El arresto de Nicolás Maduro y Cilia Flores trajo una ola de sustitutos y enroques que dibujaron un nuevo tablero del poder. En 30 días, la administración pública tiene dos nuevos vicepresidentes sectoriales, siete flamantes ministros, tres presidentes de organismos y dos cargos recién abiertos que reordenan el poder de los clanes del chavismo.
El derrumbe de la economía en Venezuela, la brutal caída de las condiciones de vida de la clase trabajadora y la férrea represión política y sindical del régimen chavista, son los responsables, una vez más, de destruir en la conciencia de miles y miles de trabajadores de Venezuela y del mundo entero, la posibilidad de albergar la utopía de construir un mundo socialista libre de la explotación capitalista y de cualquier tipo de opresión.
Delcy Rodríguez, actual gobernante interina de Venezuela, y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, aseguraron en secreto a funcionarios estadounidenses y qataríes que cooperarían con la administración Trump una vez que Nicolás Maduro abandonara el poder.
No solo los ataques verbales directos contra EEUU y Trump han casi desaparecido de los discursos de los altos funcionarios y voceros del chavismo, sino que hay contradicciones entre las palabras y las acciones y se observa un acatamiento disimulado a las decisiones de la Casa Blanca, que Washington asegura van dirigidas a una transición política.
Trump no destruyó el aparato chavista para construir algo nuevo. Lo capturó y lo puso a trabajar para él. Ese es el cambio de régimen perfecto. No porque sea moralmente aceptable o legalmente justificable, sino porque logra el objetivo: controlar un país sin cargar los costos que hundieron a Estados Unidos en Iraq y Afganistán.
Bajo la apariencia del antiimperialismo, el grupo dirigente que estaba en el gobierno, y que sigue estándolo, se ha vuelto proimperialista. La ausencia de respuesta a la intervención militar del 3 de enero y la continuación del gobierno a través de la que era vicepresidenta muestran el acuerdo tácito con Estados Unidos.
Desde Palestina hasta Ucrania, pasando por Sudán y ahora Venezuela, los pueblos agredidos están en primera línea del autoritarismo y la fascistización acelerada que tiene lugar actualmente en todo el mundo. Frente a todos los depredadores y a quienes dejan que esto suceda, el respeto del derecho de los pueblos a la autodeterminación debe estar en el centro de nuestras movilizaciones.
Repudiamos los ataques que se produjeron durante la madrugada del sábado 3 de enero del nuevo año 2026, cuando EE. UU., por ódenes de Donald Trump, atacó militarmente, con bombardeos, el territorio de Venezuela, en diversos puntos militares y gubernamentales de Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira.
El secuestro del presidente Nicolás Maduro junto a su esposa y los anuncios de instalar un gobierno dirigido desde Estados Unidos nos retrotraen a la época de la colonia y el imperio del más fuerte. Latinoamérica ha recibido una herida a su dignidad y soberanía que no cicatrizará fácilmente.
Reproducimos un artículo que expresa una primera reacción de la organización de izquierda ucraniana «Sotsialnyi Rukh». Este artículo fue escrito en las horas siguientes al anuncio de los ataques de las fuerzas armadas de Estados Unidos contra Venezuela.
Es el momento indispensable y urgente de relanzar de la lucha antiimperialista, para frenar desde la movilización de masas a la ofensiva del imperio. Son los pueblos los que tienen que decidir sobre su propio destino y sobre los gobiernos que quieren.
Se trata de una agresión imperialista abierta y asumida, cuyo objetivo es imponer un cambio de régimen mediante la violencia y ejercer un control directo sobre el país, dado que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del planeta.
Ante la invasión estadounidense, interrumpimos nuestro descanso y recogemos aquí algunos comunicados de centrales y confederaciones sindicales. Correspondencia de Prensa expresa su solidaridad total con el pueblo venezolano. Nunca dejamos de criticar al régimen de Maduro, denunciamos siempre los salarios y jubilaciones de hambre, denunciamos la detención, el secuestro, la tortura de los militantes sindicales y de izquierda y siempre exigimos la liberación de todos los presos políticos. Hoy, llamamos a apoyar al pueblo venezolano y exigimos el retiro total de la presencia imperial estadounidense y la libertad de Nicolás Maduro.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) afirmó que la cifra de excarcelaciones de presos políticos anunciada por el Ministerio para el Servicio Penitenciario no alcanza ni el 10% de los casos que han documentado junto a otras organizaciones de derechos humanos.
Cualquier diferencia con Maduro, partido político o personalidad, no puede servir de excusa para no desarrollar un auténtico antiimperialismo, eso sí desde los intereses de la clase trabajadora. Todas las fuerzas democráticas, progresistas, populares y de izquierda deben denunciar y enfrentar la ofensiva norteamericana sobre Venezuela, lo que no significa de modo alguno defender al gobierno de Maduro.
Un punto de inflexión histórico al romper la fragmentación impuesta al movimiento de trabajadores y colocar la unidad de clase por encima de las diferencias, como respuesta colectiva frente al empobrecimiento generalizado, la represión y la criminalización de la protesta, y como expresión firme de la lucha por la recuperación del salario, las pensiones, la libertad sindical y los derechos laborales sistemáticamente conculcados por el Estado venezolano.
Desde el pasado mes de agosto, al menos 70 personas han muerto debido a los bombardeos de las fuerzas armadas estadounidenses contra embarcaciones que habían zarpado principalmente de las costas venezolanas en el Caribe, con la excusa de lucha contra el narcoterrorismo.
Un despliegue naval sin precedentes, justificado en la «guerra contra el narcotráfico» configuran un escenario de alta tensión en el Caribe, donde una invasión a gran escala parece improbable, pero no así operaciones militares puntuales con fuerte carga simbólica y electoral.
Estamos ante dos gobiernos aparentemente antagónicos cuya credibilidad y confiabilidad no son su principal característica. Entonces las versiones oficiales tampoco son suficientes para saber lo que realmente sucedió. Se trata de un contexto que no puede ser analizado con una visión reduccionista y simplista de un mundo dicotómico de “buenos y malos”.
El valor del salario mínimo de 130 bolívares se mantiene congelado desde marzo de 2022, lo que representa un desplome histórico del poder adquisitivo.
La desaparición forzada de personas -incluidas las de corta duración- habría sido cometida de forma sistemática desde el 28 de julio de 2024 en Venezuela. Denuncian un "alto nivel de organización, coordinación institucional y recursos estatales" puestos al servicio de esta práctica.
El Foro Penal ha calculado 940 detenidos por razones políticas en todo el país hasta el 30 de junio, de los cuales se desconoce el paradero de 50. Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, al menos 80 permanecen detenidos en comandos policiales o militares.
Los seguidores y supporters del gobierno de Maduro parece que siempre prefieren buscar culpables ajenos y criminalizar disidentes, antes que hacerse un examen profundo para ver cómo y por qué perdieron el apoyo y conexión con la población.
El régimen usa a los cuerpos de seguridad para acallar la protesta y sembrar miedo entre la dirigencia, como ocurrió la noche del 24 de marzo, contra el dirigente Carlos Salazar, coordinador nacional de la Coalición Sindical.
Solicitamos la liberación de Enrique Márquez, así como de todas las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela. La justicia es justa cuando nunca nadie pueda utilizarla como herramienta contra quienes piensan distinto o ejercen su derecho a la participación política.
En un contexto crecientemente represivo, el gobierno tiene una ruta trazada mientras que la oposición tradicional no ha logrado articular espacios de movilización plurales dentro del país y enfoca su actividad, nuevamente, en el exterior.
A los excarcelados «se les sigue exigiendo firmar un documento en el que declaran que sus derechos humanos fueron respetados» y, de «no hacerlo, no reciben la boleta emitida por el tribunal que les otorga la libertad condicional».
El Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha (CNCTL) se dirige a la opinión pública para expresar su preocupación sobre el agravamiento de la situación económica del país, y en especial la que sufren los trabajadores activos y jubilados, así como la población de menos recursos, en general.