La presidenta electa Laura Fernández. 1-02, San José. Foto: Marvin Recinos, AFP
Las elecciones de 2026 y el ascenso de la derecha en Costa Rica
David Díaz Arias y Jeffrey Gould*
La Diaria, 7-2-2026
Correspondencia de Prensa, 8-2-2026
En el mapa político inciden un discurso que presenta a políticos e intelectuales como enemigos del pueblo, las miradas religiosas más conservadoras y los modelos de Trump y Bukele vistos como una posible respuesta a problemas del país.
El domingo, Laura Fernández, del novel Partido Pueblo Soberano (PPSO), ganó de forma contundente las elecciones nacionales en Costa Rica al obtener 48,3% de los votos emitidos (1.191.727 votos), de forma que será la segunda mujer en alcanzar la presidencia de ese país. Antes de ella, su homónima Laura Chinchilla, del Partido Liberación Nacional (PLN), gobernó Costa Rica de 2010 a 2014.
Además, el PPSO obtuvo 31 asientos de los 57 posibles en la Asamblea Legislativa, un triunfo que no alcanzaba ningún partido político desde la administración del liberacionista Luis Alberto Monge (1982-1986). En ese sentido, el oficialismo derrotó al PLN, pero también al Frente Amplio (FA), un partido de la izquierda moderada; ambas opciones fueron vistas por las clases medias urbanas como las alternativas para detener el desarrollo de un creciente autoritarismo político y el avance del conservadurismo cultural y religioso.
Fernández es la delfina del actual presidente costarricense, Rodrigo Chaves Robles (2022-2026), un desconocido hasta 2019, cuando fue nombrado, por un breve período, ministro de Hacienda por la administración de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022).
La forma de gobierno de Chaves ha sido tildada por analistas políticos como autoritaria y confrontativa, pues decidió, desde el inicio de su mandato, despreciar el acercamiento político y la negociación con sus opositores, despotricar contra los otros poderes de la República, contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, contra el fiscal general, contra la prensa independiente y la Universidad de Costa Rica, y mofarse de sus oponentes durante una sesión que realiza cada miércoles en la casa presidencial, la cual se transmite por la televisión estatal.
Durante el discurso de celebración de su triunfo electoral, Fernández nombró a Chaves como el gran hacedor de una nueva Costa Rica, a pesar de que durante su administración el crimen organizado ha crecido exponencialmente y el país ha alcanzado récords de asesinatos. Otros datos ponen en entredicho las bellezas de esa nueva Costa Rica: la educación pública arrastra una crisis desde 2020, que empeoró en los últimos años; se ha consolidado un modelo económico en el que los principales ganadores son los empresarios que realizan sus actividades en zonas francas; hay una anunciada crisis del sistema del seguro social del país; largas listas para recibir atención en los hospitales estatales, y algunos más audaces hasta hablan de la imposición de un narcoestado.
¿Cómo, en ese marco, se podría interpretar el apoyo popular recibido por Fernández en las pasadas elecciones? Responder a esa pregunta involucra acercarse a ella considerando varios niveles.
La desilusión neoliberal y la rebelión conservadora en las costas
Desde 1982 Costa Rica comenzó una reforma neoliberal que llevó a que los dos principales actores políticos, el PLN y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), pactaran para pasar la agenda de transformaciones elaborada desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, lo cual incluyó el fin del monopolio de la banca estatal, la venta de algunas empresas de capital público, la transformación de los sistemas de jubilación y la apertura comercial. Eso dio al traste con la identidad de esos dos movimientos políticos, lo cual llevó al electorado a votar por otras alternativas, hasta romper el dominio bipartidista en 2014 con la elección de un candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC).
El PAC fue reelecto en 2018 y la agresiva agenda neoliberal fue recuperada por su segundo gobierno (el de Carlos Alvarado) hasta lograr pasar en la Asamblea Legislativa, en medio de la pandemia por covid-19, las reformas más importantes que habían sido impedidas por los movimientos sociales desde la década de 1980: una ley antihuelgas, una reforma fiscal regresiva, una ley del empleo público, la elevación casi a rango constitucional de una ley fiscal que le pone topes al gasto público, y el congelamiento de los salarios de los empleados estatales, entre otras.
La reacción al gobierno del PAC se vio en las urnas en 2022, cuando no logró ni un solo diputado y prácticamente desapareció como partido. La esposa del expresidente Alvarado, Claudia Dobles, encabezó un nuevo movimiento en las pasadas elecciones, pero solo consiguió un asiento en la nueva Asamblea Legislativa, que ocupará ella misma.
El país centrado en el turismo y en el desarrollo de alta tecnología promovido por la reforma neoliberal ha concentrado sus principales éxitos económicos en la zona urbana central (Gran Área Metropolitana o GAM), mientras que las provincias costeras de Limón, Puntarenas y Guanacaste se han convertido en espacios dependientes del trabajo informal, con cadenas hoteleras internacionales que se llevan la mejor parte de la economía turística. La propia industria turística ha concentrado la explotación laboral en comunidades donde florece la explotación sexual turística, donde el horizonte de expectativas de los adolescentes se reduce a formar parte de bandas traficantes de drogas o sumarse a actividades poco rentables para la vida, como la pesca.
Esa nueva dimensión de las costas contrasta con su activismo social de antaño, cuando en esos espacios se encabezaron grandes huelgas bananeras (entre otras, en el Caribe en 1934 y en el Pacífico en 1984), los sindicatos eran muy fuertes, los partidos políticos de izquierda contaban con un sostenido apoyo y la militancia obrera era incuestionable. Ahora, en cambio, en muchos de esos territorios impera la plantación de palma africana y piña, no hay movilización obrera y el activismo sindical desapareció (al igual que en el resto del sector privado).
Justamente, en estas zonas fuera de la GAM es donde Fernández obtuvo un arrollador éxito electoral. El diario La Nación informó que en conjunto, en los 31 cantones que conforman la GAM, el PLN, el FA, la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y el PUSC captaron 728.058 votos en las papeletas presidenciales, mientras que el PPSO obtuvo 566.625. En cambio, fuera de la GAM, la presidenta electa ganó con holgura en los 54 cantones que componen esta zona. Fernández obtuvo 621.344 votos en las costas, de manera que seis de cada diez votantes se inclinaron por ella. Fernández arrasó en las provincias de Puntarenas, Limón y Guanacaste, donde ganó en todos los cantones. Además, en algunos cantones de las costas, el triunfo electoral de Fernández fue descomunal. Por ejemplo, en Buenos Aires de Puntarenas, el PPSO obtuvo el 70,24% de los votos, un apoyo masivo que ocurrió también en Puerto Jiménez (69,9%), Guácimo (69,3%), Osa (68%), Pococí (67,5%), Sarapiquí (67,3%), Garabito (67,3%) y Quepos (67,3%).
Según un estudio del Semanario Universidad, de la Universidad de Costa Rica, el PPSO ganó en los diez cantones de menor ingreso y desarrollo humano, mientras que el centroizquierdista PLN ganó en los diez con mayor ingreso y desarrollo humano. Aunque hacen falta más estudios, se puede conjeturar que los que votaron en contra del populismo derechista (incluyendo a la izquierda moderada del FA) fueron los que trabajan en la economía formal y se han beneficiado de la educación pública superior. En cambio, muchos de los que votaron en contra practican el trabajo informal y no han concluido siquiera la secundaria.
Tomemos el caso de una familia extendida de extracción campesina media cercana a los autores. Entre los de la segunda generación de esa familia (gente entre 55-65 años), una persona trabajaba en el sector formal y votó por la oposición, mientras que los otros, quienes poseen pequeños negocios, votaron por Fernández. En la tercera generación (gente entre 18 y 35 años), cinco tienen estudios superiores y todos votaron en contra del PPSO. Por su parte, tres personas que no tienen estudios apoyaron al PPSO. Pero los niveles de ingresos de todos son parecidos y se sitúan en la clase media, ampliamente definida.
Para los que votaron en contra del PPSO, el congelamiento de las pensiones y el debilitamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social (el sistema de salud nacional) y de la educación pública fueron sus motivos principales. Para los otros, la economía funciona bastante bien. En un caso, el ataque al “comunismo disfrazado” y las ideologías de género que supuestamente estaban indoctrinando a sus hijos figuraban como motivos importantes. Y aunque para ellos era claro el aumento de los homicidios, estaban convencidos de que votar por el PPSO permitiría introducir en Costa Rica medidas de represión del tipo de las implementadas Bukele en El Salvador. Y claro, los constantes ataques oficialistas en contra de la corrupción y pensiones de lujo llamaron poderosamente su atención.
Las “élites” enemigas
Reiteradamente, el gobierno de Chaves ha insistido en identificar a las élites políticas e intelectuales como enemigas del “pueblo”, corrompidas y abusadoras de la cosa pública. Aunque Chaves vive en una mansión, en una de las zonas más exclusivas del este de la capital, él ha logrado presentarse como un representante del pueblo, hacedor de su fortuna en el extranjero como oficial del Banco Mundial. En cambio, desde su discurso, las élites locales, a quienes se refiere con apellidos o bien como instituciones, habrían expoliado al pueblo y se habrían autoaprobado leyes para beneficiarse con salarios altísimos, pensiones de lujo, negocios con proyectos de obra pública, etcétera.
Esta narrativa sobre los enemigos se conjuga bien con dos elementos ya mencionados. Por un lado, las diferencias entre las dos economías que vive el país (una moderna, asentada en las zonas francas y entre los sectores profesionales, y otra antigua basada en la agricultura y en servicios) se invisibilizan para dar paso a la interpretación de que los que más ganan son trabajadores públicos que han corrompido las instituciones para recetarse salarios y pensiones a su gusto. Por otro lado, ya que no se visualizan las condiciones estructurales de las diferencias de ingreso económico, toda la discusión se centra en atacar instituciones como las universidades públicas, donde, según esa versión, una élite intelectual abusa de su condición para vivir a expensas del pueblo.
La promesa religiosa
Las iglesias protestantes ya habían probado su poder de convocatoria electoral en las elecciones de 2018, cuando un candidato de un partido neopentecostal fue a la segunda ronda electoral. Solo fue derrotado gracias a una movilización de electores en la que ayudó muchísimo que uno de los líderes espirituales de ese partido atacara a la imagen de la virgen de los Ángeles, patrona del país, cuya peregrinación moviliza a dos millones de creyentes cada año.
Chaves ha utilizado la religión en sus intervenciones públicas constantemente, pero Laura Fernández ha perfeccionado ese uso al pactar con pastores protestantes para tener influencia en su futuro gobierno, sin dejar de lado muestras públicas como devota católica.
Las referencias a Dios dominan la vida cotidiana costarricense, incluso en personas no creyentes, pues aparecen desde el saludo hasta las despedidas y de esa misma forma lo hace Fernández en sus alocuciones públicas. De esa manera, Fernández les arrebató a los partidos evangélicos su electorado, y su imagen de mujer-madre, enfrentada a la “perversión” del cambio de sexo o de la “ideología de género”, convence tanto a protestantes como a católicos conservadores.
El trumpismo bukelista costarricense
Sin ninguna duda, Donald Trump y Nayib Bukele han sido los modelos políticos seguidos por el chavismo costarricense. Sus maneras, su desprecio por los opositores, sus burlas han sido copiados por Chaves y, en los escasos debates en que participó, por Fernández. Muchos de los electores del PPSO, además, resaltan como algo positivo la supuesta cercanía de Trump y Bukele con la actual administración, lo cual se fortificaría durante el mandato de Fernández.
Cambio de mapa político
En suma, la sociedad costarricense ha experimentado transformaciones económicas, sociales, culturales e institucionales que transformaron su mapa político en los últimos diez años. Lamentablemente, la opción derechista conservadora es la que ha logrado atraer hacia sí a los votantes, en particulara los de las áreas fuera de la GAM, donde más se han sufrido los efectos de la reforma neoliberal y del alejamiento de las instituciones estatales.
En los próximos años, es posible que el modelo chavista costarricense se consolide, a pesar de que eso significa una profundización del neoliberalismo, el cual, irónicamente, deja por fuera del desarrollo a aquellos que más lo sufren.
En lo político, el PLN y el FA se han constituido en una especie de frente popular informal, eso sí, con tintes socialdemócratas. Entre ambos partidos van a tener 24 diputados en la Asamblea Legislativa y con eso podrían impedir los programados cambios constitucionales reaccionarios y la suspensión de derechos individuales que requieren los votos de dos tercios de los congresistas. Pero para movilizar una verdadera oposición van a tener que reencontrar las costas y los barrios pobres, integrarse con organizaciones comunales y aun intentar reactivar movimientos sindicales y de agricultores.
*David Díaz Arias es profesor catedrático en la Universidad de Costa Rica y Jeffrey L Gould es profesor emérito de la Universidad de Indiana.