Miskitos han sido forzados al exilio en Costa Rica.
La dictadura sandinista ha impuesto autoridades a su medida para anular la autonomía indígena
100% Noticias, 11-7-2024
Correspondencia de Prensa, 13-7-2024
Durante la Audiencia número 22 del periodo ordinario de sesiones 190 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada este jueves, representantes de los pueblos indígenas de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, denunciaron las graves violaciones de derechos humanos a los que estas comunidades son sometidas por parte del estado nicaragüense.
Una de las denunciantes fue Tiniska Rivera, hija del desparecido y reo político Brooklyn Rivera, quien aseguró que la violencia estatal contra los pueblos miskitos se ha agudizado desde el 2018, principalmente por el despojo de sus territorios como parte de un proceso de colonización que implica en palabras de las comunidades como un “etnocidio”, donde los colones les privan de sus alimentos y explotan sus recursos naturales.
Asegura que la dictadura sandinista ha impuesto autoridades a su medida para anular la autonomía indígena y así poder controlar los recursos a través de omisión de investigaciones y la falta de responsabilizar a los colonos, por lo que “las autoridades estatales perpetúan la impunidad y la complicidad del régimen autoritario. Ante este contexto, el régimen continúa sin cumplir sin sus obligaciones de ejecutar la última etapa del proceso administrativo de titulación de los territorios indígenas ordenada por la Corte Interamericana y previsto por la Ley de Propiedad Comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas”, expuso Rivera.
Subrayó que el Estado de Nicaragua está acabando con los recursos naturales de la costa caribe con el arriendo ilegal de los territorios indígenas, impulsando la ganadería extensiva y proyectos extractivistas junto a empresas forestales y mineras. De igual manera aseguró que con la complicidad del régimen sandinista, los colonos han perpetuado quema de viviendas, amenazas, torturas, secuestros y asesinatos, además tienen 75 casos documentados, entre el 2013 al 2023, cuyo 78% del registro corresponde a agresiones ocurridas en las 15 comunidades con medidas de protección otorgadas por la CIDH.
La oficina de la relatoría especial para la libertad de expresión se comprometió a dar seguimiento a estos casos porque aseguran que hay un compromiso con los derechos humanos en Nicaragua. De igual forma preguntó cómo podrían pasar de la timidez a la contundencia para hacer incidencia en estos casos en Nicaragua.
“Soy fiel creyente que en el contexto de alta represión como lo es Nicaragua y como lo ha sido durante largos años, todo aquel entorno social que apunte a elementos de fe, de comunidad son muy importantes. El dolor también es un sentimiento que se procesa mejor en colectivo”, aseveró uno de los relatores.