Miembros de la empresa china Xinxin Linze junto al alcalde de Mulukukú, Erlin José Valdivia, durante su instalación en ese municipio, 08/2024. Foto: Alcaldía de Mulukukú.
Confidencial, 4-12-2024
Correspondencia de Prensa, 5-12-2024
Reformas amplían concesiones de recursos naturales, promueven la opacidad en los procesos y eliminan compromisos estatales de protección medioambiental
La dictadura en Nicaragua ha abierto “las puertas a la explotación” de los recursos naturales del país al eliminar, en la reforma constitucional aprobada en Primera Legislatura, la obligación del Estado de someter a “procesos transparentes y públicos” los contratos de explotación medioambiental que establece la Constitución vigente.
El artículo 102 de la Constitución vigente desde 1987 establece que el Estado puede conceder “contratos de explotación racional de los recursos naturales” cuando el interés nacional lo requiera, pero bajo procesos transparentes y públicos. Sin embargo, con la reforma constitucional total se suprime la salvedad de que esos contratos sean en situaciones de “interés nacional” y “bajo procesos públicos”.
“La reforma al artículo 102 abre las puertas a la explotación de los recursos naturales sin procesos transparentes, públicos o vinculados al interés nacional”, valora el ambientalista, Amaru Ruiz.
Advierte que “esto deja los bienes comunes del país a merced de los intereses privados, sin posibilidad de escrutinio público, lo que puede profundizar la degradación medioambiental y los conflictos socioambientales”.
En el mismo artículo 102 se eliminó que en caso de una concesión “para la construcción y explotación racional de un canal interoceánico” con empresas extranjeras se deba considerar “la conformación de consorcios con empresas nacionales para promover el empleo”.
Este último cambio ocurre en paralelo a la resurrección del proyecto del canal interoceánico, ahora con una nueva ruta, que Daniel Ortega le ofreció a empresarios chinos, en noviembre de 2024.
En los últimos años, la dictadura también ha concedido gigantescas concesiones mineras “amenazan” a comunidades indígenas en la Costa Caribe. Las concesiones a chinos ya han llegado a territorios nuevos como en Estelí, que en agosto de 2024 concedió a la compañía empresa Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A. un lote de 3628.71 hectáreas en el municipio de San Juan de Limay.
La última concesión minera ocurrió este 27 de noviembre con el otorgamiento de 9102 hectáreas en Nueva Segovia para la empresa china XinXin Linze Minera Group.
Las modificaciones al artículo 102 son parte de la serie de transformaciones que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo le hicieron a la Constitución Política de Nicaragua para supuestamente “modernizar” la Carta Magna, pero que en realidad cambian hasta un 93% de sus artículos para concentrar aún más el poder y la represión.
La Constitución «Chamuca» ya fue aprobada en primera legislatura, y de forma exprés, por la Asamblea Nacional. En enero de 2025 será aprobada en segunda legislatura y es entonces que entrará en vigencia.
Eliminan compromisos de protección medioambiental
Otro de los artículos “condensados” en la Constitución “Chamuca” es el número 60. En este se eliminó el deber de “proteger y restaurar la integridad de los ecosistemas, con especial preocupación por la diversidad biológica y por todos los procesos naturales que sustentan la vida”.
Asimismo, que se “debe adoptar patrones de producción y consumo que garanticen la vitalidad y la integridad de la madre tierra, la equidad social en la humanidad, el consumo responsable y solidario y el buen vivir comunitario”.
Estos cambios, “desmantelan los compromisos del Estado con la protección ambiental y la sostenibilidad”, opina Ruiz, quien es presidente de la cancelada y confiscada Fundación del Río.
El activista medioambiental agrega que “al eliminar el reconocimiento de la Madre Tierra como un sistema autorregulado y la obligación de proteger los ecosistemas y la biodiversidad se traiciona el mandato constitucional de garantizar un desarrollo sostenible”.
El régimen de Ortega ha permitido “un desastre ambiental con consecuencias graves para el clima global”.
La investigación “Deforestación, la otra crisis olvidada de Nicaragua” reveló que la deforestación se disparó a partir de 2014, cuando Ortega tomó el control directo del Instituto Nacional Forestal (Inafor), la pérdida media anual de bosques en Nicaragua pasó del 1.34% entre 2010-2015 al 2.56% entre 2015-2020.
Este desastre ambiental se ha alimentado de la corrupción en Inafor y ha sido posibilitado por la familia presidencial, según muestra una filtración de documentos internos analizados por OCCRP.
La dictadura también ha eliminado todas las oenegés ambientales independientes en Nicaragua. “Las que aún operan son organizaciones nacionales e internacionales que han sido cooptadas por el régimen, como el caso de Flora y Fauna Internacional”, sostuvo Ruiz.