Anred, 5-9-2026
Correspondencia de Prensa, 6-9-2026
Más de 2.000 efectivos policiales movilizados contra trabajadores que, en un 93,6%, no tenían ninguna falta migratoria. El informe desarma el relato oficial sobre la «amenaza extranjera» y expone el plan sistemático para frenar trámites, exigir requisitos fantasma y fomentar la xenofobia en medio de la crisis económica nacional.
La criminalización de la pobreza y la estigmatización del migrante volvieron a ser política de Estado. Detrás del gran despliegue de policías federales y trabajadores de Migraciones, los datos oficiales desarman el relato gubernamental de la «amenaza» extranjera. Según un reciente informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), basado en pedidos de acceso a la información pública, las fuerzas de seguridad federales montaron operativos que no logran justificación y solo hostigan a comunidades migrantes, ya estigmatizadas.
Durante el primer semestre de 2026, el Estado movilizó a más de 2.000 efectivos policiales —1.788 de ellos de la Policía Federal— para intervenir en 590 operativos callejeros. ¿El resultado de semejante despliegue? El 93,6% de las personas controladas (6.802 sobre un total de 7.261) eran extranjeros con su condición migratoria completamente regular. Apenas el 2,2% (161 personas) presentaba irregularidades menores, tales como simples faltas administrativas. Mientras que 4,1% de los hostigados eran ciudadanos argentinos. Tal como denuncia el CELS: «los datos dan cuenta de que este tipo de operativos solo tienen intención de montar un gran espectáculo sobre la intervención policial».
El 53% de las intervenciones se ejecutó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, apuntando específicamente a las comunas 9, 3 y 7 (Liniers, Balvanera y Flores), zonas atravesadas por ferias populares y trabajadores de la economía informal. Del otro lado de la General Paz, el 72% de los operativos bonaerenses se concentró en el municipio de Lomas de Zamora. Ante la falta de un diagnóstico real, el Gobierno decide tratar a poblaciones que sostienen empleos de subsistencia, lisa y llanamente como un chivo expiatorio de la crisis económica.
En mayo de 2025, el Poder Ejecutivo impuso por decreto una reforma (Decreto 366/25) desde una mirada excluyente y criminalizadora, que echó por tierra el paradigma de integración sostenido durante los últimos 20 años.
El decreto exige acreditar «medios económicos suficientes» para acceder a la residencia. Pero un año después de su implementación, la propia Dirección Nacional de Migraciones reconoció que los criterios para evaluar esa solvencia aún están «a estudio de las autoridades superiores». Es decir, se exigen requisitos que no estan claros hoy.
El CELS es claro y advierte: «El gobierno produce el problema: al ralentizar los trámites migratorios, genera que más personas estén en condiciones de irregularidad y luego las persigue».
Desde la vigencia del mencionado decreto, el promedio de expulsiones dictadas se duplicó, pasando de 98 mensuales en 2025, a 202 en el primer semestre de 2026, con un alarmante pico de 379 casos solo en junio.
Las cifras confirman que no existe en Argentina un problema migratorio, sino una decisión de una política enfocada en promover el racismo y la xenofobia institucional.