Rosario Murillo, vicepresidente sancionada de Nicaragua y la exguerrillera Dora María Téllez. Foto: Consejo de Comunicación y Ciudadanía
Dora María Téllez: «Rosario Murillo está apurada» ante posible muerte de Daniel Ortega
100% Noticias, 22-11-2024
Correspondencia de Prensa, 24-11-2024
Dora María Téllez denuncia el apuro de Rosario Murillo por garantizar la sucesión familiar en Nicaragua. La reforma constitucional busca consolidar una dictadura bicéfala, eliminar la independencia de poderes y dar rango constitucional a los paramilitares. Además, el régimen intenta controlar las iglesias y blindarse de las sanciones internacionales.
Dora María Téllez, excarcelada política desterrada y exguerrillera, asegura que hay un «apuro» de la dictadura en reformar la constitución política, señalando que su principal objetivo es institucionalizar la sucesión familiar, asegurando el poder entre el núcleo de la familia Ortega-Murillo, ante la eventual ausencia de Daniel Ortega.
«Desde hace meses se está moviendo el proceso sucesorio. Daniel Ortega ya no elabora coherentemente el pensamiento, dispara por un lado y para otro, no tiene energía física, es una persona enferma, pero también es una persona anciana, puede salir de circulación en cualquier momento», dijo en entrevista a la periodista Lucía Pineda Ubau.
Desde su destierro, añadió «a mí me da la impresión de que quien más acelerada está es Rosario Murillo, ella no debería tener problemas, pero probablemente tenga el temor de que no necesariamente quede como presidenta, tenga el temor de a quién pueden nombrar vicepresidente, que tendría que ser un diputado y ella lo resuelve forzando el establecimiento de esta presidencias, donde prácticamente ella ahora ya tiene todo el poder real y todo el poder formal, ya está en manos de Rosario Murillo, se guardan bajo la manga la posibilidad de nombrar vicepresidente a cualquiera de sus hijos», considera Téllez.
La también historiadora considera que la reforma constitucional, que ha sido calificada de ilegítima por la Organización de Estados Americanos (OEA), representa un cambio profundo en la estructura política de Nicaragua.
Rosario Murillo insegura
Según Téllez, el principal motor de esta aceleración es la inseguridad de Rosario Murillo sobre su capacidad para controlar el poder político en el futuro. Aunque, actualmente, ejerce el poder formal y real en el país, la reforma busca asegurar que ella sea la sucesora automática e indiscutible de Daniel Ortega en caso de su desaparición política o física.
Uno de los aspectos claves de esta reforma es la implementación de la figura de la «copresidencia», que en la práctica dejaría a Rosario Murillo en una posición privilegiada para asumir la presidencia de forma inmediata.
Téllez señaló que este movimiento está claramente dirigido a garantizar que el poder permanezca en manos de la familia, incluso en el caso de una eventual ausencia de Ortega. Además, este cambio constitucional tiene implicaciones más profundas para la estructura del gobierno, incluyendo la eliminación de la independencia de los poderes judiciales y las municipalidades, así como la creación de una dictadura bicéfala que institucionaliza el control familiar sobre el país.
En sus declaraciones, Téllez, también mencionó la creciente represión en el país, reflejada en la reforma que otorga rango constitucional a los paramilitares, elevándolos a una posición de poder dentro del sistema.
“La reforma no solo blinda la sucesión familiar, sino que también otorga a los paramilitares un papel constitucional, lo que confirma el carácter represivo del régimen”, agregó la excarcelada política. Según Téllez, este movimiento no solo es un intento de consolidar el poder, sino también una confesión implícita de la participación activa del régimen en crímenes de lesa humanidad, especialmente desde la represión de las protestas de 2018.
La historiadora abordó la ampliación del período presidencial a seis años «la Rosario Murillo siente que necesita ganar tiempo, que no haya elecciones en el 2025 ni en el 2026, sino en el 2027…siente que no tiene las condiciones para suceder a Daniel Ortega aunque formalmente y realmente ejerza el poder total», comenta Téllez.
Eliminan convenios de Derechos Humanos
Además, destacó las medidas que buscan desmarcar al país de las organizaciones internacionales de derechos humanos. La reforma propone, por ejemplo, la eliminación de los convenios internacionales en materia de derechos humanos de la Constitución, lo que, según Téllez, es un claro intento de los Ortega-Murillo de salirse del sistema que los ha condenado por sus violaciones a los derechos humanos.
Según la analista, es un signo del aislamiento progresivo del régimen, que ya ha cortado la relación con instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Iglesia sin vínculos extranjero
Dora María destaca que el régimen también aspira a controlar las iglesias del país, con una reforma que prohíbe los vínculos con organizaciones extranjeras.
Esto sería un paso hacia la creación de una «iglesia nacional» que dependa directamente de la pareja presidencial.
«Prohíben que las iglesias tengan vínculo con una matriz extranjera, o sea la Iglesia Católica va a tener que cortar relaciones con el Vaticano, están pretendiendo que las iglesias dependan directamente de ellos…influir posteriormente en el nombramiento de un obispo al gusto de ellos, y en el caso de las Asambleas de Dios, que tienen una conexión con las Asambleas de Dios a nivel internacional, implica cortar los vínculos», advirtió la analista.
Paramilitares con rango constitucional
El análisis, de Téllez, también aborda la creciente militarización del régimen. La reforma constitucional otorga funciones policiales al Ministerio del Interior y al Ejército le otorga funciones policiales.
«Convierten al Ministerio del Interior en un órgano policial armado, lo ponen como parte de las Fuerzas de Defensa y Seguridad y está como como órgano policial. Elevan a paramilitares a rango constitucional, porque le da seguridad y confiesan que toda la acción de los paramilitares en la represión desde 2018 a la fecha, incluso antes de 2018, ha estado siendo realizada bajo órdenes de la Jefatura de la Policía Nacional, o sea coloca a los paramilitares directamente bajo las órdenes de Daniel Ortega», considera Téllez.
Subrayó que estas reformas son una estrategia que refleja la creciente inseguridad del régimen ante posibles protestas o disturbios, dada su falta de apoyo popular y el creciente aislamiento internacional.
La exguerrillera se refirió al caso de Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del FSLN, Carlos Fonseca Amador. Junto a su esposa y otros integrantes del FSLN están presos y desaparecidos. El grupo de amigos de Terán, conocidos como «La Comuna», fueron condenados a 10 años de cárcel. Como a muchos otros militantes los han purgado y esta es otra de «las inseguridades de Murillo».
«(A Carlos Fonseca Terán) ya lo fundieron en un proceso expedito sin derecho a la defensa, eso es un indicador de un trauma. Dentro del Frente Sandinista están persiguiendo a los antiguos funcionarios del Estado, judicializando, encabezando recortes institucionales… y eso tiene un precio y ellos (la dictadura) lo saben».
Sobre la instauración de la bandera rojinegra como símbolo patrio, la analista dijo «la bandera de Nicaragua es la bandera azul y blanco y punto. Odian la bandera de Nicaragua porque también la ven como un símbolo de protesta, un símbolo de quienes rechazan el modelo de dictadura de los Ortega Murillo», apuntó.
Téllez, también, analizó el impacto de las sanciones internacionales, particularmente las sanciones individuales que afectan directamente a la familia Ortega-Murillo.
Aseguró que la reforma busca blindar a los sancionados de posibles nuevas medidas. En la Ley especial para protegerse de sanciones obligan a bancos a abrir las cuentas a funcionarios sancionados.
Las sanciones internacionales, según Téllez, han golpeado el núcleo del poder, y la reforma es un intento desesperado por protegerse.
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Así destruyeron Ortega y Murillo la Constitución Política de Nicaragua
Confidencial, 23-11-2024
La dictadura lleva una década transformando la Constitución a su medida. Con la reforma total de 2024, derriban lo último de la Carta Magna democrática
La Constitución Política de Nicaragua lleva una década moldeándose a la medida de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los cambios les permitieron reelegirse indefinidamente, arrebatarle la nacionalidad a los supuestos “traidores a la patria”, cambiar la naturaleza de la Policía y ahora, con la nueva Constitución “Chamuca”, dominarán a su gusto y antojo.
La nueva Constitución “Chamuca”, a la medida de la vicepresidenta Rosario Murillo, fue precedida por ocho reformas constitucionales ejecutadas desde febrero de 2014, según un recuento verificado por CONFIDENCIAL. Aunque los cambios se vienen encaminado desde 2009, cuando Ortega consiguió que una resolución de la Corte Suprema de Justicia rompiera el candado constitucional para poder reelegirse en 2011.
En 2009, Ortega intentó conseguir su primera reelección a través de una reforma a la Carta Magna vigente, que desde 1995 prohibía la reelección presidencial, pero no consiguió los votos necesarios en la Asamblea Nacional. Así que optó por un recurso de amparo que fue admitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conformada por magistrados orteguistas.
Reformas de 2014, el parteaguas
El 10 de febrero de 2014, anticipándose a las votaciones presidenciales de 2016, en las que competiría con su esposa, Rosario Murillo, entró en vigencia la primera serie de reformas constitucionales que incluyó 43 modificaciones a la Carta Magna.
Los cambios permitieron la reelección indefinida de los gobernantes, la posibilidad de elegir al presidente en primera vuelta con la mayoría de votos y también le dieron a Ortega el poder de emitir decretos con fuerza de ley y de mantener los cargos de los funcionarios públicos por tiempo indefinido.
También, estableció la alianza entre el empresariado y el régimen, “con el fin de buscar diálogo y consenso”, y se eliminó la prohibición de que cualquier militar en función optara por una candidatura presidencial.
“Las reformas de 2014 fueron mucho más concentradoras de poder que las constituciones de la época de la dictadura somocista”, dijo en 2021, el fallecido académico Carlos Tünnermann Bernheim.
En 2020 hubo una adicción a la Constitución, pero en esta ocasión fue para incorporar en el preámbulo a Blanca Aráuz, la esposa de Augusto C. Sandino, como heroína nacional, y al prócer de la independencia, Tomás Ruiz.
En 2021, la Carta Magna volvió a ser reformada al incluirse un segundo párrafo en el artículo 37, el cual permitió la imposición de cadena perpetua revisable a condenados por delitos graves “cuando ocurran de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional”.
2023: Cinco reformas constitucionales en un año
De febrero a noviembre de 2023, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecutó cinco reformas constitucionales. El objetivo de esas reformas fue reprimir a los opositores, castigar a los policías desertores y despojar del porcentaje del presupuesto establecido al Poder Judicial.
Todas estas reformas fueron ratificadas en segunda legislatura en 2024, tal como lo establece la ley. Sin embargo, entraron en vigencia desde su primera publicación en el diario oficial La Gaceta, en 2023.
El 9 de febrero de 2023, la Asamblea Nacional aprobó de forma exprés una reforma a la Constitución Política de Nicaragua para despojar de su nacionalidad a 222 presos políticos, quienes horas antes habían sido “deportados” hacia Estados Unidos y despojados sus derechos civiles y políticos mediante una sentencia judicial.
La reforma —que fue aprobada con 89 votos, de un total de 91— modificó el artículo 21 de la Constitución para adherirle: “Los traidores a la patria pierden su calidad de nacional nicaragüense”.
En julio de 2023, la dictadura ejecutó una serie de cambios legislativos para subordinar completamente a la Policía Nacional, su principal brazo represor, y para castigar las deserciones.
Los cambios incluyeron una reforma al artículo 97 de la Constitución, con el que cambiaron la naturaleza apolítica de esta institución y establecieron que la Policía Nacional es un cuerpo subordinado del Presidente. Además, eliminaron “el carácter civil” de la Policía Nacional y la dejaron solo como “un cuerpo armado”.
Estas reformas “hacen a un lado lo de (Policía) apolítica, apartidaria y el modelo preventivo, proactivo y comunitario. En lugar de eso, se puso de relieve “la tarea de preservar el orden social y el orden interno”, valoró a CONFIDENCIAL un experto en temas de seguridad, que pidió anonimato.
En noviembre de 2023, la dictadura reformó los artículos 165, 159 y 138 de la Constitución Política. La primera modificación fue publicada el primero de noviembre de 2023 en el diario oficial La Gaceta.
La reforma al artículo 165 le quitó al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial del Poder Judicial, el poder de supervisar el “funcionamiento administrativo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, así como el de las oficinas de servicios comunes”.
Asimismo, cambió la redacción de los numerales 5 y 6 en los cuales se establecía la obligación del Consejo de nombrar a los registradores públicos de la propiedad inmueble y mercantil. También le quitó la responsabilidad de instruir, conocer y resolver de las denuncias por faltas disciplinarias. Y todas esas funciones fueron traspasadas a la Procuraduría General de la República.
El 24 de noviembre de 2023, se publicó la segunda reforma vinculada al Poder Judicial que modificó el artículo 159, mediante el cual el orteguismo eliminó el porcentaje mínimo del 4% del Presupuesto General de la República que por ley le correspondía a esta institución.
Y el 28 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó la reforma al artículo 138 que le quita a este órgano legislador la facultad para elegir al Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos y también lo trasladó a la Procuraduría General de la República.
La Constitución “Chamuca”
El 18 de noviembre de 2024, Ortega envió a la Asamblea Nacional una supuesta “reforma parcial” a la Constitución que en realidad se trata de una reforma total a la Carta Magna, para terminar de hacerla a la medida de él y su esposa, Rosario Murillo.
La Constitución “Chamuca” inventa una “copresidencia” para Murillo, elimina la pluralidad política y la autonomía de poderes del Estado, con la modificación de más de un centenar de artículos de la Constitución Política.
Por los alcances de estos cambios, se trata de “una reforma total y no parcial” como plantea Ortega en la exposición de motivos de la iniciativa, explicaron a CONFIDENCIAL expertos en derecho constitucional.
Las modificaciones incluyen la instalación de la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como símbolo patrio, la instalación de los policías voluntarios, conocidos popularmente como “paramilitares”, la subordinación del Ejército de Nicaragua a la Presidencia, entre otros cambios que en la práctica cambian todo el sistema de organización política del país.