En la foto, Nicmer Evans
Nicmer Evans: Ley de Amnistía excluye presos políticos, borra crímenes de Estado y carece de reparación y verdad
Aporrea, 8-2-2026
Correspondencia de Prensa, 8-2-2026
El politólogo, dirigente y excarcelado político Nicmer Evans fijó posición frente a la reciente propuesta de Ley de Amnistía promovida por el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Según Evans, el texto legal presenta graves falencias que, lejos de buscar una reconciliación nacional, pretenden borrar la responsabilidad estatal sobre las violaciones a los derechos humanos. El análisis del excarcelado político subraya que el preámbulo de la norma comete el error de igualar los extremismos, desvirtuando la naturaleza de la crisis política venezolana, y negando la amnistía a situación que no pueden ser catalogadas de extremistas, como la opinión o el disentir.
Para Evans, una amnistía genuina debe reparar los daños causados a las víctimas. No puede convertirse en un mecanismo para «volver a condenar» a quienes ya sufrieron la cárcel por motivos políticos. El politólogo advierte que el artículo 1 de la propuesta es una trampa jurídica. Esta cláusula pretende que el beneficiario acepte el motivo de su condena previa, lo que implicaría un reconocimiento de delitos no cometidos para obtener la libertad.
Exclusiones y vacíos en el marco legal
Un punto crítico reside en el artículo 6 de la propuesta legal. Evans señala que este apartado enumera momentos políticos específicos, denominados «hechos de violencia», que excluyen a la gran mayoría de los presos políticos actuales. Muchos ciudadanos están tras las rejas bajo cargos de «instigación al odio» o «terrorismo» fuera de esos lapsos. Esta redacción criminaliza automáticamente a quienes no encajan en el cronograma oficialista, dejando fuera casos militares y civiles de carácter político.
La preocupación también se extiende al artículo 11, que propone «eliminar» registros y antecedentes. Evans distingue que una cosa es suspender procesos judiciales y otra muy distinta es borrar el rastro del expediente. Eliminar estos registros impediría investigaciones futuras, reparaciones o indemnizaciones por graves violaciones a los derechos humanos. Sin memoria documental, la justicia para los presos políticos quedaría anulada permanentemente ante la ley.
La ausencia de reparación y verdad
El dirigente enfatiza que la ley carece de elementos fundamentales para una transición democrática sana. El texto no menciona la devolución o reparación de bienes incautados o robados durante procedimientos ilegales. Para Evans, el Estado debe responder por el patrimonio saqueado a los perseguidos políticos. Sin una restitución material, el daño a las familias de los afectados permanece vigente a pesar de una eventual excarcelación.
Finalmente, Evans denuncia que la propuesta omite la creación de una comisión de la verdad con arbitraje internacional. Tampoco ofrece respuestas concretas sobre el paradero de los desaparecidos en contextos políticos. La falta de transparencia y la ausencia de mediación externa restan credibilidad a cualquier intento de pacificación. Según el análisis, la ley actual solo sirve como un escudo de impunidad para los responsables de la represión.
Propuestas para una amnistía integral y con justicia
Evans, ante estas observaciones críticas, formula propuestas fundamentales para transformar este proyecto en una herramienta de justicia verdadera. En primer lugar, para Evans resulta imperativo establecer una Comisión de la Verdad con arbitraje internacional. Este organismo garantizaría transparencia en el esclarecimiento de los hechos, evitando que el Estado actúe como juez y parte. Asimismo, la normativa debe incluir un mecanismo de reparación patrimonial que obligue a la devolución inmediata de bienes incautados ilegalmente durante la persecución política.
Por otro lado, la reforma del artículo 1 debe eliminar cualquier prejuzgado de admisión de culpabilidad. Una amnistía democrática reconoce la naturaleza política del juicio y no condiciona la libertad a una confesión forzada. Es vital también la preservación de los antecedentes penales y registros judiciales para permitir futuras indemnizaciones. Borrar estos documentos, como sugiere el texto actual, solo garantiza la impunidad de los victimarios y bloquea el acceso a la justicia transicional.
Finalmente, el alcance de la ley debe ampliarse para incluir todos los casos de «instigación al odio» y causas militares, sin limitarse a cronogramas arbitrarios. Solo mediante el reconocimiento total de los perseguidos y una respuesta clara sobre los desaparecidos, Venezuela podrá transitar hacia una paz fundamentada en el derecho y no en la conveniencia política.
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20 ONG: Aportes urgentes de la sociedad civil al debate sobre la Ley de Amnistía
Laboratorio de Paz, 4-2-2026
Las organizaciones defensoras de derechos humanos que suscribimos el presente comunicado manifestamos nuestro acuerdo con el anuncio realizado por la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, sobre el inicio de un proceso de discusión para la elaboración de una Ley de Amnistía que abarque el período 1999–2026, en tanto se trata de un tema urgente y de alto consenso nacional, vinculado a la superación de la grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país.
Consideramos que una Ley de Amnistía, debidamente concebida y discutida, puede constituir un instrumento relevante para avanzar en la restitución de derechos, la convivencia democrática y la reconstrucción del tejido social. Sin embargo, enfatizamos que el proceso de discusión y elaboración de dicha ley no debe convertirse en un obstáculo ni en una justificación para frenar o suspender la excarcelación inmediata de las personas detenidas por motivos políticos, quienes continúan privadas de libertad de manera arbitraria.
Es fundamental aclarar ante la opinión pública que la amnistía no equivale a un perdón generalizado, ni supone impunidad, ni mucho menos olvido. Por el contrario, debe entenderse como una herramienta excepcional, enmarcada en estándares internacionales de derechos humanos, orientada a la liberación de personas injustamente perseguidas y a la adopción de garantías de no repetición.
Reconocemos igualmente que un proceso de esta naturaleza requiere tiempo, consultas amplias y un debate serio y responsable. Si bien insistimos en que las excarcelaciones no deben paralizarse, también advertimos que el resultado final de la ley debería ser, necesariamente, producto de un proceso progresivo, que debe privilegiar la participación, la transparencia y el apego a las normas internacionales.
En este sentido, reiteramos que la eventual Ley de Amnistía ni es contraria, ni limita ni obstaculiza el funcionamiento de los mecanismos internacionales de justicia y protección de derechos humanos, incluyendo aquellos de carácter judicial, como la investigación realizada actualmente por la Corte Penal Internacional (CPI). La vigencia del derecho internacional y las obligaciones del Estado venezolano en esta materia deben ser plenamente respetadas.
Consideramos indispensable que los organismos internacionales de derechos humanos, tales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Penal Internacional (CPI), tengan un rol activo en los procesos de consulta, definición de criterios y análisis de casos, en articulación con las organizaciones nacionales de derechos humanos que, desde hace años, han documentado violaciones y acompañado a las víctimas.
Finalmente, subrayamos que, si bien la Ley de Amnistía constituye un primer paso urgente y de consenso nacional, este esfuerzo debe articularse con una agenda más amplia de transición democrática, que incluya memoria, verdad, justicia, reparación integral a las víctimas, reformas institucionales y garantías efectivas de no repetición. Solo así será posible avanzar hacia una Venezuela verdaderamente democrática, en paz y con pleno respeto a los derechos humanos.
Exigencias
En coherencia con lo anteriormente expuesto, las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos exigimos:
-La continuación inmediata y sin condicionamientos de las excarcelaciones de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, sin supeditar este proceso a la discusión o aprobación de la Ley de Amnistía.
-La publicación oportuna y completa del anteproyecto de Ley de Amnistía, a fin de que pueda ser conocido, evaluado y debatido de manera informada por las víctimas, organizaciones de derechos humanos, la academia, sectores sociales y demás actores interesados.
-Un proceso de discusión amplio, plural, transparente y participativo, que incorpore de forma efectiva a las organizaciones nacionales de derechos humanos y a los mecanismos internacionales competentes, en particular la OACNUDH y otros órganos del sistema internacional de protección.
-La garantía expresa de que la Ley de Amnistía no promoverá impunidad, no impedirá el acceso a la justicia ni limitará las obligaciones internacionales del Estado venezolano, ni el funcionamiento de los mecanismos internacionales de investigación y rendición de cuentas, incluidos los de carácter judicial.
-La articulación de la Ley de Amnistía con una agenda integral de transición democrática, que incluya memoria, verdad, justicia, reparación integral a las víctimas, reformas institucionales y garantías de no repetición
Reiteramos nuestra disposición a contribuir, desde una perspectiva de derechos humanos, a un proceso que permita avanzar hacia la libertad de las personas injustamente detenidas y hacia la construcción de una Venezuela democrática, plural y respetuosa de la dignidad humana.
Adhieren:
Caleidoscopio Humano
Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal)
Cepaz
Civilis Derechos Humanos
Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y Presos Políticos
Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento
Foro Penal
Fundaredes
Gritemos con Brío
La República TV
La TV Calle
Laboratorio de Paz
Nosotras por Todas
Observatorio Global de Comunicación y Democracia
Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+
Red de Derechos Humanos del estado Lara
Red de Derechos humanos en acción
Redes Ayuda
Transparencia Venezuela
Vicaría de DDHH Arquidiócesis de Barquisimeto