Entre 2007 y 2017, los poderes fácticos económicos y políticos sellaron sus oídos y cerraron los ojos, aunque era del dominio público que el gobernante era: represor, simulador, inepto, corrupto y mentiroso.
La experiencia del 1990 confirma que el autoritarismo no va a desaparecer por la simple presencia de las cinco crisis o por su creciente aislamiento internacional. Su remoción requiere la movilización popular y la creación de un contrapoder. El movimiento social tiene que construir un poder fáctico que es la sociedad organizada.
La crisis social y política nicaragüense se agudizó con la pandemia de covid-19 y sus efectos económicos. En la sociedad crecen las expectativas de resolverla de cara a las elecciones que se realizarán a fines de este año. Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen asediando a una oposición que, sin embargo, no consigue unificarse.
Poderes fácticos se refiere a un sector de la sociedad al margen de las instituciones políticas que ejercen sobre aquella una gran influencia, basada en su capacidad de presión, o sea, la autoridad se ejerce al margen de los canales formales y está basado en los hechos, y no en lo teórico o imaginario.
El autoritarismo es el fruto de un proceso histórico, político y social nacional, en el que las élites económicas lograron imponer su cultura política de rapiña.
La caída de la economía nicaragüense entre 2018 y 2020 fue asimétrica, con mayor incidencia en los sectores más vulnerables y con afectación desproporcionada en los hogares de bajo ingresos, trabajadores informales, desempleados, mujeres y jóvenes.
Es excluyente y busca el acuerdo perverso y/o de los pactos políticos del pasado reciente: ser vagón de cola de la dictadura a cambio de favores, prebendas y subvenciones.
La pobreza y la extrema pobreza priva a miles de niños y adolescentes de alcanzar, tanto a nivel físico como de desarrollo intelectual, con las consecuencias que ello acarrea para la vida adulta. Durante el régimen Ortega-Murillo se incrementó la brecha entre ricos y pobres.
Estas leyes son tres facetas de la misma política de amenazas contra todas las actividades independientes de la ciudadanía, contra la expresión y la divulgación de opiniones críticas contra el gobierno y contra todos los intentos de formar una oposición política frente al régimen dictatorial del presidente Daniel Ortega y de su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo.
