José María Balcázar, nuevo presidente de Perú. (Gerardo Marin /AP)
Nueva Sociedad, febrero de 2026
Correspondencia de Prensa, 21-2-2026
El Congreso peruano destituyó al presidente y eligió a José María Balcázar, el octavo jefe de Estado en una década, quien finalizará su mandato en cinco meses, cuando asuma el ganador de las elecciones del próximo 12 de abril. Aunque pertenece a un partido de izquierda, su nombramiento responde a los intereses de la coalición autoritaria que, mediante el parlamentarismo de facto, gobierna el país blindando sus redes de impunidad.
El 17 de febrero, el Congreso peruano destituyó por tercera vez en poco más de tres años al presidente de la República. José Jerí dejó el cargo luego de solo cuatro meses de haber sido designado por el Congreso tras la vacancia de Dina Boluarte, y a menos de dos meses de las elecciones presidenciales, con decenas de candidatos y una enorme fragmentación electoral. El mecanismo utilizado para apartarlo del cargo fue la censura —que requiere mayoría simple—, y no la vacancia —que necesita una mayoría especial que no existía—. El argumento fue que Jerí no era un presidente electo, sino un congresista en ejercicio de la presidencia. En su lugar fue designado el congresista del partido Perú Libre José María Balcázar.
A diferencia de las renuncias forzadas de Pedro Pablo Kuczynski (2018) y Manuel Merino (2020), y de la vacancia de Dina Boluarte en 2025 —que estuvieron precedidas por movilizaciones y/o amenazas de movilización— la destitución de Jerí se produjo en un contexto de apatía ciudadana: no hubo presión ni a favor ni en contra. Perú demuestra que los impeachments pueden darse sin grandes movilizaciones, contra lo que suele sugerir la bibliografía para la región latinoamericana. Más aún, pueden estar al margen de las demandas sociales, respondiendo solo a las lógicas internas del Congreso. Desde hace años, este viene concentrando el poder político y estructurando una coalición autoritaria sostenida en intereses políticos y económicos.
La actual inestabilidad política se entiende mejor conociendo el «parlamentarismo de facto» que se ha instalado, la nueva competencia dentro de la coalición autoritaria en el Congreso y los cambios en las diversas expresiones de la sociedad civil peruana. Pero vayamos por partes: ¿quién fue Jerí, prácticamente desconocido fuera de Perú? La mayoría congresal que viene gobernando el Perú desde fines de 2022 le encargó la presidencia luego de declarar la vacancia de Boluarte en 2025. Jerí, militante del partido Somos Perú —una de las tantas siglas que han crecido a la sombra de la crisis de representación en el país— fue designado presidente porque era un activo defensor de los intereses de la heterogénea pero coordinada mayoría parlamentaria. Sin embargo, confiado en su inicial popularidad —que contrastaba con el rechazo generalizado a las instituciones—, organizó reuniones clandestinas con empresarios chinos y contrató de manera irregular a jóvenes funcionarias sin la experiencia requerida para sus puestos. Lo hizo con tan poco cuidado que los escándalos terminaron saliendo a la luz en los medios de comunicación, lo que provocó que su popularidad cayera rápidamente.
Según la firma Ipsos, bajó de 43% de aprobación en enero a 30% en febrero. No obstante, la caída no era tan pronunciada como para justificar una destitución (Boluarte gobernó con 5% de apoyo) y, de hecho, la opinión pública no respaldaba la vacancia: más de 60% de los encuestados creía que Jerí debía terminar su mandato. Incluso tras revelarse las contrataciones irregulares, un tercio del país aún lo respaldaba, mientras 86% creía que el Congreso solo buscaba defender sus propios intereses. Sin presión social por su salida, ¿por qué la mayoría congresal lo destituyó?
El primer elemento a considerar es el tránsito del presidencialismo al parlamentarismo de facto. Este proceso puede fecharse en 2016, cuando la oposición mayoritaria en el Congreso comenzó a usar censuras ministeriales y amenazas de vacancia para doblegar al Poder Ejecutivo. Desde 2021, el proceso se agudizó: una heterogénea coalición parlamentaria logró coordinarse para controlar instituciones clave como el Tribunal Constitucional (TC) y fortalecer su poder, arrogándose, por ejemplo, la potestad de interpretación exclusiva sobre las cuestiones de confianza (el instrumento Poder Ejecutivo para disolver el Congreso y convocar inmediatamente a nuevas elecciones). El intento de golpe de Pedro Castillo les abrió la oportunidad para consolidar su control total sobre la Presidencia de la República: restablecieron la bicameralidad y la posibilidad de reelección de los parlamentarios, crearon un «súper Senado» y capturaron el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo.
Esta transformación ha otorgado al Congreso un amplio dominio sobre el Estado y ha restringido la fiscalización de instituciones clave. En la práctica, hoy el Congreso puede declarar la vacancia interpretando de forma discrecional la figura de la «incapacidad moral permanente»: le basta con reunir una mayoría de votos. Aunque formalmente se debe justificar la moción y el presidente dispone de herramientas para defenderse, estas resultan ineficaces en el contexto peruano. Perú representa así uno de los casos más extremos de parlamentarismo de facto en América Latina, superando el «parlamentarismo subterráneo» que Will Freeman identificó en otros países de la región.
La segunda cuestión es la naturaleza de la coalición autoritaria. Desde 2022, la mayoría parlamentaria ha dominado el Ejecutivo, instituciones judiciales y de fiscalización, y las fuerzas del orden, contando con frecuencia con el apoyo de elites económicas. Es una coalición negativa, unida por lo que rechaza: cualquier forma de accountability que amenace su poder económico o político. Como señala Alberto Vergara, se trata de una alianza para proteger intereses criminales. Su resultado ha sido la concentración del poder en el Congreso y una relación autoritaria con la sociedad. La particularidad de Perú es que esta deriva no se produce a partir de un líder personalista que concentra el poder, sino de un pacto parlamentario fragmentado cuya cohesión no depende de una figura ni de una ideología, sino de la reproducción del orden que los protege y sostiene.
Para entender este proceso, conviene identificar a sus actores principales. El núcleo duro —quienes han votado más consistentemente para proteger y ampliar el poder del Congreso—comprende una variedad de partidos de difícil articulación que, sin embargo, han sido eficaces para coordinar sus esfuerzos: Fuerza Popular (FP) —el partido de Keiko Fujimori—, Alianza para el Progreso (APP), la ultraderechista Renovación Popular (RP) —del ex-alcalde de Lima y presidenciable Rafael López Aliaga—, y los más «transaccionales» Avanza País (AvP) y Podemos Perú (PP). Perú Libre (PL) —nominalmente «marxista-leninista», cuyo líder Vladimir Cerrón se encuentra prófugo de la justicia— ha sido un aliado recurrente de estos partidos, mientras que la heterogénea alianza Acción Popular (AP) y Somos Perú (SP) —del destituido Jerí— han apoyado circunstancialmente al bloque de poder congresal. La mayoría opera de forma oportunista: repartiendo recursos, cuotas de poder o buscando protección frente a la justicia. Incluso la cada vez más poderosa minería ilegal está representada en el Congreso, con parlamentarios que defienden sus intereses. FP, RP y el PL van más allá: además de las prácticas transaccionales, sus líderes tienen preferencias normativas autoritarias en su forma de entender el poder.
De cara a las elecciones generales del 12 de abril, la coalición parlamentaria ha recurrido a inhabilitaciones de candidatos decididas directamente por el Congreso y a procesos judiciales que han resultado en la exclusión de contendientes que podrían haber capitalizado el rechazo ciudadano a los partidos en el poder, como el moderado Martín Vizcarra, el ultranacionalista Antauro Humala o el izquierdista radical Guillermo Bermejo. Con todo, la competencia electoral para las elecciones del 12 de abril será real: los partidos hoy unidos por sus intereses comunes disputarán entre sí y con la oposición el control del próximo Congreso, además de luchar por alcanzar el Poder Ejecutivo. En ese marco, la caída de la popularidad de Jerí apareció como una oportunidad para comenzar esta contienda; por eso no votaron como un solo bloque.
A diferencia de la vacancia de Boluarte —impuesta por la presión callejera contra la criminalidad—, la destitución de Jerí fue un producto exclusivo del cálculo electoral. El fujimorismo apostó por mantenerlo para no perder su posición de control y el actual statu quo; Renovación Popular y Perú Libre, en cambio, aprovecharon la crisis para desmarcarse del fujimorismo y posicionarse como oposición, denunciando públicamente la corrupción y la inmoralidad del presidente. Sin que mediara una demanda ciudadana, ambos partidos mantuvieron el debate sobre la destitución en la agenda pública durante las semanas previas. Cuando los medios revelaron nuevas acusaciones contra Jerí, los partidos más transaccionales se sumaron para sacarlo de la presidencia. Ni el respaldo público del nuevo embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro logró mantenerlo en el poder.
La competencia electoral no impide, sin embargo, que la coalición de poder se mantenga unida en la repartija del poder y el rechazo a cualquier contrapeso al Congreso; además, ningún partido tiene suficiente representación para dominar al resto, lo que los obliga a negociar. Esto quedó claro en la elección de Balcázar, elegido con el apoyo del bloque más pragmático. Algunos leen en ello un retorno de la izquierda al poder, pero se trata más bien de otro defensor del parlamentarismo de facto de la coalición autoritaria, con escasa autonomía: su cargo depende enteramente de la mayoría congresal, que con la destitución de Jerí estableció el precedente de poder remover a un presidente encargado con mayoría simple de los miembros del Congreso.
Un último aspecto del análisis se vincula con los profundos cambios que la sociedad civil ha atravesado en este quinquenio. Entre 2001 y 2021 esta tuvo capacidad de veto mediante la movilización y la presión sobre las instituciones: censuras ministeriales, investigaciones del Ministerio Público, exhortaciones de la Defensoría del Pueblo, etc. Pero desde 2022, bajo el gobierno de Dina Boluarte, la erosión del balance de poderes facilitó la represión y se fue diluyendo esa capacidad de veto. Las organizaciones se fragmentaron por divergencias entre ellas, lo que redujo la confianza en lograr sus demandas —el costo de movilizarse se hizo más alto que sus beneficios potenciales— y el pesimismo sobre el futuro fue ganando terreno. La desmovilización tuvo excepciones, como las protestas de 2025, cuando nuevos actores —transportistas, artistas, Generación Z— contribuyeron a la salida de Boluarte, pero sin alterar la coalición autoritaria. La nueva ola de protestas se apagó con el asesinato del cantante de hip hop conocido como Truko (víctima número 51 de la represión). La lección era clara: no era posible alterar el statu quo desde la calle. Por eso, no tenía sentido protestar contra Jerí: incluso si este caía —como finalmente ocurrió—, la coalición seguiría en pie.
Pero la sociedad civil no se ubica solo en la oposición. Como ha argumentado Carlos Meléndez, la estructura económica informal peruana reproduce la cultura «antifiscalización» representada en la coalición gobernante. Sin embargo, el sistema político no es solo un reflejo de los intereses de esas economías informales, sino que es producido y conducido por actores políticos con sus propios proyectos.
Un tema poco estudiado es que, en este quinquenio, diversos actores informales se han organizado para trabajar con los políticos de la coalición dominante en defensa de sus intereses inmediatos: gremios de mineros y pescadores informales, federaciones de transportistas semiinformales, campesinos cultivadores de hoja de coca, entre otros, con una presencia aún más intensa en el nivel subnacional. Se trata de otro tejido de sociedad civil que crece respaldando el debilitamiento de la fiscalización estatal. La conexión de los congresistas con esta ciudadanía informal ayuda a entender las bases sociales de la nueva inestabilidad política: la mayoría del país se opone a la coalición autoritaria, pero un sector organizado y relevante se siente representado por ella —y la financia—.
En suma, las bases de la actual inestabilidad peruana son institucionales (el tránsito al parlamentarismo de facto), coyunturales (la competencia electoral agresiva dentro de la coalición autoritaria) y estructurales (una economía informal que produce un tejido social antifiscalización con lógica transaccional). La capacidad opositora de la sociedad civil está seriamente limitada por la ausencia de aliados institucionales —la mayoría de las instituciones están capturadas gracias al parlamentarismo de facto—, lo que facilita la represión o la desatención a las protestas, agravada por las divisiones internas de la propia sociedad civil.
Por todo ello, lo más probable es que la inestabilidad persista. No sorprendería que incluso se destituyera, a pocas semanas de las elecciones, al nuevo presidente Balcázar si un número suficiente de partidos ve útil su salida, o si este decide actuar de manera autónoma. Pero más allá de esta contingencia, mientras se mantengan las bases institucionales descritas, crisis similares seguirán repitiéndose tras las elecciones. Detrás de la inestabilidad política —con la caída sucesiva de presidentes—, se oculta la peligrosa estabilidad de las reglas del parlamentarismo de facto.
La última encuesta de Ipsos, de febrero de 2026, muestra que, como ya ocurrió en 2021 —cuando Pedro Castillo ganó el balotaje habiendo obtenido solo 19% de los votos en la primera vuelta—, las elecciones de abril mostrarán una fuerte fragmentación del voto. El ultraconservador López Aliaga lidera con apenas 12%, seguido de Keiko Fujimori con 8% y los cuatro candidatos que siguen con 4%. La opción blanco-nulo-ninguno y los que no precisan ascienden a 42%. Lo único cierto es que hoy la derecha de la coalición autoritaria corre con ventaja.
El malestar ciudadano permanece tan fragmentado que no termina de articularse social ni políticamente —lo que Gabriel Kessler y María Victoria Murillo denominan «malestar vertical»— y podría permanecer así por mucho tiempo: construir una respuesta opositora unitaria y viable es un proceso lento. Sin embargo, el creciente impacto de la inestabilidad sobre la seguridad y la economía puede impulsar el apoyo a salidas radicales, dentro o después del proceso electoral. No es un dato menor el amplio respaldo que tiene Nayib Bukele en Perú: la encuestadora Datum preguntó en febrero por el presidente preferido y 51% optó él mandatario salvadoreño. La rabia contra la coalición autoritaria no tiene que canalizarse necesariamente por la vía democrática.