Congreso brasileño en una de las sesiones conjuntas de diputados y senadores. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil
Mario Osava, Río de Janeiro
IPS, International Press Service, 11-12-2025
Correspondencia de Prensa, 13-12-2025
Brasil vive la contradicción de un deterioro de su democracia, con sus tres poderes en conflicto permanente y perdiendo legitimidad, justo en el momento en que acaba de encarcelar a los autores de un intento de golpe de Estado, lo que se considera una reafirmación de sus instituciones democráticas.
La Cámara de Diputados se niega a cumplir fallos judiciales, el Supremo Tribunal Federal (STF) busca blindar a sus jueces de la inhabilitación que les puede imponer el Senado, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva multiplicó sus vetos a decisiones del Congreso Nacional legislativo, donde la mayoría opositora rápidamente anula la mayoría de esos vetos.
La última argucia fue la decisión de los diputados, el miércoles 10, de aprobar una ley que reduce las penas de los condenados por el intento de golpe de Estado en diciembre de 2022 y enero de 2023. El expresidente Jair Bolsonaro, considerado el cabecilla, pasaría de una pena de prisión de 27 años y tres meses a 22 años y 11 meses.
Pero quedaría solo tres años y tres meses en la cárcel, pasando después a un régimen semiabierto, con solo la noche en la cárcel. Esa pena puede reducirse más aún, según especialistas. Unificar los crímenes de intento de golpe y abolición violenta del estado de derecho, que en septiembre los jueces establecieron con penas distintas, fue la fórmula de los diputados, aún pendiente de votación en el Senado.
Otra sublevación legislativa la representó la nueva ley de licencia ambiental, aprobada por el Congreso en julio, para acelerar el proceso de evaluación de proyectos de variados sectores y flexibilizar las condiciones para concederla.
Lula vetó 63 de sus disposiciones, pero el Congreso anuló 56 de sus vetos, en uno de los conflictos que se hicieron frecuentes entre los poderes Ejecutivo y Legislativo desde la posesión de Lula el primer día de 2023.
Tal como quedó, esa ley viola por lo menos nueve artículos de la Constitución, además de principios básicos, evaluó la Asociación Brasileña de Miembros del Ministerio Público del Medio Ambiente, en una contundente nota técnica divulgada el miércoles 10 de diciembre.
Es el más grave retroceso en la protección ambiental desde 1988, cuando se aprobó la Constitución vigente, desmantela la gobernanza ambiental y genera inseguridad jurídica, al ampliar los litigios, según los fiscales. Además, su inconstitucionalidad seguramente será cuestionada ante el Supremo Tribunal Federal, garante de la ley fundamental.
Otro conflicto con el STF lo generó el Senado al aprobar, el martes 9, una enmienda constitucional que establece el llamado “marco temporal”, que limita las tierras indígenas a demarcar a las que los pueblos originarios ocupaban el 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la Constitución.
Los diputados ya habían aprobado en 2023 una propuesta similar, pero en forma de ley ordinaria, vetada por el presidente Lula. El Senado intenta ahora elevarla a la condición de disposición constitucional.
Derechos indígenas en juego
El STF resolvió ya en 2023 que ese marco temporal era inconstitucional y vuelve a juzgar el tema ahora, desde el miércoles 10, ante la nueva ofensiva legislativa, impulsada por la extrema derecha, y demandas de los indígenas y partidos de izquierda que objetan la fijación de una fecha de ocupación para definir un territorio indígena que es un derecho ancestral.
“Esa crisis institucional nació en el desgobierno del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), que sin disposición para la gestión pública, entregó el poder al llamado “centrão” (gran centro) y fortaleció así el Congreso”, evaluó el sociólogo Elimar do Nascimento, profesor en la Universidad de Brasilia.
“Centrão” es un conjunto de legisladores de varios partidos sin compromisos ideológicos, orientados más bien por sus intereses inmediatos, económicos y políticos. En general adhieren al gobierno de turno, pero ahora son atraídos por la fuerza electoral de la extrema derecha, consolidada desde que Bolsonaro resultó electo en 2018.
Brasil pasó a un régimen “casi parlamentarista o semipresidencialista” en el gobierno de Bolsonaro, planteó Nascimento a IPS. Se dispararon las enmiendas parlamentarias con que los legisladores pasaron a controlar cerca de la mitad del presupuesto anual del que dispone el gobierno para inversiones de su elección.
Legislador ejecutivo
El Congreso también “secuestró el presupuesto”, en un “grave error histórico” que limita la capacidad del Poder Ejecutivo, se quejó Lula en un discurso el 4 de diciembre, que agravó la animosidad de los legisladores del “Centrão” con el gobierno.
Es un ambiente propicio a la corrupción, las enmiendas parlamentarias permiten a los legisladores distribuir recursos a comunidades donde esperan conquistar o fidelizar votos, muchas veces sin prestar cuentas.
La falta de transparencia y criterios en la destinación de buena parte del equivalente a 10 000 millones de dólares anuales de que disponen los diputados y senadores condujo el juez Flavio Dino, nombrado para el STF por Lula en 2024, a desatar una campaña de “saneamiento” de las enmiendas legislativas.
Ese es probablemente el principal motivo de los conflictos con el Congreso dominado por el “Centrão”, ya que decenas de legisladores están bajo investigación policial, ordenada por Dino, ante aparentes ilegalidades en el uso del dinero público.
“Escuché recientemente la expresión emprendedor político para definir a los legisladores”, es decir su objetivo es ganar dinero, no legislar, se sorprendió Nascimento.
Pero esa situación caótica, de poderes enfrentados, “se solucionará gradualmente, un desastre es posible pero poco probable”, previó el sociólogo como atento observador del escenario político en Brasilia.
Pacificación con un gobierno derechista
“El Congreso se organiza para defenderse del STF y el STF trata de blindarse ante la posible inhabilitación de sus jueces por el Senado”, resumió por teléfono desde la capital brasileña.
Un reflejo de ese juego fue la decisión solitaria del decano del STF, juez Gilmar Mendes, que limitó exclusivamente al Procurador General de la República, el jefe de la fiscalía general, la prerrogativa de pedir la destitución de los 11 jueces del supremo.
Argumentó que la ley que rige esa cuestión está sobrepasada, ya que data de 1950. Esa legislación aún vigente le concede a cualquier ciudadano el poder de solicitar un proceso para inhabilitar un juez del STF, a través de un juicio en el Senado.
Ante protestas generalizadas y el rechazo de juristas e incluso de colegas del STF, Mendes, el más político de los jueces, decidió retroceder, pero amplió la guerra.
En el Senado aparecieron propuestas para reducir el poder actual del STF, considerado hipertrofiado casi consensualmente. Ampliar de 11 a 13 sus jueces, con uno nombrado por los senadores y otro por los diputados, es una de las medidas.
Otras quieren fijar un período de 10 años para la permanencia de los jueces hoy vitalicios en la corte y cambiar la forma de designarlos. El presidente de la República siempre eligió libremente los nuevos jueces, sujetos a una aprobación del Senado que nunca rechazó los indicados.
Muchos justifican el protagonismo actual del STF porque se trataba del poder de resistencia más eficaz a los intentos golpistas de la extrema derecha bajo liderazgo de Bolsonaro.
Los ultraderechistas lo consideran el peor enemigo, responsable del juicio y encarcelamiento de sus líderes principales, encabezados por Bolsonaro, condenado por el STF a 27 años de cárcel, junto con generales que recibieron penas un poco menores en los juicios iniciados en septiembre.
“Las placas tectónicas de la política brasileña se chocan entre sí, pero se ajustarán poco a poco. El congreso va imponiendo límites al poder judicial que negocia su adaptación. Los ajustes se acelerarán si la derecha gana las elecciones generales de octubre de 2026”, vaticinó Nascimento.
Las peleas de hoy son agresivas porque el gobierno es de izquierda, presidido por el líder del Partido de los Trabajadores, Lula, y el Congreso de una derecha presionada por la ultraderecha, recordó.
El gobierno y el Congreso enfrentados agigantan el poder judicial naturalmente. Con los poderes legislativo y ejecutivo ideológicamente unidos, se desaparece una causa clave de los conflictos y de la justicia hipertrofiada, razonó.
Los poderes unificados son una posibilidad factible, ya que el congreso ya es naturalmente derechista y esa corriente se fortalece en la disputa presidencial ante la baja popularidad del presidente Lula que dificulta su pretendida reelección.
Bolsonaro preso e inelegible abre paso a candidaturas también ultraderechistas, como la del gobernador de São Paulo, Tarcisio Freitas, pero sin el alto índice de rechazo popular que afecta la imagen radical del expresidente. Así tendrá mejores condiciones de sumar votos de las capas no extremistas.
Además, la izquierda viene achicándose en todas partes, especialmente en América Latina, ante la pérdida de movilización de la clase obrera y sin lograr la adhesión de las clases medias que son hoy la fuerza que sostiene la democracia, concluyó el profesor universitario.