La larga depresión venezolana
Malfred Gerig / Entrevista por Federico Fuentes
Jacobin, 13-11-2024
Correspondencia de Prensa, 15-11-2024
La entrevista a continuación forma parte la serie «La izquierda ante el fin de una época», una colaboración entre Revista Jacobin y la Fundación Rosa Luxemburgo.
La crisis económica venezolana, afirma el sociólogo Malfred Gerig, no se explica solo por unas malas decisiones económicas o por el peso de las sanciones estadounidenses. Encuentra su causa en contradicciones estructurales profundamente graves.
Malfred Gerig es un sociólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente dirige la línea de investigación «Economía política de Venezuela» del Centro de Estudios para la Democracia Socialista en Caracas, Venezuela. También es autor de La larga depresión venezolana. Economía política del auge y caída del siglo petrolero.
En esta entrevista con Federico Fuentes, Gerig sitúa el impacto de las sanciones impuestas por los Estados Unidos y las políticas económicas del gobierno de Nicolás Maduro dentro de un proceso más amplio al que denomina la «larga depresión» venezolana.
FF – Hay quienes responsabilizan a las sanciones impuestas por Estados Unidos de la crisis económica en Venezuela. Otros señalan también la responsabilidad de lo que evalúan como una mala gestión económica por parte del gobierno de Maduro. Pero tú optas por ampliar el foco y señalas el año 2013 como fecha de inicio de una «larga depresión». Llama la atención, porque se trata de una fecha que precede tanto a las sanciones como a cualquier giro en cuanto a políticas de gobierno. ¿Qué te lleva a sostener esto?
MG – Lo primero que tenemos que entender de la economía de Venezuela es que esta crisis es una crisis inherente al patrón de acumulación de capital y a la forma en que Venezuela se insertó en la economía mundial capitalista a lo largo del siglo petrolero venezolano y el ciclo sistémico de acumulación estadounidense.
Venezuela se inserta en la economía mundial como proveedor de petróleo y se vuelve un país rentista porque el Estado venezolano reclama la soberanía sobre este recurso natural y cobra una renta internacional o pago por cargo a su propiedad. Esto construye un patrón de acumulación nacional que se conoce como «capitalismo rentístico»: una economía capitalista nacional sui generis, porque su metabolización del capital está determinada por el excedente que capta el Estado desde la economía mundial capitalista.
Atendiendo a esto, he dividido el periodo de inserción de Venezuela en la economía mundial en dos grandes etapas. La primera fue una etapa de auge, que va desde el comienzo de esta inserción, entre 1914 y 1917, hasta la década 1970. Venezuela fue la primera economía mundial exportadora de petróleo durante casi toda esta etapa de expansión acelerada de su economía, pasando de ser la economía más atrasada de Sudamérica a ser la primera en términos de Producto Interno Bruto (PIB) per cápita.
Pero en los setenta se genera un período de crisis. Esa crisis comienza precisamente con una abundancia, porque las crisis del capitalismo rentístico se adaptan perfectamente a la máxima del médico y economista francés Clément Juglar, quien dijo «La única causa de la depresión es la prosperidad». En Venezuela, la prosperidad que vino con la crisis de petróleo en 1973 y el aumento de los precios del crudo se combinó con la nacionalización del petróleo y un proyecto de tipo Big Push, de industrialización a realazos, como decimos en Venezuela.
La década del ochenta comienza con con otra crisis. Hay una fecha taxativa —el «viernes negro» de 18 de febrero de 1983— en la que se rompe la estabilidad del tipo de cambio que Venezuela había sostenido desde la década del treinta. Esa fecha se toma como un punto de ruptura a partir del cual empieza una crisis económica que perdura todavía hasta nuestros días. El periodo de profunda crisis y marginalización de los años ochenta y noventa hicieron que el cambio de siglo encontrara a Venezuela con unas condiciones sociales bastante alarmantes.
FF- Y son esas las condiciones sociales que auspician el surgimiento de la Revolución Bolivariana a finales de los años noventa, como un movimiento de pobres liderado por el expresidente Hugo Chávez…
MG- Sí. La Revolución Bolivariana se monta sobre todo eso con la idea de hacer una inversión consultiva de la renta petrolera, es decir, paliar las necesidades humanas que había en el pueblo venezolano para después echar adelante un proceso de transformación de la matriz productiva con la intención de modificar la inserción de Venezuela en el capitalismo mundial.
Vale decir que todos los gobiernos venezolanos, desde la década de 1930 en adelante, han tenido su proyecto de «siembra del petróleo». Me refiero a la idea de trasladar ese ingreso de origen externo al desarrollo nacional. Algunos creyeron que la mejor forma de hacerlo era mediante la satisfacción de necesidades humanas; otros, que era mediante un proceso de industrialización forzada. Pero todos, algunos más otros menos, compartieron esa misma idea. En tal sentido, la Revolución Bolivariana no fue una excepción.
Lo que sí es cierto es que Revolución Bolivariana se benefició de un periodo que denomino «edad dorada», que se extiende desde 2003 o 2004 hasta 2012. Durante estos años ocurrieron dos grandes eventos a escala sistémica que ayudaron a que los precios del petróleo aumentasen: la guerra contra el terror y la cruzada que emprendió los Estados Unidos para tratar de reconfigurar la geografía política de Medio Oriente, por un lado, y el ascenso de Asia Oriental, con el consecuente boom de demanda de petróleo que produjo, sobre todo, el crecimiento de China. Esos dos fenómenos se acompasaron para que la crisis de la cual te hablaba antes se subsanara momentáneamente, a través del incremento de los precios del petróleo.
Pero la crisis financiera global de 2008 trajo problemas para el modelo macroeconómico de la Revolución Bolivariana. Y luego, claro, hay un gran acontecimiento que parte en dos esta historia: la muerte de Hugo Chávez en el año 2013. Esto fuerza a un cambio de liderazgo en la Revolución Bolivariana en medio de una crisis económica que ya se venía fraguando a pasos agigantados; los especialistas sabían ya por aquellos momentos que era necesario hacer correcciones drásticas.
FF- Antes de entrar a la etapa del gobierno de Nicolás Maduro, me gustaría saber tu opinión sobre la política económica del gobierno de Hugo Chávez.
MG- Sobre la política económica del gobierno de Chávez te diría tres cosas. La primera es que fue una política económica que no puso especial énfasis en los bemoles del petróleo. En realidad, fue a medida que el precio del petróleo empezó a aumentar que se fue obnubilado en creer que no había nada pernicioso en que el país se reprodujese a partir de la renta internacional. De manera que los errores que se cometieron, hasta cierto punto, fueron los mismos que habían cometido otros gobiernos, como el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, allá por los años setenta. El petróleo tiene esto: cuando no está, ves su lado malo; pero cuando sí está, cuando el precio del petróleo está alto y te permite pagar todo o solucionar todos los problemas de un plumazo, es más difícil ver sus problemas.
A esto agregaría dos cosas que, en mi opinión, fue muy mala idea mantenerlas en el tiempo: el régimen del tipo de cambio y el modelo de endeudamiento externo. A partir de los años 2002 y 2003 se adoptó un régimen de tipo de cambio fijo con administración de divisas, mucho menos maleable en términos reales inclusive que la dolarización. Esto generó un proceso de sobrevaluación cambiaria, porque Venezuela tenía inflaciones año a año de alrededor del 30%, mientras que el tipo de cambio quedó fijo en $4,30. Con esto vino una pulsión hacia las importaciones y hacia una mayor reclamo de renta internacional para paliar esas importaciones. Esto hizo que las iniciativas que se tenían en los sectores productivos e industriales tuviesen la presión de importar en lugar de diversificar sus exportaciones.
Claro, el país también se benefició del régimen de tipo de cambio fijo: importaciones baratas, mayores niveles de consumo, cifras inflacionarias controladas. Pero el régimen cambiario fue construyendo una trayectoria de dependencia que generó intereses en sectores del gobierno y en sectores empresariales, particularmente la burguesía comercial importadora, que terminó beneficiándose pese a que, en teoría, era la principal enemiga del proyecto de Hugo Chávez. El resultado fue que Venezuela continuó su trayectoria de dependencia de las exportaciones petroleras.
Y unida a esta cuestión cambiaria aparece una tercera cuestión, que es el modelo de endeudamiento externo. Venezuela tenía unos flujos de ingreso de divisas suficientes para no necesitar ningún tipo de endeudamiento externo. Pero el endeudamiento sin embargo existió, en grandes dimensiones y mal gestionado, lo que terminó generando una situación que explotó a la muerte de Chávez. El modelo de endeudamiento se relaciona con el régimen de tipo de cambio fijo porque lo que hizo fue abaratar la deuda privada externa. Eso construyó todo un entramado de «empresas zombis» que se endeudaban externamente y pagaban esa deuda con dólares basados en el régimen de tipo de cambio fijo. Las repercusiones de este modelo para el tejido productivo nacional fueron dramáticas.
Sin embargo, la política económica de Chávez, si bien pudo tener sus problemas, logró que el PIB creciera desde 2004 hasta 2008, cuando hubo una recesión de dos años, y luego volviera a crecer hasta 2013. Es decir, la crisis de 2008 no era para nada fácil de solventar, pero sin embargo se solventó. Hubo problemas y dificultades, cierto; el tema eléctrico fue una gran dificultad. Pero era una política económica que no conducía a una mega depresión, que era coherente, que nunca se excusaba para dar respuesta sobre cuestiones técnicas, una política económica de la que tú conocías la cifra y en la que no había opacidad sobre las cosas.
FF- Así que cuando Maduro asumió el poder en 2013, no solo debía lidiar con la crisis política generada por el forzado cambio de liderazgo en la Revolución Bolivariana, sino que además debía enfrentar el hecho de que la época dorada que había subsanado momentáneamente la crisis económica había llegado a su fin.
MG- El modelo ya venía «pasando aceite», como se dice en términos coloquiales, desde 2010 o 2011. En 2013, pese a que la economía venezolana crece, se observa un shock sobre la inversión, que es un indicador clave de recesión. Así es que desde el año siguiente la economía venezolana comienza un proceso de recesión que, con el tiempo, se transforma en la peor depresión que haya tenido un país occidental que no ha atravesado un conflicto bélico. La economía venezolana llegó a reducir su PIB cerca de un 80%, cifras que encuentran su reflejo en términos sociales en la gran migración de venezolanos que abandonaron el país, en los niveles de consumo infrahumano en que se encuentra la gran mayoría de la población venezolana hoy, en la desnutrición, la pérdida escolaridad y un sinfín de cuestiones.
FF- Entonces la crisis arranca antes de que Estados Unidos impusiera las sanciones…
MG- Retomando tu pregunta inicial, hay que aclarar, primero, que no se trata de una cuestión de mala política económica, sino de contradicciones estructurales profundamente graves. El problema de Venezuela no es que de repente llegó un mal gobierno y punto. El problema es que ese gobierno llegó debiendo hacerse cargo de una crisis muy grave, de carácter estructural y de muy larga data. Lo segundo que hay que aclarar es que las sanciones se montaron sobre estos dos factores —una mala gestión de la política económica y una crisis muy grave—, creando así una tormenta perfecta. Y es sobre esta tormenta perfecta que se va acompasando una cosa con la otra, terminando por configurar el escenario que vemos hoy: desposesión, marginalización social, deterioro de las condiciones de producción, etcétera.
La realidad es que pasaron muchas cosas antes de que las sanciones aparecieran, tanto en el ámbito político como en el económico. El tema es que la idea de que todo es culpa de las sanciones —un discurso que ha tratado de impulsar el gobierno sobre todo hacia el exterior, porque hacia el interior es más difícil separarlo de una cuestión más publicitaria y exculpatoria del gobierno de Maduro— tiene calada internacional porque se mezcla con la cuestión del imperialismo estadounidense y toca fibras sensibles en buena parte del mundo.
Con esto no quiero decir que las sanciones sean una cuestión baladí. Por el contrario, es una política absolutamente grave. Lo que pasa es que utilizarlas como un arma arrojadiza para exculparse de toda responsabilidad por la política económica y el manejo de la crisis (factores que han sido, en gran medida, los causantes de esta hecatombe social, económica y política), le hace un flaco favor a la verdad y la realidad. Una cosa es tomarse en serio las sanciones y el grave daño social que hacen, y otra cosa es banalizar y utilizarlas como paraguas contra todo, sin hacerse cargo de la parte que le toca a cada uno.
FF- ¿Y cuál crees que era el objetivo del gobierno estadounidense al imponer las sanciones?
MG- Hay que recordar que las primeras sanciones empezaron ya en 2015. Pero no eran ni remotamente comparables a las que se implementaron luego, en 2019. En consecuencia, es preciso distinguir entre dos regímenes de sanciones distintos: un régimen integral de sanciones, que empieza en 2019, y el régimen selectivo de sanciones, que fue la estrategia que primó entre 2015 y 2019. El objetivo primordial del régimen selectivo de sanciones, es decir, entre 2015 y 2018, era el desgaste. El régimen integral de sanciones, en cambio, implementado desde 2019 y en pie hasta el día de hoy, persigue directamente el derrumbe.
Antes de 2019 había muchas sanciones dirigidas a personas de los altos cargos del gobierno por acusaciones de corrupción, ilícitos económicos, etcétera. La estrategia no pasaba por determinar verdaderamente si estos personajes públicos estaban inmersos en algún delito: el objetivo era fragmentar a la élite gobernante. Digamos que el gobierno de los Estados Unidos pensó: «Aquí hay unos intereses económicos de unos actores que tienen inversiones en los Estados Unidos, que tienen profundas conexiones con el sistema monetario internacional, que necesitan hacer transacciones, etcétera. Cuando nosotros los sancionamos, eso va a generar una fragmentación en el gobierno». Pero lo que pasó fue absolutamente lo contrario.
Con las sanciones implementadas en 2017, el gobierno venezolano fue impedido también de atraer dinero fresco. Sin embargo, ya en ese punto —y a diferencia de lo que creía el gobierno—, el problema de la economía venezolana no era de liquidez sino de fundamentos. Cualquier toma de nueva deuda iba a ser pagada por los consumidores y los contribuyentes, como terminó ocurriendo.
A partir de 2019 se impone el régimen integral de sanciones, visible sobre todo en las sanciones a [la empresa petrolera estatal] PDVSA y al Banco Central [de Venezuela]. He catalogado a estas sanciones como un «arma de destrucción financiera». Un régimen de sanciones de este tipo se basa, primero, en la desconexión con el sistema de corresponsalías bancarias y del sistema Swift; segundo, en la desconexión del Banco Central (y, por ende, la banca privada nacional) respecto del sistema monetario internacional; y tercero, en la detención del intercambio de bienes estratégicos para limitar la entrada de divisas. En pocas palabras, se trata de una desconexión fáctica del país respecto del conjunto de la economía global.
Sin embargo, vale preguntarse por qué las sanciones implementadas desde 2019 no generaron más daño. La respuesta es que la economía venezolana ya estaba destruida. La «larga depresión» venezolana, como la llamo, llevaba ya seis años machacando antes de la imposición de ese nuevo régimen integral de sanciones. De forma que este régimen integral llegó ya en lo que denomino la «etapa de desastre» de esa larga depresión.
FF- Me interesaría retornar luego al tema de la larga depresión y sus diferentes etapas, pero antes quisiera cerrar el tema de las sanciones. Dado que no consiguieron su objetivo, es decir, derribar el gobierno o al menos fracturarlo, ¿qué impacto tuvieron las sanciones en términos políticos, si es que tuvieron alguno?
MG- Digamos que el impacto político que tuvieron las sanciones fue cambiar el régimen por abajo. El impacto del régimen integral de sanciones condujo al capitalismo rentístico venezolano a un neoliberalismo con características patrimonialistas montado sobre la forma sui generis venezolana y petrolera de un «capitalismo de compinches». Es a través de una política económica de características ortodoxo-monetaristas y un espíritu neoliberal —las dos cosas son distintas— que se dio ese cambio de régimen por abajo.
De manera progresiva se fue construyendo esta cuestión del patrimonialismo, que no es más que la privatización del Estado por parte de los funcionarios o cuadros administrativos, una privatización en la que el Estado se convierte en coto privado y los bienes y medios de la administración pública devienen en la vía que tienen los funcionarios para captar ingresos. Eso ya estaba ahí, pero cuando la política económica ortodoxa-monetarista se descarga drásticamente sobre los niveles de ingreso de los trabajadores de la administración pública, el proceso escala radicalmente, porque los trabajadores naturalmente buscaron formas de utilizar las herramientas que les brindaba el sistema para generar ingresos que el mismo sistema les estaba quitando.
Se modificó incluso el leitmotiv del gobierno, que ya no gobierna para las mismas personas que gobernaba el ejecutivo de Chávez. Se puede decir que el gobierno de Maduro implementó malas políticas económicas entre 2014 y 2016, pero seguía queriendo gobernar para los mismos sectores que había gobernado Chávez. Pero a partir de 2016, y sobre todo desde 2018 y 2019, eso cambió. Ahora son esos sectores los que cargan con el costo de la política económica, de ese neoliberalismo con características patrimonialistas.
Lo que imperó, sobre todo a partir del año 2016, fue un realismo capitalista. La idea entre la élite gobernante era que no había más nada que hacer salvo abrazar una suerte de capitalismo criollo que les permitiese mantenerse en el poder y otorgase el apoyo de ciertos sectores de la sociedad con los que estaban históricamente peleados, como los empresarios, por ejemplo. Hoy en día, el gobierno de Maduro es un gobierno que, en gran medida, cuenta con el apoyo de los empresarios. En cierto sentido, lo ganó a la par que perdió el del pueblo.
FF- Se podría pensar, entonces, que no es que las sanciones le restaron apoyo a Maduro, sino que se implementaron justamente porque Maduro estaba perdiendo apoyos…
MG- Coincido: la pérdida de popularidad fue un aliciente clave para implementar las sanciones, porque no es lo mismo implementar sanciones contra un gobierno que cuenta con un fuerte respaldo popular que implementarlas contra uno que lleva cuatro años de la peor crisis económica, que atraviesa un momento de crisis alimentaria muy grave, etcétera.
El hecho de que las sanciones se empiecen a implementar en 2015 indica que es a partir de ese momento que comienza a darse un empate catastrófico en términos de poder: la oposición gana de manera abrumadora la Asamblea Nacional y el gobierno pierde buena parte de su respaldo popular. Eso lleva a Maduro a aplicar aquello que Norbert Lechner llamó «estrategia de la minoría consistente» e ir inclinando la cancha para seguir manteniéndose en el poder. Así empieza todo un derrotero que ha tenido distintas facetas hasta llegar a las elecciones más recientes del 28 de julio, donde pasa a otro nivel.
Muchas personas de izquierda tienen la idea de que las sanciones se montaron para darle una suerte de escarmiento moral a la Revolución Bolivariana. No soy quien para saber si eso es así, pero en tal caso, el mejor antídoto que tuvo Chávez contra esa arma de escarmiento moral fue mantener la democracia formal y real. No le dio excusa a nadie para implementar sanciones o estrategias de derrumbamiento y cerco geopolítico.
FF- Y si el gobierno ha venido perdiendo apoyo, entonces, ¿por qué los Estados Unidos han empezado a suavizar las sanciones?
MG- La respuesta tiene que ver con los efectos geopolíticos de la invasión rusa a Ucrania. Y con que el gobierno de Estados Unidos ya puede reclamar una parte de la recompensa, porque logró armar un esquema de intercambio —que no es compra— por el petróleo venezolano según el cual la OFAC [Office of Foreign Assets Control] básicamente domina la soberanía petrolera venezolana por control remoto. Por eso le otorga una licencia a Chevron, que le paga a PDVSA con deuda. En teoría, no hay dinero fresco para PDVSA; lo que recibe PDVSA es un descuento de la deuda que tiene con Chevron.
Puede que haya algún beneficio; por ejemplo, que el tema del anclaje cambiario se beneficia por el hecho que Chevron venda divisas en el mercado cambiario para pagar alguna de sus operaciones en el país. Pero fácticamente ha quedado suspendida la soberanía petrolera del Estado venezolano. En los últimos 100 años, los Estados Unidos nunca ha controlado el petróleo venezolano como lo está controlando en este momento.
FF- Retornando a la cuestión de la política económica del gobierno de Maduro. Mencionaste tres períodos de esa «larga depresión» de la economía venezolana. ¿Podrías ampliar ese punto?
MG- La «larga depresión» que empieza en 2013 tiene tres grandes períodos. Hay un primer periodo entre 2013 y 2015 al que llamo «periodo de crisis». Lo que caracteriza la política económica de ese momento es la inacción: la idea dominante en el gobierno era que no había una crisis que afrontar, que se podía seguir haciendo lo mismo y teniendo los mismos resultados. Empezó incluso negando la crisis, hasta el punto de que en aquel momento en Venezuela hablar de cuestiones de economía técnica, de macroeconomía, de inversión, consumo, etcétera, era ser «neoliberal» porque todo era «guerra económica» (una especie de teoría conspirativa en la cual estaba involucrado desde el imperialismo hasta cualquier bodeguero nacional). Hubo una desatención absoluta de las cuestiones racionales de la economía.
En ese periodo se produjo un colapso del mercado cambiario que generó un shock de oferta muy importante en la economía venezolana, por ser esta profundamente dependiente de las importaciones de insumos. Los sectores industriales que estaban activos para ese momento eran intensivos en insumos importados. Al producirse un shock cambiario, esos sectores se resienten. Las características principales de esta fase de la crisis fue el shock de oferta, el colapso cambiario y lo que, siguiendo a Marx, llamo la imposible retroconversión del dinero en capital, esto es, que por shocks monetarios y de oferta de insumos la producción no puede comenzar a la misma escala.
Luego, en 2015, vino el shock de los precios del petróleo. El gobierno otra vez intentó explicarlo como una estrategia imperial. Pero resultaba que quienes promovieron ese shock fueron justamente nuestros socios: la OPEP y Arabia Saudita contra el esquisto. Ese shock de los precios del petróleo generó internamente lo que todo el mundo ya estaba esperando, que fue una muy grave crisis de deuda y fiscal. Aquí es cuando llega una primera mala decisión de política económica, que fue seguir con una estrategia de buen pagador de la deuda externa. El gobierno decide seguir pagando la deuda externa y parar las importaciones, bajo el discurso que las importaciones eran darle dólares a la burguesía para que se enriqueciera. Sí, en gran parte es eso; pero darle dólares a la burguesía también es importar alimentos, insumos industriales, etcétera.
Como parte de esta estrategia, el gobierno llegó a pagar $100.000 millones de deuda externa. Para poner esa cifra en contexto, en un momento la economía venezolana llegó a ser de $40.000 millones; Es decir, se pagó el doble del tamaño de lo que llegó a ser la economía venezolana en deuda externa. El shock sobre las importaciones generó una segunda gran perturbación de oferta, lanzando la depresión económica a un nuevo nivel.
El resultado de esta política fue otro nuevo profundo shock sobre la producción, que llevó a Venezuela a una profunda crisis humanitaria y alimentaria entre 2016 y 2017 debido a que los sectores industriales agroindustriales y de importaciones para el consumo se vieron absolutamente colapsados. Esta es la segunda fase de la «larga depresión»: el periodo de colapso. Entonces el gobierno intentó aplicar un primer modelo caótico de estabilización macroeconómica, basado precisamente en la idea de seguir pagando la deuda externa y recortando las importaciones para crear mejores condiciones. Pero fue un acto de ingenuidad absoluto pensar que maquillarse bien para las altas finanzas internacionales iba a traer dinero fresco al país y con eso se podría solventar los graves problemas estructurales que tenía la economía venezolana. Y es que, insisto, el problema de la economía venezolana no era de liquidez, sino de fundamentos.
La gran consecuencia de ese modelo de buen pagador y recorte de importaciones fue la implementación de una estrategia de manejo del déficit que generaba el pago de deuda externa, monetizando el déficit mediante la colocación de notas de deuda de PDVSA en el Banco Central. Una expansión cuantitativa (EC) con esteroides en medio de una economía que colapsaba. Eso devino en uno de los peores procesos de hiperinflación que ha tenido América Latina en su historia y en una nueva fase de la crisis, en la que el PIB pasó a caer en términos de dos dígitos. La causa de la hiperinflación, al igual que en otros episodios históricos, fue la crisis de deuda y el colapso político-institucional. Con la estrategia de recortar importaciones para pagar deuda, se cargó el pagó de deuda sobre los hogares venezolanos, quienes vieron colapsado su patrimonio.
Esta es la tercera etapa: aquella en la que la hiperinflación se convierte en un fenómeno social de unas dimensiones tan desgarradoras que ya prácticamente la gente se olvida de que hubo otros problemas económicos antes. La hiperinflación cambia absolutamente a la sociedad. Este periodo de hiperinflación es también el periodo del programa ortodoxo-monetarista, que se implementó a mediados del año 2018 y sigue vigente hasta hoy. Es un programa que ni siquiera podemos llamar de ajuste; es un programa de estabilización pensado para reducir la inflación, sin reparar en los graves impactos que iba a tener en la actividad económica y en la sociedad. El pilar de este programa fue un ajuste draconiano sobre el gasto público, que en 2018 rondaba el 48,4% del PIB con ingresos del 17,4% del PIB, lo que arrojaba un déficit fiscal del 31% del PIB. El gasto se redujo 27 puntos porcentuales de 2018 a 2019, llegando a cerca de 10% del PIB en 2020.
Pero esta política ortodoxa incluyó otras cosas también: la principal fue una constricción financiera, que supuso la implementación de un encaje legal bancario que en un momento llegó a ser del 93% de las reservas que tienen los bancos. Lo que se buscaba era cortar con la creación secundaria de dinero. Esto provocó, por ejemplo, que en 2019 crédito llegase al 2,2% del PIB. En medio de la hiperinflación, con tasas de interés reales negativas, los hogares no podían echar mano de la tarjeta de crédito para hacer las compras cotidianas. Las empresas que querían invertir o que querían seguir produciendo tenían que hacerlo con sus fondos de capital; no podían ir a un banco a pedir un crédito.
Hubo también una constricción salarial muy grave, porque como todo programa de ajustes de esta índole, requería aplicar un shock sobre el consumo y la demanda. Eso se hizo en gran medida con una constricción salarial, sobre todo en el sector público, que incluye a los cuadros administrativos y los funcionarios, pero también a los pensionados. Hoy en día, los pensionados cobran el salario mínimo legal, que quedó por el suelo: alrededor de $2,30 al mes. La destrucción del salario fue una forma de resolver la cuestión fiscal por el lado del gasto y no del ingreso y, al mismo tiempo, una forma de destruir demanda para que se adaptara a una oferta colapsada.
También hubo unas modificaciones del mercado cambiario que generaron una unificación de las tasas de los tipos de cambio. El gobierno de Maduro mantuvo tasas de cambio diferenciales durante alrededor de seis años, al punto que si tú considerabas el sueldo mínimo a la tasa oficial era alrededor de $11.000 —una tasa absolutamente irreal. Nadie sabe si había gente que compraba dólares a ese precio, pero de ser así (que es lo más seguro), queda claro la condiciones de posibilidad para un saqueo de dimensiones estrafalarias.
A partir de 2018 se libera el mercado cambiario y se construye un régimen de mesas interbancarias y de microdevaluaciones sucesivas que ayudaron un poco a que la sociedad se dolarice. En la medida en que la sociedad se dolariza, cuenta con una moneda que funciona como medio de cambio, reserva de valor y unidad de cuenta. El bolívar nada más funciona como medio de cambio, las otras dos funciones de todo dinero no las tiene. Todos los precios están marcados en dólares porque la moneda que funciona como unidad de cuenta para todas las actividades económicas es el dólar: para la familia que calcula su semana o su mes, para una empresa de grandes dimensiones, etcétera.
Existen cosas en este programa que permitieron cierto aire, pero a costa de empequeñecer a la economía venezolana en su conjunto. Cuando este programa de estabilización macroeconómica se aplica, era una economía más manejable para hacer una estabilización. Una economía pequeña al punto de que esa estabilización pudo hacerse sin recurrir a un gran programa de financiamiento externo.
FF- ¿Se podrían haber implementado políticas alternativas?
MG- Siempre hay alternativas, especialmente a una política tan catastrófica en términos de su impacto en el tejido productivo y en la sociedad. Lo que fácticamente hizo el gobierno fue activar lo que Karl Polanyi llamó «el Molino Satánico»: intentar estabilizar la economía a costa de la propia sociedad. De hecho, cuando comparamos el programa de estabilización macroeconómica que implementa Maduro, nos damos cuenta de que se parece a los primeros programas de estabilización que se implementaron en América Latina, en Chile, Uruguay, Argentina, y no a los programas menos ortodoxos, como el implementado en Bolivia o el Plan Real brasileño. Es decir, es un programa mucho más ortodoxo que la ortodoxia de este tiempo.
Entonces, efectivamente se pudieron haber hecho otras cosas. El punto es que en el nivel en el que estaba la economía venezolana, la solución pasaba por políticas económicas del lado de la oferta, es decir, políticas económicas que incrementaran drásticamente la inversión, que generaran empleo, un incremento de los niveles de ingreso, etcétera. También había alternativas para proteger a la sociedad de lo que se pensaba hacer. En cierto sentido, se dejó a la sociedad a la buena de Dios, porque ya en ese momento todos los programas de asistencia social que se habían implementado durante el período de Chávez y los primeros años del gobierno de Maduro habían sido echos a un lado. Entonces, cuando llegó la dislocación social, la sociedad no tenía tejidos con los que protegerse.
FF- En tu libro sostienes que esta crisis económica vino acompañada de una crisis de legitimación del gobierno. ¿Cuál fue la respuesta a esa segunda crisis?
MG- Yo caracterizo esa crisis de legitimación, que empieza sobre todo en el año 2016, como un empate catastrófico, como ya mencioné. Ese año el país entra en un empate catastrófico porque la Asamblea Nacional tiene mucha pertinencia en términos de gobernabilidad económica del Ejecutivo. La estrategia de la Asamblea Nacional entrante en 2016, dicho por ellos mismos, era «sacar al Presidente en seis meses».
Esto llevó a que el gobierno se protegiera e intentase gobernar sin la Asamblea Nacional. Con esto empezó un derrotero de autoritarismo que ha atravesado distintas facetas hasta las elecciones del pasado 28 de julio, en las que se pasó a otro nivel. Desde 2016, el gobierno de Maduro fue progresivamente adoptando aquello que Max Weber llamó una «política del poder por el poder mismo»; es decir, un abandono del proyecto histórico y de la base social de apoyo, del para qué sectores de la sociedad se gobierna. Se fue convirtiendo en un gobierno de camarillas, en un gobierno que estaba ahí para mantenerse ahí.
La cuestión acá es que hay que rechazar la lectura moralizante que divide en buenos y malos. A partir de 2016 el esquema formal de la democracia venezolana quedó roto de facto, y ambos bandos —el gobierno y la oposición— atentaron consecutivamente en un proceso donde cada cosa que hace el otro bando es una afrenta más grave que la anterior contra las reglas del juego de la democracia representativa, pero sobre todo protagónica. Por eso el vaciamiento de la soberanía popular en términos formales que ha habido en la última elección presidencial viene desde muchos años antes: porque la clase política, en sus dos vertientes principales, se volcó contra esa soberanía y contra otorgar soluciones al pueblo en medio de la crisis.
FF- Y luego de las elecciones del 28 de julio, ¿cambia tu caracterización del gobierno en términos políticos?
MG- Yo caracterizo a este gobierno como un gobierno patrimonialista que no se sostiene ni por legitimidad popular, ni por elementos racionales-legales ni por cuestiones de tradición. Creo que uno de los peores errores políticos que ha cometido este gobierno fue dinamitar el capital político de la tradición, el capital político que le legó Chávez precisamente porque gobernaba para un sector de la sociedad distinto al de ahora.
Desde afuera está la idea de que ese es un gobierno inmerso en la vieja frase de la «fortaleza asediada». Eso le aporta cierta legitimidad. Siempre y cuando se mantenga bajo la fortaleza asediada, estaría luchando en la contradicción soberanía nacional-imperio, por lo menos en apariencia. Pareciera que el sufrimiento de los venezolanos es hecho a un lado en favor de una cuestión absolutamente abstracta. No comparto esa idea. El pueblo venezolano no es un objeto cuya razón de ser es escenificar un antimperialismo ficticio. El pueblo venezolano es un sujeto que debe encontrar expresión de sus intereses y su soberanía. Y esta es, en mi criterio, la línea que debe defender la izquierda global. Ponerse, antes que nada, del lado de las clases desposeídas.
En resumen, tenemos un gobierno patrimonialista que construyó un capitalismo de compinches en favor de una minoría social a partir del despojo. Un gobierno que practica una política económica ortodoxa, que está invadido por un realismo capitalista según el cual no hay alternativa. La Revolución Bolivariana puede encaminarse hacia un desenlace catastrófico. El pueblo venezolano, fiel a su tradición republicana y nacional-popular, será el que decida este embrollo. Pero hoy el gobierno está lejos de nuestra traducción republicana y de los intereses nacional-populares.