Yamandú Orsi, ceremonia militar, 18-5-2025
A la opinión Pública
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Comunicado, 4-12-2025
Correspondencia de Prensa, 6-12-2025
Ante los trascendidos de prensa sobre la reunión reservada mantenida entre el Presidente de la República y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia —en la cual, según se ha informado, el mandatario expresó preocupación por la salud de militares recluidos en el establecimiento Domingo Arena— la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos manifiesta:
1- Resulta llamativa e improcedente toda “consulta” o señal de preocupación institucional que pudiera interpretarse como injerencia, sobre el Poder Judicial respecto de personas procesadas y condenadas por delitos gravísimos cometidos durante el Terrorismo de Estado. La sola visita de cortesía en este contexto genera un mensaje ambiguo hacia la ciudadanía y proyecta una deferencia injustificada hacia quienes integraron un aparato criminal que actuó al margen de la legalidad democrática.
2-Las personas recluidas en Domingo Arena no están privadas de libertad por delitos comunes. Fueron juzgadas por secuestros, homicidios, desapariciones forzadas, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad. Más allá de su tipificación formal conforme a la Ley 18.026 —norma que incorpora al derecho interno los crímenes de lesa humanidad y establece su imprescriptibilidad—, estos hechos, por su gravedad, por la naturaleza de la afectación y por haber sido cometidos por el aparato del Estado actuando de manera ilegítima y criminal, son considerados crímenes inamnistiables.
3-Es imprescindible recordar, una y otra vez, que estas condenas no han sido dictadas a la ligera. Todos los procesados y condenados han gozado de todas las garantías del debido proceso: instancias de apelación, recursos de inconstitucionalidad, pedidos de prescripción, recursos de casación y múltiples mecanismos de defensa. Garantías que no tuvieron jamás nuestros familiares ni los presos y presas políticas de la dictadura, sometidos a detenciones clandestinas, torturas, desapariciones y ejecuciones sin juicio alguno.
4- A su vez, quienes hoy cumplen pena en Domingo Arena continúan negándose sistemáticamente a brindar información sobre el destino de las personas detenidas desaparecidas. Esa negativa sigue lesionando gravemente nuestro derecho a la verdad y a la justicia plena. Cada día sin información es una reiteración del crimen.
5- No corresponde presentar la situación de estas personas como si fueran víctimas de un sistema penitenciario hostil. Muy por el contrario: se alojan en un establecimiento con condiciones privilegiadas, muy distante del hacinamiento y la vulneración de derechos documentados en otros centros de reclusión, tal como lo ha señalado reiteradamente el Comisionado Parlamentario.
6- Consideramos aberrante que, a 40 años de recuperada la democracia, se siga intentando instalar en la opinión pública la idea de que estos criminales merecen un tratamiento excepcional. La sociedad uruguaya ha luchado durante décadas para terminar con la impunidad. Retroceder en este camino es inaceptable.
Reiteramos que la única vía para avanzar en la consolidación de una democracia plena es la vigencia de la justicia, la verdad y la memoria. Ninguna señal política debe poner en duda la legitimidad de los procesos judiciales ni el compromiso del Estado con la no repetición de los crímenes más graves de nuestra historia.
Nunca más Terrorismo de Estado
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
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Orsi planteó al presidente de la Suprema Corte preocupación por la salud de militares presos en Domingo Arena
Victoria Fernández
Búsqueda, 4-12-2025
En una reunión reservada, el mandatario mostró informes del Hospital Militar sobre una decena de presos de edad avanzada recluidos por crímenes cometidos en la dictadura; explicó que los reportes fueron enviados por la ministra de Defensa y que su intención fue consultar a la Corte cómo debía proceder
En una reunión realizada a mitad de año, el presidente de la República, Yamandú Orsi, transmitió al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, su preocupación por el estado de salud de militares de edad avanzada presos en la cárcel de Domingo Arena.
En esa cárcel están recluidos una treintena de militares, policías y civiles procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura (1973-1985).
La reunión fue solicitada por Orsi a principios de junio, quien concurrió a la sede de la Suprema Corte de Justicia acompañado de un asesor, según contaron a Búsqueda fuentes políticas y judiciales al tanto del encuentro, que se mantuvo en reserva.
El tema central de la reunión fueron los presos en la Unidad Nº 8 Domingo Arena. Orsi mostró informes médicos sobre la situación de salud comprometida de más de una decena de presos de edad avanzada, expresó preocupación porque alguno pueda «morir» en la cárcel, y preguntó al presidente de la Corte cómo debía proceder para que esa información fuera considerada por el Poder Judicial. De acuerdo al relato de las fuentes, que fue confirmado luego por los dos involucrados, Pérez le respondió que la información debía dirigirla directamente a los juzgados que actuaban en las causas y que la Corte no podía intervenir.
Según supo Búsqueda, en el acuerdo semanal de los ministros de la Corte, el presidente Pérez informó sobre lo conversado en la reunión. El planteo de Orsi causó “sorpresa” entre los ministros, dijeron dos fuentes de la corporación, debido a que algunos interpretaron que la intervención directa del jefe del Poder Ejecutivo podía implicar una intención de incidir en las decisiones del Poder Judicial.
Consultado por Búsqueda sobre el encuentro, el presidente Orsi negó que se trate de una intromisión porque fue “solo una consulta”. Explicó que la ministra de Defensa, Sandra Lazo, hizo llegar a Presidencia 14 informes del Hospital Militar sobre prisioneros de Domingo Arena “en los que ellos alegan problemas de salud importantes”. Entonces resolvió reunirse con el presidente de la Suprema Corte «para ver cómo tenía que proceder”. Añadió que Pérez le indicó que medidas como la prisión domiciliaria son resueltas por cada juez con independencia técnica, y que el Ministerio de Defensa debía enviar la documentación a los juzgados.
Dijo también que se trató de una reunión breve y que ha coincidido en «varias instancias» con Pérez, con quien tiene un «diálogo fluido». Orsi afirmó que no sabe si Defensa finalmente envió los informes médicos a los juzgados.
El presidente de la Corte describió la reunión en los mismos términos al ser consultado por Búsqueda. Dijo que se trató de un encuentro de «cortesía» porque Orsi no había podido asistir a su asunción como presidente del máximo tribunal y que le planteó su «preocupación» por el estado de salud de los prisioneros en Domingo Arena. Ante esto, Pérez replicó que el tema «era resorte de los jueces y no de la Corte» y que los informes médicos debían ser enviados a los juzgados competentes. Añadió que posteriormente la Corte envió a Presidencia un listado con todos las causas vinculadas y las sedes en las que se encuentran.
Manini Ríos planteó a Mujica liberar a militares de edad avanzada
La situación de salud de los presos de edad avanzada recluidos en Domingo Arena ha sido una de las banderas del partido liderado por el general retirado Guido Manini Ríos, Cabildo Abierto (Fue comandante en jefe del ejército. Su abuelo fue ministro durante la dictadura de Terra, 1933-1938, y su tío, fue ministro de la dictadura militar, 1973-1985, y ministro del Interior del gobierno de Julio María Sanguinetti. Fundó el partido de derecha radical Cabildo abierto. C. de P.) y que reclama que se les conceda prisión domiciliaria. En el período de gobierno anterior, Cabildo presentó un proyecto de ley para que los prisioneros mayores de 65 años pudieran obtener el arresto domiciliario. El texto recibió media sanción del Senado, sin los votos del Frente Amplio, pero no llegó a ser aprobado en Diputados.
A fines de 2024, con el triunfo del Frente Amplio confirmado en las urnas, el líder de Cabildo se reunió con el expresidente y líder del Movimiento de Participación Popular (MPP), José Mujica, en su chacra.
Por esos días el desafío que enfrentaría el gobierno de izquierda sin mayoría en la Cámara de Diputados ya dominaba la agenda política. De acuerdo a lo que reconstruyó Búsqueda en ese entonces, en el encuentro, Mujica y Manini hablaron sobre la posibilidad de que Cabildo apoye algunas iniciativas del gobierno de Orsi en áreas en las que existe coincidencia, y el excomandante en jefe manifestó su voluntad de colaborar. Uno de los temas que planteó Manini a Mujica durante la reunión fue la propuesta de su partido de liberar a los militares de edad avanzada presos por delitos cometidos durante la última dictadura.
El voto de los dos diputados de Cabildo Abierto alcanza para darle la mayoría al Frente Amplio en la Cámara Baja, lo que de hecho terminó sucediendo este año en proyectos clave como la Rendición de Cuentas y el Presupuesto Nacional. Con el apoyo de los diputados cabildantes Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita el oficialismo logró las adhesiones suficientes en la Cámara Baja para aprobar tres modificaciones impositivas que el gobierno considera fundamentales para incrementar los ingresos del Estado.
Mujica, que falleció en mayo de este año, se manifestó varias veces a favor de liberar a los presos de edad avanzada. Cuando era presidente dijo que no quería “viejos presos” e, incluso, envió a la Suprema Corte un documento de la Cruz Roja Internacional en el que se recomendaba beneficiar con prisión domiciliaria a algunos militares recluidos en Domingo Arena por “estrictos motivos de salud”.
No obstante, desde la izquierda —tanto el Frente Amplio como la central sindical PIT-CNT y las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos— han rechazado esa postura y acusan al partido de Manini de pretender restaurar la impunidad.
Decisiones por “gracia” de la Suprema Corte pueden incidir en el futuro de los militares presos
Más allá del trámite de los expedientes en cada juzgado, la Suprema Corte sí tiene una instancia en la que puede tomar decisiones sobre la situación de los presos en Domingo Arena, que es la visita anual de causas. En esa instancia, los expedientes de quienes se encuentran presos sin condena firme y ya cumplieron cierto tiempo de prisión preventiva son revisados por la Corte, que puede otorgar prisión domiciliaria o la libertad provisional por gracia, entre otros beneficios.
Según relataron fuentes de la corporación a Búsqueda, al menos uno de los ministros estaba de acuerdo con otorgar la prisión domiciliaria a algunos de los presos de Domingo Arena mayores de 80 años, aunque esa posición no fue mayoritaria y, en esta instancia, no se concedió el beneficio.
De acuerdo a datos del Poder Judicial (PJ) de 2024, son una treintena los prisioneros en Domingo Arena, mientras que otras 30 personas enjuiciadas por crímenes durante la dictadura están cumpliendo prisión domiciliaria. Según detalla un informe del PJ divulgado por Búsqueda el año pasado, este beneficio fue concedido por los jueces en general por razones de salud vinculadas a la edad avanzada de los procesados.