Argentina angustiada: el costo ignorado de la motosierra de Milei
Angelina de los Santos
La Diaria, 3-12-2025
Correspondencia de Prensa, 3-12-2025
Los recortes drásticos en salud mental y pensiones están desgarrando el ya frágil bienestar emocional.
En los nueve años que Julieta Chevallier lleva recibiendo a quienes llegan a las puertas del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, en la capital argentina, ha sido testigo de dolores cada vez más profundos que afectan a un número cada vez más grande de personas.
“Cuando la gente llega a consultar, por lo general, es porque tocó fondo, porque no da más”, dijo la trabajadora social a democraciaAbierta. “Eso que vimos siempre, ahora es más profundo, más grave: más ideas de desesperanza, más intentos de suicidio, más casos de violencia, cuadros más agudos de malestar, y mucha angustia por la situación económica, por no poder resolver cuestiones cotidianas como la comida”. “Personas que habían dejado el consumo [de drogas] porque habían logrado organizar algunas cosas en su vida a partir de tener la asistencia de programas sociales que recaen”.
En el Hospital Neuropsiquiátrico José A. Esteves –uno de los cuatro de la provincia de Buenos Aires, 27 kilómetros al sur del Bonaparte–, su directora María Rosa Riva también advierte un deterioro más evidente y más frecuente, en un servicio que funciona al límite. “Las personas están llegando muy rotas”, dijo la psiquiatra Riva a democraciaAbierta.
Ella trabaja en el hospital desde 1997. En los años 90, dice, la guardia se poblaba de personas que sufrían episodios psicóticos graves, como esquizofrenias. Hoy, predominan las agitaciones psicomotrices nacidas del consumo problemático de drogas; depresiones tan hondas que pueden reavivar cualquier brote psicótico latente y las ideaciones suicidas y autolesiones –ambas en marcado aumento en todo el país, principalmente en niñas, niños y adolescentes–.
La salud mental de Argentina había empezado a deslizarse por una pronunciada pendiente después de la pandemia, que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aumentó entre 25% y 27% la prevalencia de la depresión y la ansiedad a escala mundial.
Pero en Argentina, esta tendencia se acentuó aún más desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei asumió la presidencia e inició, en nombre de la “libertad”, un drástico achicamiento del Estado.
“La demanda de atención en salud mental en el país creció entre un 12% y 20% en el último año”, dijo a democraciaAbierta Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.
“No creemos que haya habido una mutación de la psicopatología o causas meramente intrapsíquicas que expliquen el incremento”, añadió. En cambio, las autoridades de salud mental de 16 de las 23 provincias argentinas, incluida Buenos Aires – donde vive más de la mitad de la población argentina –, elaboraron un informe que responsabiliza al gobierno de Milei.
El documento, al que accedió en exclusiva democraciaAbierta, señala como causas “el deterioro de las condiciones de vida, el individualismo creciente, el impacto subjetivo de las tecnologías y el discurso violento desde el poder político”.
En el mundo, autoridades de todos los signos siguen desmantelando los servicios sociales predicando un dogma simplista que justifica recortar el gasto y achicar el Estado a toda costa. En Argentina –que hace 15 años impulsó una reforma legislativa para mejorar el bienestar de su población y aprobó una de las reformas más innovadoras de la región–, las políticas de austeridad han agravado la crisis de salud mental, dejando a muchos prestadores de servicios bajo una presión extrema, mientras el número de personas en situación de alta vulnerabilidad se dispara.
La motosierra mileísta
Mientras los dolores emocionales y psíquicos se volvían cada vez más visibles para los equipos de salud mental y para investigadores de la Universidad Católica Argentina y la Universidad de Buenos Aires –que constataron la tendencia creciente del malestar psicológico–, el gobierno nacional empezó a pasar la motosierra por el sistema de salud del país, que afectaría de manera desproporcionada los servicios de salud mental.
En mayo de este año, Argentina ratificó la decisión de retirarse de la OMS.
La autoridad que fiscaliza los servicios de salud sufrió una caída de 70% en los primeros nueve meses de 2025. El organismo que controla medicamentos, alimentos y productos médicos tuvo una reducción de 28%. El presupuesto de los hospitales nacionales –entre ellos el Bonaparte–, cayó entre 30% y 38%. Incluso el Instituto Nacional del Cáncer, que había sufrido un ajuste de 19% en 2024, dejó de existir en 2025.
La Agencia Nacional de Discapacidad, encargada de gestionar pensiones y otras prestaciones a personas con discapacidad –y que hoy está en medio de denuncias de sobreprecios y corrupción–, sufrió un ajuste de 18% este año.
En febrero, más de 110.000 pensiones para personas con discapacidad, de un total de un millón, fueron dadas de baja, y se proyecta que el recorte llegue a 400.000. Esto implica también la pérdida de la cobertura de salud que recibían.
El monto de estas pensiones está debajo del umbral de indigencia –en octubre, una pensión rondaba los 206 dólares, mientras que una canasta básica alimentaria, los 365 dólares–. Además, el gobierno impuso nuevos requisitos para solicitar las pensiones, incluso algunos que habían sido declarados inconstitucionales.
“A los efectos de una gestión muy conservadora, sin perspectiva de discapacidad, la salud mental vuelve a ser algo que hay que probar, como si fuera un delito”, dijo a democraciaAbierta la funcionaria Pilar Molina, del Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires, que se ocupa de proteger derechos de niñas, niños, adolescentes y personas que requieren apoyos para ejercer su capacidad jurídica.
“Cuando falta una pierna o un ojo, es más ‘obvio’… Es regresivo y preocupante volver a poner a la salud mental en un marco de enfermedad cuestionable”, agregó.
Unas 200.000 personas se quedaron sin servicios privados de salud al no poder pagar las cuotas cuando el gobierno de Milei decidió liberar los precios. Esto agravó la presión sobre los hospitales públicos.
Los medicamentos sufrieron aumentos extraordinarios. Varios relevamientos del sector y de organizaciones de consumidores consignan subas acumuladas de más de 200% durante 2024.
Además, las autoridades suspendieron la entrega de medicamentos sin costo para los jubilados –incluidos psicofármacos y otras drogas esenciales para tratamientos crónicos–, una medida que la justicia ordenó revertir.
La suba de precios y la pérdida de poder adquisitivo en la era Milei –el salario mínimo cayó 35% y las jubilaciones 23%– provocaron una caída abrupta en las ventas de medicamentos. Tratamientos esenciales se volvieron, de pronto, inaccesibles para una franja cada vez más amplia de la población.
La terapista ocupacional Celeste Romero conoce de cerca cómo estos drásticos recortes han devastado a la sociedad argentina.
Romero, docente de la Universidad de Córdoba y presidenta de la Asociación Civil Acción Colectiva Salud Mental e Integración Social Urbana, trabaja en la Tienda Social Lo de Franco en la Ciudad de Buenos Aires con artesanos emprendedores de todo el país “en situación de desventaja social”: personas con alguna discapacidad, sin hogar, presas o recientemente liberadas, o dadas de alta de internaciones psiquiátricas.
Entre ellas está un joven de 29 años que hace pendientes en origami: grullas, barcos, flores y corazones para colgar de las orejas. “Él toma un antipsicótico de alta generación”, contó Romero a democraciaAbierta. “Sólo en medicación gasta 900.000 pesos al mes (más de 620 dólares); cobra 280.000 pesos (193 dólares) de pensión por discapacidad. Tiene una familia que lo acompaña; si no fuera así, terminaría en una crisis tremenda, en una hospitalización tremenda… Y estas situaciones se repiten, se repiten, se repiten”.
Una ley vanguardista es letra muerta
No se suponía que fuera así.
Hace 15 años, en 2010, Argentina adoptó la Ley de Derecho a la Protección de la Salud Mental, una reforma vanguardista que propuso un cambio de paradigma: dejar atrás el modelo del asilo y el manicomio y avanzar hacia un enfoque comunitario, centrado en la prevención, la atención territorial y el cierre de los hospitales neuropsiquiátricos. La ley también ordenó destinar al menos 10% del presupuesto total de salud a salud mental.
Nada de eso se cumplió.
Ninguno de los gobiernos estuvo siquiera cerca de alcanzar ese porcentaje: el máximo presupuesto que se asignó fue de 2,66%, en 2023. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que analiza la ejecución del presupuesto público, el gasto previsto para 2026 es de apenas 1,42%.
ACIJ advierte que desde 2016 cayeron “abruptamente” los niveles de inversión en el único programa del Ministerio de Salud de la Nación destinado a fortalecer los abordajes comunitarios. Más grave aún, el presupuesto de 2026 prevé recortar ese rubro en un 91,53%.
“Toda la potencialidad que tiene la ley está desfinanciada”, dijo a democraciaAbierta el abogado Eduardo Quiroga, del programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ. “En un contexto en el que aumenta la demanda, las herramientas del Estado nacional para colaborar con las provincias deberían incrementarse”.
Las internaciones suben, las redes de apoyo no
Así, todo se ha agravado 15 años después de aprobada una ley que debía cambiar la atención de salud mental. Los recortes en los presupuestos sociales, sumados a una creciente precariedad emocional y económica, no han hecho más que tensar un sistema que ya estaba al límite.
Como la atención primaria comunitaria nunca fue fortalecida por los gobiernos anteriores, y la administración de Milei ha dinamitado los pocos servicios que existían, personas que podrían haber recibido acompañamiento e intervenciones de baja complejidad en su comunidad terminan empujadas a la hospitalización.
“A mayor demanda y a un sistema que no se transforma, que no genera mejores ni mayores dispositivos de atención primaria y de acompañamiento comunitario, la internación termina siendo la principal respuesta en política de salud mental, aunque sea lo que la ley vino a revertir”, dijo Quiroga de ACIJ.
Entre 2019 y 2024, los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires –donde está el 38% de la población argentina– registraron 45.785 internaciones por salud mental, lo que supone un aumento del 60,9% a lo largo de cinco años. Durante ese período, la demanda de internaciones para niños, niñas y adolescentes aumentó un 13,4%, y la de atención ambulatoria, un 50%. Esto “podría indicar crisis vitales significativas dentro de esta población”, según señala el informe firmado por las 16 provincias. Para junio de este año, más de la mitad de las camas de guardia estaban ocupadas por pacientes en cuadros agudos, crisis por consumo o intentos de suicidio.
El último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, publicado en junio, indica que desde 2023 se registraron 14.899 intentos de suicidio (con resultado no mortal) en todo el país, un promedio de 22 por día.
En 2024 hubo 4.249 muertes por suicidio, según informó en octubre el Ministerio de Seguridad. En otras palabras: en Argentina, el suicidio es la principal causa de muerte violenta –provoca más muertes que los accidentes de tránsito y los homicidios–, con una tasa de 9,8 muertes cada 100.000 habitantes, un aumento de 2,6 puntos en los últimos dos años.
Más del 30% de los casos corresponden a jóvenes entre 15 y 29 años.
Molina, del MPT de la capital, que en los últimos 15 meses trabajó con unos 24.000 niños, niñas y adolescentes en 150 escuelas y colegios secundarios públicos y privados, advierte una señal inquietante: “Pautas de fragilidad en su salud mental y en los lazos comunitarios”.
“El 24% de los chicos de 8 a 12 años jamás, nunca, cuando sufren situaciones de violencia, comparten su sufrimiento con alguien”, explicó. En secundaria ese porcentaje es de 26% y llega a 38% en colegios con problemas, como alta rotación de docentes, debilidad en los equipos de psicólogos o mal vínculo entre autoridades, docentes y familias.
“Son porcentajes dramáticos”, agregó. “No es la alarma de un adulto de 45 años, es el aviso de chicos de ocho”.
-Este artículo fue publicado originalmente por democraciaAbierta, 1-12-25.