¿Cuándo se puede «fechar» el rumbo autoritario del régimen? ¿Se trata de una traición a los principios de la revolución de 1979 en una deriva patrimonialista neobatistiana? ¿O más bien hay que buscar las raíces en el sandinismo original?
Los nuevos gobiernos progresistas no logran reforzar los vínculos regionales. Si en los tiempos de la primera «marea rosa» la unidad latinoamericana parecía parte del espíritu de época, hoy se compone apenas de frases vacías. Con tiempos económicos y sociales distintos, los gobiernos latinoamericanos parecen apostar a resolver los problemas domésticos.
Desde 2018, en América Latina se han registrado seis triunfos de fuerzas de izquierda, una auténtica segunda ola de gobiernos progresistas que lo tendrá aún más difícil que la primera.
La Convención Constitucional presentó el texto de la nueva Carta Magna. El próximo 4 de septiembre el texto deberá ser aprobado o rechazado en el plebiscito «de salida». A pesar de que una abrumadora mayoría apoyó la necesidad de una Convención Constitucional, los resultados de la consulta son inciertos.
En su primer discurso, el nuevo mandatario progresista hizo hincapié en la necesidad de lograr un reencuentro social y político en su país.
El expresidente Lula llamó a Alckmin de "compañero" y afirmó que será muy bien recibido dentro del PT, a pesar de que el partido fue muy crítico con sus años de gestión en San Pablo.
El cambio constitucional, dice la experta, podría eliminar los cuórums parlamentarios especiales establecidos por la carta magna de Pinochet, que históricamente han frenado las reformas estructurales. Ello le permitiría al presidente electo impulsar su programa sobre la base de alianzas con otras fuerzas transformadoras.
A veces la izquierda cree que el problema para la agenda de género son los evangélicos y no los cristianos en general.
Colombia, Perú y Chile son los países donde estallaron las rebeliones más importantes de la región. Son también los países que, a comienzos del S. XXI, remaron a contramano de la ola progresista sudamericana. ¿Qué nos dice este denominador común?
El Ecuador, pequeño país andino de 17 millones de habitantes, no se encuentra muy a menudo bajo los proyectores de la actualidad internacional. Sin embargo, tanto la inserción de su trayectoria político-estatal en la “marea rosa” de gobiernos progresistas latinoamericanos bajo los mandatos de Rafael Correa entre 2007 y 2017 como el dinamismo cíclico de sus luchas sociales, y en particular de las movilizaciones del poderoso movimiento indígena reagrupado en las filas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), ha logrado esporádicamente atraer la atención de la opinión publica progresista fuera de sus fronteras.
Voces del actual gobierno plantearon durante la campaña electoral que la Policía tenía “las manos atadas”; sin embargo, a lo largo de los cinco años de la gestión anterior (Frente Amplio) murieron 70 personas como consecuencia de la acción policial.
Escritores y medios de comunicación de dudosa reputación, que a menudo se jactan de practicar un periodismo independiente con opiniones supuestamente de izquierdas, difunden una propaganda corrosiva y una desinformación que pretende despojar al pueblo sirio de toda capacidad de acción política.
No es solo a Yaku Peréz, ni siquiera al movimiento Pachakutik-CONAIE lo que defendemos en este proceso electoral, es la movilización social por la defensa de la vida humana y no humana, por la defensa de la comunidad, del cuidado de los territorios y sobre todo de los derechos de las mujeres para decidir su vida.
Cuando ciertas encuestas daban por ganador en primera vuelta a Andrés Arauz, el candidato del expresidente Rafael Correa, o daban por sentado que en caso de ballotage la segunda fuerza sería la derecha oligárquica representada por Guillermo Lasso, vuelve a irrumpir con fuerza el poderoso movimiento indígena ecuatoriano, con la figura de Yaku Pérez, un reconocido dirigente indígena y ambientalista, exprefecto de la provincia del Azuay y defensor de los derechos de la Naturaleza.
Una gran parte de la superficie del suelo productivo uruguayo está en manos extranjeras, incluyendo las de empresas pertenecientes a otros Estados. Y quizás sea aún más grave lo que sucede en la agroindustria.