Venezuela / Estados Unidos – “Narcoterrorismo”, un término que puede servir de comodín para el poder sin límites y el terrorismo de Estado. [Entrevista]

Entrevista a Keymer Ávila*

La Izquierda Diario, 13-10-2025

Correspondencia de Prensa, 17-10-2025

*Keymer Ávila es Investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela, Coordinador de la Especialización en Ciencias Penales y Criminológicas y profesor de Criminología de la misma universidad. Dirige el Monitor del Uso de la Fuerza Letal en Venezuela – MUFLVEN.

¿Qué opinión tienes de la decisión del gobierno de los Estados Unidos de catalogar como “terroristas” a quienes participan del negocio del narcotráfico en América Latina?

Lo primero que hay resaltar es que toda política autoritaria necesita de un discurso de emergencia, de una lógica de estado de excepción, para poder ejercer el poder sin límites. Para ello utilizan términos “cajón de sastre”, continentes vacíos coyunturales que pueden adaptarse a las necesidades del momento, para justificar intervenciones extremas: drogas, terrorismo, crimen organizado o una invasión extraterrestre. No importa que tengan una base real o no, lo importante es posicionar un discurso extremo y deshumanizante para justificar la aniquilación del enemigo de turno.

Respecto a los fenómenos específicos de “narcotráfico” y “terrorismo”: se trata de dos categorías muy distintas. Una se refiere a delitos concretos vinculados con el tráfico de drogas, cuyo control y represión debe enmarcarse dentro de los límites que diversos protocolos legales establecen para estos casos. El narcotraficante es un delincuente, no un enemigo de guerra. En contraste, la categoría de “terrorismo” suele ser más difusa y discrecional por parte del Poder, generalmente es visto como un absoluto en términos bélicos. En consecuencia, sirve como comodín para prácticas de terrorismo de Estado contra cualquier sector etiquetado por éste como terrorista. El terrorista es un “enemigo”, como bien lo describe Zaffaroni, es una categoría bélica, no jurídica. La mezcla de ambos términos claramente tiene una intencionalidad política para ejercer el poder bélico de manera ilimitada.

Claro. Hay una lógica en la que Estados Unidos se asume como gendarme mundial, partiendo de allí, según la legislación y pautas de que se han dotado a sí mismos, calificar a una organización o persona como terrorista, y no solo como narcotraficante, le abre a su Gobierno las puertas para un uso más amplio, discrecional y drástico de la fuerza. En eso consistió la operación conceptual reciente, podríamos decir.

Es un momento de disputas imperialistas globales, Rusia en Ucrania amenazando a una Europa inerte, China ganando cada vez más terreno en el mundo, desplazando a los EEUU, y estos últimos intentando recuperar la hegemonía perdida que tenían en otros tiempos. El mundo se encuentra amenazado por autoritarismos de distintos colores, hay para todos los gustos. Como sociedad, en lo político, parece que hemos retrocedido un siglo.

El argumento central de estas acciones es el llamado combate a carteles de la droga de América Latina. ¿Qué opinas sobre eso?

Esta lógica de “guerra” contra las drogas por parte de los Estados Unidos en la región no es una novedad, es parte de una vieja tradición. La lucha contra la insurgencia de izquierda de los años sesenta y setenta, con la derrota militar de las guerrillas en casi toda Latinoamérica, mutó en los años ochenta en la lucha contra las drogas para mantener su influencia militar en la región, mientras hacía estragos contra los barrios pobres y negros dentro sus propias fronteras. Esto se mantiene casi intacto hasta el ataque contra las Torres Gemelas en 2001, donde la lucha contra el terrorismo permeó toda la lógica securitaria y bélica de la política norteamericana.

El saldo de la guerra contra las drogas después de varias décadas en la región es negativo, hay ríos de tinta de investigaciones serias, rigurosas, que demuestran cómo se incrementaron los índices de violencia, de abusos institucionales, de falsos positivos y de violaciones masivas a los derechos humanos, especialmente en México y Colombia. Mientras los mercados de drogas ilícitas solo se fortalecieron, crecieron, diversificaron, modernizaron y se expandieron.

Muchos analistas plantean que lo de la campaña antidrogas de Trump en la región es, en realidad, una cobertura para poder realizar actividades de intervención militar con objetivos políticos y geopolíticos. ¿Qué opinión tienes al respecto?

Si el saldo de estas políticas es negativo y se insiste aún en ellas, es porque su fin no es el control y represión del narcotráfico, tiene realmente otras funcionalidades de tipo político y económico. Lo de las drogas es una excusa, antes era el comunismo, y el día de mañana puede ser el crimen organizado, el terrorismo o cualquier otro mal en términos absolutos, no importa que tengan una base real o ficticia. En la historia reciente, por ejemplo, podemos recordar cómo el Plan Colombia no era más que la estrategia militar del ALCA, o cómo el Plan Cóndor sentó las bases -a sangre y fuego- para la implementación posterior del neoliberalismo en la región.

En este marco, es necesario advertir que con esto no pretendo blanquear al gobierno venezolano ni eximirlo de sus responsabilidades. Es bien conocido que Venezuela por su posición geográfica históricamente ha sido un lugar de tránsito para el narcotráfico, y que su actual precariedad institucional, solo favorece y promueve mercados ilícitos de todo tipo. Esto no la posiciona como una nación líder ni en producción ni en tráfico de drogas. Venezuela tiene déficit democrático muy grave lo que ha impactado severamente en los derechos humanos de la ciudadanía. Pero se trata asuntos distintos, que pudieran tener puntos de conexión, pero que por ello no se trata del mismo fenómeno. Son niveles de discusión y de análisis distintos. Una cosa es el control y represión del narcotráfico, otra son las distintas formas de terrorismo -entre las que se encuentra el terrorismo de Estado-, y otra es la lucha por la democracia y los derechos humanos. Hago las distinciones porque con este tema hay también mucho ruido, distorsiones, propaganda e hinchas.

¿Qué opinión tiene sobre las embarcaciones presuntamente provenientes de Venezuela que el gobierno de EU ha destruido bajo el señalamiento de que transportaban drogas?

En estos casos concretos se deben tener en cuenta los siguientes elementos, si se quiere “claves” para su análisis:

1. Los delincuentes acusados de los crímenes más atroces tienen derechos. Cuando se hacen excepciones para algunos, se abre una compuerta en la que todos entramos en riesgo.

2. Estamos en una era de postverdad y de creaciones formidables con inteligencia artificial. Es posible que aún estos eventos estén muy recientes para conocer todos los detalles y toda la verdad.

3. Estamos también ante dos gobiernos aparentemente antagónicos cuya credibilidad y confiabilidad no son su principal característica. Entonces las versiones oficiales tampoco son suficientes para saber lo que realmente sucedió. Se trata de un contexto que no puede ser analizado con una visión reduccionista y simplista de un mundo dicotómico de “buenos y malos”, tampoco estamos en el mundo de la guerra fría.

4. Si partimos de las imágenes que han circulado los actores institucionales involucrados y los análisis que diversos especialistas han realizado posteriormente, suponiendo la veracidad de éstas, allí no se visualiza una amenaza física en contra de la vida de oficiales de seguridad por parte de las mencionadas lanchas. Si estas lanchas, que en apariencia carecían de armamento significativo visible, transportaban drogas, lo que allí procedía era su intercepción, la privación de libertad inmediata y juzgamiento de todos sus tripulantes, para hacer las investigaciones correspondientes que develen toda la estructura criminal hasta sus principales líderes. Esto es lo que se hace cuando se realiza un procedimiento policial ante un delito. Además, hay protocolos internacionales específicos que así lo establecen, donde el uso proporcional de la fuerza y la preservación de la evidencia es fundamental. La principal potencia militar del mundo tiene todos los medios para detener a esas precarias embarcaciones y capturar vivos a sus tripulantes.

5. El uso de la fuerza letal solo está justificado en caso de un ataque, amenaza real o riesgo inminente en contra de la vida, en los videos no parece justificarse, ni legal ni situacionalmente, la ejecución de estas personas. No se aprecia la necesidad de una legítima defensa, y todo arroja que estamos ante aparentes ejecuciones extrajudiciales. Este es justo el debate político que se está dando en el senado norteamericano durante estas semanas.

6. En Venezuela han llegado a morir hasta 5 mil personas anualmente por intervención de la fuerza pública. Son numerosas las denuncias por ejecuciones extrajudiciales en el marco de políticas como las OLP ¹ o las cuestionadas intervenciones de la FAES. Estas intervenciones militares contra las señaladas lanchas no se diferencian en mucho de este tipo de políticas que develan un uso abusivo de la fuerza letal.

7. El efecto inmediato de estos eventos para los venezolanos es terrible: los que se encuentran dentro del país sufren mayor represión gubernamental, los que se encuentran en los EEUU sufren también mayor riesgo de persecución y deportación. El resto de la migración venezolana sigue siendo criminalizada y estigmatizada.

¿Esta posición que planteas no implica, como señalan algunos sentidos comunes, “defender narcotraficantes”?

Como apunté en el primer punto de la respuesta a tu anterior pregunta, hasta los peores criminales tienen derechos. Si se trata de narcotraficantes lo que procede es su captura y procesamiento legal.

Como tampoco se reduce a “defender malandadros”’ el oponerse al uso abusivo de la fuerza letal que mata a miles de jóvenes en los barrios de nuestro país.

Así es, el derecho penal en un país democrático debe ser una herramienta de protección para el más débil. Ante la comisión de un delito debe proteger a la víctima del delincuente, ya su vez al delincuente ante el poder del Estado o de fuerzas sociales que puedan actuar de manera ilimitada. Esa es la función del derecho, intentar contener el poder sin límites. Los derechos son para todos o no son para nadie. Cuando se admiten excepciones para determinadas categorías de personas, estamos atentando contra nosotros mismos.

¿Quién crees que se beneficia de esta campaña de Estados Unidos contra las drogas y por qué?

En todo esto hay un marco geopolítico complejo, donde hay un actor impredecible y mediático como Donald Trump, que no ha logrado éxito en Ucrania, ni ante las tensiones con China, y estos eventos coyunturales con Venezuela pueden ser exhibidos por él como unas “victorias”, como unos resultados propagandísticos efectistas e inmediatos. Que, además, dentro de sus fronteras alimenta la ideología de sus propias filas, lo que tiene un efecto cohesionador. Finalmente, fortalece su política de deportación de migrantes, especialmente contra los venezolanos, quiénes terminan siendo los chivos expiatorios en toda esta situación. Mientras tanto las operaciones de Chevron en Venezuela se mantienen intactas. Este es el telón de fondo que no puede perderse de vista en este análisis.

Se beneficia también, sin duda alguna, el conglomerado militar norteamericano, porque expande su poderío e influencia de manera ilimitada en la región. Y esto sí podría ser una novedad: la implementación de este tipo de tecnología militar por parte de los EEUU en la región. Esto no son más que globos de ensayo contra seres humanos considerados desechables, cuyas muertes no tienen costo alguno para el gobierno norteamericano. Los grandes genocidios comienzan así, con los nadies, lo que aplauden inicialmente algunos sectores, en ocasiones mayoritarios. Luego cuando se va expandiendo y democratizando de manera ilimitada el horror, ya es demasiado tarde, y muchos de los que aplauden terminan también siendo triturados por la máquina de guerra que se ha liberado.

Nota de Correspondencia de Prensa