La norma declara la prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002. Organismos nacionales e internacionales advirtieron sobre su ilegalidad.
La ley beneficiará a Fujimori y a cientos de militares y policías
Carlos Noriega desde Lima
Página/12, 5-7-2024
Correspondencia de Prensa, 6-7-2024
El Congreso aprobó una ley de impunidad para los represores acusados de crímenes de lesa humanidad.La norma, que declara la prescripción de estos crímenes cometidos antes de julio de 2002 y calificada como una amnistía encubierta, fue aprobada este jueves por el Parlamento a pesar de las advertencias de organismos nacionales e internacionales sobre su ilegalidad.
Dos días antes de su aprobación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución señalándole al Estado peruano que se abstenga de aprobarla por ir en contra del derecho a la justicia de las víctimas y las normas internacionales. Esta decisión del Congreso es un nuevo desacato a la Corte IDH. A fines del año pasado, el gobierno indultó al exdictador Alberto Fujimori desacatando una decisión de este tribunal internacional que había declarado ilegal ese indulto.
Los promotores de esta ley han hecho una cerrada defensa de los represores y la impunidad. Impulsada por las bancadas del fujimorismo y del partido de ultraderecha Renovación Popular, la ley beneficiará a Fujimori y a cientos de represores.
El Ejecutivo podría vetar la ley y devolverla al Congreso, pero no se espera que eso ocurre. Un día antes de su aprobación, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, eludió referirse a la postura del Ejecutivo frente a esta ley, pero atacó duramente a la Corte IDH por su resolución en la que demandó que la ley no sea aprobada. Dijo estar “indignado” por esa resolución, que calificó como “intolerable”. Ha coincidido en sus ataques a la Corte IDH con los defensores de la ley de impunidad. Una declaración que revela el camino favorable a esta ley que tomaría el Ejecutivo.
La presidenta Dina Boluarte no se ha pronunciado sobre el tema. Su gobierno, responsable de la muerte de 49 personas en la represión a las protestas sociales y que indultó ilegalmente a Fujimori, mantiene una alianza con la derecha y ultraderecha parlamentaria que ha aprobado esta ley.
La ley que beneficia a los represores fue aprobada en segunda votación en la Comisión Permanente del Congreso y no en el Pleno. Obtuvo luz verde con el voto favorable de 15 parlamentarios, hubo 12 votos en contra. A inicios de junio había sido aprobada en primera votación en el Pleno con 60 votos a favor, 36 en contra, 11 abstenciones y 23 ausencias. Las bancadas que controlan el Congreso aprovecharon el receso parlamentario para llevar la segunda votación a la Comisión Permanente, que en este periodo asume las funciones del Pleno.
Con esta decisión se aseguraron tener un debate más acotado y con menos difusión en un cónclave bastante más reducido, donde solamente participan los principales dirigentes de los partidos, con lo que evitaban fisuras y posibles posturas disidentes en sus bancadas al momento de votar la ley que pudieran poner en riesgo su aprobación.
Se establece en esta ley que la tipificación legal de crímenes de lesa humanidad y la imprescriptibilidad de estos delitos no se podrá aplicar para las graves violaciones a los derechos humanos cometidas antes del 1 de julio de 2002, por ser esta la fecha en la que el Perú se adhirió al Estatuto de Roma. Argumentación cuestionada por importantes juristas y organismos nacionales e internacionales. Matanzas de comunidades campesinas, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales, que se cometieron durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000 -que enfrentó al Estado y al grupo maoísta Sendero Luminoso y dejó cerca de 70 mil muertos- ya no podrán ser juzgados por haber prescrito. Condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en esos años podrían pedir la nulidad de esas sentencias señalando que sus crímenes ya habían prescrito cuando fueron procesados.
Fujimori podrá solicitar la anulación del juicio que se lleva a cabo en su contra por el secuestro, tortura y asesinato de seis campesinos en 1991, proceso del cual el indulto que le permitió salir de prisión en diciembre pasado no lo libera. De acuerdo a la Fiscalía de la Nación, hay unos 600 procesos judiciales que se truncarían con esta ley al declararse la prescripción de los delitos.
«Una ley horrorosa»
Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, abogado de familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, califica esta ley como “horrorosa, una iniciativa burda para generar impunidad”. Indica que la comunidad internacional “reconoce desde hace muchísimos años la tipificación de lesa humanidad como una forma de calificar delitos particularmente graves, horrendos, que no pueden ser considerados crímenes comunes y no prescriben, no es cierto que esto exista solo desde 2002 con el Estatuto de Roma. Hay un desarrollo intenso en la jurisprudencia internacional y de la Corte Suprema peruana en ese sentido”. Adelanta que promulgada esta ley recurrirán a los jueces para que no la apliquen por ir en contra de normas internacionales que el Perú se ha comprometido a cumplir y ser inconstitucional. “Mi impresión es que los jueces van a defender sus fallos. Pero los acusados podrán recurrir al Tribunal Constitucional, donde esperan ganar porque ahora esa instancia es favorable a ellos. Se viene un litigio muy intenso”.
En 1995, Fujimori dio una ley de amnistía para los represores que fue derogada luego de la caída de su dictadura a fines del año 2000. En 2010 el expresidente Alan García dio una ley similar a esta norma de impunidad recién aprobada, pero poco después fue derogada y declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional de entonces. Ahora el fujimorismo y sus aliados vuelven a buscar la impunidad.