La Italia de 2025, según el estudio al que nos referimos (pero también según la experiencia cotidiana de quienes viven y trabajan políticamente o incluso cívicamente en nuestro país), no es una dictadura declarada, sino cada vez más una democracia en la que sobreviven las libertades formales, pero con restricciones normativas, prácticas intimidatorias e instrumentos represivos generalizados.
El país continúa a la espera de conocer quién ocupará la Presidencia de la República. No obstante, más allá de la falta de una declaratoria final, el proceso ha evidenciado la fragilidad estructural de la democracia hondureña y la profundidad de las tensiones políticas, sociales e institucionales que la atraviesan.
La jornada de protesta del 15 de octubre contra el régimen de José Jerí terminó en tragedia: además de un saldo de cien heridos, se confirman el asesinato de un artista, el grave estado de salud de otro joven que fue inducido al coma por una fractura craneal a causa de la represión policial y 11 ataques a periodistas.
Estamos ante dos gobiernos aparentemente antagónicos cuya credibilidad y confiabilidad no son su principal característica. Entonces las versiones oficiales tampoco son suficientes para saber lo que realmente sucedió. Se trata de un contexto que no puede ser analizado con una visión reduccionista y simplista de un mundo dicotómico de “buenos y malos”.
En Venezuela, la persecución política en Venezuela tiene varias expresiones y una de las más aberrantes es la detención de familiares de dirigentes políticos o activistas que son buscados por funcionarios. La práctica no es nueva en el país, pero en menos de una semana ocurrió dos veces.
78 judíos y judías uruguayas emitieron una declaración pública en la que se desmarcan de “la política criminal de Israel”, y en la que le reclaman al gobierno de Uruguay “acciones a la altura de las circunstancias”.
Tras conocerse su detención, activistas de DDHH de diferentes partes del mundo expresaron su solaridad con Grajales, al tiempo que demandaron su liberación.
La desaparición forzada de personas -incluidas las de corta duración- habría sido cometida de forma sistemática desde el 28 de julio de 2024 en Venezuela. Denuncian un "alto nivel de organización, coordinación institucional y recursos estatales" puestos al servicio de esta práctica.
El Foro Penal ha calculado 940 detenidos por razones políticas en todo el país hasta el 30 de junio, de los cuales se desconoce el paradero de 50. Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, al menos 80 permanecen detenidos en comandos policiales o militares.
El Congreso del Perú aprobó una norma que anula las sentencias y los procesos contra agentes estatales por delitos cometidos en el período de guerra insurgente-contrainsurgente, entre los años 1980 y 2000. Mientras tanto, se siguen encontrando restos de desaparecidos en bases militares.
Cada 200 uruguayos, uno está preso. Eso convierte al país como el Estado de Sudamérica con más encarcelados per cápita, y sitúa a Uruguay como el décimo país en el mundo con la tasa más alta de prisionización.
El análisis de los episodios de movilización social registrados en China entre finales de mayo y principios de junio de 2025 arroja luz sobre las tensiones sistémicas que atraviesan todo el país. Lejos de ser fenómenos aislados, estos acontecimientos ponen de manifiesto profundas fracturas en la actual situación social del país.
El Ministerio de Relaciones Exteriores digitalizó diez documentos de actos administrativos entre embajadas y ministerios de varios países de la región; entre ellos, se habla sobre la desaparición de Elena Quinteros.
“La verdad y la justicia siguen siendo negadas, mientras actos como el reconocimiento a Hermenegildo Cuenca Díaz, implicado en la represión en Guerrero de aquella época, profundizan el agravio”
El director de la INDDHH Wilder Tayler, recordó que allí funcionó el Cuerpo de Fusileros Navales de Uruguay y que hubo lugares de detención clandestinos.
Los soldados mintieron: afirmaron ser amenazados con armas de fuego, sin embargo, la CNDH evidenció que los ocupantes del vehículo no iban armados.
El zumbido de los drones y los gritos de los heridos resuenan en los oscuros pasillos. “No solo tratamos traumas, sino que los vivimos”, añade Khalil. “Somos heridos tratando a heridos. Pero nos negamos a dejar que nuestra gente muera sola”.
"Lo que descubrimos es un sistema de represión estrechamente coordinado, que se extiende desde la Presidencia hasta los funcionarios locales", dijo Ariela Peralta, experta del Grupo. "Estos no son incidentes aleatorios o aislados – son parte de una política de Estado deliberada y bien orquestada, que es llevada a cabo por actores identificables a través de cadenas de mando definidas."
Los fallos del STF en los últimos años, que aseguran la libertad de expresión y de prensa y condenan artimañas que las suprimen, como el acoso judicial, favorecen la defensa de los periodistas, pero no evitan la pérdida de tiempo, la autocensura, costos financieros y a veces privaciones
El jueves 20 de febrero de 2025, el Consejo de Estado, el más alto tribunal administrativo de Francia, dictó la disolución del colectivo «Palestina Vencerá». Es el epílogo de casi tres años de procedimiento.
Según un nuevo informe publicado el 16 de enero por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, fueron China, Israel y Myanmar los principales encarceladores de reporteros, seguidos de Bielorrusia y Rusia.
«Quieren una población que produzca soldados, mujeres que produzcan soldados. El único objetivo de este régimen es producir el mayor número posible de soldados»
La desaparición de los cuatro niños en Guayaquil ha conmocionado al país entero. Este suceso no es casual, ocurre en el contexto de la declaración del conflicto armado interno dictada por el presidente Daniel Noboa hace un año.
“La reforma no solo blinda la sucesión familiar, sino que también otorga a los paramilitares un papel constitucional, lo que confirma el carácter represivo del régimen”, según Dora María Téllez.
Una nueva tragedia se cierne sobre el sistema carcelario. La última había ocurrido en diciembre del año pasado. En Uruguay, los derechos humanos en las cárceles se violan a cada instante.
Safeguard Defenders, con sede en Madrid, publicó una serie de informes que denuncian la presunta existencia de al menos 102 “centros de servicio policiales chinos” en 53 países, incluidos siete de América Latina, informó la BBC.
"En la mayoría de los casos, las personas entrevistadas y sus familias vivieron varios incidentes de amenaza, intimidación, hostigamiento, vigilancia y agresiones."
Esta decisión del gobierno implica que 500 personas perderán su trabajo y que prácticamente no quedará ninguna instancia en el gobierno central dedicada a políticas de prevención de violencia de género.