Las sillas estaban aseguradas con bloques para impedir movimientos no autorizados, el uso de celulares estaba prohibido, y a cada persona se le entregaron pañuelos o banderas que debían ondear siguiendo coreografías indicadas.
Han pasado 46 años y aún puedo sentir la fresca brisa sobre mi rostro cuando en un vehículo descapotado entramos a Managua encabezando una inmensa fila de camiones, camionetas, buses y toda suerte de medios, transportando a centenares de muchachos y muchachas de distintos orígenes sociales, armas disímiles y variadas vestimentas.
Los ataques contra nicaragüenses ocurren en el contexto de la grave crisis de derechos humanos de Nicaragua, con cerca de medio millón de exiliados por la persecución política.
Aquel abril de 2018, el país fue sacudido por una ola de protestas masivas, desencadenadas originalmente por el rechazo a las reformas al sistema de Seguridad Social.
"Lo que descubrimos es un sistema de represión estrechamente coordinado, que se extiende desde la Presidencia hasta los funcionarios locales", dijo Ariela Peralta, experta del Grupo. "Estos no son incidentes aleatorios o aislados – son parte de una política de Estado deliberada y bien orquestada, que es llevada a cabo por actores identificables a través de cadenas de mando definidas."
El más reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas, presentado el miércoles 26 de febrero, detalla la cadena de mando en la represión ordenada por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo para neutralizar las protestas que estallaron en abril de 2018.
El 75% de los trabajadores nicaragüenses están en la informalidad, sin seguridad social, y más del 50% se enfrenta a condiciones de desempleo o subempleo.
El líder indígena y exguerrillero Steadman Fagoth Müller, fue detenido por militares y policías. Un día antes, Fagoth realizó contundentes declaraciones sobre la crítica situación en el territorio indígena de Bosawás, en la Costa Caribe de Nicaragua.
Aún se desconoce el paradero y estado de salud del mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Eddie González Valdivia de 67 años, quien recibió a balazos, la tarde de este domingo en la ciudad de Estelí, a policías y paramilitares que llegaron a su casa a detenerlo.
La dictadura sandinista ha impuesto autoridades a su medida para anular la autonomía indígena
Hacen “un llamado urgente” a la sociedad nicaragüense y a la comunidad internacional a que se unan a la lucha por la liberación de los presos políticos.
Los principales rasgos de la dictadura Ortega-Murillo nos demuestra que la inclinación, tendencia y práctica somocista persiste en todos los niveles del poder. La supervivencia del somocismo en su versión orteguista ha permitido que Nicaragua sea un territorio fértil para la actividad de los paramilitares debido a la inacción de las autoridades.
El crimen organizado ha afirmado su presencia en vastos espacios y capas de la vida pública y ha influido en los asuntos públicos y del poder.
Seis de los siete reos políticos trasladados a celdas de máxima seguridad, como represalia a una huelga, siguen aislados.
La dictadura se sostiene del trabajo de los nicaragüenses en el exterior, que huyen de la falta de oportunidades económicas y del autoritarismo. Las remesas familiares proyectan un aumento de US$5,000 millones en 2023. Se trata de un modelo que mantiene a flote a la economía, pero no genera riquezas.
El sandinismo da señales de distanciamiento y ruptura silenciosa con el orteguismo. Sumar esa fuerza disidente es tan importante como unir a las demás.
Esta investigación demuestra que el gasto que hacen los empresarios de maquilas es de menos del 15% en comparación con sus exportaciones, mientras los obreros reciben los salarios más bajos del continente, sufren maltrato y los aquejan diversas enfermedades producto de condiciones de trabajo deplorables.
Fue comandante de la revolución nicaragüense en los años 70 y ministra durante los primeros gobiernos del FSLN. Desde hace años es parte de la oposición democrática a la dictadura.
¿Cuándo se puede «fechar» el rumbo autoritario del régimen? ¿Se trata de una traición a los principios de la revolución de 1979 en una deriva patrimonialista neobatistiana? ¿O más bien hay que buscar las raíces en el sandinismo original?
El ambiente dentro de las iglesias se ha tornado tenso ante la presencia de policías vestidos de civiles, que asisten para informar a sus superiores sobre cualquier acto considerado como subversivo.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas extendió por dos años más el mandato del Ghren. Organizaciones de derechos humanos esperan que en este nuevo período se logren profundizar en las cadenas de mandos y los responsables de la represión cometida a partir de 2018.
Luego de 606 días en una celda de total aislamiento, la activista Tamara Dávila relata cómo soportó dentro de la cárcel la soledad y la incomunicación impuestos por la dictadura.
Un antiguo dirigente sandinista y un joven militante social, ex-presos políticos, analizan el autoritarismo imperante en Nicaragua y las diferencias del régimen con las ideas del sandinismo.
Lo más sintomático, porque retrata el carácter de la dictadura Ortega-Murillo, es el trato a las mujeres.
Las declaraciones de Humberto Ortega a CNN (español) el domingo 19 de febrero, nos dan una idea de la estrategia que piensa desarrollar el régimen Ortega-Murillo.
La invasión de las tierras indígenas comenzó en la década de 1990, cuando se entregó terrenos a desmovilizados del Ejército y de la Resistencia (Contra), enfrentados en la década revolucionaria, pero el incremento de ocupaciones y la violencia con decenas de muertos inició desde el año 2012.
El presidente de Chile exige condenar los atropellos a los derechos humanos “independientemente del signo político de quien gobierne”.
Si el "secuestro" de Óscar-René Vargas no fuera reconocido por las autoridades, se le estaría negando la condición de preso con todos los derechos que de ella deberían derivarse. Una situación de "desaparecido" -que recuerda los peores momentos de ciertas dictaduras- requeriría una intervención aún más decidida de una instancia propia al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), ya que la vida de Óscar-René Vargas estaría en una situación de mayor peligro que la actual.