Honduras – Bajo asedio: anatomía de una intervención electoral y el camino hacia la resistencia democrática. [CESPAD]

Equipos de análisis de Global Exchange y del CESPAD, 15-12-2025

Correspondencia de Prensa, 17-12-2025

1. Introducción: una contienda reñida. Una fractura profunda.

Las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 en Honduras aún no han producido un resultado definitivo. El país continúa a la espera de conocer quién ocupará la Presidencia de la República. No obstante, más allá de la falta de una declaratoria final, el proceso ha evidenciado la fragilidad estructural de la democracia hondureña y la profundidad de las tensiones políticas, sociales e institucionales que la atraviesan.

La contienda, sumamente reñida entre Salvador Nasralla (39.19 %) y Nasry “Tito” Asfura (40.54 %), con menos del 99.80% de las actas transmitidas, refleja una crisis nacional de mayor alcance. No se trata únicamente de una competencia electoral ajustada, sino de la expresión de una sociedad profundamente fracturada, marcada por una creciente desafección interna y por factores externos que incidieron de manera determinante en el clima político previo a la votación.

En este escenario, diversos elementos se conjugaron: una izquierda que no logró consolidar ni proteger plenamente sus bases sociales; una ciudadanía que ejerció el voto con intereses y expectativas heterogéneas; élites políticas y económicas que buscaron respaldo externo frente a un panorama incierto; y señales explícitas de intervención por parte del gobierno de Estados Unidos, que aumentaron las tensiones en torno al proceso. Como planteó el padre jesuita Ismael “Melo” Moreno, la pregunta central sigue siendo: ¿qué aportaron realmente las declaraciones provenientes del norte, particularmente las de Donald Trump, al desarrollo de este proceso electoral?

Lejos de expresarse mediante mecanismos clásicos de intervención, estas presiones adoptaron formas propias del siglo XXI: pronunciamientos públicos a través de redes sociales, decisiones políticas con impacto regional, mensajes indirectos vinculados a posibles sanciones, apoyos selectivos y dinámicas de lobby. Estas acciones incidieron en la percepción pública y en el entorno en el cual la ciudadanía tomó sus decisiones, configurando un escenario que trasciende los marcos tradicionales de evaluación electoral.

En este contexto, organizaciones como Global Exchange, Honduras Solidarity Network y el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) llevaron a cabo una misión conjunta de observación electoral. El despliegue incluyó a 47 observadores internacionales provenientes de 13 países y cerca de 100 observadores nacionales, quienes supervisaron el proceso en nueve departamentos y dieciocho municipios del país. La misión constató una participación ciudadana marcada por un fuerte compromiso cívico, además de que la jornada electoral se desarrolló, en términos operativos, conforme a los procedimientos técnicos previstos.

Sin embargo, para estas organizaciones, el análisis del proceso planteó un desafío particular. Aunque la jornada electoral cumplió con los estándares técnicos establecidos, el contexto político en el que se llevó a cabo superó los parámetros habituales de evaluación. La presencia de presiones externas, junto con discursos que condicionaron el clima previo a la votación, introdujeron factores que afectaron la posibilidad de que la ciudadanía ejerciera su derecho al voto en condiciones plenamente libres e informadas.

Por esta razón, el presente documento no se limita a describir únicamente el funcionamiento técnico de la jornada electoral. En forma deliberada, incorpora la dimensión de la injerencia externa como un elemento indispensable para comprender el proceso en su totalidad. Omitir estas dinámicas supondría ofrecer una lectura incompleta del escenario electoral y de los factores que influyeron en la toma de decisiones ciudadanas.

La interrogante central que guía este análisis es cómo la injerencia de Estados Unidos influyó en el electorado hondureño, especialmente en un proceso que ha sido uno de los más observados en la región. En ese contexto, el objetivo del documento es deconstruir las tácticas de intervención desplegadas, así como delinear los riesgos políticos y sociales que se abren para la población y los movimientos sociales ante un posible giro hacia posiciones conservadoras. Se trata de un ejercicio de diagnóstico y reflexión crítica, orientado a comprender el momento histórico que atraviesa el país y los desafíos que enfrentan las fuerzas democráticas y populares, en articulación con la solidaridad internacional.

Para dimensionar adecuadamente esta encrucijada, resulta necesario examinar, en primer lugar, las acciones concretas emprendidas desde Washington y su impacto en un proceso democrático percibido como contrario a ciertos intereses geopolíticos en la región.

2. La Injerencia anunciada: crónica de una intervención norteamericana

Para comprender la magnitud del momento político que atraviesa Honduras, es fundamental analizar la interferencia estadounidense no como una serie de hechos aislados, sino como una estrategia articulada de presión política y diplomática orientada a reordenar el panorama interno. Las acciones emprendidas por Estados Unidos durante el proceso electoral de 2025 revelan un patrón coherente de intervención, con el objetivo de influir en un resultado electoral percibido como adverso a determinados intereses geopolíticos en la región.

Las decisiones y mensajes provenientes de la administración Trump no se distinguieron por la discreción. Por el contrario, constituyeron señales claras de poder dirigidas a modificar el escenario político hondureño y a condicionar la conducta de actores institucionales y del electorado. La injerencia se manifestó a través de una ofensiva multifacética que combinó presión pública, advertencias diplomáticas, gestos simbólicos de alto impacto y mecanismos de influencia económica.

La diplomacia del tuit y la amenaza

Las redes sociales fueron uno de los vehículos más visibles en esta estrategia de intervención. Meses antes de la jornada electoral, figuras ultraconservadoras del Congreso estadounidense, como la congresista María Elvira Salazar, comenzaron a instalar un marco interpretativo binario: votar por la derecha equivalía a defender la “democracia”, mientras que respaldar a LIBRE implicaba alinearse con gobiernos como los de Venezuela o Nicaragua. Este discurso no fue neutral; buscó moldear percepciones de riesgo en sectores urbanos, empresariales y religiosos, reforzando miedos históricos y narrativas geopolíticas simplificadas.

De manera paralela, desde el ámbito del Ejecutivo estadounidense, las declaraciones del exembajador Christopher Landau funcionaron como mecanismos de presión directa. Inicialmente, Landau sembró dudas sobre la transparencia del proceso electoral hondureño, advirtiendo que Estados Unidos respondería “con rapidez y firmeza” ante cualquier afectación a la integridad democrática. Posteriormente, el 22 de noviembre, elevó el tono al denunciar supuestos actos de “intimidación y acoso” contra los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y cuestionar la conformación de la Comisión Permanente en el Congreso Nacional, a la que calificó como carente de legitimidad para abordar asuntos de relevancia institucional.

La escalada alcanzó su punto culminante con tres mensajes públicos del presidente Donald Trump, en los que: ¹ respaldó abiertamente la candidatura de Nasry Asfura; ² descalificó a los demás contendientes; y ³ condicionó la continuidad de la ayuda exterior estadounidense al resultado electoral, advirtiendo represalias en caso de que su candidato no resultara favorecido.

Este acto representó una injerencia explícita: el uso del capital simbólico del “líder ungido”, una figura mesiánica que redistribuye legitimidades desde fuera y pretende influir directamente en la conducta electoral hondureña. Esta estrategia convirtió la política exterior estadounidense en un actor de primer orden en el ámbito doméstico.

El indulto como arma Geopolítica

El acto más crudo y revelador de la intervención fue la decisión de Donald Trump de indultar al expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico y posesión ilegal de armas. Este movimiento fue calificado por la abogada Ana Pineda como un «trueque cínico» y un «acto intervencionista» que constituye una violación flagrante de «la soberanía popular y la autodeterminación». A esta crítica se sumó el exfiscal general Edmundo Orellana, quien afirmó: “Nos irrespeta y desprecia como pueblo y como Estado soberano. Pretende humillarnos: pide nuestro voto para una candidatura y a cambio nos ofrece perdonar los delitos a quien cubrió de vergüenza nuestro país”.

Los movimientos sociales, que durante años lucharon contra el narcoestado instaurado por JOH, expresaron su repudio de manera contundente:

COPINH: «El indulto a JOH no borra la verdad ni el narcoestado que impuso sobre nuestro país. No borra las violencias, el despojo ni el daño profundo que vivimos los pueblos”.

Foro de Mujeres por la Vida: “La intervención de Trump nos hace retroceder a la peor historia de injerencia, donde un poder extranjero vuelve a tratar de dictar nuestro destino, alimentando el miedo y la confrontación en nuestro país”.

Movimiento Amplio: “Métase en sus problemas y deje a Honduras en paz. Su injerencia brutal, ordenándonos bajo amenaza cómo votar e indultando a un narco, solo revela su visión imperialista de un imperio decadente”.

La plataforma Agraria: “Las organizaciones de sociedad civil rechazamos la Injerencia Estadounidense en elecciones generales en Honduras y alertamos del retorno de los sectores políticos, económicos y criminales más violentos”.

El mensaje fue claro: Estados Unidos no solo interfería en el proceso electoral, sino que también rehabilitaba a un actor central del crimen organizado político en Honduras.

El Lobby en la sombra: el poder del dinero

Complementando la presión política ejercida desde Washington, también operaba un poderoso frente económico. La ZEDE Próspera, una de las “ciudades modelo” impulsadas durante el gobierno de JOH, invirtió aproximadamente 906,000 dólares en actividades de cabildeo entre 2022 y 2025, con el objetivo explícito de influir en la postura diplomática estadounidense hacia Honduras y asegurar condiciones favorables para sus intereses corporativos. Este esfuerzo financiero buscaba modelar “la presión diplomática que Washington ejerce sobre Honduras”, reforzando así un entorno de tutela económica sobre decisiones internas del país.

Este componente económico completa un patrón de intervención coordinada, política, simbólica y financiera, orientado a reinstalar un orden que beneficie los intereses de sectores privados transnacionales y de élites conservadoras locales. En conjunto, estas acciones consolidaron un escenario de asedio directo a la soberanía nacional.

3. ¿Fue determinante la intervención? 

A diferencia de lecturas simplificadas, este análisis no sostiene que la intervención estadounidense haya definido por sí sola el resultado electoral. Sin embargo, es posible afirmar, desde un enfoque analítico, que su influencia fue estructural, en tanto alteró el entorno político en el que la ciudadanía tomó decisiones. Además de proponer una postura concreta, la injerencia modificó las condiciones bajo las cuales se desarrolló la competencia electoral.

En términos concretos, la intervención produjo varios efectos relevantes sobre el proceso. En primer lugar, reconfiguró el clima electoral, generando percepciones de riesgo asociadas a un eventual triunfo del oficialismo. Este efecto se vio intensificado por el momento en que se emitieron algunos de los mensajes más explícitos desde Estados Unidos, los cuales circularon a escasas 72 horas de la jornada electoral, cuando el país se encontraba formalmente en período de silencio electoral, conforme a la Ley Electoral vigente.

En segundo lugar, modificó los incentivos electorales, al aumentar el costo simbólico de respaldar proyectos políticos promovidos desde Washington que se percibían como contrarios a sus intereses. Este reordenamiento no solo afectó a las élites, sino que permeó a sectores sociales expuestos de manera directa o indirecta a dichos mensajes.

En tercer lugar, fortaleció la articulación de élites económicas, religiosas y mediáticas conservadoras, que amplificaron y legitimaron los discursos provenientes de Estados Unidos. Estas alianzas contribuyeron a naturalizar la idea de que ciertas opciones electorales implicaban riesgos económicos, diplomáticos o de aislamiento internacional.

En cuarto lugar, influyó de manera particular en segmentos indecisos del electorado, especialmente en aquellos más expuestos a narrativas de miedo, advertencias veladas y condicionamientos externos. En estos casos, su intervención no funcionó como una instrucción directa de voto, sino como un marco interpretativo que condicionó la evaluación de las alternativas políticas.

Finalmente, desplazó el eje central de la contienda, situando la discusión menos en propuestas, trayectorias o capacidades de gobierno y más en la posibilidad de consecuencias internacionales adversas. Este desplazamiento empobreció el debate democrático y redujo el margen para una deliberación basada en prioridades nacionales.

El impacto de la injerencia se vio facilitado por un contexto interno particularmente complejo. El desgaste acumulado del gobierno, los altos niveles de polarización política, los conflictos institucionales no resueltos y las expectativas sociales insatisfechas configuraron un escenario propicio para la amplificación de mensajes externos. A esto se suma un elemento estructural: la significativa población hondureña residente en Estados Unidos, cuyos vínculos económicos y familiares con el país crean un entorno especialmente sensible a cualquier mensaje proveniente de Washington.

Sin necesidad de analizar en detalle cada uno de estos factores, basta reconocer que esta complejidad interna creó un terreno fértil para que la intervención externa encontrara resonancia, amplificara temores y moldeara percepciones en distintos sectores del electorado. En ese sentido, la injerencia no explica por sí misma el resultado, pero sí contribuye a comprender por qué la competencia electoral se desarrolló bajo condiciones profundamente asimétricas.

La injerencia estadounidense se superpuso a un escenario nacional ya tensionado, amplificando las fracturas preexistentes. Sin esos elementos internos, su capacidad de incidencia habría sido más limitada; sin embargo, en ese contexto específico, se convirtió en un factor decisivo en la configuración del clima electoral y en la orientación de una parte del voto.

Estas tensiones alcanzaron un punto de inflexión entre el 8 y el 9 de diciembre de 2025, cuando la presidenta Xiomara Castro denunció públicamente lo que calificó como un “golpe electoral”, señalando de manera explícita la injerencia de Estados Unidos y la manipulación del sistema de conteo de votos.

Posteriormente, anunció su decisión de elevar las acusaciones sobre irregularidades y presión externa ante instancias internacionales, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea. De este modo, la denuncia de injerencia trascendió el ámbito del Poder Ejecutivo y se proyectó hacia otros espacios institucionales.

El 10 de diciembre, la Comisión Permanente del Congreso Nacional emitió un pronunciamiento en el que afirmó que no validaría los resultados electorales mientras persistieran condiciones que consideró “viciadas”. En su argumentación, la Comisión hizo referencia a las presiones internas —incluyendo la incidencia del crimen organizado— como a presiones externas que, a su juicio, comprometían la legitimidad del proceso electoral.

Finalmente, el 11 de diciembre, la autoridad electoral tomó una medida para atender las controversias en curso: el Consejo Nacional Electoral (CNE) programó un recuento especial de 2,773 actas con inconsistencias. Esta decisión se adoptó en un contexto de margen estrecho entre los principales candidatos, con el objetivo de resolver discrepancias suficientes que permitieran avanzar hacia la definición del resultado presidencial.

En este escenario, la injerencia atribuida a Donald Trump y las inconsistencias detectadas en el sistema de cómputo, conteo y escrutinio electoral han tenido un impacto diferencial que favorece al candidato públicamente respaldado por Donald Trump. Esto ocurre en un contexto ya marcado por presiones externas y debilidades institucionales, una combinación que ha contribuido a profundizar las dudas sobre la equidad del proceso y ha colocado la definición del resultado electoral en una zona crítica de legitimidad. Como resultado, se ha planteado la necesidad de una revisión exhaustiva del proceso, ya sea mediante la repetición de la elección o a través de un recuento voto por voto, casilla por casilla.

4. Las consecuencias del giro a la derecha: el costo humano del resultado electoral

El retorno del bipartidismo tradicional (independientemente de si el ganador final es el Partido Nacional o el Partido Liberal) representa un retroceso tangible y peligroso para los derechos y el bienestar de la población hondureña. Este nuevo escenario, basado en patrones históricos, amenaza con profundizar el modelo de despojo, consolidar la impunidad y revertir los mínimos avances en materia de derechos humanos.

Área de riesgo y retrocesos

-Modelo económico y territorial:

Se espera una profundización del modelo extractivo, con un mayor acaparamiento de recursos naturales en manos de pequeños grupos de poder y capital transnacional. Esto ahondará la conflictividad territorial y abrirá la puerta al posible retorno de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), un modelo de despojo territorial.

-Derechos humanos y militarización:

Con más de 40 conflictos agrarios sin resolver, se prevé un aumento de los desalojos violentos. Las Fuerzas Armadas volverán a asumir un «rol fuertemente represivo», incrementando la militarización y el riesgo para las y los defensores del territorio, en un gobierno con una previsible «deriva claramente autoritaria».

-Derechos de las mujeres y diversidad:

El retroceso en esta área es explícito. Salvador Nasralla ha declarado públicamente su intención de eliminar todo lo que signifique la «ideología de género», siguiendo la agenda de la ultraderecha regional. Esto amenaza los avances en derechos de las mujeres y expone a la comunidad LGTBQ+ a una mayor persecución, y el pacto del candidato del Partido Nacional contra el aborto y el matrimonio gay hecho con las organizaciones fundamentalistas. Se esperan retrocesos.

-Criminalización y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y del territorio:

Como resultado de las elecciones, el escenario presenta un riesgo grave de actos de criminalización y ataques a personas defensoras de derechos humanos, dirigentes sociales y miembros de la oposición política progresista.

-Narcotráfico e impunidad:

El indulto a Juan Orlando Hernández y el retorno del bipartidismo tradicional consolidarán un sistema de impunidad. Esta acción representa una «carta blanca para el narcotráfico», revirtiendo los esfuerzos por desmontar el narcoestado y debilitando la credibilidad del sistema de justicia tanto a nivel nacional como internacional.

-Democracia y Estado de derecho:

La renovada alianza con el gobierno de los Estados Unidos representa un retroceso en la construcción de instituciones soberanas y democráticas en el país. Se prevé que las decisiones más importantes sobre los recursos naturales, los servicios sociales y el papel del Estado se tomarán en Washington, a beneficio de una élite nacional y transnacional. Esto implica el cierre del espacio cívico y la represión de expresiones de oposición.

Este sombrío panorama plantea una pregunta central e ineludible: ¿qué camino deben seguir los movimientos populares y las fuerzas democráticas para defenderse, resistir y hacer valer la soberanía popular?

5. Encrucijada democrática: pasos para la defensa de la soberanía popular

El momento actual no debe interpretarse como una derrota definitiva, sino como una coyuntura crítica que requiere una reorganización estratégica de las fuerzas sociales y populares. La disputa por la democracia y la soberanía en Honduras ingresa a una nueva etapa. El resultado electoral, producto del asedio externo, obliga a redefinir las tácticas de lucha y a fortalecer los lazos desde las bases.

Institucionalidad vs. movilización: la tarea histórica

Ante la crisis, emergen dos visiones contrapuestas. Por un lado, la del rector Odir Fernández, quien aboga por la institucionalidad y pide «plena confianza» en el Consejo Nacional Electoral. Por otro lado, la de los movimientos sociales, que consideran que el espacio institucional ha sido capturado y que la única vía para lograr cambios reales es la acción directa desde las comunidades. La lideresa social Albertina López lo resume con claridad: «Hoy más que nunca nos va a tocar movilizarnos. Los cambios no van a venir de arriba».

Esta afirmación no es una simple consigna, sino la conclusión lógica de un proceso en el cual las instituciones han sido instrumentalizadas por poderes fácticos, tanto nacionales como internacionales.

Un mandato para la articulación y la resistencia

En medio de este escenario de riesgos, la socióloga Mercy Ayala identifica una «oportunidad» crucial: la necesidad impostergable de articular esfuerzos entre organizaciones y sectores para enfrentar de manera conjunta el nuevo escenario. La atomización de las luchas es un lujo que las fuerzas populares no pueden permitirse. La defensa de los territorios, de los derechos de las mujeres y de los bienes públicos exige una plataforma común de resistencia.

6. La soberanía como disputa permanente frente a la injerencia

Las elecciones hondureñas de 2025 confirman que la disputa democrática contemporánea ya no se juega únicamente al ámbito de las instituciones electorales, ni puede comprenderse desde los parámetros tradicionales de observación. La intervención directa de Estados Unidos alteró el clima político, condicionó percepciones sociales y reconfiguró el marco en el que el electorado toma sus decisiones, evidenciando que la soberanía hondureña continúa siendo un campo de disputa entre proyectos geopolíticos, económicos y culturales.

La injerencia no operó solo como presión diplomática. La disputa por la soberanía hondureña se ha desplazado del ámbito estrictamente institucional hacia un terreno más amplio, que abarca las narrativas, los sentidos comunes y las batallas culturales. La intervención no solo buscó influir en la decisión electoral, sino redefinir qué se entiende por democracia, quién la representa y qué proyectos políticos son legítimos o aceptables para actores externos. Ignorar esta dimensión sería renunciar a comprender la profundidad del desafío que enfrenta el país.

En este contexto, ningún actor por sí solo puede sostener la defensa de la soberanía democrática. Sin embargo, los movimientos sociales, las organizaciones territoriales, campesinas, feministas, indígenas y populares, mantienen hoy espacios de autonomía, memoria y resistencia que resultan indispensables para contrarrestar la erosión geopolítica y el avance de proyectos conservadores que buscan reinstalar un orden excluyente. Aunque no son los únicos ni suficientes, su papel es estratégico, ya que mantienen viva la aspiración a una democracia sustantiva basada en derechos, justicia social y autodeterminación.

Por tanto, la defensa de la soberanía hondureña requiere una articulación que abarque dimensiones institucionales, culturales, comunitarias y de las organizaciones de sociedad civil. Esto implica disputar el relato, nombrar la injerencia, comprender sus mecanismos y reconocer sus impactos. Pero también exige imaginar alternativas que no se sometan a lógicas de tutela externa ni a pactos internos que reproducen desigualdades históricas.

En un país históricamente marcado por tutelas externas, reconocer la injerencia como un problema estructural, y no como un episodio aislado, es el primer paso para desmontar su influencia. Estas elecciones evidencian que la lucha por la democracia ya no se decide únicamente en las urnas, ahora depende también de la capacidad del país para resistir, desenmascarar y contrarrestar las presiones externas que pretenden imponer su voluntad desde fuera. En esa tarea colectiva se decide no solo el presente político, sino también la posibilidad de construir un futuro verdaderamente soberano para Honduras.

Notas