Desde la redemocratización de Brasil, en 1985, luego de 21 años de rigurosa dictadura militar apoyada por amplios sectores del empresariado y de los medios de comunicación, la imagen de las Fuerzas Armadas fue siendo reconstruida de manera lenta pero constante y firme.
El entendimiento con el FMI, que provocó rispideces en el oficialismo, es un nuevo mojón de una larga historia de tratos entre el organismo y Argentina.
Organizaciones sociales afirman que los “promotores ideológicos de la impunidad” pretenden hacer una “reinterpretación” de la historia y “justificar” los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado para consagrar la “cultura de la impunidad”.
Entre Lula y Bolsonaro, "es difícil que una tercera vía encuentre su lugar simbólico", dice la socióloga.
Los días 26 y 27 de septiembre de 2021, el 7º Congreso del PSOL (Partido Socialismo y Libertad) reunió a 402 delegados/as en online. Votaron 51 mil personas, el doble que en el anterior congreso. Así pues, una parte de lo mejor del activismo brasileño acudió a las urnas para elegir las tesis debatidas en los Congresos estatales y nacional.
Los militares han publicado 13 manifiestos a favor de Bolsonaro en las últimas dos semanas.
Debilitado, Jair Bolsonaro se radicaliza hacia la extrema derecha. El objetivo del giro es el sistema electoral. Bolsonaro afirma -sin ninguna prueba y con muchas mentiras- que habrá fraude en las elecciones de 2022 para derrotarlo. Ha dicho en varias ocasiones que si no hay un voto "impreso y auditable", no habrá elecciones.
Rodeado de acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico, el gobierno refuerza su asfixia del aparato judicial y la represión de las organizaciones sociales. Además, quiere sancionar a quienes se atrevan a investigar el genocidio perpetrado por los militares.
Prohibir las elecciones que no utilicen el voto impreso es la nueva amenaza militar a la democracia en Brasil, tras dos años de movilizaciones de los adeptos al gobierno de extrema derecha en demanda del cierre del legislativo Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal.
Los recientes acontecimientos en Haití, que terminaron con el asesinato del presidente Jovenel Moïse, permiten recordar nuevamente que nuestra política de guerra fría consiste en apoyar a dirigentes autoritarios en todas partes del mundo con el objetivo de promover los intereses estadounidenses.
Durante la última semana, pude ver cómo los talibanes recorrían el norte de Afganistán, tomando lugares que había visitado por primera vez en 2001, al comienzo de la guerra iniciada por Estados Unidos. Los combatientes talibanes se apoderaron del principal puente hacia Tayikistán en el Amu Daria, un río que había cruzado en una balsa difícil de manejar pocos meses después de que empezara el conflicto.
Luego de catorce días en riguroso silencio, finalmente el ultraderechista presidente brasileño Jair Bolsonaro mencionó el pasado sábado la denuncia que el diputado Luiz Miranda hizo en la Comisión de Investigación del Senado sobre la conducción del gobierno en la pandemia.
Surgieron en Argentina hace unos cuatro años y se extendieron luego a Chile y a Brasil. Ahora hay un primer uruguayo que dio el paso. Los familiares de genocidas que se separan de ellos y los denuncian, de a poco, van surgiendo y organizándose.
No se sabe cuándo terminará el derramamiento de sangre. Por lo pronto se sabe que el Gobierno está dispuesto a todo. La institucionalidad y la mayor parte de la prensa han normalizado un lenguaje en el que la violencia son los manifestantes.
En Cali, donde la represión estatal muestra su peor cara, miles de indígenas han llegado desde las zonas rurales a colaborar con la autodefensa de los barrios populares.
Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad, considera que lo vivido puede ser el inicio de una conflagración nacional y pide iniciar el diálogo desde allí para evitarlo.
Aunque la población logró el retiro de una impopular reforma tributaria, persisten demandas que siguen sin ser escuchadas. Una de las más urgentes es el reclamo contra la violencia policial, que viene dejando cientos de heridos y 37 jóvenes asesinados por manifestarse.
Las protestas masivas comenzaron el pasado 28 de abril contra un proyecto de reforma tributaria. Fruto de la represión policial al menos 19 personas murieron y más de 800 resultaron heridas. Continúan desaparecidas 89 personas.
Fue la segunda alocución en tres días, en medio de la crisis más aguda de su Gobierno. Al mismo tiempo, en múltiples puntos de decenas de ciudades, había movilizaciones andando. El país cumplió ayer siete días protestando, hoy hay una nueva manifestación nacional convocada por el Comité del Paro.
Militares venezolanos y guerrilleros colombianos vienen enfrentándose con un saldo de decenas de muertos y detenidos, al que se suman denuncias de crímenes graves contra la población civil. Por detrás de los combates, distintos grupos se disputan las ganancias de una floreciente economía ilegal.
Tras la crisis militar, el presidente brasileño parece debilitado. Pero lejos de romper con él, los uniformados mantienen cargos clave e intentan un lavado de imagen.
¿Por qué AMLO mima a los militares? El presidente de México encontró en las fuerzas armadas un aliado. Las considera parte de su proyecto político personal. Y las premia y protege. ¿Protege su futuro con ellas?
La semana comenzó con una rotunda derrota del presidente brasileño tras la renuncia de su canciller, el más ultra de sus ministros. Pero el epicentro de la crisis se trasladó enseguida al campo militar.
Óscar Enríquez Pérez tiene una voz de volumen bajo, los ojos claros y el cabello blanco. Hace unos años inició una organización que desde Ciudad Juárez expuso al Ejército como una maquinaria de muerte, un peligro para la sociedad y un sistemático violador de derechos humanos.
El movimiento de desobediencia civil de Myanmar contra el régimen militar ha adoptado múltiples formas, como la huelga de funcionarios, las protestas callejeras masivas y el boicot a las empresas vinculadas al ejército (Tatmadaw). Pero en las últimas semanas se ha abierto un nuevo frente en la lucha: una campaña de "castigo social" contra las familias de los altos cargos del régimen.
Esta semana comenzó con un nuevo brote de violencia mortal -tras el que fue hasta ahora el peor fin de semana- ejercido por la junta para aplastar la oposición al golpe de Estado del 1 de febrero.
En contraste con las falaces imágenes creadas por las élites y alimentadas por los medios de comunicación hegemónicos, Colombia es hoy un país al borde del estallido social, con crudas cifras de desigualdad, pobreza, desempleo y asesinatos políticos.
Las diversas manifestaciones contra la junta que el 1° de febrero se impuso y tomó el control de todos los poderes, sin los resguardos erigidos en los últimos años, mantuvieron su intensidad durante los últimos días de febrero, al tiempo que se intensificó la represión.
Poderes fácticos se refiere a un sector de la sociedad al margen de las instituciones políticas que ejercen sobre aquella una gran influencia, basada en su capacidad de presión, o sea, la autoridad se ejerce al margen de los canales formales y está basado en los hechos, y no en lo teórico o imaginario.
En Colombia la violencia está lejos de haber desaparecido con los acuerdos de paz. En regiones portuarias en las que abunda la pobreza de grupos étnicos históricamente relegados, la presencia de multinacionales extractivas se combina con la de bandas armadas. El Estado solo parece tener una respuesta: la militarización.
Del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz se desprende que la cifra de víctimas es el triple de lo que se creía. Casi todas las muertes ocurrieron durante la presidencia de Álvaro Uribe.
Las noticias sobre el Bajo Cauca, en Antioquia, tienen algo en común en el último tiempo: el conflicto armado que nunca se fue y las víctimas que sigue cobrando.