Jóvenes en las protestas de Abril 2028. Foto de archivo/EFE
Debemos distinguir dos objetivos sociopolíticos distintos
La gran mayoría de los miembros de la oposición ampliada han adquirido un nivel de politización, en lo más profundo del término, a través de la experiencia de la unidad en la acción.
Oscar-René Vargas *
100% Noticias, 20-4-2023
Correspondencia de Prensa, 21-4-2023
El movimiento social no puede acabar solo con la dictadura, ejercer el poder y comenzar a construir una sociedad democrática a menos que se alcance un nivel de unidad, un nivel de politización y conciencia cualitativamente más alto del que existe actualmente. De hecho, solo a través de la unificación y politización del conjunto de las distintas tendencias existentes de la oposición amplia, más allá de las diferencias de oficios, nivel de conocimiento, sexo, edad, etcétera se podrá derrotar a la dictadura.
La gran mayoría de los miembros de la oposición ampliada han adquirido un nivel de politización, en el más profundo del término, a través de la experiencia de la unidad en la acción. Las distintas organizaciones políticas no puedan sustituir esa experiencia y tampoco pueden agrupar y centralizar a toda la población sin un programa mínimo que permita unificarlas por encima de su filiación política o creencias religiosas. La política de unificación debe ser, sin lugar a dudas, el objetivo estratégico inmediato de la oposición.
Cuanto más se prolongue la crisis sociopolítica de la dictadura, más aumentan las probabilidades de que ocurra un cisne negro que provoque su caída, razón por la cual hay que estar preparado para esa eventualidad. La cuestión es que el régimen se ha implicado tanto en su estrategia de el poder o la muerte” que no tiene incentivos suficientes para detener su política represiva. Ha apostado demasiado a la represión como para echarse para atrás sin más ni más; sin embargo, la descomposición socioeconómica del país y la pérdida paulatina de su base social lo va a obligar a buscar otra estrategia: las elecciones adelantadas.
Las elecciones adelantadas es una estrategia no descartable que implicaría, también, un cambio de la correlación de fuerzas al interior de la cúpula del poder orteguista, ya que significaría abandonar parcialmente la represión por una salida negociada. Sería el reconocimiento del fracaso de la estrategia represiva para quebrar la resistencia sociopolítica del movimiento social ampliado.
El cambio de estrategia puede ser tan excepcional que las consecuencias son complicadas de prever en su totalidad. El poder de la cúpula en el poder pasaría de dos a tres personas en detrimento de la tendencia que ha apostado, desde el inicio de la crisis de abril, a la estrategia de vamos con todo. En todo caso, aunque nunca hay que descartar por completo nada, es ciertamente poco probable que se mantenga la política represiva indefinidamente sin cambio alguno. De momento, la incertidumbre es lo que caracteriza el futuro político inmediato. No hay que olvidar que el régimen apuesta a permanecer en el poder utilizando cualquier medio.
Es pronto saber si la estrategia negociadora propugnada por Humberto Ortega tendrá el éxito suficiente para imponerse como la ruta política a seguir; lo que sí sabemos es que el régimen no puede mantener el statu quo o el inmovilismo político actual, ya que es obvio que no puede conseguir su objetivo político de ganar tiempo mediante el uso solamente de la represión permanente.
Prever exactamente el futuro político y sus consecuencias es imposible, pero no hay que despreciar el azar de los acontecimientos (cisne negro) ni la capacidad de las termitas que produzca la implosión del régimen dado el alto nivel de descomposición, social, económico, religioso y político de Nicaragua.
¿Cómo podría funcionar normalmente el país si la población vive en un estado de ebullición sociopolítico permanente? Esto nos plantea que la relación entre el elevado nivel de rechazo de la gente a la dictadura y el reto de construir una dirección política que permita derrotarla sea el objetivo estratégico inmediato a alcanzar.
Los que quieren dialogar con Ortega, en las condiciones actuales sin cambio alguno, tienen la esperanza de la mayoría de la población acepte una salida en frío de la crisis actual. Los que quieren negociar con Ortega piensan que pueden obtener el apoyo de la mayoría de la población por la falta de un programa que los aglutine alrededor de una ruta política que permita derrocar a la dictadura.
En cualquier caso, es evidente que hay una diferencia entre una situación en la que el discurso de la protesta se limita a rebelarse en pequeños grupos aislados sin ningún programa de lucha que los coordine, por una parte y la situación en la que pequeñas organizaciones han hecho ya una acumulación de fuerzas con un programa de lucha, incluso si todavía representan una pequeña minoría organizada. En este caso, lucha será más fácil, una vez caída la dictadura.
Por otra parte, la ausencia de un programa de lucha hace que la simple actividad y conciencia anti-dictatorial tenga efectos menos duraderos en la conciencia de la población y permite a los que patrocinan una salida al suave recuperar la hegemonía política, a pesar de la gravedad de la ebullición sociopolítica, debido al hecho que cientos de miles de ciudadanos que antes no habían sido políticamente activos entraron, a partir del 2018, por primera vez a la arena política y, por la falta de un programa mínimo de lucha, se orientaron y se orientan, en principio, hacia las fuerzas que propugnan el aterrizaje al suave como sucedió en el 2018 y 2019.
La dictadura no puede parar el desvanecimiento sociopolítico que vive desde el 2018. Su hegemonía política no la tiene acreditada por mucho tiempo, de allí la necesidad de adelantar las elecciones para ganar tiempo, disminuir su aislamiento internacional y evitar más sanciones.
Existe un error en las presunciones de algunas personas en su creencia de que Ortega-Murillo están más fuertes. A mi juicio no comprenden el desarrollo del proceso de implosión que el régimen está padeciendo. Últimamente Ortega ha demostrado estar huérfano de creatividad, ya no tiene la mejor mano a jugar y posición de ser cabeza de mesa no está garantizada.
La unión de la oposición se puede transformar como el equivalente a cisne negro para el régimen, ya que la unión de las diferentes corrientes de la oposición demostraría que esa unión opositora no aspira únicamente con tener un asiento en la mesa política nacional, sino que ya quiere dirigir la mesa.
El manejo de una relación incrementalmente difícil con la dictadura Ortega-Murillo será la prueba más significativa de los hacedores de la política de la oposición en los meses por venir. La estrategia de la oposición debe ser sumar y sumar a las distintas corrientes opositoras en una sola unión.
* Oscar-René Vargas economista, sociólogo e historiador. Luchador sandinista en la resistencia antisomocista. Participó en el gobierno del FSLN tras el triunfo revolucionario de 1979. Con el tiempo asumió una posición crítica e independiente desde posiciones democráticas y socialistas. Autor de 36 libros y de numerosos artículos en diversos medios. Detenido en Managua, donde estaba clandestino; en noviembre de 2022 y encarcelado, es uno de los 222 presos políticos desterrados y desprovistos de su nacionalidad por la dictadura. (Redacción Correspondencia de Prensa)
La cultura política del sandinismo
¿Cuándo se puede «fechar» el rumbo autoritario de Daniel Ortega? ¿Se trata de una traición a los principios de la revolución de 1979 en una deriva patrimonialista neobatistiana? ¿O más bien hay que buscar las raíces en el sandinismo original? Un repaso por el proceso sandinista, la contraofensiva de la Contra y el neosandinismo actual puede dar claves para pensar un régimen cada vez más dependiente de la «mano dura».
Gilles Bataillon *
Nueva Sociedad, abril-marzo 2023
Traducción de Gustavo Recalde
A nadie se le ocurriría ver hoy en la forma en que ejerce el poder en Nicaragua la pareja formada por Daniel Ortega y Rosario Murillo algo diferente de un régimen tiránico. En la derecha, es un caso cerrado desde hace mucho tiempo, lo que no excluye una tranquila aceptación de la prolongada colusión de los sectores empresariales y una parte de la Iglesia católica con Ortega a lo largo de 11 años (2007-2018). En la izquierda, diferentes familias políticas comprendieron que Nicaragua vive bajo un régimen de terror. Finalmente, incluso los miembros de las izquierdas «radicales», que hasta hace poco fueron muy reacios a criticar las derivas totalitarias de los movimientos revolucionarios latinoamericanos, han decidido ya hablar sin rodeos de la «dictadura de Ortega-Murillo» y asumir la defensa de los presos políticos nicaragüenses. No cabe sino celebrar este consenso en la denuncia de una tiranía cada día un poco más brutal e impopular. Queda por entender cuál es su forma política. Según algunas críticas de antiguos compañeros de ruta de la revolución, tanto en el continente americano como en Europa, así como de analistas de la política nicaragüense, esta dictadura daría cuenta de un proyecto de restauración de formas de dominación patrimonialista, similar a la ejercida por los Somoza entre 1936 y 1979. Cabe preguntarse, sin embargo, si esta «deriva autoritaria» de Ortega no es mucho más antigua. En efecto, las praxis que son el centro de atención desde su regreso al poder en 2007, que han llegado a su paroxismo desde 2018, tienen sus orígenes en los años de la Revolución Sandinista. Así, mi análisis se centrará sucesivamente en los hechos ocurridos desde 2018 y la dinámica que revelan; luego, en la pertinencia de la comparación entre el patrimonialismo de los Somoza y las formas del poder de Ortega y Murillo; y, finalmente, en los lazos entre el sandinismo de la década de 1980 y la praxis del matrimonio Ortega-Murillo desde 2007.
2018-2023: el camino hacia la tiranía
De abril a fines de junio de 2018, Nicaragua vivió una crisis que recuerda en muchos aspectos aquella que marcó el fin del régimen somocista 40 años atrás. Surgido de la ira por la inacción del gobierno ante los incendios de la Reserva Biológica Indio Maíz, y reavivado por el rechazo a un proyecto de reforma de la seguridad social, el movimiento de protesta se generalizó y paralizó el país durante tres meses. En pocos días, no solo la juventud sino también el empresariado, las iglesias, los movimientos feministas, los movimientos campesinos, los diferentes partidos rivales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), los intelectuales y los artistas reclamaron la dimisión del gobierno y la celebración de elecciones generales. Las manifestaciones reunieron a cientos de miles de personas en Managua y a decenas de miles en los departamentos. El país se llenó de barricadas. Se tomaron universidades y algunos barrios se proclamaron «territorios libres de la dictadura». Los activistas, en su mayoría jóvenes provenientes de los sectores populares, fueron protegidos, abastecidos y atendidos por la población, a veces poniendo en riesgo su vida. La Iglesia católica hizo lo propio. Las encuestas de opinión mostraron, mes a mes, que más de dos tercios de la población deseaba la dimisión de Ortega y Murillo. Lo más notable fue la pérdida de eficacia simbólica del poder. Otrora imagen de estabilidad y de orden, en especial entre los sectores empresariales, el matrimonio Ortega-Murillo fue percibido a partir de entonces como la encarnación de la barbarie y el caos. El país fue presa de lo que los redactores de la revista Envío llamaron con gran acierto «insurrección cívica».
A partir de comienzos de julio, tras los intentos de negociación y el retiro del proyecto de reforma de la seguridad social, Ortega y Murillo optaron por una brutal represión que quebró al movimiento de protesta, pero consolidó un duradero rechazo de la población hacia ellos. En un país con unos seis millones de habitantes en 2008, de abril a junio más de 300 personas fueron asesinadas y 2.000 resultaron heridas por los disparos de la policía y los grupos de choque del FSLN Cientos de personas fueron detenidas, golpeadas, violadas, a veces sometidas a simulacros de ejecución y luego, en su mayoría, liberadas. Otras fueron detenidas y torturadas durante meses. Finalmente, cientos de personas, entre ellas líderes de movimientos sociales, en especial campesinos y estudiantes, fueron acusadas de «terrorismo» y de propiciar un «golpe de Estado», y condenadas a decenas de años en prisión. Estas medidas de terror fueron reivindicadas públicamente por Ortega y Murillo. Miembros de la jerarquía del FSLN y de la policía desertaron, y algunos fueron asesinados. Ortega y Murillo denunciaron una conspiración organizada desde Estados Unidos por los nostálgicos de la Contra, el movimiento contrarrevolucionario de los años 80, calificaron a la Iglesia católica de secta satánica y llamaron «a defender la revolución por todos los medios». Al hacerlo, reintrodujeron el lenguaje del díptico pueblo/enemigos del pueblo que había sido utilizado durante los años de la revolución, especialmente cuando grupos de campesinos e indígenas, los futuros contras, se sublevaron para denunciar la política agraria del régimen y obligarlo a negociar, al comienzo sin ningún apoyo de EEUU.
De agosto a noviembre de 2018, según las palabras de Ortega y Murillo, llegó el momento de «un regreso a la normalidad», que estuvo acompañado por la represión contra los líderes de la oposición, los movimientos sociales y los medios de comunicación. Se despidió de los hospitales públicos a quienes habían atendido a los manifestantes heridos. A partir de diciembre de 2018, llegó la hora de las persecuciones mucho más sistemáticas contra ong y órganos de prensa independientes. El gobierno expulsó finalmente a la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Si bien el régimen retomó las negociaciones a comienzos de 2019 y liberó a algunos prisioneros, esto no fue sino un simulacro. En efecto, a partir de mayo de 2021, se reiniciaron metódicamente las persecuciones contra todos los sectores de la oposición, las ong, las universidades, los medios de comunicación independientes y la Iglesia católica. 41 destacados opositores fueron detenidos y acusados de «conspiración», «intento de golpe de Estado» y «lavado de dinero». Salvo algunas excepciones, los detenidos fueron encerrados en celdas de aislamiento y sometidos a torturas. Los principales partidos de la oposición –Ciudadanos por la Libertad (CXL) y Resistencia Nicaragüense (rn)– y 39 ONG y asociaciones fueron disueltos, y sus bienes, confiscados por el Estado. En agosto de 2021, las fuerzas del orden ocuparon las alcaldías en manos de la oposición y todos los opositores fueron destituidos de sus funciones. El 8 de septiembre de 2021, tras la publicación de su novela Tongolele no sabía bailar (1), donde narra la represión del levantamiento de 2018, Sergio Ramírez, vicepresidente de Ortega en la década de 1980 antes de convertirse en uno de sus más firmes opositores, fue también acusado de «lavado de dinero y de bienes [mal adquiridos]; menoscabo a la integridad nacional, (…) provocación y conspiración». Todos estos actos mostraron con claridad cuál sería en adelante la estrategia de Ortega y Murillo: mantenerse en el poder sin preocuparse por las protestas de los nicaragüenses y la comunidad internacional; celebrar, a cualquier costo, elecciones en noviembre de 2021 para asegurar su reelección y la elección de una cámara bajo su control y, con ello, tratar de recuperar su legitimidad.
En las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, los únicos autorizados a competir fueron, para los comicios presidenciales, el presidente y la vicepresidenta sandinistas en ejercicio, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, ambos candidatos a la reelección, además de cinco candidatos que no representaban ninguna amenaza. Para las elecciones en el Parlamento, solo pudieron presentarse los candidatos del FSLN y algunos provenientes de otros partidos que aceptaban el control del matrimonio Ortega-Murillo sobre el país. Los demás candidatos de la oposición que reclamaban una elección libre no pudieron competir. Preocupado por mostrar la adhesión del pueblo nicaragüense al matrimonio gobernante, el Consejo Supremo Electoral (CSE), en manos de miembros del fsln, falseó las cifras de la participación en las elecciones, así como las de los votos a favor del oficialismo. Según este organismo, concurrió a las urnas 65,6% de los electores. Ortega y Murillo, así como sus candidatos a diputados, habrían obtenido 75,8% de los sufragios emitidos. Observadores independientes contradijeron estas estimaciones y calcularon que la abstención había sido de 81,6% y que los candidatos del FSLN, en el mejor de los casos, solo habrían obtenido 27% de los votos (2)
En 2022, tras asumir funciones Ortega y Murillo para su nuevo mandato, las persecuciones a la oposición comenzaron otra vez con mayor intensidad. Las 41 personalidades detenidas durante los meses de mayo y junio de 2021 fueron juzgadas y condenadas a largas penas de prisión (entre 7 y 13 años) y a la pérdida de los derechos civiles. Todos sus procesos se instruyeron sin que los acusados tuvieran posibilidad alguna de organizar su defensa. Las pruebas presentadas para respaldar las acusaciones de «lavado de dinero» y de «conspiración contra la integridad nacional en perjuicio del Estado y de la sociedad» fueron falsificadas, a veces de manera muy grosera. Paralelamente a estos procesos, las medidas contra los medios de comunicación, las universidades privadas, las ONG y las asociaciones religiosas se multiplicaron. 896 fueron disueltas, sus bienes fueron confiscados y algunos de sus responsables, e incluso de sus miembros, fueron detenidos. En consecuencia, los líderes de la oposición política y de la sociedad civil se encuentran hoy encarcelados o exiliados.
En enero y febrero de 2023, los ataques contra la Iglesia católica se volvieron mucho más sistemáticos. Desde luego, el gobierno ya había expulsado al nuncio apostólico, empujado al exilio a varios sacerdotes y a un obispo, cerrado la congregación de Hermanas de la Caridad, y encarcelado y procesado a una decena de sacerdotes. Esta vez, inició un proceso contra el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, detenido en mayo de 2022 y acusado de «conspiración» por sus críticas al gobierno en sus homilías. Finalmente, también en enero, tres altos responsables de la policía a cargo de las operaciones de represión de las manifestaciones de 2018, bajo sospecha de querer desertar y exiliarse, fueron acusados de actos de corrupción y detenidos.
La paradoja es que, debido tanto a las sanciones de EEUU y de los países europeos como al repudio de la opinión pública internacional, el matrimonio Ortega-Murillo decidió en febrero liberar, quitarles la nacionalidad y expulsar a 222 prisioneras y prisioneros políticos, considerados «mercenarios». Es poco decir que este destierro de los líderes encarcelados a partir de mayo de 2021 y juzgados en 2022, y de muchos otros arrestados paralela o a veces anteriormente, es una indudable señal del acorralamiento del régimen nicaragüense.
En síntesis, aun tomando en cuenta esta liberación masiva de presos políticos, desde la represión a la «insurrección cívica» de 2018, el matrimonio que gobierna Nicaragua no solo reprimió metódicamente todas las manifestaciones y formas de oposición, ignorando todas las leyes nicaragüenses, sino que procedió de facto y de jure a una verdadera abolición del Estado de derecho que había sido instaurado en 1990.
Un nuevo tipo de tiranía
Muchos observadores retomaron el paralelismo trazado entre Somoza y el matrimonio Ortega-Murillo, haciéndose eco del eslogan de los manifestantes nicaragüenses de abril-junio de 2018 que reclamaban su dimisión y elecciones libres. Este punto de vista coincide en parte con el de Sergio Ramírez, Dora María Téllez y otros ex-sandinistas no menos importantes, como Henry Ruiz y Mónica Baltodano. Todos ellos consideran que el regreso de Ortega al poder no es en absoluto la «segunda etapa de la Revolución Sandinista», sino el primer momento del intento de instaurar un poder dinástico y patrimonialista. Ahora bien, el paralelismo entre los Somoza y los Ortega-Murillo ¿tiene fundamento? La tiranía de estos últimos ¿es similar a la de los primeros?
Varios hechos pueden alimentar esta interpretación. El primero es la intención de la familia Ortega-Murillo de apoderarse de los recursos del país, así como de patrimonializar el aparato del Estado ubicando a sus hijos o familiares en puestos claves. Se trata al respecto de un proyecto «cleptocrático» (3) que tiene más de un rasgo en común con el de los Somoza a lo largo de su reinado (1937-1979). Al igual que ellos, Ortega y su familia gozan de una de las fortunas más grandes del país y multiplican en beneficio propio el sistema de sobornos y el uso de información privilegiada. El otorgamiento en 2013 de una concesión para la construcción de un canal interoceánico a un consorcio chino –HKDN Nicaragua Canal Development–, en condiciones totalmente desventajosas para el país, así como la participación en el saqueo de áreas protegidas de bosque primario como consecuencia de la multiplicación de las concesiones mineras, especialmente auríferas, y la tala ilegal de bosques tropicales, son hechos emblemáticos de esas prácticas. Del mismo modo, la familia Ortega-Murillo y sus hijos están acusados de actuar en connivencia con los traficantes de cocaína que atraviesan el territorio nicaragüense para enviar su mercadería a México y luego a EEUU. (4)
Finalmente, nadie ignora que Rosario Murillo sueña con suceder a su marido, quien según se sabe está enfermo de lupus, y ver luego a uno de sus hijos heredar el poder para seguir gobernando el país. Las cosas son además tan evidentes que existe una serie de bromas que comparan al último de los Somoza y a su hijo, apodado El Chigüín (el nene de papá), con el matrimonio Ortega-Murillo y sus propios hijos. Al igual que Anastasio Somoza García (1937-1947, 1950-1956), Ortega supo pactar con los principales dirigentes políticos del país para perpetuarse en el poder, gracias a elecciones amañadas o fraudulentas, sin competidores reales, cooptando mediante prebendas a una parte de sus opositores políticos, el mundo empresarial y la jerarquía católica. Si bien Somoza García también se había hecho fuerte gracias al control de las Fuerzas Armadas del país, Ortega logró en cambio imponerse retomando las riendas del FSLN en la década de 1990, gracias a los recursos financieros ofrecidos por Muamar Gadafi. Luego selló un pacto de impunidad y poder con el entonces presidente liberal Arnoldo Alemán (1997-2002). Este pacto buscó resolver las causas judiciales de ambos: en el caso de Alemán, sus denuncias de corrupción; en el de Ortega, las denuncias públicas de violación realizadas en 1998 por su hijastra Zoilamérica Narváez. (La jueza sandinista a cargo del caso declaró la denuncia inadmisible. A pesar de esta decisión, en 1999 Ortega debió enfrentar una nueva denuncia, esta vez presentada ante la CIDH, y finalmente la denuncia fue retirada gracias a las presiones de Rosario Murillo sobre su hija). Mediante este pacto, ambos caudillos se repartieron, a la vista de todos, las instituciones del Estado, incluidas las de control. Alemán buscó paz social, garantizada por el FSLN, para su proyecto neoliberal, y una banca de diputado automática como ex-presidente tras su salida del poder en 2002, para mantener su inmunidad. Ortega, con más provecho, se sirvió del pacto para impulsar una reforma de las leyes electorales que le permitiera ser elegido presidente en primera vuelta con solo 35% de los votos emitidos, en la medida en que superara en cinco puntos porcentuales al segundo mejor posicionado, lo que finalmente ocurrió en 2006. Luego prohibió que participaran en las elecciones, o manipuló, a los partidos capaces de ejercer verdaderamente el papel de opositores, tanto en 2011 como en 2016. Realizó además numerosos fraudes en esos tres escrutinios. Reformó la Constitución para poder ser reelecto indefinidamente. Y, por último, organizó una elección totalmente controlada por él en 2021.
Esta comparación tiene la virtud de desacralizar al personaje de Ortega, al que se lo ve hoy como un tirano envejecido, brutal y rapaz. Pone además el acento en la represión desplegada a partir de 2007, que alcanzó su paroxismo en 2018 y recuerda en muchos aspectos la de Somoza. Sin embargo, cabe introducir al respecto importantes distinciones entre el contexto en que tuvieron lugar las exacciones de los Somoza y aquel en el que actúa el matrimonio Ortega-Murillo. Los primeros enfrentaron en reiteradas oportunidades acciones armadas de gran envergadura: demostraciones de fuerza de los conservadores apoyados por Costa Rica en 1947-1948 y de nuevo en 1959, el asesinato del fundador de la dinastía, Anastasio Somoza García, en 1956, las acciones esporádicas del FSLN a partir de los años 1960 y, finalmente, las insurrecciones de 1978 y 1979. Respondieron con una violencia que no se compara con la del matrimonio Ortega-Murillo. La represión de la insurrección de septiembre de 1978 produjo entre 1.500 y 2.000 muertos. Finalmente, entre abril de 1979 y el 19 de julio del mismo año, el país estuvo sumido en una verdadera guerra civil, que causó al menos 10.000 víctimas. (5) En otras palabras, cualquiera haya sido la violencia desmesurada desplegada por la policía y los paramilitares de Ortega, así como las crueldades sufridas por las personas detenidas y las iniquidades de los procesos iniciados contra los opositores a partir de 2022, estamos muy lejos de la violencia desplegada por la Guardia Nacional somocista.
Pero este paralelismo entre el somocismo y el gobierno de Ortega y Murillo no deja de ser equívoco por otras razones: elimina un rasgo decisivo de la experiencia política de estos dos últimos. Ortega y Murillo no son en absoluto héroes revolucionarios probos, a los que el regreso al poder y a sus beneficios habría corrompido recientemente. Por el contrario, Ortega es un personaje clave en la transformación totalitaria de este proyecto inicialmente pluralista y no alineado, que significó el derrocamiento de Somoza y la revolución del 19 de julio de 1979. En otras palabras, si tenemos que hacer la comparación entre el somocismo y el orteguismo, no podemos evitar un análisis crítico de los momentos totalitarios de la Revolución Sandinista en la década de 1980.
El regreso de los esquemas totalitarios
A falta de espacio para un extenso análisis, recordemos brevemente los hechos. Es sabido que la aceptación del proyecto político que se negoció entre los diferentes componentes de la oposición a Somoza a partir de 1978 y que permitió su derrocamiento solo fue para la mayoría de los cuadros sandinistas una suerte de estratagema. Incluso antes de su llegada a Managua, su objetivo era imponer su hegemonía en el proceso revolucionario. El primer gesto emblemático fue la designación de un quinto miembro en la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (jgrn), Daniel Ortega, lo que permitió a los sandinistas obtener la mayoría. Este propósito no fue menos discernible en la voluntad de la dirección nacional del fsln de establecer, a partir de 1979, su control sobre la policía, pero también sobre el ejército y la justicia, así como sobre la gestión de los bienes confiscados tanto en las zonas urbanas como rurales. Este apoderamiento del aparato del Estado estuvo acompañado por un control metódico de los poderes sociales: los comités surgidos durante la guerra civil, las asociaciones de mujeres y jóvenes, los sindicatos y las asociaciones profesionales; a esto se sumó la intención de poner bajo la tutela del poder revolucionario a los medios de comunicación y las iglesias. Esta fagocitación de las instituciones y de la sociedad estuvo acompañada por la persecución y la expulsión, a veces muy brutales, de sus antiguos aliados. Desde este punto de vista, algunas fechas son emblemáticas: la reunión de cuadros sandinistas de agosto de 1979, la llamada Asamblea de las 72 horas, en la que se dieron consignas en este sentido; la reforma en diciembre de 1979 del gabinete ministerial, del que fueron expulsados todos los ministros no sandinistas en beneficio ya sea de miembros de la dirección nacional del FSLN, que constituyeron inmediatamente el poder real en el país, o de figuras confiables; y, finalmente, la ampliación del Consejo de Estado en mayo de 1980, con el fin de otorgar una mayoría a los sandinistas, que hasta entonces debían transigir en minoría con los demás actores de la revolución. Paralelamente, a partir del segundo semestre de 1979, los sandinistas decidieron aliarse con el bloque soviético. Esta decisión no fue en absoluto forzada por la política de EEUU, que buscaba obstaculizar el proyecto original de la revolución. Por el contrario, el gobierno de Jimmy Carter no solo tuvo numerosos gestos amistosos hacia la revolución, sino que brindó una ayuda sustancial al país. (6)
La imposición de este proyecto dictatorial estuvo acompañada por el otorgamiento de numerosos privilegios a los nuevos cuadros del régimen: vehículos, viviendas y personal de servicio, tiendas de bienes de consumo. Si bien los responsables sandinistas y sus aliados no se convirtieron en propietarios de los bienes muebles o inmuebles que utilizaban, algunos se lanzaron a partir de 1979 a prácticas de desvíos de fondos y a la creación de verdaderos botines en bancos extranjeros. Este sentido del «botín» en beneficio de la nueva clase dirigente se confirmó a lo largo de los años 80 y fue evidente durante la derrota electoral de los sandinistas en 1990. Uno de los últimos gestos de los parlamentarios de este grupo fue aprobar leyes que autorizaban cómodas transferencias de propiedades en beneficio de los sandinistas, la famosa «piñata».
De esta manera, en 12 meses, de agosto de 1979 a julio de 1980, los sandinistas impusieron la hegemonía de su partido y de su aparato burocrático, así como ciertos hábitos de prevaricación en su beneficio. Paralelamente, desde los primeros momentos de la revolución de 1979, Ortega se convirtió en un aprendiz de dictador.
Esto significa que las formas dictatoriales y prevaricadoras de hoy deben relacionarse con las de los años 80. La caza de brujas que lanzó Ortega contra los medios de comunicación independientes, las ONG y los movimientos feministas a partir de 2008 (7) y su política de terror contra la oposición a partir de 2018 se asemejan en muchos aspectos a las acciones del FSLN contra sus opositores en los años 80. En efecto, debe recordarse la persecución que sufrió rápidamente el diario La Prensa, cuya publicación se prohibió en abril de 1980 y, de manera reiterada, hasta septiembre de 1981. Luego fue sometido a censura previa y se prohibió su publicación en 1985, hasta los acuerdos de paz de 1987, cuando se lo autorizó nuevamente. Del mismo modo, las radios privadas fueron, paulatinamente, prohibidas en 1983, y recién pudieron retomar sus emisiones en 1987. Los ataques contra los medios de comunicación independientes, en primer lugar contra Confidencial, en 2008, y a partir de 2018, contra prácticamente todos los demás, llevan indudablemente a pensar en las prácticas de esos años 80. Debe recordarse también que, a partir de enero de 1980, diferentes partidos rivales del FSLN, primero grupos trotskistas y maoístas y luego los llamados partidos «burgueses», vieron al mismo tiempo cómo sus miembros eran amenazados con agresiones por los sandinistas, y en algunos casos, lisa y llanamente prohibidos. Las formas de persecución a partidos rivales del FSLN, a organizaciones de la sociedad civil y a la Iglesia católica recuerdan nuevamente los métodos utilizados durante los años 80. No se dudó en recurrir a los montajes policiales y judiciales más inverosímiles, así como a las calumnias e intimidaciones más abyectas.
Otro ejemplo muy elocuente es la violencia totalmente desproporcionada de la policía, del fsln y de sus grupos de choque contra los opositores. Estas acciones recuerdan las utilizadas contra aquellos que, como los miembros del Movimiento Democrático Nicaragüense de Alfonso Robelo, intentaron protestar contra el control de la revolución por el fsln a comienzos de 1980, o incluso contra los indígenas miskitos en la misma época. Del mismo modo, algunos asesinatos de dirigentes campesinos locales que protestaban contra el proyecto del canal o de miskitos que denunciaban la invasión de sus tierras por parte de los colonos, así como algunos casos de torturas o asesinatos en dependencias policiales, están en línea con los cometidos 30 años atrás contra los campesinos y los indios sospechados de pertenecer a los contras, o los sindicalistas independientes que rechazaban el control de los nuevos sindicatos sandinistas.
También el giro que tomaron las elecciones en 2011, 2016 y 2021 tiene más de un rasgo en común con las elecciones de 1984. Recordemos que estas últimas no fueron de ningún modo concebidas por los sandinistas como elecciones competitivas y pluralistas que permitieran una alternancia en el poder. Se organizaron para contrarrestar la ofensiva militar de la Contra, apoyada por EEUU y dar la sensación a los países europeos y latinoamericanos de que, año tras año, los sandinistas retomaban las promesas originales de la revolución: pluralismo y no alineamiento. Precisemos también que, en 1984, bajo la presión de Washington, el grueso de la oposición había tomado la decisión más que errónea de no participar en las elecciones y apostar al hecho de que la oposición armada terminaría ganando de un modo u otro. Pero no olvidemos de qué manera el FSLN multiplicó entonces los obstáculos y las amenazas a algunos partidos que se habían presentado valientemente contra ellos. Pensemos en la presión ejercida sobre los electores, a través de los Comités de Defensa Sandinistas –«los ojos y oídos de la revolución», según el eslogan de la época–, así como el relleno de urnas en muchos lugares, lejos de los observadores internacionales, con votos sandinistas, o incluso en la movilización de los recursos del Estado para las operaciones de propaganda del Frente. En muchos aspectos, la estrategia desplegada por el FSLN a partir de las elecciones municipales de 2008, y luego en todas las elecciones que siguieron, fue similar.
Se ofrecía una imagen de elecciones pluralistas, mientras que la alternancia era considerada inaceptable por Ortega y su círculo cercano. De esta manera, los sandinistas, desde los magistrados del cse hasta los activistas que controlaban las mesas electorales, compitieron en ingenio para organizar el fraude. Poco a poco, se les prohibió a los partidos por fuera del sandinismo presentar candidatos. Los dirigentes políticos rivales fueron total o parcialmente comprados o extorsionados. A los electores que podrían no votar por el Frente se les negaron sus documentos de votación. Se llenaron las urnas. Y, finalmente, se hizo fraude en el recuento de votos emitidos. Ya en 2021, el matrimonio Ortega-Murillo convirtió las elecciones en un ritual de aclamación totalitaria.
Contra este razonamiento, podría objetarse que, en 1990, Ortega, entonces presidente de la República y candidato a su propia sucesión, no solo decidió celebrar elecciones competitivas, sino que reconoció su derrota frente a Violeta Barrios de Chamorro. Los hechos son irrefutables. Pero hay que entender que los sandinistas no tenían entonces muchas opciones. Si bien, a pesar del apoyo de EEUU, los contras habían sido incapaces de vencer militarmente, los daños provocados por la guerra y el embargo estadounidense fueron considerables. El país estaba al borde de la quiebra. Además, los soviéticos, entonces en plenas negociaciones con Ronald Reagan, habían advertido a los dirigentes nicaragüenses que no podrían seguir financiando a Nicaragua. Estos últimos aceptaron tanto los acuerdos regionales de paz propuestos por los presidentes de Costa Rica y Guatemala como el principio de negociaciones con los contras. Restablecieron así todas las libertades fundamentales suspendidas debido al Estado de emergencia. Prometieron finalmente celebrar elecciones competitivas. Persuadidos de que las ganarían, y de que al hacerlo fortalecerían su legitimidad, quedaron estupefactos al perderlas. No tuvieron en consecuencia otra alternativa que respetar el veredicto bajo pena de devolver toda su legitimidad a la acción de los contras con los cuales habían firmado un alto el fuego. Tal como lo explicó Henry Ruiz, si hubieran sabido que podían perder esa elección, habrían tenido «un plan b para organizar el fraude a su favor» y no habrían aceptado abandonar el poder. (8) Hoy, con el apoyo de Rusia y de China, Ortega y Murillo han optado por la estrategia de la fuga hacia adelante.
Es importante entender cómo surgieron los esquemas totalitarios durante los años 80 y cómo resurgen hoy. El poder gobernante pretende encarnar a una sociedad liberada de todo conflicto: económico, social, político, cultural o religioso. No existe otro conflicto que el del Pueblo, encarnado otrora por el FSLN y sus organizaciones de masas y actualmente por el matrimonio presidencial, frente a sus enemigos. Estos enemigos del Pueblo se conciben como gérmenes de la disolución del orden social. La diferencia es que, en los años 80, el Frente Sandinista y su dirección nacional retomaban de manera muy explícita las metáforas totalitarias de la creación del «hombre nuevo», de un único Pueblo, de un sentido de la historia que ellos estaban encarnando, mientras que hoy el matrimonio Ortega-Murillo muestra imágenes muy degradadas de ello que recuerdan las ofrecidas por el matrimonio Ceaușescu antes de su caída. Si bien las apariciones públicas de Ortega son muy contadas y se reservan para las grandes ocasiones, Rosario Murillo habla en televisión todos los días. Anuncia al mediodía las principales medidas tomadas por el gobierno valiéndose de una retórica que combina creencias esotéricas y mística cristiana revolucionaria. Sus expresiones cristianas ‒«Gracias a Dios», «Dios mediante», «primero Dios»‒ son formas de presentarlos a ella y a su marido como mediadores ineludibles entre los poderes del más allá y los nicaragüenses. Si bien esta retórica linda a menudo con el ridículo, refleja sin embargo la intención de este matrimonio de erigirse al mismo tiempo en dirigentes que están por encima del pueblo, pero también en la encarnación de la esencia del Pueblo y de la familia nicaragüenses.
La dificultad para pensar el totalitarismo
Resta comprender por qué es tan difícil pensar la tiranía ejercida hoy por el matrimonio Ortega-Murillo bajo el prisma del totalitarismo, y más aún, mostrar cómo estas formas totalitarias abrevan en parte en los diez años de la Revolución Sandinista. El contexto en el cual surgió esta revolución, así como el entusiasmo que suscitó, contribuyeron ciertamente a una forma de ceguera al respecto, indudablemente en las filas de la izquierda, pero también en las de la derecha. En 1979, la primera venía de sentirse muy decepcionada por el descubrimiento de las atrocidades cometidas por los jemeres rojos en Camboya y la huida masiva de los boat people vietnamitas. Además, desde el caso Padilla en 1971, la estrella de la Revolución Cubana indudablemente se había opacado. La Revolución Sandinista venía a satisfacer un deseo, y más aún quizás, una necesidad de creer en una posible revolución que defendiera a la vez la igualdad y la libertad socialista. El impulso de solidaridad y los llamados a la acción que lo acompañaban proveían buenas coartadas para no preguntarse sobre cuestiones planteadas por los regímenes totalitarios surgidos en el Sudeste asiático. Por qué y cómo habían podido surgir burocracias totalitarias durante la guerra contra el imperialismo estadounidense y sus «regímenes fantoches» en el Sudeste asiático eran preguntas silenciadas. La derecha, tanto en los países centrales como en América Latina, al igual que la burguesía empresarial nicaragüense, solo juzgó la situación según un supuesto «realismo». Los sandinistas eran vistos como los nuevos Somoza que «sostendrían» el país y permitirían continuar haciendo negocios en un clima de estabilidad. Poco importaba la fecha de futuras elecciones, menos aún la libertad de asociación, sobre todo si permitía un sindicalismo independiente. Había que pactar con ellos, y de ningún modo preguntarse por la inmediata represión a los movimientos trotskistas o maoístas, así como a los sindicalistas comunistas. EEUU solo tenía en mente consideraciones geopolíticas. Tal como lo explicó crudamente Jeane Kirkpatrick, EEUU estaba dispuesto a conformarse con un comunismo al estilo chino, mundo totalitario si los hay, o al estilo yugoslavo, donde Tito había sido muy duro con sus opositores, en la medida en que los sandinistas limitaran estrictamente sus acciones a su país y «no exportaran la subversión». (9)
Otra dificultad se relaciona con la ceguera de aquellos que, tras haber apoyado la Revolución Sandinista en sus comienzos, sin poder ver sus problemas de origen, dieron muestras de una admirable solidaridad con los ex-sandinistas convertidos en opositores a Ortega y Murillo, muchos de ellos detenidos en condiciones atroces: Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco o Hugo Torres, fallecido recientemente en la cárcel; y otros exiliados, como Sergio Ramírez o Carlos Fernando Chamorro, o encerrados en sus casas en Nicaragua, como Henry Ruiz y Moisés Hassan. Estas figuras son vistas, con razón, como heroicas. Sin duda alguna, todas generan admiración. Resta también comprender qué aggiornamento político realizaron todos ellos tras su derrota electoral en 1990. Cuestionaron los dogmas que habían sido suyos sobre la revolución y sobre la figura de un único Pueblo encarnada por una dirección revolucionaria. Reconocieron las virtudes del pluralismo y el debate democrático y le dieron la espalda a la asimilación de toda forma de oposición a figuras de la contrarrevolución. En 2021, la decisión del Movimiento Renovador Sandinista de adoptar un nuevo nombre, Unión Democrática Renovadora (Unamos), y de destacar la noción de democracia es un signo elocuente de esta metamorfosis. Este aggiornamento también estuvo acompañado por una nueva mirada sobre la década de 1980. Estos ex-sandinistas conservan la nostalgia del entusiasmo de los primeros días de la revolución, aunque reconocen que, si bien habían preconizado la división de poderes, la democracia, la economía mixta y el no alineamiento, construyeron conscientemente un régimen de partido único alineado con el bloque soviético. Mejor aún, reflexionaron sobre los efectos catastróficos del rechazo a toda crítica y de su asimilación a intenciones contrarrevolucionarias. En resumen, encontraron el camino de aquellos revolucionarios ‒Rosa Luxemburgo o el joven Trotsky‒ que supieron discernir tempranamente en la matriz del leninismo los fundamentos de una nueva forma de dictadura del Comité Central sobre el Partido, y del Partido sobre la sociedad. También se vincularon a reflexiones sobre el totalitarismo al entender cómo el FSLN había sido concebido como un órgano que pretendía ser a la vez el Estado y la sociedad y que asimilaba toda oposición a la figura del enemigo. Únicamente tomando en serio las críticas planteadas por estos sandinistas convertidos en demócratas podremos no solo comprender la naturaleza de la tiranía ejercida por el matrimonio Ortega-Murillo sino, al hacerlo, combatirla.
* Gilles Bataillon, sociólogo e investigador del Centro de Estudios Sociológicos y Políticos Raymond Aron de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (CESPRA-EHESS), París, y profesor afiliado a la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ciudad de México. Es codirector de la revista Problèmes d’Amérique Latine. Publicó varios libros, entre ellos Génesis de las guerras intestinas en América central (1960 -1983) (FCE, Ciudad de México, 2008) y Crónica de una guerrilla (Nicaragua, 1982-2007) (CIDE / CEMCA, Ciudad de México, 2016).
Notas
1) Alfaguara, Ciudad de México, 2021.
2) «Daniel Ortega obtuvo 27% de votos, y no el 75%, según encuesta de CID Gallup» en Confidencial, 21/12/2021.
3) El término fue acuñado y utilizado por los miembros de la comisión bipartidista presidida por Henry Kissinger para designar el régimen de Somoza en su informe sobre América Central publicado en 1984.
4) Respecto a la importancia creciente del narcotráfico en Centroamérica, v. Roberto Orozco: «El narcotráfico ya ha desarrollado mucho músculo y está generando mucho dinero» en Envío No 365, 8/2012; Red Centroamericana de Pensamiento e Incidencia: «El lavado de dinero: un desafío a la seguridad regional» en Envío N° 377, 8/2013; R. Orozco: «El narcotráfico está ya incrustado en la política y en la economía de América Latina» en Envío No 453, 12/2019.
5) Shirley Christian, citando las estimaciones de la Cruz Roja nicaragüense, contabiliza unos 10.000 muertos, 90% de ellos civiles, entre 1978 y el 19 de julio de 1979. Ver S. Christian: Nicaragua: Revolution in the Family, Random House, Nueva York, 1985, p. 117. Otros autores brindan estimaciones mucho más altas, 40.000 e incluso 50.000 muertos, sin mencionar en general las fuentes en las cuales se basan.
6) El documento de las 72 horas puede consultarse en www.mediafire.com/file/gm3tymcnuuu/72horas-peque.pdfdans. Para un desarrollo más amplio de este momento de la revolución y mayores referencias bibliográficas, v. G. Bataillon: «L’an i de la révolution sandiniste» en Problèmes d’Amérique Latine No 116, 2020.
7) Sobre estos acontecimientos y su contexto, v. las crónicas y los artículos publicados en la revista Envío, disponibles en línea.
8) Entrevista incluida en la película de Clara Ott y G. Bataillon: Nicaragua, une révolution confisquée, 2013.
9) Bernard Guetta: «‘Je peux imaginer au Nicaragua un régime de communisme national’, nous déclare Mme Kirkpatrick» en Le Monde, 1/3/1985.
La infamia del Foro de San Pablo
Ernesto Herrera
Correspondencia de Prensa, 20-7-2018
Julio 2018, La Habana. Podio de jefes de Estado. Miguel Díaz Canel, Raúl Castro, Nicolás Maduro, Evo Morales, Salvador Sánchez Cerén. Inaugurando las sesiones del XXIV Foro de San Pablo (FSP). Cumbre anual del progresismo latinoamericano.
Centenares de delgados, invitados y observadores de 53 países colman el Palacio de las Convenciones. Representantes de partidos y de frentes. Muchos parlamentarios, funcionarios, administradores, expertos. Beneficiarios de una “cultura de gobierno”.
Homenajes a Fidel y Chávez, “próceres de la independencia latinoamericana y guías para las corrientes progresistas de la región”.
Reclamos de libertad para el expresidente Lula, preso en Curitiba. Saludos a la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México.
El presidente designado, Díaz Canel, advierte con tono enérgico: “el ascenso de la derecha hace necesario volver al ideario de Fidel”.
La presidenta derrocada por un golpe de Estado, Dilma Rousseff, resalta el legado: “Fidel cuidaba de su pueblo y al mismo tiempo se preocupaba por la suerte de otras naciones”. (1)
El presidente sucesor, Nicolás Maduro, recita la partitura: “mientras haya imperialismo en Estados Unidos, aunque está en decadencia, habrá conspiración, habrá intriga contra los gobiernos progresistas”. Su colega, el presidente Evo Morales, señala el enemigo principal: Donald Trump.
El embajador saharahui en Nicaragua, Suliman Salem, declama: “aquí recabamos apoyos y canalizamos la solidaridad mundial de la izquierda”.
En tanto, no tan lejos del cómodo Palacio, en Nicaragua, la insurrección popular persiste. Estudiantes, trabajadores, campesinos, intelectuales, médicos, periodistas, comunidades barriales. Jugándose la vida, sin portar armas letales, en defensa de la libertad. Tranques, paros cívicos, masivas manifestaciones. Reafirmando el coraje democrático del pueblo de Sandino.
Enfrentan al régimen de Ortega-Murrillo. No los doblega la estela de terror. Escuadrones paramilitares. Centenares de asesinatos, desapariciones, presos políticos. Invasión de universidades y hospitales. Masacres en Managua, Masaya, León, y otras ciudades. Persecución a históricos luchadores antisomocistas y comandantes guerrilleros, fundadores del FSLN.
Los delegados foristas no se distraen. Es otra de las tantas “operaciones reaccionarias de la derecha”. Siguen deliberando. Finalmente, aprueban por “consenso” la propuesta del Grupo Trabajo. (2) Consienten la infamia.
La Declaración de La Habana no admite matices: “Rechazamos de forma enérgica la política intervencionista de los Estados Unidos en los asuntos internos de la Nicaragua sandinista, país en el que se está implementando la fórmula que viene siendo aplicada por el imperialismo norteamericano a los países que no responden a sus intereses hegemónicos, causando violencia, destrucción y muerte mediante la manipulación y la acción desestabilizadora de los grupos terroristas de la derecha golpista, que boicotean la búsqueda del diálogo, el cual constituye el mejor camino para superar la actual crisis y alcanzar la paz, lo que es indispensable para la continuación del proceso de transformaciones sociales impulsado por el FSLN desde el gobierno presidido por el Comandante Daniel Ortega y que ha reducido de manera notable la pobreza y la desigualdad social en ese hermano país”. (3)
En un parágrafo, las “razones de Estado” del campo progresista. Como blindaje del régimen amigo. Se trata de “asuntos internos”. No importan las causas políticas y económicas de “la crisis actual”. Mucho menos sus consecuencias: el avasallamiento de las libertades y la destrucción social.
Las “razones de Estado” como excusa cómplice. Legitimando a los escuadrones criminales de la dictadura. Avalando, de hecho, la pena de muerte extrajudicial como método sistemático de represión política y social. Despreciando las múltiples razones democráticas de la rebelión popular.
En La Habana, el anillo de maridajes burocráticos y de oportunismos políticos, traspasó la línea infranqueable. Las “afinidades ideológicas” del lado contrarrevolucionario. Enterrando, nuevamente, el valor intercambiable del humanismo solidario, internacionalista, socialista.
Ninguna confusión. Como pieza medular del FSP, como “referencia histórica del antiimperialismo”, la dirección castrista tiene una máxima responsabilidad. Volviendo a imponer su “autoridad revolucionaria” en el perímetro de “fuerzas compañeras”.
Esta vez, para alinearlas en torno del terrorismo de Estado en Nicaragua. Aun si prescinda de todas esas “fuerzas compañeras” a la hora de tomar decisiones estratégicas (políticas, económicas, diplomáticas), que convienen a los particulares intereses “geopolíticos” del Partido-Estado.
Curioso. Mejor dicho: indecente. Porque la mayoría de los partidos y frentes del FSP se adaptan, en sus países, al pluripartidismo, la alternancia electoral, la separación de poderes, la gobernabilidad instituida, la libertad de prensa, el respeto a los derechos humanos. Es decir, suscriben, estrictamente, las reglas básicas de la “democracia formal” burguesa.
Una pintura nítida del doble rasero progresista. Indefendible.
***
Julio 1992, Managua. III Encuentro del Foro de San Pablo. El FSLN en la oposición. Gobierna Violeta Chamorro.
Entre los principales invitados, Ernest Mandel, histórico dirigente de la IV Internacional. La prensa sandinista (El Nuevo Diario, Managua, 19-7-92) comenta a propósito de su intervención: “Mandel, ante los representantes de los diversos partidos políticos latinoamericanos y de Europa, exhibió recursos que al parecer no estaban en la agenda. Ello motivó a sentarse a reflexionar sobre las cuestiones que planteaba”. Recomendando “desamarrar los nudos políticos que atascan las ideas, el testimonio de uno de los más destacados marxistas del siglo XX”, sirvió “para descorrer un poco las cortinas de la incertidumbre para que el sol entrara, quizás por primera vez, en la izquierda latinoamericana”.
En dos parágrafos, los principios revolucionarios, las ideas socialistas, el programa de lucha: “La tarea principal de los socialistas-comunistas, es la de restaurar la credibilidad del socialismo en la conciencia y en la sensibilidad de millones de hombres y mujeres. Esto será irrealizable si no tiene como punto de partida las principales preocupaciones de esas masas. Todo modelo alternativo de política económica, debe incluir esas propuestas, deben ser aquellas que ayuden en el modo más concreto y más eficaz a las masas a luchar de manera exitosa por sus necesidades.
Podemos formularlas de un modo casi bíblico; eliminar el hambre, vestir a los desnudos, dar vivienda digna a todos, salvar la vida de los que mueren por falta de protección médica posible, generalizar el acceso gratuito a la cultura por la eliminación del analfabetismo, universalizar las libertades democráticas, los derechos humanos, eliminar la violencia represiva en todas sus formas”. (4)
Evidente. Los “recursos” expuestos por Mandel, no estaban “fuera de agenda”. Planteaban acciones desde una perspectiva anticapitalista. Lo que ya no era preocupación de la izquierda allí reunida.
Las cortinas siguieron plegadas, y el sol sin entrar. La incertidumbre estratégica dio paso al “realismo político”.
Diez años más tarde, Roberto Regalado, miembro del Grupo de Trabajo, dirigente del Partido Comunista de Cuba, describía el encuentro de Managua en 1992, como la máxima expresión de una “crisis de infancia”. El punto de inflexión, a partir del cual se impondrían las definiciones de “antiimperialista” y “antineoliberal”. Sin las pretensiones de una nueva Internacional con programa socialista. Al contrario, un Foro plural, con la cabeza puesta en la gestión de Estado. (5)
Para 1997, los partidos foristas ya tenían cerca del el 30% de los parlamentarios de América Latina y gobernaban importantes alcaldías. La “estrategia de aproximación al poder” se reciclaba en la vía electoral.
En 2001, cuando el Partido de los Trabajadores y el Frente Amplio se acercaban imparables al poder, el “antiimperialismo” y el “antineoliberalismo” se diluían en el programa neo-desarrollista. Entendido, según Aloizio Mercadante, como “proyecto estratégico” de la izquierda. Como “una etapa de transición del modelo liberal hacia el mercado de consumo de masas”, en el “cambio del dispositivo de redistribución en el seno del mercado interno”.(6)
El progresismo iniciaba su camino de “cultura de gobierno”. La crisis neoliberal y la insurgencia de masas de los años 2000-2003 en América del Sur, lo encontraron preparado: como restaurador del orden del capital y garante de la “normalización” institucional.
***
Julio 1990, San Pablo. Encuentro fundacional del Foro de San Pablo. Organizado por el Partido de los Trabajadores. Sin jefes de Estado. Un Lula barbado, con estampa de sindicalista, recibe a los invitados. Ningún Palacio. Apenas el discreto Hotel Danubio, desaparecido hace mucho tiempo. Carteles pintados a mano. Fotos en blanco y negro.
Representantes de 48 partidos y frentes de izquierda de 13 países. Dirigentes políticos y luchadores sociales en su mayoría. Pocos parlamentarios o funcionarios.
Los “niños perdidos”, al decir de Eduardo Galeano, se reencuentran. Fidel Castro apoya la iniciativa. La “retaguardia estratégica” se derrumba en la URSS y Europa del Este. En América Latina el neoliberalismo ataca y destruye derechos sociales. Las privatizaciones se expanden. El Consenso de Washington como paradigma del fundamentalismo de mercado.
Poco antes, febrero de 1989, los sandinistas habían perdieron el poder.
Se debaten los métodos de lucha, las opciones institucionales, la estrategia de poder popular. La crítica al estalinismo en voz alta. Se reivindica un socialismo democrático. La Declaración de San Pablo resume las intenciones: “Manifestamos, por ello, nuestra voluntad común de renovar el pensamiento de izquierda y el socialismo, de reafirmar su carácter emancipador, corregir concepciones erróneas, superar toda expresión de burocratismo y toda ausencia de una verdadera democracia social y de masas. Para nosotros, la sociedad libre, soberana y justa a la que aspiramos y el socialismo no pueden ser sino las más auténtica de las democracias y la más profunda de las justicias para los pueblos”.
Y continúa, “un compromiso activo con la vigencia de los derechos humanos” y “la primacía de valores sociales, basados en la solidaridad”. (7)
El contraste con La Habana es chocante.
De por medio, las “razones de Estado”. El manejo venal de las arcas públicas. La institucionalización de la lucha social. El cerrojo del “cambio posible”.
Las “reformas estructurales” que pasaron al olvido; reforma agraria, reforma urbana, nacionalización del sistema bancario; salud y educación pública gratuita; transporte público y servicio públicos subsidiarios, re-estatización de las empresas privatizadas; congelación de precios de la canasta básica familiar; no pago de la fraudulenta deuda externa.
No obstante, la brecha de desigualdad es un escándalo. La pobreza se disparó nuevamente y lastima los ojos. La precariedad salarial y laboral predomina en el “mercado de trabajo”. Los salarios mínimos, apenas de sobrevivencia. La especulación inmobiliaria que expulsa a millones de personas hacia las periferias urbanas. Los “asentamientos irregulares” que se amontonan. La matriz productiva basada en el extractivismo y la inversión extranjera directa…exonerada de tributaciones fiscales.
Las fotos, esta vez, desmoralizan.
Lula, campeón del programa Fome Zero, distinguido en su momento como “estadista global” por los patrones del Foro Económico de Davos, encarcelado como “reo común”. Y el “modo petista de gobernar” en ruinas. Rafael Correa autoexiliado en Bélgica, con su “revolución ciudadana” en la maleta. Decenas de miles de venezolanos y cubanos huyen del hambre, la pobreza, el desempleo, la desilusión. El proyecto “nacional-popular” del clan Kirchner, recorre los juzgados por corrupción. El FMI y Wall Street Journal, elogian el modelo de “capitalismo andino” de Evo Morales. En Uruguay, 40% de la población al borde de caer en la pobreza…luego de 13 años de gobierno del Frente Amplio.
La “paz neoliberal” en Colombia -con Cuba y Noruega como “países garantes”, Felipe González y José Mujica como “facilitadores”-, sigue robándole las tierras a los campesinos pobres y matando a decenas de activistas sociales.
El Plan Colombia, impuso su estrategia contrainsurgente. ¿La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), para qué sirve?
La Alianza del Pacífico (8) como “poder de la integración”. ¿El Banco del Sur? ¿La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América? ¿El “socialismo siglo XXI”?
La derecha empresarial que vuelve a dirigir, sin intermediarios, los negocios de Estado.
Es el balance del “ciclo progresista”. La Declaración de La Habana 2018, su faceta macabra.
Montevideo, 17 de agosto de 2018.
Notas
1) “El Foro de San Pablo, con loas a Fidel”, nota de Página/12, Buenos Aires, 18-7-2018.
2) Grupo de Trabajo (GT). Instancia de coordinación que hace las veces de dirección del Foro. Es el ámbito donde se negocian los “consensos”. Prepara la agenda, decide los temas, redacta las declaraciones. Está integrado por dirigentes de los principales partidos y frentes. Creado luego del II Encuentro realizado en Ciudad de México, 1991.
3) Declaración de La Habana, julio de 2018: (http://forodesaopaulo.org/declaracion-final-del-xxiv-encuentro-del-foro-de-sao-paulo-15-al-17-de-julio-de-2018/)
4) “Hagamos renacer la esperanza”, texto íntegro: en: https://www.ernestmandel.org/es/escritos/txt/hagamos_renacer_la_esperanza.htm
5) “Foro de San Pablo es un olmo, no podemos pedirle una pera”. http://alainet.org/active/57134
6) Aloizio Mercadante, por entonces secretario de relaciones internacionales del PT, y dirigente de Articulación, fracción mayoritaria del partido. Las citas son de su intervención en la reunión del Grupo de Trabajo del FSP realizada en Montevideo, 18-19 de agosto de 2002.
7) Declaración de San Pablo, 4 de julio de 1990, Inprecor/América Latina N°6, julio de 1990.
8) Alianza del Pacífico, creada el 28 de abril de 2011 por iniciativa del gobierno de Barack Obama. Conformada por Chile, Colombia, México y Perú. Otros países (Argentina, Brasil, Costa Rica, Paraguay, Uruguay) participan como observadores y eventuales miembros plenos.