Desde el 30 de octubre, han quedado suspendidos todos los vuelos chárteres de Haití a Nicaragua. El país centroamericano es conocido como puerta de entrada para los ciudadanos caribeños que buscan llegar a Estados Unidos.
El primer aprendizaje de los fracasos de la revolución de 1979 y la transición en los 90, es la falta de justicia y de un modelo democrático incluyente.
El 28 de septiembre de 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo declaró ilegales las protestas. A partir de entonces se ha impuesto un Estado policiaco que se ha extendido contra sus propios simpatizantes sandinistas, publicaciones críticas en redes sociales y la Iglesia Católica.
La persecución política que mantiene la dictadura contra mujeres activistas ha hecho que muchas de ellas decidan no ser madres. Sin embargo, se enfrentan a una doble clandestinidad: la de su activismo y la de decidir sobre sus cuerpos.
La implosión ha ido creciendo a golpe de represión derivado de los errores de la dictadura. La implosión se genera desde las profundidades del subsuelo social subalterno recogiendo todas las demandas inmediatas y democráticas de la población que permitirán la caída de la dictadura.
La dictadura se sostiene del trabajo de los nicaragüenses en el exterior, que huyen de la falta de oportunidades económicas y del autoritarismo. Las remesas familiares proyectan un aumento de US$5,000 millones en 2023. Se trata de un modelo que mantiene a flote a la economía, pero no genera riquezas.
El sandinismo da señales de distanciamiento y ruptura silenciosa con el orteguismo. Sumar esa fuerza disidente es tan importante como unir a las demás.
Esta investigación demuestra que el gasto que hacen los empresarios de maquilas es de menos del 15% en comparación con sus exportaciones, mientras los obreros reciben los salarios más bajos del continente, sufren maltrato y los aquejan diversas enfermedades producto de condiciones de trabajo deplorables.
La disolución de la Cruz Roja en Nicaragua es un hecho sin precedentes. Ha acompañado de manera humanitaria y al dolor de la población nicaragüense por más de 60 años.
Fue comandante de la revolución nicaragüense en los años 70 y ministra durante los primeros gobiernos del FSLN. Desde hace años es parte de la oposición democrática a la dictadura.
¿Cuándo se puede «fechar» el rumbo autoritario del régimen? ¿Se trata de una traición a los principios de la revolución de 1979 en una deriva patrimonialista neobatistiana? ¿O más bien hay que buscar las raíces en el sandinismo original?
El FSLN se ha convertido en parte de la maquinaria represiva que espía a los vecinos, denuncia a quienes piensan diferente, alimenta a grupos de fanáticos y paramilitares que han invadido manifestaciones, agredido a manifestantes y han sido capaces de disparar contra jóvenes y niños en las protestas.
El ambiente dentro de las iglesias se ha tornado tenso ante la presencia de policías vestidos de civiles, que asisten para informar a sus superiores sobre cualquier acto considerado como subversivo.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas extendió por dos años más el mandato del Ghren. Organizaciones de derechos humanos esperan que en este nuevo período se logren profundizar en las cadenas de mandos y los responsables de la represión cometida a partir de 2018.
Visiblemente delgado y pálido, el obispo recibió la visita de dos de sus hermanos por primera vez desde que fue trasladado a prisión.
El régimen Ortega-Murillo ejerce una forma descarada de violencia, de extractivismo, de disciplinamiento de los territorios y de la clase trabajadora.
El gobierno de Ortega-Murillo no asiste a cumbres ni reuniones regionales, ninguna fuerza política lo respalda públicamente y la izquierda latinoamericana se ha distanciado.
Luego de 606 días en una celda de total aislamiento, la activista Tamara Dávila relata cómo soportó dentro de la cárcel la soledad y la incomunicación impuestos por la dictadura.
Un antiguo dirigente sandinista y un joven militante social, ex-presos políticos, analizan el autoritarismo imperante en Nicaragua y las diferencias del régimen con las ideas del sandinismo.
Lo más sintomático, porque retrata el carácter de la dictadura Ortega-Murillo, es el trato a las mujeres.
Las declaraciones de Humberto Ortega a CNN (español) el domingo 19 de febrero, nos dan una idea de la estrategia que piensa desarrollar el régimen Ortega-Murillo.
La liberación de los presos políticos y su envío a Estados Unidos no obedece a un gesto de humanidad por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es, más bien, el correlato de un gobierno autoritario que se siente cercado y busca alguna forma de normalización.
En este relato inédito, sus compañeros de celda narran la crueldad policial contra Hugo Torres y la muerte del exguerrillero y general sandinista en manos de la dictadura Ortega-Murillo.
La legendaria guerrillera de la revolución sandinista, relata su cautiverio en el temido penal de El Chipote en Managua.
Todos los presos políticos bajo la dictadura, los que subieron al avión que los llevó al destierro, y los que se quedaron, son nicaragüenses ejemplares que hicieron de la cárcel su trinchera de lucha.
La invasión de las tierras indígenas comenzó en la década de 1990, cuando se entregó terrenos a desmovilizados del Ejército y de la Resistencia (Contra), enfrentados en la década revolucionaria, pero el incremento de ocupaciones y la violencia con decenas de muertos inició desde el año 2012.
El presidente de Chile exige condenar los atropellos a los derechos humanos “independientemente del signo político de quien gobierne”.
Crecen las presiones internacionales para que se libere a Vargas y a todos los presos políticos.
La resistencia de monseñor Rolando Álvarez y de los presos políticos tiene un impacto decisivo en la crisis de sucesión de la dictadura. Ellos representan la esperanza de un cambio democrático.
Secuestrado la mañana del martes 22 de noviembre y confinado en El Chipote, familiares y organizaciones de derechos humanos temen que sufra “hipotermia” aislado en una celda de castigo.
El régimen orteguista mantiene alrededor de 250 presos políticos en diferentes cárceles y delegaciones policiales. Después de 2018, este 2022 es "el año de mayor sufrimiento" para los nicaragüenses.
Los acusan por “conspiración”, “noticias falsas” y, en el caso del sociólogo Oscar-René Vargas, también de “rebelión. CENIDH denuncia procesos “machoteros".