El 60% de la población de Uruguay enfrenta un problema con el agua potable, cuya calidad ha disminuido llegando a niveles alarmantes de salinidad en su composición. Los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas y las personas que padecen enfermedades crónicas, al igual que otros grupos vulnerables, son los más afectados.
Cuatro de cada 1.000 uruguayos están en la cárcel. Las drogas y el hacinamiento lastran el sistema punitivo nacional.
En el país andino, al exceso de empleo de la fuerza por la Policía y la estigmatización de las protestas se suma el uso del sistema de justicia contra los manifestantes, mientras el régimen conservador de Dina Boluarte es objeto de denuncias ante la ONU y Amnistía Internacional.
En 2019, el movimiento popular, o Hirak, congregó a millones de manifestantes en las calles todos los viernes para exigir un régimen democrático y, por tanto, el fin del poder de los militares. 4 años después, el movimiento sufre una represión sin precedentes.
La invasión de las tierras indígenas comenzó en la década de 1990, cuando se entregó terrenos a desmovilizados del Ejército y de la Resistencia (Contra), enfrentados en la década revolucionaria, pero el incremento de ocupaciones y la violencia con decenas de muertos inició desde el año 2012.
Desde hace casi tres meses, proliferan las manifestaciones a raíz de la muerte en septiembre de Mahsa (Jina) Amini. Observadores y manifestantes piensan que el descontento económico también alimenta la movilización.
Un preso político en huelga de hambre y agua empaña el intento de lavado de imagen de Egipto en la COP27.
Tras el rechazo a la nueva constitución, el recuerdo de la crisis más profunda del país tras el retorno a la democracia tiene dividida a la sociedad trasandina.
Luego de que la policía de la moral matara a una joven de 22 años detenida por «mal uso del hiyab», el país volvió a ser sacudido por protestas masivas contra el régimen de los ayatolás.
Para favorecer a productores de soja, en los últimos meses se expulsó con violencia de sus tierras ancestrales a 725 familias de 12 comunidades indígenas. El sueño de la Tierra sin Mal es cada vez más inalcanzable.
Organizaciones sociales afirman que los “promotores ideológicos de la impunidad” pretenden hacer una “reinterpretación” de la historia y “justificar” los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado para consagrar la “cultura de la impunidad”.
Los escuadrones antidisturbios violaron los Derechos Humanos de los manifestantes.
Con la llegada de Seyyed Ebrahim Raisi a la presidencia [a principios de agosto de 2021], se produjo un notable aumento de la represión contra militantes sindicales, escritores, abogados, militantes sociales y defensores de los derechos humanos.
La población carcelaria aumenta aceleradamente, en el marco de un impulso que se inició en 2018. En consonancia, los índices del sistema carcelario continúan el declive.
Desapariciones, golpes, culatazos, asfixia, quemaduras, descargas eléctricas, violencia sexual y, a veces, la muerte. Un mal que ha sido endémico en el país se ha agravado en los últimos años y dispara cada vez más alarmas.
Un análisis sobre las implicancias socioeconómicas que esto trae para los países de la región.
Efrén Bailarín Carupia fue asesinado en el resguardo Chidima Tolo, donde fue gobernador y guardia indígena.
La Cancillería venezolana destacó que el informe "reafirma los efectos devastadores de las medidas coercitivas unilaterales", que incluyen "la disminución del 99 por ciento del ingreso nacional".
La condena a uno de los autores del asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres no ha terminado con la violencia en Honduras. Este año, diversos líderes sociales han sido asesinados. David Longtin, experto en la materia, explica qué pasa con la represión a los liderazgos populares en Honduras y cómo se representa la violencia en los distintos espacios públicos y en los medios de comunicación.
Renunciar a comprender el mundo, renunciar a ser amables con el otro, significa sustituir la banalidad del bien y sus curativos efectos inconmensurables por la banalidad del mal y su eficacísima contabilidad mortal.
Después de casi un año sin grandes protestas opositoras, las ciudades brasileñas volvieron a ser escenario de grandes movilizaciones, mientras el Ejecutivo es investigado por el Senado por su manejo de la pandemia.
La base de las protestas urbanas es “el deterioro de las condiciones de vida de las mayorías”, explicó Julián González, de la Universidad del Valle de Cali.
Las protestas masivas comenzaron el pasado 28 de abril contra un proyecto de reforma tributaria. Fruto de la represión policial al menos 19 personas murieron y más de 800 resultaron heridas. Continúan desaparecidas 89 personas.
En marzo de 2014, Noemi N. se quitó la vida dentro de un albergue en Ciudad Juárez, en el norteño estado mexicano de Chihuaha y en la frontera con Estados Unidos, donde hasta hoy no existe un refugio especializado en trata de personas.
Óscar Enríquez Pérez tiene una voz de volumen bajo, los ojos claros y el cabello blanco. Hace unos años inició una organización que desde Ciudad Juárez expuso al Ejército como una maquinaria de muerte, un peligro para la sociedad y un sistemático violador de derechos humanos.
La experiencia del 1990 confirma que el autoritarismo no va a desaparecer por la simple presencia de las cinco crisis o por su creciente aislamiento internacional. Su remoción requiere la movilización popular y la creación de un contrapoder. El movimiento social tiene que construir un poder fáctico que es la sociedad organizada.
Más de 200 personas fueron abatidas en ejecuciones extrajudiciales por fuerzas policiales en lo que va de 2021, y la persecución contra “enemigos internos” alcanzó a activistas humanitarios, señaló este miércoles 10 un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.