna de sus multas, explica. “Entonces, acá tienes un problema político, tienes un problema normativo y tienes un problema estructural”, dice Tamburini.
Stasiek Czaplicki es economista ambiental e investigador. El experto explicó a Mongabay Latam que el rubro de bosques y conservación quedó “muy desatendido” en los últimos 30 años, ya que sus principales entidades, como el Sernap y la ABT, contaron con presupuestos “muy bajos”, que en su mayoría fueron financiados por la cooperación internacional.
“Esto representa menos de la mitad de lo que se requiere para funcionar adecuadamente. En el caso de la ABT, su presupuesto rondaba los 170 millones de bolivianos (15.4 millones de dólares) anuales hasta 2013, pero en los últimos años descendió hasta apenas 50 millones de bolivianos (4.5 millones de dólares). Esto ocurre pese a que la ABT recauda alrededor de tres veces más (14.5 millones de dólares) mediante permisos y sanciones, por lo que el problema no parece ser la falta de recursos, sino su asignación efectiva”, recalcó Czaplicky.
Las áreas protegidas sin financiamiento
La falta de presupuesto no le permite a Bolivia atender de manera eficiente las 23 áreas protegidas de alcance nacional. De hecho, según un diagnóstico elaborado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) al que accedió Mongabay Latam, esta entidad requiere de 158 millones de bolivianos (14.3 millones de dólares) para lograr un funcionamiento adecuado.
Por esta razón, los 6.7 millones de dólares que le asignaron condenan a la entidad, según el documento, a una “vigilancia insuficiente”, un “control territorial limitado”, a enfrentar “dificultades operativas” y a mantener una “dependencia de la cooperación internacional”.
“Sin recursos suficientes, los beneficios ambientales, sociales y económicos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) se encuentran en riesgo”, se lee en el informe del Sernap que muestra los retos de la entidad a 2030.
Marcos Uzquiano, presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac), explicó a Mongabay Latam que desde esa entidad se pidió a los diferentes gobiernos asegurar la estabilidad laboral de los guardaparques.
“Estamos planteando que el Sernap y cada reserva puedan buscar otro tipo de mecanismos alternativos sostenibles, a través de la cooperación internacional para garantizar, por ejemplo, los gastos operativos. Pero lo importante es que todos los guardaparques sean personal de planta y no haya contratos eventuales”, remarca Uzquiano.
Para el presidente de Abolac, un tema urgente y que requiere mecanismos de financiamiento es el “fortalecimiento integral” a favor de los guardaparques, con el fin de lograr recursos para logística, dotación de uniformes, campamentos, mejoras de condiciones laborales y otras herramientas que necesitan para cumplir sus funciones.
Cada una de las reservas naturales en Bolivia enfrenta diferentes amenazas, como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala de árboles, los avasallamientos o invasiones, incendios, proyectos petroleros o deforestación. Además, estas áreas también tienen que lidiar con problemas internos: reducción de guardaparques y de recursos económicos.
En resumen, el presupuesto actual y el personal con el que se cuenta solo alcanza para cubrir el 9 % del territorio que ocupan estas reservas en todo el país, según la Liga Defensa del Medio Ambiente (Lidema). La cifra está muy lejos de lo esperable: en Bolivia, los santuarios naturales representan el 22 % de toda la superficie nacional.
El SNAP cuenta con 270 guardaparques para vigilar 17 millones de hectáreas. Es decir que cada guardaparque, en promedio, está a cargo de 62 962 hectáreas.
Pablo Sólón insiste en que la cantidad de dinero que se pueda recolectar del financiamiento externo o incluso de reasignaciones del Presupuesto General del Estado (PGE) resultan “absolutamente secundarios” frente a una política de apertura de las áreas protegidas a la explotación minera, promovida por el gobierno de Paz.
“Yo creo que hay que enfrentar esta problemática con los pies en la tierra. Primero definamos qué políticas son necesarias y luego veamos qué financiamiento se necesita para esas políticas, pero de nada sirve conseguir el financiamiento si vamos a aplicar las políticas en las áreas protegidas a actividades extractivas como lo está planteando el actual gobierno”, resaltó Solón.
Tamburini, en la misma línea, remarcó que no se puede hablar de financiamiento para las áreas protegidas cuando el gobierno actual negocia con mineros cooperativistas el ingreso a las reservas para que puedan explotar oro. También pone en la mesa otras actividades extractivas que afectan la conservación de las áreas naturales.
“No hay que caer en la tentación de financiar las áreas protegidas con actividades extractivas, que es lo que en algunos casos se ha propuesto», alerta, y agrega que el problema viene de antes: «Hay decretos vigentes de la época de Evo Morales que autorizan esta situación: no se permite desmontar, pero sí se permite una actividad petrolera o minera”.
El experto pone el foco en la violencia que existe en las áreas protegidas de Bolivia. Ve que la minería ilegal tiene nexos con el narcotráfico, lo que pone en riesgo la vida de los guardaparques, que por falta de financiamiento no tienen los equipos necesarios para vigilar estas zonas
“Más allá de la conservación de los bosques hay que empezar a tomar en cuenta situaciones de seguridad, situaciones que tienen que ver con la vida humana, con el tráfico de personas, con el narcotráfico; y no solamente con la contaminación de los ecosistemas, sino de otros temas que generan la economía de estas actividades poderosas”, afirma Tamburini.
Bolivia es uno de los más de 190 países que se comprometieron en 2024 con la tercera meta del Marco Global para la Diversidad Biológica (MGDB), denominada 30×30. Para lograr este resultado es urgente dar una eficiente protección a las áreas protegidas -nacionales y subnacionales-, sitios Ramsar y ecosistemas estratégicos para garantizar la conservación de al menos el 30 % de su superficie al 2030. La pregunta es: ¿cómo alcanzará la meta sin políticas concretas y con un presupuesto insuficiente?
El último de la fila
De acuerdo con la investigación de Mongabay Latam, mientras el promedio histórico del presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente en Bolivia es del 0.56 % del presupuesto general y los fondos ambientales se achican cada vez más, sucede lo contrario con otras carteras, sobre todo la que administra los recursos militares. El Ministerio de Defensa tiene tres veces más asignación financiera que el de Ambiente.
Los cinco ministerios que han tenido, en promedio, mayor concentración de recursos durante el periodo analizado son: el Ministerio de Gobierno (17.94 %), el Ministerio de Defensa (16.48%), el Ministerio de Salud y Deportes (12.73 %), el Ministerio de la Presidencia (10 %), y el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (8,13 %).
El comportamiento de estos sectores muestra cambios significativos en las prioridades de asignación. Por ejemplo, Salud y Deportes es el sector con el mayor crecimiento: 422.5 % en su presupuesto absoluto entre 2011 y 2026. Su participación en el presupuesto nacional pasó de un 8.3 % en 2011 a un proyectado 21.5 % en 2026.
El Ministerio de la Presidencia, la entidad líder de todos los ministerios que tiene coordinación cercana con la Presidencia del Estado, mostró un crecimiento del 370.9 %, alcanzando picos de participación superiores al 17 % del presupuesto nacional entre 2015 y 2016, aunque con una tendencia a la moderación en los años finales del periodo.
Seguridad y Defensa es otro sector prioritario. El Ministerio de Gobierno que tiene bajo su poder a la Policía obtuvo un alza presupuestaria de 161.4 % en los últimos 16 años, mientras que el Ministerio de Defensa, que administra las Fuerzas Armadas, obtuvo un 48.1 %.
En el análisis realizado por Mongabay Latam, el presupuesto ambiental en Bolivia, entre 2011 y 2026, revela una tendencia mínima de crecimiento, muy lejos de sectores como Gobierno y Defensa.
«Dentro del presupuesto general, el peso real de la protección ambiental apenas promedia un marginal 0.56 % desde 2011, demostrando que la Madre Tierra sigue siendo un actor secundario en las finanzas públicas”, dijo a Mongabay Latam Gonzalo Colque, economista e investigador de Fundación Tierra.
“Detrás de picos estadísticos recientes, la historia fiscal del país revela un abandono crónico que tocó fondo en 2015, cuando el sector ambiental recibió un humillante 0.3 % del presupuesto. Las cifras oficiales exponen que la crisis climática se combate con discursos millonarios, pero con billeteras vacías”, cuestionó.
-Edición: Alexa Vélez y Emilia Delfino. Investigación: Cristina Fernández e Iván Paredes. Con la colaboración de Daniela Quintero Díaz