runrun.es, 16-7-2025
Correspondencia de Prensa, 16-7-2025
En un informe de 50 páginas, Amnistía Internacional concluye que la desaparición forzada de personas -incluidas las de corta duración- habría sido cometida de forma sistemática desde el 28 de julio de 2024 en Venezuela. Denuncian un «alto nivel de organización, coordinación institucional y recursos estatales» puestos al servicio de esta práctica.
Ladesaparición forzada de personas opositoras, disidentes y ciudadanos extranjeros en Venezuela se consolida como parte de un ataque “sistemático y generalizado contra la población civil”.Así lo concluye Amnistía Internacional(AI) en su más reciente informe, titulado “Detenciones sin rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela”, presentado este 15 de julio de 2025.
El informe documenta 15 casos emblemáticos ocurridos entre julio de 2024 y junio de 2025 -nueve de venezolanos y seis de otras nacionalidades-,los cuales, según AI, “ejemplifican el modus operandi de esta grave violación de derechos humanos y crimen de derecho internacional” como parte de una “política sistemática de represión” del gobierno de Nicolás Maduro.
Aunque Amnistía Internacional precisa que tanto ellos como otros mecanismos de derechos humanos llevan años documentando en Venezuela esta práctica-como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil-,a partir de las elecciones del 28 de julio de 2024 “se observó un nuevo repunte”.
Denuncian que luego de esos comicios, en los que fue anunciado como ganador Nicolás Maduro, sin que se publiquen hasta ahora los resultados desagregados de la consulta, y en virtud de las protestas contra el resultado electoral, se produjo un incremento “drástico y sostenido” en la comisión de desapariciones forzadas.
El hecho de que estas desapariciones forzadas formen parte de un “ataque generalizado y sistemático contra la población civil, particularmente contra quienes consideran disidentes”configura un crimen “de lesa humanidad”, según Amnistía.
“Ya se ha llegado al umbral de la prueba de carga para establecer que estos son crímenes de lesa humanidad”, sentenció durante la presentación del informeAgnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, al tiempo que mencionó que el gobierno venezolano ha utilizado la práctica de detenciones arbitrarias deciudadanos extranjeros “para justificar su narrativa de conspiraciones extranjeras y negociar con otros países”.
“Dado que hay impunidad reinante en Venezuela nosotros no esperamos justicia local, necesitamos acción internacional y justicia internacional,esto va a ser crucial para defender derechos de víctimas. Llamamos a la CPI a que continúe y siga avanzando con la investigación en Venezuela y que colabore con la Misión de la ONU, que debe continuar con su trabajo de documentar las violaciones de DDHH en Venezuela y que se incluyan las desapariciones forzadas. El alto comisionado de la ONU debe seguir demandando acceso abierto a investigaciones en Venezuela para monitorear la situación de primera manoy brindar apoyo y acompañamiento a las víctimas y organizaciones de DDHH. Los Estados deben ejercer la jurisdicción universal”, insistió.
Callamard también fue enfática en otro llamado puntual a la comunidad internacional: “No se debe normalizar la crisis de DDHH en Venezuela. La seriedad de los crímenes reportados por Amnistía Internacional debe guiar ese trabajo y ser la conciencia de ese trabajo. El pueblo venezolano nos necesita más que nunca, la sociedad civil necesita nuestro apoyo, no podemos permanecer de brazos cruzados y ver que se ahogue esta sociedad civil mientras nosotros estamos mirando. Debemos reforzar nuestro apoyo técnico, financiero y legal a la sociedad civil venezolana, incluyendo los medios, las ONG. Ante estas injusticias no podemos no actuar, no actuar no es una opción”, expresó.
En ese sentido, destacó quees necesario que haya “justicia internacional”: “Instamos a la Corte Penal Internacional y al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU a seguir la investigación en el país y a brindar apoyo y acompañamiento a las víctimas”.
Desapariciones como política de Estado
La investigación de Amnistía Internacional se basó enentrevistas con familiares, abogados y defensores, además de análisis de datos digitales y entrevistas con organismos internacionales.
Entre los hallazgos se destaca que la mayoría de los casos fueron desapariciones temporales, en las que las víctimas permanecieron incomunicadas durante horas o días, sin información oficial sobre su paradero. Sin embargo, y son enfáticos en aclararlo, esto no excluye su calificación como desapariciones forzadas, según el derecho internacional.
“La desaparición forzada supone no saber dónde está tu familiar, en qué condiciones se encuentra, ni siquiera si está vivo o muerto. Es un crimen que pone en grave riesgo la vida e integridad de la persona desaparecida forzadamente y también somete a su familia a un sufrimiento constante, marcado por la incertidumbre, la angustia y el tormento diario de preguntarse cuál es el paradero de su ser querido,” sintetiza Agnès Callamard en la nota de prensa que acompaña la presentación del informe.
La mayoría de las detenciones evaluadas fueron arbitrarias, sin orden judicial ni situación de flagrancia.Las personas desaparecidas fueron incomunicadas, mantenidas en sitios no reconocidos y en condiciones ilegales de reclusión.
Además, los cuerpos de seguridad más involucrados en casos de desapariciones forzadas fueron el Sebin, la Dgcim, la Guardia Nacional Bolivariana y, en el caso de extranjeros, también al Saime, alerta el informe. Según los casos analizados, Boleíta (Dgcim), El Helicoide (Sebin) y Rodeo I (Servicios Penitenciarios) serían los centros de reclusión a los que más se recurre para mantener a las personas en situación de desaparición forzada.
De los casos documentados (los de Andrés Martínez, Damián Rojas, Danner Barajas, Dennis Lepaje, Eudi Andrade, Fabián Buglione, Jorgen Guanares, Jose María Basoa, Lucas Hunter, Rory Branker y Yevhenii Petrovish Trush) al menos 11 víctimas documentadas siguen desaparecidashasta hoy, precisa la investigación. Amnistía Internacional solo logró establecer el paradero de cuatro personas:Alfredo Díaz, quien estuvo sometido a desaparición forzada durante cuatro días; Eduardo Torres, desparecido forzadamente por ocho días; y Rosa Chirinos y Raymar Pérez, quienes estuvieron desaparecidas de manera forzada durante cuatro meses.
Otra característica de estos hechos es su claro móvil político: “No se trata de hechos aislados, son acciones dirigidas contra personas que han expresado algún tipo de disidencia o crítica contra el gobierno”,apuntó Pilar San Martín, coordinadora e investigadora de crisis de Amnistía Internacional. A juicio de San Martin, el sistema de justicia en Venezuela “encubre y facilita la desaparición forzada de personas e intenta una fachada para dar apariencia de legalidad a procedimientos ilegítimos e ilegales”.
Se reseña asimismo que las audiencias de presentación se celebran en secreto, sin informar a familiares ni abogados. En muchos casos, se impone una defensa pública sin capacidad real de acción. El informe recoge que, en el marco de la represión poselectoral, se recurrió a la aplicación estatal VenApppara fomentar la delación ciudadana.
Otro patrón aplicado a estos casos fueel uso de la figura del “terrorismo” para justificar detenciones sin pruebas, en muchos casos, sin permitir acceso a la defensa ni a abogados privados. Las personas detenidas fueron sometidas a cargos vagos y ambiguos, sin garantías procesales ni derecho al debido proceso.
Viajar a Venezuela, conducta de riesgo
San Martín también insistió en el punto de la detención de extranjeros en Venezuela “para reforzar la narrativa de la conspiración y usar personas como moneda de cambio para presionar a otros países”. Se refirió brevemente a los casos del uruguayo Fabian Buglione, detenido en octubre de 2024, que viajó a visitar a su pareja y al día de hoy sigue desaparecido.
Asimismo, ofreció datos sobre el caso de Andrés Martínez y José María Basoa, dos turistas españoles detenidos en septiembre de 2024: “Sus familiares perdieron el contacto con los dos jóvenes el 2 de septiembre de 2024, y 12 días después, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, confirma su detención acusándolos de pertenecer al servicio de inteligencia español y planear un complot contra el gobierno. Ellos siguen desaparecidos”, reveló.
El informe también reseña la situación de Yevhenii Petrovich Trush, joven ucraniano con TEA y TDAH, desaparecido al intentar cruzar legalmente la frontera y pedir refugio; y de Lucas Hunter, un franco-estadounidense practicante de kitesurf detenido en la frontera con Colombia.
Un crimen, varios derechos vulnerados
En un apartado del informe se destaca que la desaparición forzada, además de ser ejercida de forma “sistemática” contra la población en Venezuela, supone la “violación de múltiples derechos humanos”.
Derechos a la libertad, a la seguridad, y al reconocimiento de la personalidad jurídica han sido vulnerados en los casos analizados por la organización, que indica que otros se ponen en “grave riesgo”, como el derecho a la vida y a la integridad personal.
Amnistía Internacional refiere en este punto que ya antes han advertido sobre las “condiciones inhumanas y degradantes” en los centros de reclusión en Venezuela, que a su juicio,” agravan aún más el sufrimiento de las víctimas de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas”.
La organización también reitera su preocupación por el uso de la tortura como medio para obtener confesiones o testimonios forzados. Advierten que incluso en declaraciones de voceros oficiales, sugieren quelos detenidos “confiesan sus crímenes”, lo que refuerza la sospecha de que algunas personas documentadas en este informe “podrían haber sido sometidas a tortura”, con el fin de construir relatos incriminatorios o fabricar pruebas contra terceros.
Un terror que persiste
Luis Carlos Díaz, activista por los derechos humanos, quien también fue víctima de desaparición forzada en 2019, participó en la presentación del informe y contó parte de su experiencia.
“A mí me tuvieron en un sitio de tortura clandestino, sin saber dónde era, dónde estaba, me contaron cómo me iban asesinar, que lo iban a grabar y que el video se lo iban a mandar a mi familia.No sabes dónde estás, dónde te tienen. La desaparición no termina cuando apareces,lo revives en el cuerpo cuando se llevan a más personas presas y desaparecidas”, narró.
Díaz instó a fortalecer la defensa de los derechos humanos en Venezuela, porque insistió,en el país se vive el momento “más oscuro”.
“Son ataques que quiebran a tu círculo de amigos y a la sociedad, para que todo el mundo se calle. Las denuncias pueden servir para indignarnos y movilizarnos. Hay que insistir en procesos de justicia. El proceso más importante es el de la CPI, la investigación avanza y vamos a ver otros pasos en eso proceso”, opinó.
Sin embargo, consideró quela CPI no podrá actuar contra todos los crímenes cometidos en Venezuela, por lo que cada informe y denuncia cuenta. Informó que al menos países distintos que tienen juicios abiertos por corrupción contra figuras de la estructura de poder en Venezuela.
“Los hallazgos muestran quefalta mucho por hacer contra los crímenes y para dejar evidencia de todas las cosas que llegarán a los tribunales.Con estos informes se construye memoria, justicia y reparación. Hay que hacer que se detenga la tortura y los rehenes (…) La gente desaparecida debe saber que los estamos buscando, los presos políticos deben pensar que los queremos libres”, insistió.
Las recomendaciones de AI
En los exhortos finales del informe de Amnistía Internacional destaca la exigencia por la liberación “inmediata” de todas las personas detenidas arbitrariamente.
También, se insta ainvestigar y sancionar a los responsables de desapariciones forzadas y a que haya garantías de no repetición, incluido el cese de campañas de estigmatización y criminalización contra defensores, periodistas y opositores.
Se pide también la colaboración del Estado venezolano con mecanismos internacionales como la Corte Penal Internacional y la CIDH.
El informe exige que la Corte Penal Internacional avance en su investigación sobre Venezuela y que la Misión de Determinación de Hechos de la ONUcontinúe documentando violaciones en el país. También, solicita que los Estados ejerzan la jurisdicción universal y aumenten el apoyo a las organizaciones de derechos humanos en el país.