Foto: Miembros de la unidad militar israelí 2640 (Uriah), Franja de Gaza. 21-7-2025 (periódico Ha-Macom)
Agencia Media Palestine, 17-8-2026
Entre les lignes entre les mots, 21-8-2026
Traducción de Correspondencia de Prensa, 22-8-2026
Euro-Med Human Rights Monitor acusa a Israel de retirar posibles pruebas de crímenes de guerra y genocidio junto con los escombros de los barrios destruidos del enclave palestino.
Cada día, una media de 100 camiones retira escombros de la Franja de Gaza. Sin embargo, no se trata de obras destinadas a rescatar a personas desaparecidas, reabrir carreteras o preparar la reconstrucción del enclave: por el contrario, estos camiones podrían estar llevando a cabo la eliminación deliberada de pruebas de los crímenes cometidos por Israel durante estos últimos tres años de guerra genocida.
Esto es lo que teme el observatorio de derechos humanos Euro-Med Human Rights Monitor, que publicó a principios de mes un informe alarmante sobre las operaciones de limpieza de las zonas situadas detrás de la «línea amarilla», bajo control militar israelí desde la entrada en vigor del supuesto «alto el fuego».
La organización afirma que las fuerzas israelíes, en colaboración con contratistas civiles israelíes, están llevando a cabo allí una operación a gran escala y bien organizada destinada a procesar y retirar los escombros de los barrios e instalaciones que destruyeron en la Franja de Gaza, para luego transportarlos fuera de la Franja de Gaza.
«Estas operaciones se llevan a cabo sin que se mantenga ningún registro oficial sobre las cantidades evacuadas y sin ningún control independiente, incluso antes de que las comisiones de investigación internacionales y locales hayan tenido la oportunidad de inspeccionar, examinar y documentar los sitios», advierte Euro-Med, que teme que «esto pueda destruir pruebas cruciales de genocidio, así como los restos de las víctimas cuyo paradero bajo los escombros sigue siendo desconocido.»
Borrar las pruebas
Unas 400 máquinas pesadas de excavación, demolición, reducción y transporte, operadas por empresas civiles israelíes bajo protección militar, están trabajando en el este y el sur de Gaza. Demuelen las estructuras que aún quedan en pie, trituran los escombros de los barrios destruidos y cargan los restos en camiones para transportarlos fuera de sus lugares de origen.
La preocupación de Euro-Med radica en que estas operaciones se llevan a cabo sin ningún tipo de supervisión externa y antes de que los equipos forenses, los expertos en pruebas y los especialistas en munición sin explotar puedan examinar, documentar y preservar los lugares, así como las pruebas y los restos humanos.
«Entre los escombros esparcidos por toda la Franja de Gaza se encuentran lugares en los que podrían haberse producido homicidios ilegales y bombardeos dirigidos contra familias enteras, así como lugares en los que se sospecha que hay fosas comunes o cadáveres enterrados en viviendas, hospitales, refugios e instalaciones civiles destruidas.»
Estas operaciones podrían, por lo tanto, vulnerar el derecho de las familias a conocer la suerte que tuvieron sus seres queridos desaparecidos, así como a recuperar y enterrar sus restos con dignidad, cuando se supone que 8 500 cadáveres de palestinos y palestinas desaparecidos durante los últimos tres años de genocidio siguen enterrados bajo los escombros.
Además, son contrarias a las normas internacionales que exigen la búsqueda de los fallecidos, la recopilación y la protección de la información relativa a los mismos, así como la garantía de una identificación y un registro adecuados. Además de los restos humanos, estos lugares podrían contener pruebas esenciales para identificar las armas, la cronología del ataque, las posiciones de las víctimas y los asaltantes, los alcances de los disparos, la causa y las circunstancias de la muerte, así como fragmentos, proyectiles, casquillos vacíos, rastros biológicos y efectos personales.
«La reducción, la mezcla y el transporte de los escombros pueden borrar pruebas, detalles de localización y vínculos en de la escena del crimen», afirma Euro-Med. «Este proceso también rompe la cadena de custodia de las pruebas, lo que puede hacer imposible rastrear el lugar donde fueron recogidas o relacionarlas con un incidente o una víctima en concreto. Estos daños no pueden repararse con fotografías aéreas ni con testimonios posteriores, ya que las investigaciones de delitos internacionales también requieren pruebas tangibles que puedan examinarse, compararse y verificarse jurídicamente.»
Remodelación sistemática del paisaje urbano
Según la Evaluación rápida de los daños y las necesidades en Gaza, publicada conjuntamente por el Banco Mundial, las Naciones Unidas y la Unión Europea en abril de 2026, hay aproximadamente 68 millones de toneladas de escombros repartidos por la Franja de Gaza.
Sin embargo, esta cifra astronómica no tiene en cuenta los daños causados por las posteriores operaciones de demolición y destrucción. Y es que, desde la entrada en vigor del supuesto alto el fuego, en octubre de 2025, el ejército israelí lleva a cabo la destrucción sistemática de las estructuras que quedan en las zonas que ocupa, más allá de la línea amarilla. Una nueva evaluación realizada por el Centro de las Naciones Unidas para Satélites (UNOSAT) estima que el número de construcciones destruidas en Gaza aumentó un 9 % desde la proclamación del alto el fuego en octubre de 2025.
Otros estudios, entre ellos uno publicado por Forensic Architecture y Dropsite News, analizaron imágenes de satélite para demostrar la destrucción sistemática por parte de Israel de zonas estratégicas, así como los trabajos de desescombro, compactación del suelo y evacuación de residuos.
Estas destrucciones por parte de Israel constituyen una violación flagrante del acuerdo de alto el fuego, ya que ponen de manifiesto la voluntad israelí de no retirarse de las zonas ocupadas y de remodelar definitivamente el paisaje urbano palestino, agravando así el desplazamiento de la población y la limpieza étnica.
Euro-Med identifica en este proceso una faceta del colonialismo de asentamiento israelí, «que consiste en desarraigar a los palestinos, borrar los rastros de su presencia y redefinir el territorio sin ellos. Esto allana el camino a los esfuerzos de Israel por restablecer las colonias en Gaza y desplazar a los residentes palestinos, lo que marca así una nueva fase de colonización y la continuación de la negación del derecho a la tierra y del derecho al retorno.»
En Al Jazeera, el general de brigada retirado Elias Hanna, experto militar y estratégico, explica que la geografía y el urbanismo se utilizan contra la población de Gaza como una forma extrema de castigo colectivo.
«Los edificios y el espacio geográfico forman ahora parte integrante de la batalla y constituyen un arma en toda regla», explica. «Cuando el enemigo israelí destruye y arrasa con excavadoras, esas operaciones forman parte de una política de castigo colectivo; es decir, se crea un nuevo orden urbanístico, una nueva fase y una configuración diferente del entorno social y de seguridad con el fin de castigar a quienes resisten y, al mismo tiempo, castigar a la población civil.»
Sitio y saqueo
En la actualidad, alrededor de 400 máquinas pesadas destinadas a trabajos de excavación, demolición, trituración y transporte, operadas por empresas civiles israelíes bajo protección militar, se encuentran trabajando en el este y el sur de la Franja de Gaza. Estos equipos derriban las estructuras que aún permanecen en pie, trituran los escombros de los barrios destruidos y cargan los restos en camiones para retirarlos de los lugares donde se encuentran.
Este arsenal resulta especialmente cínico cuando se observa, al otro lado de la línea amarilla, a los equipos de defensa civil obligados a buscar a las personas desaparecidas con un equipamiento cruelmente insuficiente.
Efectivamente, Israel sigue prohibiendo el paso de maquinaria pesada capaz de retirar los bloques de hormigón que dejaron los ataques israelíes, lo que obliga a los equipos de rescate a trabajar casi exclusivamente a mano.
Además de esta disonancia, Euro-Med también alerta de que estas destrucciones podrían constituir un acto de saqueo: «Los escombros presentes en la Franja de Gaza no se limitan a simples escombros; incluyen bienes privados y públicos, materiales de construcción esenciales como el acero, la piedra y el hormigón —que pueden reciclarse y reutilizarse—, así como otros bienes de valor necesarios para que los palestinos reconstruyan sus hogares, sus carreteras y sus infraestructuras. También pueden contener títulos de propiedad, documentos oficiales y efectos personales que forman parte integrante de los derechos y la memoria de las personas y las familias», explica el comunicado.
«La evacuación de los escombros de la Franja de Gaza y su explotación con fines comerciales sin el consentimiento de los propietarios ni indemnización alguna puede constituir, según las circunstancias y la intención subyacente a la incautación, una confiscación ilegal o un saqueo. Dichos actos están prohibidos por el Derecho internacional humanitario, en particular el artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra y las disposiciones pertinentes del Estatuto de Roma.»
Según los primeros datos recopilados en el terreno, Euro-Med Human Rights Monitor estima que al menos 10 millones de toneladas de escombros han sido retiradas, trituradas o trasladadas de sus emplazamientos originales a las zonas sometidas al control militar ilegal de Israel, que abarcan aproximadamente el 66 % de la Franja de Gaza.