“Estoy consternado por la promulgación de esta ley de amnistía. Es una afrenta a los miles de víctimas que merecen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, no impunidad”, dijo Volker Türk.
El Congreso de Perú aprobó una ley de amnistía para militares y policías acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en el período 1980-2000, lapso en que existió en Perú un conflicto armado interno contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amarú.
El más reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas, presentado el miércoles 26 de febrero, detalla la cadena de mando en la represión ordenada por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo para neutralizar las protestas que estallaron en abril de 2018.
La venida del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a Costa Rica, así como su recibimiento pomposo y apoteósico refleja las aspiraciones que tiene Rodrigo Chaves, gobernar con mano dura el país y ejercer el control absoluto de los demás poderes de la República tal como lo hace el dictador “cool” de ese país.
La dictadura sandinista ha impuesto autoridades a su medida para anular la autonomía indígena
La norma declara la prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002. Organismos nacionales e internacionales advirtieron sobre su ilegalidad.
El primer paso será el desguace de la agencia Télam y la reducción presupuestaria para el resto de las señales que conforman el conglomerado de medios estatales. A partir de entonces habrá nuevas directivas para desarmarlos.
En su informe final antes de dejar tierras mexicanas, el grupo de expertos de la CIDH que investiga el caso Ayotzinapa fue fulminante: militares y policías actuaban en conjunto con el narco y desde lo más alto del Estado se priorizaba la represión política y no el combate al tráfico.
Mientras decía en el Congreso que su gobierno respeta el derecho a la protesta, a unas cuadras la policía lanzaba gases y apaleaba a los manifestantes.
La tragedia estaba anunciada, pero ahora con la remilitarización del sistema penitenciario como respuesta hay quienes temen que nunca se sepa quiénes fueron los autores intelectuales, y los que se beneficiaron del caos.
A dos años de la represión de la protesta social en Cali, las familias no han logrado justicia para sus jóvenes asesinados.
Denuncia disparos de las fuerzas de seguridad contra manifestantes y contra personas que no participaban en las movilizaciones, incluso contra brigadistas de salud que atendían a los heridos.
¿Cuándo se puede «fechar» el rumbo autoritario del régimen? ¿Se trata de una traición a los principios de la revolución de 1979 en una deriva patrimonialista neobatistiana? ¿O más bien hay que buscar las raíces en el sandinismo original?
Las mujeres dominicanas luchan por la despenalización del aborto, al menos en tres causales, pero también contra el racismo, la desnacionalización de la población de origen haitiano y los derechos de las minorías sexuales.
En prisión desde el 7 de diciembre, Castillo sigue considerándose presidente legal de Perú. Desde el presidio en el que se encuentra, exige un proceso constituyente para su país y denuncia la represión llevada a cabo por Dina Boluarte.
La policía orteguista ha detenido al cantautor Josué Monroy y a tres productores, todos ellos críticos de su Gobierno. Además, una cantante italiana será deportada.
El documento confirma que los estudiantes de la Escuela Raúl Isidro Burgos eran un blanco de la inteligencia militar.
Con los movimientos sociales en contra, el oficialismo forzando su interna y la oposición de derecha lavándose las manos, el gobierno se apura por renegociar la deuda milmillonaria dejada por el macrismo.
La persecución del gobierno de Duque terminó con la detención de más de dos mil manifestantes.
El organismo de ONU llegó cuando el país supera 100.000 desapariciones. Aceleradas por la estrategia de “guerra contra el narco”, aún no son vistas por el Estado como crimen de lesa humanidad.
Los escuadrones antidisturbios violaron los Derechos Humanos de los manifestantes.
La violencia del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las personas LGBTI+ ha aumentado en los últimos años, pero los activistas perseveran en la lucha por sus derechos.
En Nicaragua la dictadura aumenta la represión y asfixia las voces críticas, mientras en el cono sur creen que aquí hay “revolución”.
El director de la organización Tambores, relata como el escuadrón antidisturbios colombiano ataca a manifestantes, viviendas y ollas populares.