Foto: Inti Ocon, AFP
Entrevista a Ariela Peralta
Jerónimo López
La Diaria, 11-11-2025
Correspondencia de Prensa, 12-11-2025
Ariela Peralta, integrante del grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua de la ONU, dijo que con 452 afectados “la desnacionalización es el método represivo que está utilizando el gobierno”.
El copresidente de Nicaragua Daniel Ortega cumplió este martes 80 años de edad, cercado por una serie de enfermedades y aún junto con Rosario Murillo, su esposa y la otra copresidenta del país centroamericano, con quien comparte el poder en el país tras una reforma constitucional aprobada por el Parlamento, totalmente afín al oficialismo.
Desde su juventud, Ortega estuvo vinculado a la guerrilla sandinista que derrocó la dictadura de la familia Somoza tras casi medio siglo al frente del país, pero luego de liderar Nicaragua por una década (1979-1990) volvió al poder en 2007 y se asentó en un régimen bicéfalo que se ha extendido hasta la actualidad.
“Recientemente se le ha atribuido una colección de afecciones severas, incluyendo lupus e insuficiencia renal crónica, que lo obligarían a viajar con frecuencia y en secreto a Cuba para recibir tratamiento especializado”, consignó la DW con relación a su estado de salud actual. Sin embargo, Ortega es el más longevo de todos los autócratas electorales que ha tenido Nicaragua.
Al margen del pacto Ortega-Alemán entre el Partido Liberal Constitucionalista y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que “empezó a centralizar todo el poder institucional en el Poder Ejecutivo”, así como sucesivas reformas constitucionales y electorales a partir del 2000 para asegurar reelecciones –incluyendo, en 2010, que la “Corte Suprema de Justicia anulara una disposición que prohibía los mandatos consecutivos”–, la integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHRE) de la ONU Ariela Peralta dijo a la diaria que “desde 2012 el FSLN ha contado con la mayoría absoluta del Poder Legislativo y no necesita acuerdos políticos”.
Desde entonces, la experta uruguaya indicó una serie de momentos que aumentaron el descontento de la población. “Entre 2012 y 2013 la Asamblea Nacional adoptó leyes para la construcción de un canal interoceánico que conectaría el Caribe con el Pacífico; en 2014 hay una reforma constitucional que aumenta las atribuciones del presidente y en 2018 empieza el quiebre hacia la represión porque hay una intención del Poder Ejecutivo de cambiar las normas de seguridad social”, aseguró.
“El Ejército siempre negó su intervención [en 2018], pero el grupo que yo compongo logró comprobar y documentar que intervino en forma secreta en la represión de esta manifestación por el tipo de armas que se usaron, la dirección de las balas y las heridas”, agregó.
El GHRE monitorea la situación desde marzo de 2022: publicaron al menos “tres informes y ocho documentos complementarios” de “más de 1.900 entrevistas y 9.300 documentos”, e identifican “cuatro fases interconectadas” en el proceso represivo que señaló Peralta.
Según una actualización oral que el presidente del grupo, Jan-Michael Simon, publicó el 30 de octubre, la primera (de 2018 a 2020) estuvo marcada por “la represión violenta y desproporcionada de protestas legítimas y generalizadas”; la segunda (en 2021) “se distinguió por una represión selectiva, enfocada en detenciones arbitrarias y juicios injustos” para propiciar la reelección de Ortega; la tercera (en 2022) “se caracterizó por la erradicación completa de la oposición política organizada y de sectores sociales con capacidad movilizadora”, y la última (que inició en 2023 y se extiende hasta la actualidad) se centró en “consolidar la concentración total del poder del Estado en la Presidencia”, con una amplia serie de reformas constitucionales que, entre otros puntos, igualó a Murillo en funciones.
Al respecto, Peralta dijo a la diaria que “fue una reforma extraña” y que “han sido tantas las violaciones, la instrumentalización del Poder Judicial, del poder electoral y el copamiento de la Asamblea Legislativa”, que el recurso intentó “ordenar” y legitimar los cambios estructurales. Peralta comentó que “hay una tensión muy grande sobre qué sucedería si faltara Daniel Ortega”, porque, “constitucionalmente, los copresidentes aseguraron una sucesión familiar” y “habría mucho más respaldo de ciertos sectores, sobre todo el Ejército y la Policía, a Ortega que a Murillo”.
En este contexto, el GHRE reiteró que persisten “patrones de violaciones y abusos de derechos humanos graves, sistemáticos y generalizados”, incluyendo delitos como “asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada, deportación y persecución”, a los que se suman tanto “detenciones arbitrarias y juicios espurios” como la “represión selectiva de instituciones religiosas cristianas”.
A fines de octubre, el grupo pidió a la comunidad internacional que “exija responsabilidades al gobierno de Nicaragua”, y entre los sucesivos informes que publicó elaboró un listado de los posibles funcionarios encargados de la represión en el país, y otro que da cuenta de que el régimen también comete “persecución estatal, sistemática y transfronteriza contra las personas nicaragüenses en el exilio”.
Así, el espacio cívico está “absolutamente cerrado” porque “se confiscaron todas las organizaciones de la sociedad civil y no hay oposición política porque todos los partidos están proscritos y los opositores en el exilio”, aclaró Peralta. Sin embargo, en el extranjero aún hay riesgos, ya que “la represión transnacional es, en este momento, el método represivo que está utilizando Nicaragua”.
“Tenemos 452 personas desnacionalizadas, o sea, apátridas de iure por traición”, advirtió. A los individuos declarados traidores no sólo “se les confisca todos sus bienes”, sino que existe “una red cibernética de información sobre las personas perseguidas”, y “tenemos documentados casos de seguimiento, amenaza, hostigamiento y un número bastante elevado de funcionarios que están en sedes diplomáticas para hacer seguimiento”, listó, incluyendo el caso del asesinato de Roberto Samcam, exmilitar opositor asesinado de siete disparos en junio en Costa Rica, país limítrofe en el que viven miles de exiliados nicaragüenses.
Lo anterior genera “una cuestión de seguridad regional, de soberanía de los estados, de un brazo que es capaz de hostigar, amenazar y matar fuera del territorio nicaragüense”, dijo Peralta.
“El daño alcanza a la persona en el exilio y persigue a sus familiares tanto en Nicaragua como más allá de fronteras. El proceso comienza con la erosión de la pertenencia nacional y la identidad jurídica, y se extiende hacia el colapso económico, el aislamiento social y la vigilancia generalizada”, complementó el informe. Finalmente, Nicaragua abandonó todos los espacios multilaterales. “Se fue del Consejo de Derechos Humanos, se fue del Examen Periódico Universal, se fue de la OIT, echó a la Cruz Roja, se fue de la Unesco, y el aislamiento es absoluto”, comentó.
Además, Nicaragua fue, junto con Venezuela, una de las dos naciones que optaron por no firmar la declaración conjunta que se negoció entre un total de 60 delegaciones en la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea. La ONU subió el umbral de preocupación y los informes del GHRE también se presentaron en la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En ese sentido, si bien el país no forma parte de la Corte Penal Internacional, el grupo apunta a la Corte Internacional de Justicia, ya que es “el país de la región que más lo utilizó y no va a salir porque le ha ido bien”.
“Si un grupo de Estados llevara a Nicaragua a la Corte Internacional de Justicia por violación de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, de 1971”, podría configurar un “leading case”.