“Nos sentimos vulnerables y con temor a lo que nos vaya pasar a los luchadores sociales en el gobierno de Keiko Fujimori, pero debemos persistir de manera articulada y no dispersos por el bienestar de nuestros pueblos”, manifestó Sadam Chañi, un líder indígena campesino quechua de Espinar, en el departamento de Cusco.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas denunció la eliminación repentina de numerosos abogados y notarios por parte del Gobierno, y advirtió que la medida ha eliminado de un día para otro a una parte esencial de la profesión jurídica del país y ha privado a la población de su derecho a la defensa.
Además de retomar una demanda procedente de los sectores más radicales de la extrema derecha, la propuesta se basa en tres argumentos muy cuestionables, e incluso falaces, con el riesgo de otorgar una autorización casi ilimitada a los policías y gendarmes para hacer uso de sus armas, independientemente de las circunstancias y de la realidad de la amenaza a la que se vean enfrentados.
Brayan Leites recibió entre cinco y seis disparos por parte de un efectivo policial en el patio de su casa, en el Borro. La versión oficial de respaldo al accionar policial por legítima defensa empezó a trastabillar este miércoles, cuando se conoció que en el video del operativo se ve que el joven no esgrimió su arma hacia la Policía, sino que intentó huir.
Los hallaron calcinados y quedaron marcas de las agresiones que sufrieron. Tras un proceso de investigación que tomó un año y medio, los peritos reportaron que los niños presentaban múltiples fracturas óseas y hematomas profundos provocados por culatazos de fusil, puntapiés y azotes con cinturones militares mientras estaban atados e indefensos. Ismael, Steve, Josué y Nehemías fueron desprendidos de su humanidad.
El poder iraní ha intensificado la represión en el contexto de la guerra y la inseguridad. Presos políticos, activistas obreros, activistas del movimiento de mujeres, profesores, estudiantes y otros actores sociales siguen enfrentándose a detenciones, penas de prisión y fuertes presiones de los servicios de seguridad.
Al grito de “¿dónde están?, nuestros hijos ¿dónde están?”, familiares de personas desaparecidas iniciaron su marcha desde las inmediaciones de la estación del tren ligero Las Torres rumbo al estadio Banorte.
El 10 de marzo de 2026, un grupo independiente de expertos internacionales, conocido como GIPES, declaró que el régimen de excepción de Bukele, que desde marzo de 2022 restringe tres garantías constitucionales en el país, debería ser investigado por Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional por el posible cometimiento de crímenes contra la humanidad.
El inspector nacional de Trabajo señaló que “son bienvenidos los trabajadores migrantes”, que deben tener los mismos derechos que los nacidos en Uruguay y “no puede aprovecharse su situación de vulnerabilidad para bajar salarios, condiciones de trabajo o protección social”.
Denunciamos que este marco jurídico y político más que un instrumento regulador de control y transparencia sólo generará un barniz de legalidad al actual saqueo sistemático de la Amazonía y del Escudo Guayanés profundizando el grave deterioro ambiental y la violación a los derechos humanos que se está produciendo.
El documento expone cómo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo utilizó recursos del Estado para sostener la represión en Nicaragua y extender una red de vigilancia e inteligencia destinada a perseguir a nicaragüenses en el exilio.
La forma en que se estudió y narró el pasado reciente en el Cono Sur fue clave para consolidar consensos democráticos y antiautoritarios, pero hoy muestra claros límites. Atrapadas en una temporalidad corta, las izquierdas parecen tener dificultades para comprender la crisis actual y pensar futuros alternativos frente al avance de las derechas.
Nicmer Evans denuncia que la propuesta omite la creación de una comisión de la verdad con arbitraje internacional. Tampoco ofrece respuestas concretas sobre el paradero de los desaparecidos en contextos políticos. La falta de transparencia y la ausencia de mediación externa restan credibilidad a cualquier intento de pacificación. Según el análisis, la ley actual solo sirve como un escudo de impunidad para los responsables de la represión.
Esta acción no puede entenderse sino como una expresión histórica del imperialismo contemporáneo, sustentado en la lógica de expansión del capital, la militarización de la política exterior y la subordinación violenta de los pueblos del Sur global a los intereses geopolíticos y económicos de las potencias hegemónicas.
Una nueva legislación a punto de promulgarse en Perú, que elimina el concepto de género en políticas públicas clave, representa un retroceso en la promoción de la igualdad y la no discriminación.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) afirmó que la cifra de excarcelaciones de presos políticos anunciada por el Ministerio para el Servicio Penitenciario no alcanza ni el 10% de los casos que han documentado junto a otras organizaciones de derechos humanos.
La Italia de 2025, según el estudio al que nos referimos (pero también según la experiencia cotidiana de quienes viven y trabajan políticamente o incluso cívicamente en nuestro país), no es una dictadura declarada, sino cada vez más una democracia en la que sobreviven las libertades formales, pero con restricciones normativas, prácticas intimidatorias e instrumentos represivos generalizados.
El país continúa a la espera de conocer quién ocupará la Presidencia de la República. No obstante, más allá de la falta de una declaratoria final, el proceso ha evidenciado la fragilidad estructural de la democracia hondureña y la profundidad de las tensiones políticas, sociales e institucionales que la atraviesan.
La jornada de protesta del 15 de octubre contra el régimen de José Jerí terminó en tragedia: además de un saldo de cien heridos, se confirman el asesinato de un artista, el grave estado de salud de otro joven que fue inducido al coma por una fractura craneal a causa de la represión policial y 11 ataques a periodistas.
Estamos ante dos gobiernos aparentemente antagónicos cuya credibilidad y confiabilidad no son su principal característica. Entonces las versiones oficiales tampoco son suficientes para saber lo que realmente sucedió. Se trata de un contexto que no puede ser analizado con una visión reduccionista y simplista de un mundo dicotómico de “buenos y malos”.
En Venezuela, la persecución política en Venezuela tiene varias expresiones y una de las más aberrantes es la detención de familiares de dirigentes políticos o activistas que son buscados por funcionarios. La práctica no es nueva en el país, pero en menos de una semana ocurrió dos veces.
78 judíos y judías uruguayas emitieron una declaración pública en la que se desmarcan de “la política criminal de Israel”, y en la que le reclaman al gobierno de Uruguay “acciones a la altura de las circunstancias”.
Tras conocerse su detención, activistas de DDHH de diferentes partes del mundo expresaron su solaridad con Grajales, al tiempo que demandaron su liberación.
La desaparición forzada de personas -incluidas las de corta duración- habría sido cometida de forma sistemática desde el 28 de julio de 2024 en Venezuela. Denuncian un "alto nivel de organización, coordinación institucional y recursos estatales" puestos al servicio de esta práctica.
El Foro Penal ha calculado 940 detenidos por razones políticas en todo el país hasta el 30 de junio, de los cuales se desconoce el paradero de 50. Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, al menos 80 permanecen detenidos en comandos policiales o militares.
El Congreso del Perú aprobó una norma que anula las sentencias y los procesos contra agentes estatales por delitos cometidos en el período de guerra insurgente-contrainsurgente, entre los años 1980 y 2000. Mientras tanto, se siguen encontrando restos de desaparecidos en bases militares.
Cada 200 uruguayos, uno está preso. Eso convierte al país como el Estado de Sudamérica con más encarcelados per cápita, y sitúa a Uruguay como el décimo país en el mundo con la tasa más alta de prisionización.
El análisis de los episodios de movilización social registrados en China entre finales de mayo y principios de junio de 2025 arroja luz sobre las tensiones sistémicas que atraviesan todo el país. Lejos de ser fenómenos aislados, estos acontecimientos ponen de manifiesto profundas fracturas en la actual situación social del país.