El mandatario elige como sustituto a un general que esta semana defendió en un discurso el respeto al resultado electoral y que las Fuerzas Armadas son una institución del Estado.
De la respuesta del gobierno depende, en buena medida, la estabilidad democrática del mayor país del continente.
Si el nuevo Gobierno de Lula no reacciona para que las fuerzas armadas sean controladas por el poder civil y los oficiales legalistas, los cuarteles serán utilizados para mantener una táctica de desgaste político.
Lula está alimentando al monstruo. Le entregó la cartera a los militares, cuando eligió para encabezarla a un político alejado de su círculo más próximo y sin peso político suficiente para dirigir el Ministerio y sus generales.
La mandataria envió al Congreso el proyecto de adelantar los comicios para abril de 2024, con lo que acorta su periodo en dos años. También anunció el estado de emergencia en zonas de manifestaciones fuertes
La huelga en Myanmar Pou Chen comenzó el 25 de octubre, con 400 trabajadores que exigían un aumento del salario mínimo diario, transporte local para los trabajadores, primas por alto rendimiento y otros cambios en la política de la fábrica.
El pretexto sería una supuesta manipulación de los espacios de publicidad radial, denuncia que fue descartada de plano por el tribunal electoral por falta de pruebas.
Desde la redemocratización en Brasil, en 1985 y luego de 21 años bajo régimen militar, nunca como ahora, con el ultraderechista Jair Bolsonaro en la presidencia desde 2019, los cuarteles tuvieron tanto peso e influencia en los gobiernos emergidos de las urnas electorales.
¿Por qué la segunda vuelta es el peor escenario? Porque hay un mes más hasta el 30 de octubre. Y en las últimas semanas ya tuvimos episodios de asesinatos en Ceará, en Mato Grosso, antes en Paraná, personas que fueron muertas porque criticaban a Bolsonaro y defendían a Lula.
Brasil llega a las elecciones de este domingo 2 de octubre con dos grandes incertidumbres: si el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva triunfa ya en esa primera vuelta y si habrá una reacción violenta de los seguidores del presidente Jair Bolsonaro ante su probable derrota.
En el momento actual de la campaña electoral el favoritismo de Lula es tan grande, debido a la consolidación de una ventaja sustantiva, que la hipótesis más probable es una victoria en la primera vuelta. Aunque con cierto margen de incertidumbre, es posible incluso una mayoría de votos válidos.
Las organizaciones de defensa de los derechos de los trabajadores en Birmania informaron de que el régimen militar ha violado repetidamente los derechos de los trabajadores, incluida la libertad de asociación sindical, desde el golpe de Estado del año pasado.
Los asesinatos de niños y jóvenes en las favelas de Río de Janeiro son moneda corriente. La policía asesina a sangre fría a muchachos acusándolos de delincuentes. Las madres se han levantado para decir basta. Pero la política pro-armas de Bolsonaro y el fortalecimiento del régimen represivo no se han detenido.
El senador del Polo Histórico en el Congreso, es el responsable de aterrizar las propuestas de paz que prometió Gustavo Petro. “Vamos a hacer un pacifismo radical”.
El presidente electo escogió como jefe de las fuerzas armadas a Iván Velázquez, un fiscal anticorrupción que las ha vigilado antes y criticado recientemente.
Bajo el gobierno de Bolsonaro y a instancias de movimientos de base conservadores, se intensificó un proceso que venía de fines de los años noventa: la proliferación de escuelas públicas de gestión cívico-militar.
Ha sido una demostración más de hasta qué punto los indígenas son olvidados, cuando no atacados, abandonados o diezmados, por el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.
Desde la redemocratización de Brasil, en 1985, luego de 21 años de rigurosa dictadura militar apoyada por amplios sectores del empresariado y de los medios de comunicación, la imagen de las Fuerzas Armadas fue siendo reconstruida de manera lenta pero constante y firme.
El entendimiento con el FMI, que provocó rispideces en el oficialismo, es un nuevo mojón de una larga historia de tratos entre el organismo y Argentina.
Organizaciones sociales afirman que los “promotores ideológicos de la impunidad” pretenden hacer una “reinterpretación” de la historia y “justificar” los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado para consagrar la “cultura de la impunidad”.
Entre Lula y Bolsonaro, "es difícil que una tercera vía encuentre su lugar simbólico", dice la socióloga.
Los días 26 y 27 de septiembre de 2021, el 7º Congreso del PSOL (Partido Socialismo y Libertad) reunió a 402 delegados/as en online. Votaron 51 mil personas, el doble que en el anterior congreso. Así pues, una parte de lo mejor del activismo brasileño acudió a las urnas para elegir las tesis debatidas en los Congresos estatales y nacional.
Los militares han publicado 13 manifiestos a favor de Bolsonaro en las últimas dos semanas.
Debilitado, Jair Bolsonaro se radicaliza hacia la extrema derecha. El objetivo del giro es el sistema electoral. Bolsonaro afirma -sin ninguna prueba y con muchas mentiras- que habrá fraude en las elecciones de 2022 para derrotarlo. Ha dicho en varias ocasiones que si no hay un voto "impreso y auditable", no habrá elecciones.
Rodeado de acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico, el gobierno refuerza su asfixia del aparato judicial y la represión de las organizaciones sociales. Además, quiere sancionar a quienes se atrevan a investigar el genocidio perpetrado por los militares.
Prohibir las elecciones que no utilicen el voto impreso es la nueva amenaza militar a la democracia en Brasil, tras dos años de movilizaciones de los adeptos al gobierno de extrema derecha en demanda del cierre del legislativo Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal.
Los recientes acontecimientos en Haití, que terminaron con el asesinato del presidente Jovenel Moïse, permiten recordar nuevamente que nuestra política de guerra fría consiste en apoyar a dirigentes autoritarios en todas partes del mundo con el objetivo de promover los intereses estadounidenses.
Durante la última semana, pude ver cómo los talibanes recorrían el norte de Afganistán, tomando lugares que había visitado por primera vez en 2001, al comienzo de la guerra iniciada por Estados Unidos. Los combatientes talibanes se apoderaron del principal puente hacia Tayikistán en el Amu Daria, un río que había cruzado en una balsa difícil de manejar pocos meses después de que empezara el conflicto.
Luego de catorce días en riguroso silencio, finalmente el ultraderechista presidente brasileño Jair Bolsonaro mencionó el pasado sábado la denuncia que el diputado Luiz Miranda hizo en la Comisión de Investigación del Senado sobre la conducción del gobierno en la pandemia.
Surgieron en Argentina hace unos cuatro años y se extendieron luego a Chile y a Brasil. Ahora hay un primer uruguayo que dio el paso. Los familiares de genocidas que se separan de ellos y los denuncian, de a poco, van surgiendo y organizándose.
No se sabe cuándo terminará el derramamiento de sangre. Por lo pronto se sabe que el Gobierno está dispuesto a todo. La institucionalidad y la mayor parte de la prensa han normalizado un lenguaje en el que la violencia son los manifestantes.
En Cali, donde la represión estatal muestra su peor cara, miles de indígenas han llegado desde las zonas rurales a colaborar con la autodefensa de los barrios populares.