Nicolás Maduro y el candidato opositor Edmundo González
Luis Bonilla-Molina*
Viento Sur, 27-7-2024
Correspondencia de Prensa, 27-7-2024
Introducción
Venezuela vive una crisis de gobernabilidad que se inicia con el viernes negro de 1983 y aún permanece abierta. [1] Este cisma es propio de los límites del modelo de acumulación burguesa alrededor de la industria petrolera y de hegemonía del régimen político de dominación que se instaló en 1958. La irrupción de la crisis interna coincide con la llegada del neoliberalismo, la turbulencia de la deuda externa y la financiarización de la economía mundial, que presionan al unísono por una nueva dinámica económica local, abierta a los capitales trasnacionales.
La mayoría de los análisis sobre la situación de Venezuela suelen hacerlo en marcos temporales más cortos y eso impide una comprensión integral de lo que ocurre en la actual coyuntura.
Los intentos de superación de esta crisis han resultado infructuosos, tanto desde la derecha (construcción de un nuevo modelo de acumulación, Agenda Venezuela, involución en la agenda social, reducción del marco de libertades democráticas) como desde la izquierda institucional (chiripero y su plan de administración de la crisis; chavismo y su proyecto de recuperación de la agenda social, con destrucción de la vieja burguesía y sus representaciones, creación de nueva burguesía y destrucción del sistema liberal de libertades democráticas para imponer un régimen bonapartista de consensos entre las clases dominantes).
La izquierda anticapitalista, contraria a la construcción de un proyecto de conciliación de clases, no ha logrado en todo este largo periodo, construir un polo de referencia alternativo para la superación estructural de la crisis de hegemonía y acumulación capitalista en Venezuela.
El surgimiento de Chávez y los militares bolivarianos (1992) como actores políticos, posibilitó construir en el periodo 1995-1998 un precario centro político –con partidarios de izquierdas, centro y derechas– que intentaba resolver desde un nuevo consenso esta crisis, abriéndole paso a iniciativas que procuraban una nueva hegemonía de gobernabilidad (proceso constituyente, nuevo marco jurídico e institucional, nuevo paradigma democrático) y un nuevo modelo de acumulación (la Agenda Alternativa Bolivariana –AAB– apuntaba en ese sentido).
Este centro político, en el cual participaban sectores empresariales que se sentían marginados por el sector mayoritario de la burguesía y temían los efectos de la irrupción de los capitales trasnacionales, vio en la propuesta de la AAB una oportunidad para construir una nueva arquitectura capitalista y democrático burguesa en el país; de hecho, en ese periodo Chávez hablaba de la tercera vía y del capitalismo humano.
La izquierda electoral valoró este agrupamiento como una tabla de salvación en medio de la debacle que en los noventa vivía el pensamiento socialista, mientras que sectores de la izquierda radical vio en las tentativas de destrucción del viejo modelo, la oportunidad para abrir paso a nuevas correlaciones de fuerzas que posibilitaran apuntalar un cambio estructural en el país. El Chiripero de Caldera había abierto el camino para esta táctica de disputa hegemónica.
Al capital trasnacional y los EE UU les convenía cualquier tentativa de superar aquel modelo de acumulación y que diera paso al proceso de internacionalización y financiarización de capitales; por eso opusieron precaria resistencia a la idea de cambio que se ponía en marcha.
Desde la llegada al gobierno de Chávez (1999) surgieron tres rostros de las políticas del Chavismo, que expresaban las propias contradicciones internas de ese centro político inestable. El primero, consecuente con el programa consensuado, ponía en marcha el proceso constituyente y un nuevo marco jurídico –leyes habilitantes, leyes sectoriales– para el surgimiento de un nuevo Estado burgués, que exigía la construcción de hegemonía para el sector burgués que le acompañaba. El segundo, era el resultado de la inacabada identidad nacional popular de Chávez y el Chavismo, que buscaba(n) empalmar con las narrativas e imaginarios de la corriente histórico social por el cambio; en 2004 escribamos que entre 1999-2004 había dos Chávez, uno en Miraflores, humano y aprendiz de la transformación radical y otro Chávez en la calle, construido este último por el pueblo más pobre, con retazos de memoria de resistencias, dotándole día a día de los atributos deseados para un nuevo revolucionario justiciero y, el drama del Chávez de Miraflores era que tenía que correr detrás de esa imagen y calzar en ella, hasta lograr construir una imagen propia que fuera aún más radical para consolidar su liderazgo popular. El tercero, se expresaba en el camino a tientas hacia un discurso político ideológico radical, en el cual fue tanteando experiencias como la de Gadafi, el cooperativismo yugoslavo, el socialismo utópico comunal, los marxismos malditos, hasta llegar al socialismo del siglo XXI (2004-2005), que en su fase final se asimiló más al viejo socialismo del siglo XX. Estos tres rostros se fueron integrando progresivamente y constituyeron la razón social del liderazgo de Chávez en el periodo 2002-2013.
El golpe de Estado de 2002 quebró vínculos del chavismo con sectores burgueses nacionalistas o progresistas que se habían agrupado alrededor del chavismo en el periodo 1994-2001, de los cuales Miquelena era el personaje emblemático. En un país con modelo de acumulación rentista, basado en buena medida en la importación, los sobreprecios, las exoneraciones impositivas y arancelarias, el acceso a divisas preferenciales y los distintos mecanismos de corrupción que requiere una clase burguesa con vocación comercial (alrededor de la importación), financiera (legitimación de capitales y ampliación de la usura y plusvalía) y de ensamblaje (importación de partes e insumos), esta ruptura con sectores de la burguesía tradicional dejó un vacío que había que cubrir rápidamente.
Esto generó la necesidad de constituir una nueva burguesía que estuviera estructuralmente vinculada al proyecto político de la quinta república, asumiendo para sí el modelo de acumulación de la vieja burguesía; este fue el inicio del ocaso de la radicalidad del proyecto bolivariano. Este proceso, conocido como el proyecto económico de la revolución, generó entre 2002-2013 una nueva burguesía enfrentada, por razón de sus intereses de clase, a la vieja burguesía.
En 2004 Chávez y el chavismo ya habían consolidado su identidad política, que era un nuevo policlasismo que renovaba elementos de una revolución popular nacional y la vinculaba con el discurso socialista. A la par de crear las condiciones materiales, políticas e institucionales para el surgimiento de una nueva burguesía, el proceso bolivariano construyó las condiciones de posibilidad para el emerger de formas de poder popular y comunal que construyeran una base social para la disputa hegemónica con la vieja burguesía.
Las iniciativas para construir una base social arraigada al nuevo proyecto hegemónico, se presentaron como el socialismo del siglo XXI; esta aparente dualidad estratégica no era una esquizofrenia política, sino en realidad contenía un nuevo proyecto político policlasista emergente, que requería romper con el viejo tejido institucional y social, con narrativas, imaginarios y correlaciones de fuerza diferenciadas a lo que había sido la democracia burguesa clásica. La democracia representativa pasó a ser democracia participativa, los poderes se ampliaron a cinco y la Constitución contenía un nuevo pacto social policlasista.
Como acotación, debemos puntualizar que una parte importante de la izquierda se concentra en cuestionar que el programa de Chávez no era auténticamente revolucionario, cuando en sus orígenes era mucho más reformista y se fue decantando hacia una radicalidad administrada. Quienes sostienen esto soslayan la autocrítica sobre la incapacidad política que tuvimos las distintas izquierdas para capitalizar la situación que se abría con la radicalización de las masas y el discurso del socialismo del siglo XXI que postulaba Chávez. Esa era una tarea que tenía que cumplir la izquierda y no tuvimos la capacidad de incidir en la disputa contrahegemónica. No le pidamos a Chávez lo que fuimos incapaces de hacer y construir en una situación de ascenso del movimiento de masas.
Ciertamente, Chávez navegó en la dualidad estratégica, entre un nuevo proyecto burgués y las contradicciones que generaba la posibilidad del socialismo del siglo XXI, porque era la forma de construir una nueva hegemonía que no trascendió –y quizá nunca pretendió traspasar– los límites del orden burgués. Aunque hay quienes sostienen que su apuesta final sería por el poder popular, su desaparición física impidió comprobar esta hipótesis; lo concreto es que la revolución bolivariana devino en un proyecto policlasista.
Chávez cumplía un papel bonapartista sui géneris al arbitrar los equilibrios de la transición a una nueva institucionalidad y mecanismos de relaciones de poder. La muerte de Chávez, cuyo liderazgo resultaba fundamental en la construcción y sostenimiento de estos equilibrios –que a su vez se convertía en la única posibilidad de construir viabilidad para políticas de reforma o revolución–, dio paso a un proceso de pérdida de fuerza transformadora y de restauración progresiva, es decir de capitulación y abandono de la parte popular radical del nuevo proyecto hegemónico. Esta capitulación se generó más por el espíritu conservador de la nueva burguesía ante la idea de poder popular, que por la ruptura con la idea policlasista del proyecto bolivariano que en realidad se consolidó.
Este abandono temprano de la radicalidad del poder popular debilitó el propio proyecto de una nueva hegemonía burguesa, por ello, no es descabellado pensar que Maduro y los herederos del chavismo no terminaron de comprender a cabalidad el proyecto de disputa hegemónica que lideraba el militar barinés. Esto supuso, a partir de 2013, la destrucción sostenida del tejido social e institucional no alineado con la lógica del capital y que –ingenuamente– apostaba por un horizonte socialista.
La orientación política de los gobiernos de Maduro ha tenido dos momentos: 2013-2017 y 2017-2024. En el primero (2013-2017) su apuesta se centró en fortalecer a la nueva clase social burguesa, la subalternización definitiva de los precarios gérmenes de poder popular y comunal a los intereses de la nueva burguesía, y el enfrentamiento e intento de aniquilación de la vieja burguesía. La caracterización de Venezuela como peligro para los intereses estratégicos de Estados Unidos y el inicio de las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) potenció el enfrentamiento entre la vieja burguesía (fuera del aparato de gobierno) y la nueva burguesía (que era parte constitutiva del gobierno); los enfrentamientos entre 2014 y 2017 pueden entenderse como la crispación de las contradicciones interburguesas. El gobierno y la nueva burguesía bolivariana lograron el aplastamiento policial-militar de las revueltas de 2017, imponiéndole con ello una derrota sin precedentes en la lógica insurreccional de la vieja burguesía, evento del cual no ha podido reponerse aún ese sector. Esta derrota de la vieja burguesía y sus representaciones políticas, abrió una nueva etapa en el gobierno de Maduro y el horizonte estratégico de gobernabilidad de la nueva burguesía.
En el segundo momento (2017-2024), el gobierno de Maduro potencia y amplía los procesos de diálogos con la derecha política y la vieja burguesía, pero también, como se conoce ahora, se abre una línea de negociación con Estados Unidos, a la par de generar un conjunto de medidas que restringen las posibilidades de incidencia de la clase trabajadora y las clases subalternas en la correlación de fuerza. El decreto 2792 de 2018 que elimina las contrataciones colectivas y el derecho a huelga, el instructivo ONAPRE que desconoce los derechos adquiridos de una parte importante de los empleados públicos, trabajadores de la educación, salud y otros sectores, forma parte de una natural medida de contención y muestra de coincidencias entre la nueva y vieja burguesía, para avanzar en acuerdos con amplios sectores del capital nacional y sus representaciones políticas. María Corina Machado (MCM) y el sector burgués que representa parecieran ser el electrón libre, el sector del viejo orden que no logró encajar en la negociación 2018-2024.
2024 es el año de las elecciones presidenciales más reñidas en la historia reciente. Mucho se habla de transición, cambio de gobierno o sostenimiento del actual equipo gubernamental liderado por Maduro. Los más ingenuos hablan de garantizar las condiciones para una transición, eliminando las recompensas norteamericanas sobre Maduro, firmando un pacto nacional de no agresión ni persecución. Otros hablan de establecer un marco de garantías para que la nueva burguesía pueda usar sus riquezas acumuladas sin persecución alguna. Lo cierto es que las elecciones ocurren en el marco de una negociación interburguesa nacional y con los norteamericanos, cuyos avances, estancamientos o retrocesos serán cruciales para el desenlace práctico de los resultados electorales. La opacidad con la cual se maneja la negociación con los gringos impide mayores precisiones sobre las posibilidades reales de una transición o avances en la nueva hegemonía. El acuerdo interburgués emerge en el horizonte como una posibilidad que tendrá que decantarse entre las opciones de gobierno de coalición nacional, gobierno de emergencia o vuelta a la alternabilidad, ahora rojo-azul. El aplastamiento de un sector de la burguesía y sus representaciones por parte del otro bando implicaría unos costos políticos y sociales muy altos, aunque este escenario se dibuje en medio de la incertidumbre sobre los avances o estancamientos en los diálogos. Lo cierto es que, desde una perspectiva neocolonial, a Estados Unidos le favorece el enfrentamiento de baja intensidad entre los sectores burgueses nacionales y un acuerdo entre ellos lo entiende en el marco de la profundización de la dependencia y el tutelaje.
Las candidaturas presidenciales
La pregunta sería ¿cuántas representaciones políticas inscritas en esta campaña electoral representan a un sector u otro de las burguesías en disputa? La respuesta no es tan simple, porque las actuales candidaturas presidenciales surgen en el contexto de una negociación en curso (2017-2024), que ha generado acercamientos entre diversos sectores –vinculados con ambos sectores burgueses–, incluso algunos se presentan en tarjetas de partidos judicializadas por decisión del Estado (gobierno).
Las candidaturas que se presentan con la etiqueta de oposición son Daniel Ceballos (Arepa Digital) involucrado en la insurrección de 2014 denominada la salida e indultado por Maduro en 2018, Claudio Fermín (Soluciones para Venezuela), un ex militante de Acción Democrática, quien ha actuado en los últimos tiempos con una línea política asociada a los intereses del gobierno, Benjamín Rausseo Rodríguez (Confederación Nacional Demócrata, CONDE), comediante, quien levanta un programa de libertad de mercado, Luis Eduardo Martínez Hidalgo (AD, Bandera Roja –ex maoístas–, Movimiento Republicano y Unión Nacional Electoral), Enrique Octavio Márquez Pérez (Centrados en la gente, REDES –ex alcalde chavista Juan Barreto–, PCV) es un connotado opositor al chavismo, vinculado a la MUD, Javier Bertucci (El Cambio) pastor evangélico que expresa las nuevas relaciones de Maduro con el sector cristiano protestante, Antonio Ecarri (Alianza del Lápiz) quien plantea un programa de ajuste y reconciliación nacional y ha sostenido encuentros en Miraflores con Maduro, José Brito (Primero Venezuela, Primero Justicia –intervenida–, Unidad Visión Venezuela y Venezuela Unidad) quien aparece como un opositor funcional al gobierno, Edmundo González Urrutia (PUD –sin tarjeta electoral–, MUD y Nuevo Tiempo) es el candidato a quien apoya expresamente María Corina Machado.
El candidato oficial del gobierno es Nicolás Maduro Moros (PSUV, PPT –intervenido–, MEP –intervenido–, PCV –intervenido–, Tupamaros, entre otros), quien aspira a un tercer mandato que extendería su permanencia en el palacio de Miraflores de 12 a 18 años.
Podríamos decir que ocho de las diez candidaturas expresan los adelantos en las negociaciones de Maduro con la oposición ocurridas entre 2017-2024; están por una transición pacífica, por buscar un nuevo modelo de alternancia democrática y mucha de ellas cuestionan el bloqueo norteamericano contra Venezuela. La novena candidatura es la de Edmundo González (apoyada por MCM) que expresa el sector que no ha logrado un entendimiento mínimo con el gobierno y están por cambio radical en una lógica de encuentro de la vieja burguesía con el capital trasnacional.
Desde el mundo del trabajo, en términos electorales, los indicadores más claros para definir la orientación político ideológica de una opción electoral, están determinados por lo que plantea cada candidato presidencial en materia de superación de las condiciones salariales y materiales de vida de la clase trabajadora, así como respecto a la garantía (en este caso recuperación) de las libertades democráticas. Actualmente, el salario mínimo en Venezuela está por debajo de los cinco dólares mensuales y el salario bonificado promedio escasamente supera los 100 dólares mensuales y, ningún candidato plantea un plan de ajustes salariales que por lo menos lo lleve a la media regional; los unos se refugian en la necesidad de garantizar la productividad empresarial (que implica continuar el asalto burgués a la renta petrolera) para iniciar un proceso de recuperación salarial, mientras que los otros, para no permitir el proceso de ajuste salarial, se escudan en los efectos del bloqueo (sin poder explicar cómo se está distribuyendo la riqueza que genera el levantamiento parcial de las sanciones petroleras de Estados Unidos sobre la producción venezolana) y teorías monetaristas que vinculan aumento salarial con inflación. Por otra parte, en los últimos ocho años se ha vivido una reducción progresiva, sistemática y contundente hasta llegar a la eliminación de las libertades democráticas mínimas que, aunque menguadas cada vez más en las últimas décadas, se consideraban una conquista de la sociedad venezolana (derecho a huelga, libertad para organizar sindicatos y partidos de izquierda, libertad de opinión y crítica). Ningún candidato plantea la recuperación de las libertades democráticas desde el lugar de enunciación de las clases subalternas y explotadas, sino desde las libertades del mercado.
Todas las candidaturas, del gobierno y la oposición, con distintos matices, representan un proyecto de salida de la crisis política que desconoce los intereses de la clase trabajadora y el conjunto de las clases subalternas. Ninguno plantea un programa de recuperación del derecho a huelga, de las contrataciones colectivas, un salario digno y suficiente, sino que convocan al sacrificio de la clase trabajadora para recuperar al país, mientras defienden la eliminación de impuestos a los grandes capitales y hablan de liberar las fuerzas del mercado, emprendimiento y productividad, que no son otra cosa que la desregulación más fuerte en ciernes.
La candidatura de Edmundo González representa el programa de ajuste estructural, privatizaciones y destrucción de la agenda social que encarnan hoy libertarios como Milei y compañía; mientras que la del resto de candidatos opositores expresan matices de programas de gobierno que colocan los intereses del capital por encima de los del trabajo. La candidatura de Maduro representa la continuidad de un programa de ajuste estructural aplicado entre 2017-2024, en un contexto de bloqueo de EE UU y las naciones imperialistas europeas sobre Venezuela, que ha colocado sobre la clase trabajadora el peso de la crisis económica, mientras la burguesía (vieja y nueva) se hace más rica.
Todas las candidaturas procuran mejorar la relación con los Estados Unidos, mientras que la de Maduro desarrolla paralelamente una estrategia de acercamiento con China, Rusia y Turquía (países donde las libertades democráticas están constreñidas y donde la orientación es el capitalismo competitivo) centrada en aspectos de ganancia económica; a pesar de quejarse Maduro del veto en las redes sociales capitales, ni siquiera han logrado que la red social tik tok, de origen chino, modifique el algoritmo para hacer más visible su candidatura sobre la de González y las actividades de MCM; esto muestra la perspectiva colonial de China, mientras procura una relación extractivista y capitalista con Venezuela, se desentiende de su aliado en apuros electorales porque lo que le interesa es mostrar la aparente neutralidad de sus capitales.
El esquivo encanto de la esperanza
El dato novedoso de esta campaña es la captura por parte de la ultraderecha (MCM-Edmundo González) de la esperanza. Desde 1998, la esperanza de un mañana mejor para los sectores populares, incluso en el marco de dificultades salariales y de poder adquisitivo, había permanecido del lado del proyecto bolivariano (Chavismo y Madurismo); la esperanza de los sectores influenciados por la derecha era distinta, se correspondía más a la posibilidad de construir una sociedad con los valores del capitalismo clásico, es decir era una esperanza menos concreta en términos materiales de vida de la población y más ideológica.
En esta campaña, especialmente el sector que lidera MCM-Edmundo González han abandonado el discurso ideologizado y confrontacional, para sintonizar y apropiarse de los anhelos más elementales de la población venezolana hoy: a) retorno de los migrantes (la oposición los estiman en 7 millones), porque cada familia tiene por lo menos uno de sus integrantes en esa condición (padres, abuelos, hijos, nietos, sobrinos, hermanos), b) reunificación familiar a partir de la mejora de las condiciones económicas, especialmente aumentando la productividad (cuidando de no aclarar como mejorar el tema salarial). El cálculo elemental que hace una buena parte de la población es: «si la causa del deterioro económico son los pleitos con EE UU y las sanciones económicas, lo que hay es que elegir un presidente que no pelee con Estados Unidos y con ello mejorara toda la economía, incluido los salarios y el poder adquisitivo, permitiendo que la reunificación familiar sea duradera», c) la privatización de lo público como camino para la prosperidad, algo que la historia nacional y la experiencia regional desmiente.
El cambio de estrategia opositora le ha dado resultado a la candidatura MCM-González a tal punto que el gobierno ha intentado lanzar planes para el retorno de los migrantes y enfatiza en la disminución de la inflación como signo de la reactivación económica nacional del futuro, pero ello no ha tenido el impacto de la candidatura opositora.
En cambio, el gobierno ha centrado su discurso en la sobrevivencia en el poder como garantía de un bienestar social que ha desaparecido progresivamente en los últimos diez años. El discurso de las sanciones norteamericanas, reales y objetivas, ha perdido eficacia política ante la ostentación material de un sector del liderazgo y el caso de la mega corrupción conocida como cripto-PDVSA.
Sin embargo, la candidatura oficial conserva una importante base social, en buena medida como saldo heredado del periodo Chávez y por el establecimiento de una red de apoyos materiales (programa de bolsa de comida, bonos, ayudas) que le se verían amenazados por la llegada al poder de una candidatura de derecha o ultraderecha que plantea que todo debe ser privatizado. La lógica de sobrevivencia y el temor a los efectos del cambio han permitido aglutinar y cohesionar una importante base social de apoyo a su candidatura, pero desde la resignación, no de la esperanza.
La candidatura opositora central ha crecido exponencialmente en apoyos en el último año, mientras el resto de candidatos opositores lo hacen a paso de morrocoy. El gobierno, en su desespero ante este fenómeno de los últimos meses, ha intentado recuperar la conexión con las mayorías por distintas vías: a) destacar el efecto del bloqueo norteamericano y de las naciones imperialistas europeas en la economía y la materialidad del mundo del trabajo, b) apelar al legado de los logros en el periodo Chávez, c) mostrar a las candidaturas opositoras como parte de la ola neofascista y ultra conservadora que recorre el mundo, d) profundizar el autoritarismo, mediante persecución selectiva a dirigentes medios y de base de las candidaturas opositoras y del campo laboral, e) usar la descalificación personal para intentar llevar el debate electoral a otro terreno más favorable.
En ese camino ha intentado obstaculizar algunas actividades proselitistas del binomio opositor MCM-González, pero lo único que ha logrado con ello es construirle la épica que le faltaba a esta candidatura; los obstáculos para realizar las actividades proselitistas han victimizado a Machado-González, abriendo paso a un imaginario de heroína de la primera y de víctima al segundo, a quienes en realidad representan la otra cara de los programas electorales anti clase trabajadora. El camino a Miraflores de este binomio se viene construyendo con los errores del gobierno actual.
Hoy no existe una confrontación de proyectos políticos entre los candidatos presidenciales, sino de liderazgos en una misma dirección estratégica. Lo que dificulta la posibilidad de una transición y alternancia ordenada, es que no se lograron cerrar los acuerdos entre las dos fracciones burguesas (vieja y nueva burguesía) en el periodo 2017-2024, lo cual plantea el mantenimiento de la crisis de gobernabilidad, más allá del 28J, independientemente de quien obtenga la mayoría. Mucho menos se ha avanzado en la resolución de la crisis de acumulación y hegemonía que se abre en el año 1983, lo cual augura inestabilidad más allá de cualquier resultado electoral.
El arbitraje y solución negociada a este conflicto pareciera necesitar de un tercer actor reconocido por ambas fracciones burguesas, papel que en estos momentos encarna Estados Unidos, por ello el interés del gobierno en renovar el diálogo con la poderosa nación del norte. Sin embargo, una solución negociada para la continuidad de Maduro o la transición tendrían que pasar por el levantamiento de las recompensas que EE UU otorga por la captura del mandatario venezolano, la suspensión del juicio en la Corte Penal Internacional, un acuerdo de uso de las riquezas acumuladas por la nueva burguesía y la preservación de cuotas de poder que le permitan a las burguesías la continuación del modelo rentista de acumulación.
Las opciones por la izquierda
Las elecciones presidenciales de 2024 han sido precedidas por la desaparición de algunos partidos de izquierda, que no lograron la votación mínima para su permanencia legal, y la judicialización de los restantes. Actualmente en Venezuela no existe un partido de izquierda, legalizado, que pueda levantar de manera autónoma una candidatura presidencial y los apoyos que aparecen en el tarjetón electoral para Maduro son el resultado de esa situación de intervención de los instrumentos políticos que pertenecían a la izquierda política.
El PSUV nunca ha sido un partido en términos clásicos, deliberativo y autónomo frente al gobierno, sino más bien un instrumento político para construir viabilidad social a los planes de gobierno. Los sectores que respondían exclusivamente al liderazgo de Chávez han sido apartados de la estructura partidaria después de la muerte del líder histórico del proceso bolivariano y muchos de ellos están en distintas formas de oposición al gobierno de Maduro. El PSUV es hoy un partido policlasista monolítico, sin fisuras significativas; sin embargo, la profundización de la crisis salarial y económica ha venido erosionando sus bases. Por ello, la caracterización que hagamos del gobierno es muy parecida (nunca igual) a la que se haga de su instrumento político. El PSUV está amenazado por el mismo fenómeno que afectó a Acción Democrática (AD) en la década de los noventa, la posibilidad de un desmoronamiento por perdida de eficacia política y vaciamiento de la esperanza para el común.
Las izquierdas no han logrado llegar a un acuerdo sobre la táctica electoral en esta coyuntura. Por el contrario, existen por lo menos cinco opciones visibles en este campo. La primera y quizá mayoritaria, ha decidido votar por el candidato que más opción tenga frente a Maduro. Para este sector lo más relevante es salir de Maduro y luego plantear una recomposición de las relaciones de poder que permita recuperar libertades democráticas como el derecho a huelga, contratación colectiva, salarios justos y posibilidad de organización autónoma. Sectores de la plataforma ciudadana, entre otros, se cuentan en esta opción. Salvo casos como el de Héctor Navarro (ex ministro de Chávez e integrante de la plataforma), quien expresó públicamente su apoyo al candidato mayoritario de la derecha, la mayoría no lo ha hecho público, lo cual limita la construcción de identidad de este sector.
La segunda opción, ha decidido apoyar a otro candidato de la derecha, Enrique Márquez, quien ha jugado un destacado papel en el liderazgo opositor en otros momentos. En este sector están figuras como Juan Barreto, ex alcalde de Caracas y dirigente del partido REDES, y el Partido Comunista de Venezuela (PCV), intervenido, que se autodenomina como auténtico.
La tercera, ha llamado a votar nulo o abstenerse, de la cual forman parte los dirigentes históricos del PPT, Marea Socialista, PSL y LTS, entre otros. El anuncio demasiado temprano de esta táctica impidió que tuviera mayor capacidad de incidencia y articulación en el proceso electoral. La cuarta, muy marginal, es crítica de algunas políticas del gobierno, pero considera que hay que seguir apoyando a Maduro. Entre otros, las expresiones de Bruno Sanarde y la Revista Bolívar Vive representa esta opción.
La quinta, agrupada alrededor de la Otra Campaña, que define que su candidato son las luchas sociales, que ningún candidato representa los intereses de la clase trabajadora y que lo que hay que hacer es una campaña de denuncia a la pérdida de libertades democráticas que abra la posibilidad de un reagrupamiento clasista después de las elecciones; por ello, convocan a organizarse independientemente de por quien vote, se abstenga o vote nulo en las elecciones presidenciales. En esta última participan la corriente marxista internacional, Izquierda Revolucionaria, Comité de familiares y amigos por la libertad de los trabajadores presos, Bloque histórico popular, LUCHAS, entre otras.
Este panorama de dispersión forma parte de las dificultades que debe superar la izquierda para construir un polo contra hegemónico que logre enfrentar a cualquier de las opciones presidenciales en juego quienes, en distintas medidas y tonos, tienen un programa anti clase trabajadora. El esfuerzo unitario de la izquierda post elecciones del 28J, debe romper con la repartición de culpas y la arrogancia de auto percibirse como vanguardia, para avanzar en la construcción de alternativas reales y posibles en el futuro.
EE UU maneja la baraja
Todos los candidatos presidenciales en las elecciones del 28J se esfuerzan por mostrar que son la mejor opción para EE UU. Mientras el binomio Machado-González renueva sus votos de fidelidad construidos en el pasado, especialmente en la administración Bush, el gobierno de Maduro coloca el acelerador en las negociaciones con Estados Unidos y hasta muestra sus simpatías por el presidente Biden –explícitamente al renunciar este a la candidatura demócrata–, mientras garantiza el flujo de petróleo al norte en condiciones de negociación neocoloniales.
De nada sirve un acuerdo interburgués local si no se logra el beneplácito de Washington y del departamento de Estado de EE UU. Todas las especulaciones sobre un acuerdo estratégico del gobierno de Maduro con China o Rusia son aspavientos, pues como vimos al retornar el comercio de petróleo EE UU con Venezuela, China decidió tomar distancia para permitir un acuerdo norteamericano-venezolano, sobre todo porque, contrario a lo que nos muestra la prensa burguesa internacional, cada vez más se producen acuerdos comerciales estratégicos entre el gigante asiático y Norteamérica. Rusia por su parte esta más interesada en consolidar sus intereses en África que debilitarse en una disputa insegura en Latinoamérica alrededor de Venezuela.
EE UU es el árbitro de una situación neocolonial en Venezuela, jugando sus cartas con la calma de quien procura que el final le favorezca lo más posible. Esta situación abrirá un debate pendiente en la izquierda sobre las relaciones de Venezuela con los norteamericanos, en el marco de gobiernos progresistas o una transición poscolonial con los gringos, pero eso tema de otro artículo.
Ausencias en el discurso de los candidatos: la recuperación de las libertades democráticas
La tarea central de la izquierda revolucionaria en Venezuela en los próximos años será la recuperación de las libertades democráticas mínimas para la construcción de un proyecto de sociedad de justicia social. Eso no significa ni un abandono del horizonte revolucionario ni una reedición del etapismo, sino una realidad objetiva. Sin posibilidad de organizar sindicatos, huelgas, libertad de opinión y circulación de publicaciones, va a ser muy difícil construir condiciones de posibilidad para un cambio estructural.
Por ello, ninguno de los candidatos presidenciales menciona el tema de la recuperación de las libertades democráticas, porque ello iría contra su proyecto de hegemonía burguesa. Lo más importante será lo que se haga en este sentido a partir del 29J, con una política de unidad y convergencia sin precedentes. Lo contrario será absolutamente funcional al sostenimiento del statu quo actual.
Crisis en la geopolítica del progresismo
Otro hecho relevante de la actual campaña presidencial en Venezuela son los cambios en los discursos y posiciones del progresismo. Mientras Pepe Mujica viene tomando distancia hace tiempo con el gobierno de Maduro, llegando en los últimos tiempos a dudar si es o no un gobierno dictatorial, voces calificadas como la de Lula, Petro y Fernández marcan sus diferencias respecto al deterioro progresivo de las libertades democráticas en Venezuela y muestran su preocupación por la deriva autoritaria en el discurso de Maduro. Brasil decidió el 24 de julio no enviar delegación oficial de observadores a las elecciones venezolanas, como lo ha hecho con marchas y contra marchas el gobierno colombiano y recientemente el ex presidente argentino Fernández anunció que se le retiró la invitación para acompañar las elecciones del 28J.
Incluso voceros como Atilio Borón y Emir Sader, otrora muy activos en la defensa de Venezuela han estado de muy bajo perfil en esta oportunidad, dejando el liderazgo de la defensa internacional del progresismo a Monedero, uno de los líderes históricos del debilitado Podemos de España. Por supuesto Cuba y sus organizaciones aliadas en los países han mantenido una línea de apoyo a Maduro, pero cada vez con menos ímpetu y contundencia.
Esta decantación del progresismo es también la evidencia de una diferenciación de lugar de enunciación de muchos de sus componentes que pasaban desapercibidas en el marco de la ola creciente, pero que ahora, en el reflujo, se develan en toda su magnitud. Esto está incrementando el aislamiento del gobierno de Venezuela, lo cual afecta su propia capacidad de negociación internacional. Por ello, el gobierno de Maduro ha optado por señalar que su salida del poder puede generar un baño de sangre en el país, como gesto desesperado para que EE UU piense la estabilidad de sus intereses estratégicos (petróleo y otros).
Subestimar a Maduro, un error común
Si en algo coincide la derecha y la izquierda política que se oponen a Maduro y su gobierno es la subestimación de su capacidad política. Ciertamente, Maduro no solo no es un hombre culto, sino que siente un profundo desprecio por quienes tienen títulos académicos y producción intelectual. No es el caso de Lula que siendo un obrero ha sabido cultivar permanentemente su cultura, conocimiento y tiene una enorme capacidad de diálogo con sectores intelectuales y académicos. Maduro heredó de Chávez el encanto por rodearse de algunos rockstar de la política crítica internacional mientras desprecia al pensamiento crítico nacional.
Pero Maduro compensa esta debilidad con una enorme habilidad política para sostenerse en el poder; es como si fuera el alumno predilecto de Maquiavelo y Fouché, haciendo del pragmatismo su auténtica ideología. Maduro piensa y actúa como un burócrata sindical que ve en todos los discursos de los factores políticos, sociales y económicos, deseos de poder y realización personal, que identifica como necesidades a cubrir, a partir de lo cual negocia con sus adversarios. Maduro es un maestro de eso que se llama la realpolitik. Conoce como pocos políticos de nueva generación las posibilidades del poder para construir consensos, encuentros y acuerdos en Venezuela.
Impulsor del grupo de Boston, creó muy tempranamente –en los primeros años del proceso bolivariano y con el visto bueno de Chávez– un lobby norteamericano que le sirviera de interlocución. Hoy esos esfuerzos le tributan a su política de dialogo con la nación más poderosa del planeta.
Cuando surgieron contradicciones propias de los dos proyectos inmersos en el proceso bolivariano (nueva burguesía versus poder popular), vio en los esfuerzos por construir una central sindical autónoma (la UNETE), entre 2004 y 2008, un peligro estratégico para los nuevos equilibrios del poder que surgían. Fue al artífice de las derrotas que impidieron construir una central autónoma de trabajadores y el forjador de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), la cual en ningún momento se planteó presidir, sino que colocó al frente de la misma a un dirigente de poco brillo, integrante de la antigua Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), dirigida por la socialdemocracia adeca; de esta manera garantizó la existencia de un aparato de coaptación, dispersión y coaptación de las luchas de la clase trabajadora.
Desde su cargo de canciller consolidó la relación con Cuba, China, Rusia, Turquía, Irán y los gobiernos enfrentados a los Estados Unidos y una parte importante de los partidos comunistas de tradición soviética y China, persiguiendo cualquier iniciativa de atraer para el proceso bolivariano a sectores más críticos de la izquierda mundial, que sabía que criticarían en algún momento la deriva autoritaria y el giro neo burgués que tomaría el proceso.
Paso de ser militante radical de izquierda maoísta, con cultura política antirreligiosa, a ser admirador de Sai Baba y luego, en el poder, no solo se casaría según los rituales católicos, sino que cultivaría una relación estable y creciente con los grupos cristianos y sectas religiosas, especialmente con los sectores pentecostales, vinculados a Estados Unidos y la ultraderecha latinoamericana, como es el caso de Brasil. Los simpatizantes de izquierda que perdía por su política de conciliación de clases, los recuperaba en términos numéricos e incluso incrementaba, por intereses de fe.
Maduro avanzó en una línea de trabajo en la cual Chávez había sido tímido, los acuerdos y pactos con las derechas. Potenció la división exponencial de la derecha y creó puertas traseras de dialogo con cada uno de estos factores, mientras promovía la devolución a sus antiguos propietarios terratenientes de tierras confiscadas por Chávez, suspendía las políticas de promoción de fábricas recuperadas y creó garantías para el capital financiero, como preludio a una apuesta por lograr encuentros entre las distintas facciones burguesas en disputa.
Maduro privilegió el diálogo con la derecha, llevando progresivamente a la izquierda electoral a su mínima expresión, despojándola de sus instrumentos políticos, reduciendo con ello su capacidad de incidencia.
Maduró congeló y dejó sin efecto los preceptos progresivos de la Ley Orgánica del Trabajo aprobada por Chávez como mecanismo dual de frenar el ciclo de protestas reivindicativas que se iniciaban a finales de 2017 y, como forma de mostrar a la burguesía clásica y a Estados Unidos lo que él podía lograr en materia del trabajo, algo no les podía garantizar la derecha clásica.
Maduro fue limpiando el PSUV de los cuadros políticos independientes que apostaban por una radicalización del proceso, así como también de aquellos otros quienes querían disputar parte de la renta petrolera mediante la conformación de grupos de interés.
Los sectores de la oposición más radicalizados y la prensa burguesa internacional sigue subestimando la capacidad política y de sobrevivencia de Maduro. Esta subestimación se expresa en la publicación de encuestas que le dan hasta 30 o más puntos de ventaja a Edmundo González, para las elecciones del 28J, algo que carece de la mínima seriedad política (como tampoco lo son las encuestas oficiales que dan más de 20 puntos de ventaja a Maduro).
Maduro cuenta con un andamiaje institucional clientelar muy importante, así como con la red de consejos comunales –devenidos en administradores de apoyos gubernamentales– y la propia maquinaría del partido de gobierno. Maduro vive su peor tormenta electoral, pero quien cante de manera anticipada victoria lo está subestimando.
Finalmente, Maduro logró colocar al frente del Consejo Nacional Electoral a una figura histórica del campo Bolivariano, ex congresista y antiguo procurador general de la República, lo cual le da una especial tranquilidad en términos de manejo electoral.
La dificultad para un pronóstico fundamentado en datos
Las encuestas que se han difundido las últimas semanas sufren el efecto de la polarización. Hay encuestas para cada gusto. Unas le dan ventajas de varias decenas a uno u otro candidato, mientras que otras le asignan la victoria por márgenes estrechos. La polarización electoral está entre Maduro y Edmundo González, los demás candidatos se desinflan o mantienen una preferencia muy baja.
Hay varios elementos de incertidumbre por la opacidad de los datos. Algunos de estos son:
1- El número de migrantes: la oposición insiste en que son más de siete millones, mientras el gobierno habla de 1.700.000. Investigadores como Víctor Álvarez la ubican en poco más de cuatro millones. Con 7.000.000 de migrantes y una abstención de 30-40% es muy difícil que gane la oposición. Si la participación electoral es de 12.000.000 o más, eso mostraría que el número de migrantes que maneja la oposición está inflado, es equivocado. En un país con 21.323.253 electores potenciales esta variación en las cifras en la migración influye en algunos aspectos claves para el resultado electoral;
2- Las previsiones de abstención varían según la perspectiva de los analistas. Investigadores serios como Javier Biardeau estiman la participación en un 60-65%, que implicaría una abstención de 40-35%. El espectro de cifras va del 20% al 40% de abstención. Si cruzamos estos porcentajes de abstención con los números de la migración vemos que es una cifra nada despreciable los que están en juego en estos estimados;
3- Aunque hay diez candidaturas, la disputa se ha polarizado entre Edmundo González Urrutia (MCM) y Nicolás Maduro, pero el porcentaje de voto que lograrán obtener los restantes candidatos de conjunto varían de 3 a 10%. Para ilustrar lo señalado anexamos un ejercicio de cálculo que tiene como máximo el 5% de simpatías electorales por los ocho candidatos opositores, aunque insistimos que puede ser mayor, afectando con ello a la candidatura mayoritaria opositora al dispersar el voto anti gobierno.
– La oposición estima que en el evento electoral del 28J sufragarán unos 12.000.000 electores, mientras que el gobierno no ha hecho público sus estimados. La tendencia de las últimas elecciones señala que en la medida que se incrementa la participación, aumentan las posibilidades de la oposición. El escenario ideal para el gobierno serían uno 10.000.000 de electores;
– Todos los especialistas coinciden en señalar que la abstención actúa a favor del gobierno, que pareciera tener un techo de unos 4.500.000-5.000.000 de electores. Esto se basa en los registros de militancia del PSUV (3.500.000) y los inscritos en la Plataforma Patria (5.500.000). En un escenario de 10.000.000 de electores el PSUV-Maduro podría ganar, incluso en uno de 11.000.000 con una dispersión del voto opositor de 1.200.000 electores;
– Solo una situación inesperada podría motivar a una movilización electoral masiva a favor del gobierno, superior al techo antes indicado. Hasta ahora no se observa ese elemento detonante del incremento en la votación. Tal vez el cierre de campaña del gobierno en Caracas, el 25 de julio, donde movilizaron simpatizantes de todo el país pueda ser un evento motivador para algunos, pero eso es aún inestimable;
– Si por el contario participan 12.000.000 de electores, el gobierno alcanza los 5.000.000 de votantes a su favor y las pequeñas candidaturas de derecha alcanzan el 1.500.000, la candidatura de Edmundo González obtendría 5.500.000 obteniendo la victoria. Con un escenario tan amplio de participación el gobierno tendría dificultad para hacer creíble una votación superior a los niveles de la de Chávez o el PSUV en sus mejores momentos y correría el riesgo que la oposición cante fraude. Por ello, decimos que a solo tres días de las elecciones el nivel real de imprecisión e incertidumbre es el más grande en las elecciones de las últimas décadas.
– La elección esta disputada entre Maduro y Edmundo González Urrutia. Los datos disponibles no hacen presumir la victoria aplastante de ninguno de los bandos. En cualquier caso, un resultado que no supere la diferencia de 500.000 votos favorece la continuación de las negociaciones entre las fracciones del capital en disputa. Una victoria amplia de uno de esos factores generaría la tentación de terminar de liquidar al adversario y prolongaría mucho más en el tiempo esta disputa. La posibilidad de una salida en favor de la clase trabajadora y los sectores explotados no reside en el resultado de esta elección sino en la capacidad de unidad de acción que se haya generado y se amplie en el futuro.
La gran encuesta, la de la calle, pareciera oscilar entre el cambio de orientación presidencial y un final cerrado. La opacidad de los datos y muestreos no contribuyen a hacer un pronóstico confiable a solo días y horas del evento electoral. La oposición ha recuperado una parte importante de su capacidad de convocatoria que había perdido en 2017 –y que Guaidó nunca obtuvo– pero no hay manera objetiva de saber si lo avanzado le alcanzará para obtener una victoria, mientras el gobierno no ha dado otra demostración contundente de movilización que no fuera la del cierre de campaña.
Conclusiones
Lo cierto es que cualquiera que sea el resultado electoral, ya sea que gane Maduro o Edmundo González, ello implicará seis meses de negociación para alcanzar un consenso entre la vieja y nueva burguesía con la intención de permitir la gobernabilidad y el pase de un paquete anti clase obrera con la menor protesta posible.
Desde una perspectiva de la clase trabajadora estamos ante el peor de los escenarios desde la apertura de la etapa de crisis hasta el presente (1983-2024). La izquierda radical y anticapitalista tiene que prepararse en los próximos años para una estrategia multinivel de lucha por la restauración de las libertades democráticas mínimas, que combine movilización y lucha, con la construcción de espacios de diálogo y concreción de conquistas, algo que no será tan fácil.
Si gana el candidato de la derecha, Edmundo González, hay que prepararse para una recomposición de fuerzas que no sea sectaria ni centrada en el pasado, sino que mire al futuro para permitir la reconstitución de las organizaciones sociales, sindicales y gremiales y los mecanismos institucionales de arbitraje. Si, por el contrario, gana Maduro las elecciones, se debe acrecentar la movilización, superando la política del hígado –propia de algunos sectores en la actual campaña electoral– donde lo sustantivo sea recuperar el marco mínimo de libertades democráticas.
-Publicado en Aporrea, 26-7-2024
*Luis Bonilla-Molina, Doctor en Ciencias Pedagógicas. Miembro del Consejo Directivo de CLACSO. Integrante de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, la Fundación Kairos y el Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada. Actualmente es secretario operativo del Congreso Mundial contra el Neoliberalismo educativo. Militante de la Otra Campaña, Otras Voces en educación y LUCHAS. @Luis_Bonilla_M
Nota
1] Se suele confundir los picos de tensión dentro del periodo de crisis 1983-2024, como etapas separadas. En realidad, la rebelión estudiantil-popular de 1987, el Caracazo de 1989, los alzamientos militares de 1992, la destitución y enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez, la candidatura y victoria electoral de Chávez, el proceso constituyente, el golpe de Estado de 2002, el llamado al socialismo del siglo XXI, las contradicciones entre la nueva burguesía y el poder popular denunciadas en 2009 en el evento del CIM, la enfermedad y muerte de Chávez, la candidatura y triunfo de Maduro, el inicio del bloqueo norteamericano y de las naciones imperialistas, las rebeliones callejeras de la derecha 2014-2017 y la muerte de un centenar de jóvenes, la segunda constituyente, el decreto 2792, el giro autoritario de Maduro, la perdida de libertades democráticas, la judicialización de los partidos políticos, la negociación con los EE UU y otros eventos, son solo picos de tensión en el marco de la larga crisis burguesa en Venezuela del periodo 1983-2024.