Rodrigo Chaves y Nayib Nukele en la ceremonia de condecoración del presidente salvadoreño
El populismo autoritario como respuesta a la crisis de la «excepcionalidad» costarricense
Nueva Sociedad, enero de 2026
Correspondencia de Prensa, 30-1-2026
Costa Rica se encuentra hoy lejos de su histórica excepcionalidad, forjada entre mitos y realidades. En este contexto, aumenta el rechazo social hacia los inmigrantes y gana espacio una derecha radical que actúa no solo en el plano político, sino también en uno «terapéutico», en una sociedad atravesada por el crecimiento de las desigualdades y la violencia criminal. Todo indica que las próximas elecciones presidenciales podrían confirmar la hegemonía del partido del actual presidente.
El 12 de agosto de 2018, Costa Rica presenció uno de los episodios más explícitos de violencia racista y xenófoba en su historia reciente. Ese día, más de 400 personas se movilizaron hacia el parque La Merced, en San José, con la intención de «recuperarlo» de manos de los nicaragüenses que lo frecuentaban. Lo que siguió fue una serie de agresiones físicas, insultos y persecuciones dirigidos contra personas migrantes y refugiadas, ante la mirada atónita de un país que se creía ajeno a este tipo de prácticas. El ataque, amplificado por transmisiones en vivo y convocatorias digitales, reveló un descontento antiinmigrante que llevaba tiempo gestándose, pero que hasta entonces no había estallado con tal magnitud.
Ese mismo año, emergieron en el país propuestas electorales de corte ultraderechista que lograron canalizar diversos malestares sociales a través de un discurso que combinaba la crítica moral a la llamada «ideología de género», la demanda de «mano dura», una retórica antielite dirigida contra el establishment tradicional y un marcado posicionamiento antiinmigrante.
Todo esto, en el contexto del gobierno de Rodrigo Chaves, habilita preguntas inevitables: ¿de qué manera se consolidaron, en los últimos años, grupos y discursos asociados a la derecha radical populista en Costa Rica? ¿Continúa el sentimiento antiinmigrante ocupando un lugar central en su agenda política? ¿Y en qué medida aquel momento histórico permite comprender la actual avanzada autoritaria? Estas interrogantes invitan a examinar no solo las condiciones que hicieron posible la emergencia de estos discursos, sino también las continuidades y transformaciones de ellos en el escenario político contemporáneo.
Las grietas del relato de excepcionalidad costarricense
La identidad nacional costarricense se ha construido sobre la fantasía de la excepcionalidad: la idea de que es un país distinto en una región marcada por conflictos armados, autoritarismos y migraciones forzadas. Ese relato se sostiene sobre una mezcla de mitos y realidades: la abolición del Ejército como símbolo de civilidad, la fortaleza de las instituciones democráticas, el apego a la educación pública y una supuesta homogeneidad cultural y étnica que habría garantizado estabilidad social; en fin, un país de «igualiticos», al decir del sociólogo Carlos Sojo. La excepcionalidad operó no solo como identidad, sino también como refugio: permitió construir la imagen de una nación «pacífica», «ordenada» y ajena a los avatares políticos que caracterizan al istmo.
Sin embargo, este discurso de armonía e igualdad se contradice con la presencia histórica de grupos que pueden ser catalogados como parte de la extrema derecha. La existencia de organizaciones como el Movimiento Costa Rica Libre (MCRL) en décadas pasadas ya señalaba la latencia de un nacionalismo virulento e incluso paramilitarizado.
Durante gran parte del siglo XX, el eje articulador de los grupos reaccionarios y radicales del país giró en torno de un anticomunismo profuso, que alcanzó sus mayores momentos de activación con la Revolución Cubana de 1959 y, posteriormente, con el triunfo sandinista en 1979.
En el imaginario nacional, como ha señalado Laura Álvarez, «el comunismo es el otro de la democracia», por lo que la excepcionalidad costarricense se afirmaba en contraste directo con ese enemigo ideológico. No obstante, con el colapso de los socialismos reales y la derrota electoral del sandinismo en 1990, el «comunista» perdió fuerza simbólica como depositario privilegiado de las angustias de la derecha radical costarricense. Fue entonces cuando, de la mano de procesos de etnización de la política, ese antagonismo se desplazó hacia una otredad migrante -especialmente la nicaragüense-, que comenzó a ocupar el lugar de amenaza que antes representaba el comunismo. De esta forma, se podría afirmar, siguiendo a Carlos Sandoval, que el «otro» dejó de estar definido únicamente por una doctrina y pasó a estarlo también por un cuerpo: el migrante se convirtió en la nueva frontera simbólica frente a la cual la nación imaginada reafirmó su sentido de orden, homogeneidad y diferencia.
Más aún, la historia reciente del país se ha caracterizado por un rechazo sistemático y constante, aunque en la mayoría de los casos silenciado, hacia las personas nicaragüenses, tratadas históricamente como ciudadanos de segunda categoría. Para fundamentar esta afirmación, basta recordar el auge de la xenofobia en coyunturas como la disputa limítrofe por Isla Calero y la pandemia de covid-19. Los discursos antiinmigrantes no son un fenómeno nuevo en el país, pero sí lo es el uso político que la derecha radical ha desarrollado de ellos en las últimas décadas, convirtiendo al inmigrante en una figura de amenaza manifiesta o latente.
Metáforas de alteridad
En el discurso público costarricense de años recientes, la migración nicaragüense se ha configurado como un campo privilegiado para la producción de significaciones de otredad, en las que se proyectan ansiedades sociales y se condensan percepciones de amenaza. Es posible identificar tres asociaciones de sentido predominantes mediante las cuales se construye al sujeto migrante: la amenaza sanitaria, el «chauvinismo del bienestar» y la inseguridad. Estas ideas, lejos de funcionar de forma aislada, se articulan en un marco más amplio de producción de alteridad, cuya eficacia radica en su interconexión.
En primer lugar, la migración nicaragüense ha sido vinculada de manera sistemática con la inseguridad; una asociación que sitúa al migrante como actor potencial de violencia y criminalidad. En esta representación, la inseguridad no se presenta como un fenómeno multicausal, sino como el resultado directo de la presencia de un grupo específico, lo que facilita su utilización como recurso político en contextos electorales o de tensión social.
En segundo lugar, emerge con fuerza el chauvinismo del bienestar, entendido como la percepción de que los recursos públicos -especialmente la salud, la educación y los programas de asistencia social- son injustamente aprovechados por personas migrantes en detrimento de la población local. En esta lógica, la figura del nicaragüense se convierte en un sujeto que «sobreconsume» el Estado social sin contribuir plenamente a él, configurándose así como una carga económica y administrativa. En este relato no se cuestionan las desigualdades estructurales ni el deterioro institucional producido por el neoliberalismo, sino que se desplaza la responsabilidad hacia un «otro» fácilmente identificable.
Finalmente, en el marco de la pandemia de covid-19, la migración nicaragüense apareció frecuentemente asociada a la amenaza sanitaria. En este contexto, el migrante fue representado como un vector de enfermedad, cuya presencia desestabilizaba la frontera entre un «nosotros» sano y un «ellos» portador de riesgo.
En conjunto, estas tres significaciones conforman un marco de interpretación que produce al migrante nicaragüense como «otro amenazante», articulando prejuicios históricos con nuevas formas de movilización emocional y coyuntural. Su persistencia y circulación en redes sociodigitales, en discursos públicos y en espacios comunitarios explican en buena medida su centralidad dentro de la retórica de la derecha radical populista, que encuentra en estas asociaciones de sentido una plataforma eficaz para activar miedos, canalizar malestares y consolidar adhesiones afectivas.
Del enemigo externo al enemigo interno: el giro autoritario de la derecha radical populista
Ahora bien, si lo nicaragüense ha funcionado históricamente como el «exterior constitutivo» de la identidad nacional -ese límite simbólico que permite definir quién pertenece y quién amenaza-, a partir de 2022 se observa un giro narrativo significativo. El fenómeno de la derecha radical en Costa Rica demostró ser dinámico y adaptable: con la llegada de un nuevo ciclo político liderado por el actual mandatario Rodrigo Chaves, las narrativas experimentaron una reorientación estratégica y se inauguró así la fase actual del populismo autoritario. En esta etapa, el enemigo ya no se sitúa solamente fuera del cuerpo nacional, sino dentro de las propias instituciones, organismos públicos y figuras de autoridad consideradas traidoras al «pueblo», lo que intensifica la polarización y amplía el repertorio de adversarios disponibles para la movilización política.
El giro autoritario de estas derechas no implicó el abandono del marco xenófobo construido en años anteriores, pero sí supuso una redistribución del antagonismo. A partir de 2022, el discurso comenzó a orientarse hacia dentro, señalando a instituciones, funcionarios públicos, periodistas, órganos de control y actores sociales como responsables de un supuesto «secuestro» de la voluntad popular. Este tránsito no eliminó la otredad migrante, pero sí la subordinó, y esta pasó a competir con un repertorio ampliado de significantes disponibles para codificar el descontento.
Este desplazamiento narrativo emergió en un clima político marcado por la desconfianza institucional, el abstencionismo electoral y un descrédito generalizado de los partidos políticos tradicionales. En ese terreno, la derecha radical populista encontró la oportunidad de ensanchar y redistribuir sus antagonismos, presentando al «pueblo» como víctima de una compleja red de elites tecnocráticas, sindicales, mediáticas y judiciales. Fue este el contexto en que el liderazgo de Chaves adquirió un papel central: su capacidad para nombrar con precisión a los adversarios de su proyecto político -«la prensa vendida», «los burócratas de siempre», «los que no dejan trabajar»- permitió dotar de rostro, intención y dirección concreta al malestar social. Sus discursos no se limitaron a describir problemas; operaron como un dispositivo para significarlos en clave autoritaria, transformando malestares democráticos difusos en adversarios políticamente legibles.
En esta nueva fase de populismo autoritario, el despliegue antidemocrático ya no se dirige solamente contra los inmigrantes, sino también contra cualquier actor interno que pueda ser presentado como una traba al avance del Ejecutivo o una amenaza al «pueblo honesto». El gobierno actual ha encontrado en esta estrategia una vía para consolidar apoyos afectivos, justificar medidas impopulares y mantener viva la sensación de conflicto permanente.
A pesar de que la lista de enemigos se actualizó -el Poder Judicial convertido en «guardián de la impunidad»; la Asamblea Legislativa, en un nido de burócratas indolentes; y, de forma crucial, los medios de comunicación tradicionales reetiquetados como la infame «prensa canalla»-, la aversión a la migración, aunque latente y sublimada, permanece de manera constante. De hecho, el gobierno de Chaves impulsó un decreto que restringe significativamente el acceso al refugio –tiempo después declarado inconstitucional-, lo que reduce el margen de protección para quienes tienen necesidades de protección internacional. De igual forma, el Poder Ejecutivo se ha mostrado indiferente ante los recientes atentados contra personas nicaragüenses solicitantes de asilo, que continúan siendo objeto de violencia política dentro del propio territorio costarricense. Así, aunque la intensidad del discurso antiinmigrante se ha reducido en la retórica oficial, su permanencia estructural se constata en políticas y silencios que consolidan una visión de la movilidad humana como problema, nunca como urgencia humanitaria.
La producción del agravio y la crisis de la excepcionalidad costarricense
El éxito de la derecha radical reside en una operación discursiva de fondo: la producción y circulación del agravio. Como señala la socióloga Eva Illouz, el populismo de derecha se distingue por su habilidad para fabricar narrativas de falsa culpabilidad, transformando la frustración social difusa -originada en el deterioro económico, la desigualdad y la pérdida de movilidad social ascendente- en un sentimiento de afrenta moral y humillación colectiva.
La gran habilidad de Chaves ha sido, precisamente, la de «nombrar la herida» y señalar a los supuestos culpables de ella. Esta estrategia es el motor emocional que ha permitido el desplazamiento narrativo en Costa Rica. Ya sea que el foco se sitúe en el migrante -acusado de parasitar el bienestar social, cultural y material- o en un establishment que funciona como cajón de sastre -culpado de sabotear la voluntad popular y perpetuar la corrupción-, la constante del discurso es la sensación de que el país ha sido agredido por un agente identificable. La derecha radical se presenta, así, como el único actor político capaz de ofrecer una reparación o restitución; de ahí que se establezca la equivalencia Chaves-pueblo. En este sentido, el discurso del actual presidente no es solo político, sino también terapéutico: promete restablecer la dignidad y el orden que el enemigo habría robado, ofreciendo una respuesta simple y emocional a la complejidad de la política costarricense.
Pese a ello, la producción del agravio tiene siempre una contrapartida: algo que se percibe como amenazado, ya sea en términos materiales o simbólicos, y que aparece como vulnerable a la pérdida. En el caso costarricense, ese «algo» es la propia fantasía de excepcionalidad nacional. El agravio no solo opera sobre la base de una herida presente -la corrupción, la inseguridad, la crisis económica o la migración-, sino sobre la idea más profunda de que Costa Rica está dejando de ser lo que supuestamente fue. El deterioro institucional, el desgaste del Estado social, la polarización y la pérdida de confianza en la democracia se leen no solo como problemas contemporáneos, sino como evidencias de una caída: la sensación de que el país se aleja aceleradamente de un imaginario de armonía, igualdad y estabilidad que definió el relato nacional durante décadas. Así, a la fabricación de culpables propia de la derecha radical populista le subyace un discurso de pérdida. El agravio funciona porque se ancla en la percepción de que «lo que éramos» -ordenados, iguales, excepcionales- ha sido puesto en riesgo por actores concretos que deben ser identificados y confrontados.
Así, el populismo autoritario de Rodrigo Chaves se presenta como un intento de restitución de esa fantasía de unidad e igualdad que sostenía el excepcionalismo costarricense. Su promesa fundamental no es únicamente de gobierno, sino de reparación: restaurar una sociedad «perdida», un país que habría sido traicionado por elites egoístas, burócratas indolentes, instituciones capturadas e incluso por migrantes abusivos. Por ello, en el repertorio discursivo del actual gobierno proliferan metáforas como «reconstruir», «devolver», «volver a poner orden» o «recuperar lo que nos arrebataron». El populismo autoritario ofrece así una suerte de terapia nacional, cuyo propósito es enmendar el quiebre simbólico y material del excepcionalismo tico -como se denomina a los costarricenses-: reconstruir la ilusión de una comunidad homogénea, moralmente superior y políticamente unida frente a enemigos que la amenazan desde fuera y desde dentro. En este marco, la crisis de la excepcionalidad no solo explica el terreno afectivo en el que germina la derecha radical populista, sino que se convierte en el eje emocional que legitima sus formas de confrontación, su promesa de restauración y su atractivo para sectores desencantados con el presente.
Más allá del agravio: desigualdad y alternativas democráticas
En la reciente campaña electoral, figuras como la candidata presidencial «libertaria» Natalia Díaz han recurrido nuevamente a expresiones abiertamente xenófobas, lo que evidencia que la migración continúa siendo un recurso eficaz para movilizar emociones y articular identificaciones políticas. El discurso antiinmigrante no es un residuo del pasado, sino un dispositivo siempre disponible en el arsenal emocional de la derecha radical populista.
Por su parte, Laura Fernández, heredera del proyecto político del chavismo, ha propuesto la suspensión de las garantías constitucionales y la implementación de una política de «mano dura inspirada en la «megacárcel» de El Salvador como mecanismos de respuesta al aumento de la violencia criminal. A menos de un mes de la cita electoral, Nayib Bukele visitó Costa Rica con el fin de legitimar el populismo penal que ha abrazado el Poder Ejecutivo. Ya antes había sido condecorado por Chaves con la máxima distinción nacional.
A pocos días de los comicios nacionales, las encuestas confirman 44% de intención de voto para Laura Fernández, lo que le permitiría alcanzar la Presidencia en la primera ronda electoral. En caso de ganar, el continuismo promete afianzar la deriva autoritaria de la derecha populista costarricense inaugurada por Chaves e integrar a Costa Rica en el ecosistema radical de Donald Trump, Bukele, Daniel Noboa, Javier Milei y José Antonio Kast.
Sin embargo, reducir el problema a la retórica populista de derecha sería simplificar un fenómeno más profundo. Los malestares sociales que alimentan estos discursos son reales y legítimos. Costa Rica se ha convertido en uno de los países más desiguales de América Latina y uno de los más violentos en Centroamérica. La movilidad social se encuentra en franco retroceso y el Estado social se ha debilitado tras décadas de políticas neoliberales que recortaron capacidades públicas, fragmentaron derechos y erosionaron la expectativa de bienestar compartido. Existe frustración, existe precariedad, existe enojo; pero, en lugar de señalar a los verdaderos responsables de este deterioro -la desregulación, la privatización, la concentración de la riqueza, la captura corporativa del Estado-, la derecha radical ofrece culpables sustitutos.
La pregunta, entonces, no es solo cómo se consolidó la derecha radical populista, sino por qué encontró un terreno tan fértil. En su reciente libro Las grietas de la desigualdad. La profundización de las asimetrías sociales en Costa Rica (Flacso/Editorial UCR, 2025), el sociólogo y economista Juan Pablo Pérez Sáinz plantea una interrogante fundamental: «¿Por qué la igualdad dejó de ser posible en Costa Rica?». Ese, quizás, es el punto de partida que el país necesita recuperar. No para recuperar de manera nostálgica un pasado armónico que nunca existió plenamente, sino para comprender las condiciones materiales y simbólicas que hicieron posible cierto ideal de igualdad y que hoy se encuentran profundamente resquebrajadas.
La tarea pendiente no es restaurar una fantasía de excepcionalidad, sino producir nuevas respuestas democráticas y emancipadoras que permitan imaginar un futuro más justo. Si algo revela el ascenso de la derecha radical es que la desigualdad y la incertidumbre no se evaporan: se politizan. La pregunta es quién las politiza, cómo y para qué. Frente a un proyecto que moviliza el agravio para profundizar la exclusión y debilitar la democracia, la alternativa no puede ser el silencio ni la nostalgia, sino la construcción de un horizonte político capaz de enfrentar las causas reales del malestar social y devolverle sentido a la promesa democrática.