Demian Maciel
Anred, 21-8-2026
Correspondencia de Prensa, 23-08-2026
El pasado 14 de agosto, la Procuración General de la Nación dictó la resolución interna 56/2026 para unificar el criterio de las fiscalías federales y reforzar la acción de las fuerzas de seguridad contra la organización popular, el movimiento obrero, piquetero y los organismos de derechos humanos. Al ordenar la aplicación obligatoria de la “Guía para la investigación de incidentes terroristas previos a un ataque”, habilita a intervenir asambleas, plenarios, charlas y actividades de todo tipo, abriendo las puertas a la infiltración de las fuerzas represivas. Estamos ante un salto cualitativo en la ofensiva contra las libertades democráticas y políticas de la población.
El terrorismo político: de la ley al salto operacional
Hace una década, el kirchnerismo introdujo el concepto de «terrorismo» en el ordenamiento penal mediante la Ley Antiterrorista, una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) utilizada por sucesivos gobiernos patronales para perseguir organizaciones populares. La resolución PGN 56/2026 profundiza esta dirección al incorporar el «terrorismo político» como categoría operacional para los fiscales federales, facultando la intervención sobre organizaciones e individuos bajo criterios de excepcionalidad basados en «modelos de personalidad», discursos y debates que el poder considere peligrosos. Este documento consuma casi ocho años de espionaje sobre el movimiento popular. El trabajo conjunto se inició en 2018, bajo el gobierno de Macri, cuando el Ministerio de Seguridad y la inteligencia estatal comenzaron a monitorear a las fiscalías en las causas contra quienes enfrentaron la reforma previsional de diciembre de 2017. Años más tarde, este andamiaje sirvió para perseguir, allanar e intervenir a las organizaciones piqueteras que combaten el hambre en los barrios populares.
La necesidad de blindar el ajuste con represión
La aplicación de planes de ajuste salvajes y de hambre contra los trabajadores, que el gobierno nacional de Milei aplica con la complicidad directa del peronismo y la burocracia sindical, solo puede sostenerse mediante un salto en la regimentación estatal, la intimidación preventiva y la represión directa de los sectores que salen a luchar. Como la capacidad de contención del peronismo, la CGT y la CTA se desgasta aceleradamente por abajo, el Estado necesita compensar ese vacío de control mediante el uso directo de la fuerza estatal. La publicación de esta Guía, apenas días después de las jornadas contra la reforma de la «ley de tierras» donde la juventud resistió heroicamente la represión policial hasta altas horas de la noche, expone con claridad la urgencia del régimen por blindar judicialmente su plan de guerra contra la población.
La superestructura judicial corre en auxilio del capital: la «prevención del terrorismo» es la excusa jurídica que han encontrado para intentar maniatar a la vanguardia obrera, estudiantil y piquetera antes de que logre canalizar y organizar el descontento de las masas. La incorporación del «terrorismo» como eje de intervención fiscal en un país sin atentados contra civiles desde hace treinta años constituye la formalización de este salto represivo. Implica un deslizamiento flagrante e inconstitucional hacia el derecho penal de autor, violatorio del principio de inocencia que surge del artículo 18 de la Constitución Nacional.
El «ciclo terrorista»
Para justificar este atropello, la resolución ordena actuar bajo el concepto de “ciclo terrorista”, un modelo de «justicia preventiva» elaborado por agencias de inteligencia de Estados Unidos y de Israel. Sostiene que existe una «unidad de acción» entre la movilización popular y la actividad política previa (charlas, reuniones, convocatorias, etc.), y por lo tanto, la Guía declara que “no estamos en presencia de un delito aislado ni de un hecho instantáneo, sino de un proceso complejo, organizado y permanente, que se desarrolla a lo largo del tiempo y a través de múltiples fases funcionalmente coordinadas e intrínsecamente conectadas”.
La consecuencia es que faculta a los fiscales a investigar penalmente conductas lícitas que no constituyen ningún delito, violando el principio procesal penal de legalidad (dar una charla, debatir en un foro, organizar un comedor o expresar una opinión en redes), bajo la teoría de que son «eslabones» de una cadena criminal en potencia. La movilización popular, el “acto violento final”, es apenas una porción mínima del fenómeno.
El documento afirma que “la mayor parte del tiempo y de los recursos de las organizaciones se destinan a tareas de propaganda, adoctrinamiento, reclutamiento, radicalización, financiamiento, siendo el acto violento final una mínima porción del fenómeno en su conjunto”. La finalidad es regimentar al propio Poder Judicial, amenazando a los fiscales con considerarlos «negligentes» si no adoptan esta matriz de espionaje. La directiva de la Procuración ordena que “la investigación no debe limitarse únicamente a reconstruir atentados ya consumados, sino también a desarticular estructuras, interrumpir procesos de captación y evitar la consolidación de ecosistemas extremistas”.
La «Teoría de las 3N»: ataque psicologista de Estado contra la conciencia de clase
Como soporte ideológico, la resolución incorpora la Teoría de las 3N (Needs, Narratives, Networks), un esquema conductista importado de la Universidad de Maryland para vigilar la conciencia de los explotados. El componente de las Necesidades (Needs) introduce la categoría de «Personalidad Vulnerable» para rastrear «sentimientos de injusticia, humillación o exclusión», «frustración» o «enojo político». En la Argentina de la miseria y el hambre, estas emociones no son anomalías individuales: son la respuesta racional y colectiva de nuestra clase ante la violencia material del capitalismo.
Al catalogar la angustia social o la desconfianza hacia las instituciones como «factores de riesgo», la Guía opera un doble proceso profundamente reaccionario. Por un lado, consuma un perverso psicologismo de Estado destinado a transformar el sufrimiento popular en una alerta de inteligencia penal que habilita seguimientos e intervenciones telefónicas. Por el otro, exime de toda responsabilidad al Estado y a la clase capitalista por la miseria y la opresión que provocan diariamente, reduciendo la legítima rebelión frente a la explotación a un simple problema de desajuste conductual o de patología individual en la personalidad de ciertos sujetos.
La segunda dimensión es la de las Narrativas (Narratives), que atribuye explicaciones al malestar mediante «esquemas dicotómicos que oponen un ‘nosotros’ frente a un ‘ellos’» o «víctimas frente a opresores». Acá es donde la Procuración apunta de manera directa contra la izquierda y las teorías marxistas. Para el movimiento obrero, denunciar la contradicción entre explotadores y explotados no es un «esquema maniqueo deshumanizante», sino el ABC de la comprensión científica de la sociedad capitalista. Al colocar bajo sospecha de «radicalización» a cualquiera que asuma el análisis de la lucha de clases, la resolución intenta proscribir la formación política y perseguir la construcción de la conciencia social de los trabajadores.
La traducción de la tercera dimensión es igual de directa. Para la Procuración, las asambleas, los cuerpos de delegados, la vida de los locales barriales y partidarios dejan de ser espacios democráticos de organización colectiva y pasan a ser catalogados como «redes» bajo sospecha.
A esto viene a sumarse la criminalización directa de la autoeducación y el debate de ideas. La Guía introduce la persecución sobre el «consumo sistemático de propaganda o contenido extremista», colocando bajo vigilancia la lectura de manifiestos, discursos, la escucha de podcasts o publicaciones digitales que «promuevan la confrontación». A esto se suma el concepto aberrante de la «autorradicalización digital», que permite a los fiscales armar carpetas de inteligencia sobre cualquier joven o trabajador que, de manera autónoma y privada, investigue y desarrolle una cosmovisión de rechazo al orden social en internet, transformando el estudio político individual en una alerta de seguridad nacional.
Triage de riesgo y prevención represiva
La verdadera amenaza material se despliega en los «Niveles de Riesgo», que habilitan la intrusión estatal sobre personas y organizaciones sin que hayan cometido un delito, habilitando intervenciones telefónicas, hackeo de redes e infiltración física o virtual mediante el «Agente Encubierto» y el «Agente Revelador», facultándolos a intrusar locales partidarios y espacios de debate político del movimiento popular con allanamientos, secuestro de dispositivos, y a disponer detenciones sobre la militancia política, obrera y popular.
Para luchar contra la represión defendemos la independencia política de los trabajadores
La aprobación de esta Guía deja al descubierto una realidad ineludible: la justicia y el Estado no son neutrales, juegan para los ajustadores y los grandes empresarios. Cuando el hambre se vuelve insoportable y la bronca popular amenaza con traducirse en acción popular, el Estado comienza a sacarse de encima el ropaje democrático para militarizar la vida cotidiana y perseguir al pueblo. Le tienen miedo a la organización de los trabajadores y a que la juventud se ponga de pie. Saben perfectamente que la crisis económica se va a seguir profundizando y que las masas no tienen otra salida que ganar la calle para defender su derecho al pan y al trabajo.
Frente a una clase dominante que viene redoblando el uso del garrote y busca consagrar este rumbo represivo contra cada reclamo elemental, la defensa de nuestro derecho a organizarnos y a luchar se vuelve una cuestión fundamental. Necesitamos defender nuestras libertades democráticas con total independencia de clase para poder organizarnos mejor en cada lugar de trabajo, en las fábricas, en las escuelas y en las barriadas, y construir nuestra propia alternativa de poder para terminar de una vez por todas con este sistema de miseria y opresión y abrirle paso a un gobierno de la izquierda y de los trabajadores.
-¡Abajo la resolución interna 56/2026 de la Procuración General!
-¡Fuera la presencia y la infiltración policial de nuestras asambleas, sindicatos y locales partidarios!
-Por la defensa irrestricta de las libertades democráticas mediante la movilización independiente.
-¡La organización popular no es delito! ¡Abajo la persecución del Estado patronal contra los que luchan!
*Artículo original publicado en Prensa Obrera, 19-8-2026